CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

20 años al policía asesino Brítez: ¡fruto de la lucha y la organización!

La madrugada del 21 de agosto de 2009, Omar Esteban Brítez, teniente de la policía bonaerense y perito balístico “estrella” del departamento judicial de Zárate-Campana, se metió en la casa en la localidad de Escobar, donde años antes había vivido con su ex pareja, Fernanda Griselda Verón. Con el arma reglamentaria en mano y ese instinto asesino –constitutivo de todos los esbirros- pintado en la mirada, apuntó sobre Fernanda y su actual pareja, Hernán Darío Ibiris, que dormían, y vació el cargador. Hernán murió y Fernanda quedó gravemente herida.

La historia se remonta a la cadena de agresiones sucedidas desde que Fernanda decidió poner punto final a una relación cargada de violencia. La amenaza, la persecución y la violencia tanto física como psicológica fueron las herramientas que empleó Brítez a lo largo de los dos años desde la separación. El verdugo no hizo más que extender su labor diaria a su vida personal. Durante ese tiempo, Fernanda intentó denunciarlo en reiteradas ocasiones, sin otra respuesta que el implícito “¿qué esperabas?, es policía”.

A cuatro años del asesinato, y aunque la defensa del policía intentó demostrar que sus acciones esa noche no respondían a otro impulso que el de una “obnubilación temporal”, la fuerza de la lucha y la organización popular dieron su resultado: el miércoles 3 de julio, en la sala del Tribunal en lo Criminal N° 2 de la ciudad de Campana, logramos la sentencia de veinte años de prisión para el policía asesino.

Si bien festejamos tal veredicto, sabemos que la situación general no cambia por ello. Sin ir más lejos, pudimos comprobar, nuevamente, cómo el estado se encarga de amparar a sus perros guardianes como pueda en cada ocasión. Durante el debate, los “peligrosos” éramos nosotros: el poco tiempo que Brítez estuvo en la sala, vistió chaleco antibalas y estuvo rodeado literalmente por media docena de hombres del grupo especial del servicio penitenciario estilo Robocop. Luego, a la hora de la condena, los jueces restaron a su pena la implicancia de ser un oficial en actividad que asesinó con el arma suministrada por la fuerza. Lo condenaron por asesino, pero no por policía asesino. Por eso no aplicaron el agravante que hubiera llevado a la prisión perpetua.

Todo quedó muy claro en la enfática explicación que dio el presidente del tribunal, Dr. Daniel Claudio Rópolo en su argumento final: “Ya lo he expuesto en otros debates referidos al tema, la institución policial es demasiado importante institucionalmente, nada menos la encargada de cuidar la libertad y el patrimonio de los habitantes, para que en determinadas épocas de crisis económica se transforme en una bolsa de trabajo, institución a la cual se ingrese indiscriminadamente para tener más policías y no reparar en las cualidades personales de los noveles funcionarios”.

Hay que reconocer que el hombre no mintió en una sola palabra. Es cierto, la policía es demasiado importante institucionalmente, más precisamente: fundamental, para la reproducción del sistema inhumano que nos domina. Su función es esencial, es la de siempre, la de todos los días: reprimir, tanto a los que luchan y se organizan contra la impunidad, como a aquellos que potencialmente pueden hacerlo también.

Es en este sentido que, una sentencia como ésta, nos sirve para reafirmar la conciencia puesta en la necesidad de luchar todos los días, a no claudicar nunca en nuestro compromiso y nuestra organización, porque la represión no se acaba en un asesino condenado, la represión sigue a la orden del día, a toda hora, en todos los puntos del país, del continente y de la tierra.

Y sobre esta misma base es, que nosotros forjamos nuestra propuesta inicial, como hemos dicho y seguiremos diciendo: ¡Contra la represión: organización y lucha!

El gobierno nacional y la legitimación de las fuerzas armadas.

“Argentina tiene la vigilancia más agresiva de América latina” afirmó Julián Assange, el creador de Wikileaks, en una entrevista realizada hace pocas semanas, al referirse al sistema de identificación biométrica (SIBIOS), implementado por el gobierno kirchnerista en noviembre de 2011. No nos sorprende, hemos denunciado oportunamente la creación del SIBIOS (Ver Boletín Informativo n° 634, 14/11/2011), así como el Proyecto X y la infiltración en las organizaciones populares.

El gobierno nacional, siguiendo esta política de estado, de vigilancia, espionaje y control social, ha ascendido a Jefe del Ejército al general Cesar Milani, quien también está a cargo del área de Inteligencia Militar, que maneja un presupuesto $332 millones, una cifra que supera el que manejan la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Se trata de un represor formado en la doctrina de la Seguridad Nacional, especializado en las tareas de inteligencia para la represión interna, con participación en el Operativo Independencia, en 1975.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo puso en funciones durante una ceremonia en el Colegio Militar, de El Palomar, provincia de Buenos Aires. “Las Fuerzas Armadas van a ayudar a lograr a cerrar la brecha entre los pueblos y el ejército, esto se supera a través de la solidaridad y la ayuda juntándose los unos y los otros, no puede ser el uniforme lo que defina la calidad de un ciudadano” sostuvo la presidenta. El general, por su parte, adhirió expresamente al proyecto “nacional y popular”.

Algunos días después, la presidenta reconoció que le corrió un frío por la espalda cuando se enteró que EEUU habían realizado espionaje sobre la Argentina. Además, dijo que le resultaba extraño que no se haya denunciado esto y que sí se denunciara al Proyecto X, al que consideró inexistente contradiciendo a sus propios subordinados, como el comandante Schenone, y la ministra Garré, y a la evidencia que conocemos, volcada en causas judiciales.

Si en lugar de espiar a los militantes y organizaciones populares, para luego armarles causas, utilizara sus servicios de inteligencia para contrarrestar el espionaje yanqui, la presidenta no se hubiera enterado recién con las noticias de lo que sabe todo el mundo.

Fiel al mandato que la burguesía encomendó a los Kirchner, allá por el año de 2003, de volver a legitimar las instituciones, el gobierno insiste en hacer lo propio con las fuerzas frmadas. Si hasta el momento no ha podido cerrarse del todo “la brecha entre los pueblos y el ejército” es porque el pueblo recuerda la función que han cumplido hasta el presente: la de verdugo de las luchas populares.

En los hechos, tanto las fuerzas armadas, como el resto del aparato represivo, han seguido formándose en las doctrinas del imperialismo norteamericano. Entre 2003 y 2011, cerca de 5.000 represores y funcionarios participaron en cursos de formación de EEUU. Entre 2003 y 2013, las fuerzas armadas realizaron casi 200 ejercicios conjuntos con otras fuerzas. La mayoría de los ejercicios multilaterales fueron llevados a cabo bajo la dirección de EEUU. El estado argentino ha permitido que el Comando Sur yanqui instale una base militar, para “alivio de desastres” en la provincia del Chaco.

La apelación a la palabra “solidaridad”, en el discurso de Cristina, no es inocente. La participación de las fuerzas armadas en situaciones de desastres (la mayoría de ellos, crímenes sociales del capital) tiene por función legitimarlas ante la población. Es lo que en otras épocas se conocía como “acción cívica”. Por ello el Comando Sur norteamericano tiene una política activa en este sentido, impulsando programas de atención médica militar (Medrete’s, Medcap) o de creación de infraestructura básica, como escuelas y hospitales (Beyond Horizons). En Argentina, esta política se puede ver, por ejemplo, en el envío de las FFAA a varias villas de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral, o Plan Ahí (ver Boletín informativo n° 667), o en la participación en las inundaciones.

El peronismo se ha caracterizado, históricamente, por intentar desarmar ideológicamente al pueblo ante su verdugo. Desde negarse a armar a los trabajadores, para enfrentar al ejército, durante el golpe del ’55, hasta la realización de acciones cívicas, como el Operativo Dorrego, con la participación conjunta del ejército y de Montoneros, en el ‘73. El gobierno kirchnerista no podía ser la excepción

Rolando Echarri Pareja en libertad.

El 3 de julio, en el marco de la lucha y la movilización, y con la defensa ejercida por el compañero Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, se logró la libertad de Rolando Echarri Pareja. El juicio por la extradición solicitada por Perú había comenzado el 25 de junio ante el Juzgado Federal Nº 6 del juez Canicoba Corral.

Rolando es uno de la veintena de sobrevivientes sobre los trescientos prisioneros políticos asesinados en el penal de la Isla del Frontón, en Perú, en 1986. Estuvo detenido dos veces y en ambas causas fue absuelto. Continúo su militancia política, lo que le valió hostigamientos y persecuciones de todo tipo.

En 1989, solicitó refugio en Bolivia y fue reconocido por el ACNUR como perseguido político. Sin embargo, los grupos parapoliciales peruanos llegaron hasta allí.

Llegó a la Argentina en el año 2009, y se presentó ante el CONARE, la comisión administrativa que se encarga de los refugiados. Solicitó refugio político y acreditó con abundante documentación su carácter de perseguido político en su país. Durante todo este tiempo se presentó cada dos meses a firmar dando cuenta de su legalidad.

El 10 de diciembre de 2012 fue detenido dentro de la oficina del CONARE para se extraditado, situación calcada a la que padecieron los 6 campesinos paraguayos que hoy cumplen condenas de 30 y 35 de prisión en su país. Para ello, el estado argentino obvió el reconocimiento del ACNUR como perseguido político en su país.

Los delitos que se imputaban a Rolando Echarri eran “graves”: haber agitado en la vía pública una bandera roja con una hoz y un martillo, haber efectuado pintadas pidiendo la democratización y amnistía, y haber llevado a cabo volanteadas con el mismo pedido. En Perú, afrontaba por esos hechos militantes una pena de 20 años, a lo que debía sumarse la posibilidad de otros 20 por terrorismo. Eso fue lo que expresó la presencia en el juicio del procurador peruano antiterrorista Julio Galindo.

Pero la endeblez de la acusación y fundamentalmente la lucha y movilización, articulada a través de comité de solidaridad por la libertad de Rolando, del cual participo CORREPI, fue la clave para lograr la libertad del compañero Echarri.

Polinarcos al por mayor.

En las últimas semanas se conocieron varias noticias de policías vinculados a “Los Monos”, una banda de narcotraficantes rosarina. Alejandro Ríos (45), alias el “Negro” Ale, preso por asociación ilícita, por proveer teléfonos celulares a la banda, apareció en una fotografía de un operativo antinarcóticos de la policía federal con anteojos negros, portando un arma larga, una placa y un chaleco antibalas de esa fuerza. Este operativo, en el que la Sección Rosario de Drogas Peligrosas de la PFA detuvo a un taxi de la ciudad de Posadas que llevaba 18 kilos de marihuana, ocurrió hace casi cuatro años y la fotografía la extrajeron de la computadora de Ríos, de entre unas 20 en las que aparece utilizando pertrechos de la policía federal. Resulta claro que el “Negro” Ale se valió de la policía para eliminar a la competencia.

Darío Basualdo, el comisario titular de la comisaría 6ª de Rosario reconoció que le vendió un terreno a un líder narco de “Los Monos”, Ramón Machuca, que se encuentra prófugo. El comisario, como no podía ser de otra manera, negó conocerlo. Otra propiedad de los narcos que fue allanada está ubicada en Kanthuta al 1700, perteneció a un policía de Investigaciones de Rosario, a quien le entregaron otra propiedad de mayor valor.

Estos allanamientos se dieron en el contexto de una causa en la que ya habían sido detenidos otros dos policías, Cristian Floiger, ex jefe de Inteligencia de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la zona sur de Santa Fe y el subcomisario Guillermo Cardini, ex subjefe de la Sección Sustracción de Automotores.
Unos días antes había sido apresado Ángel Álvaro Avaca, un suboficial de la comisaría 15ª de Rosario, por brindar información y protección a “Los Monos”. En la misma causa fueron detenidos el comisario Gustavo “Gula Gula” Pereyra y el sargento Juan “Chavo” Maciel. Ambos prestaban servicios en la estructura de la Secretaría de Delitos Complejos del ministerio de Seguridad de Santa Fe, creada a partir de la detención del ex jefe de la policía provincial, comisario Hugo Tognoli, procesado por proteger a traficantes de droga. Los anteriores jefes de Avaca también están procesados por encubrimiento en la causa por el asesinato de tres militantes del Frente Popular Darío Santillán, ocurrido el 1 de enero de 2012.

Según el diario La Capital, en la organización del narcotráfico estarían involucradas, por lo menos, “cinco secciones de la Agrupación Unidades Especiales, una de la Agrupación Cuerpos, el área de Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas y cinco comisarías de Rosario que pertenecen a la Agrupación Orden Público“.

Además, en el barrio de Adelina Este, de la ciudad de Santo Tomé, allanaron dos casas donde funcionaban cocinas de drogas y arrestaron a 6 personas. Que entre ellas hubiera un policía ya no puede sorprender a nadie.

Tienen la función de reprimir y las armas más modernas para cumplir con esa tarea. Tienen también el abrigo de la impunidad que les garantizan los políticos, jueces y fiscales. ¿A quién le puede resultar extraño, entonces, que quienes tienen estas armas y garantías, organicen también el delito? Como dijo alguna vez Rodolfo Walsh, la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata. Podrán descabezar la fuerza represivas más de una vez, como ya lo hicieron en otras oportunidades, cuando tratan de evitar escándalos políticos, pero no podrán evitar que el aparato represivo siga haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer: organizar el delito.

¿Huelga y protesta? El gobierno nacional responde con el Código Penal en la mano.

El mediodía del miércoles 3 de julio, el gremio de los maquinistas de los ferrocarriles, “La Fraternidad”, lanzó un paro por falta de pago del aguinaldo. Por la noche, la bronca de los trabajadores que tenemos que viajar diariamente en nuestros pésimos medios de transporte, se descargó sobre la entrada de la estación de Constitución. La protesta fue rápidamente reprimida y fueron detenidas 18 personas, entre ellos tres menores.

Al día siguiente, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, informó que denunciarían penalmente a Omar Maturano, principal dirigente de “La Fraternidad”, por obstrucción de la vía pública y de los transportes. Es la política del gobierno, a cualquiera que sale a luchar por sus derechos, le arma una causa para intentar aleccionarlo. Al día siguiente, la presidenta sostuvo que no iba a aceptar extorsiones, equiparando a la huelga con otra figura penal que suelen utilizar contra los trabajadores que no se disciplinan.

En este caso, por tratarse de un burócrata como Maturano, lo más probable es que todo se arregle en privado y quede el mensaje explícito para los que sí son verdaderos luchadores, y no traidores a su clase.

El paro impulsado por la burocracia es legítimo. Los trabajadores ferroviarios tienen más de una razón para parar, arriesgan sus vidas todos los días manejando máquinas obsoletas y peligrosas, con o sin cámaras, con o sin aguinaldo. Por supuesto, como toda burocracia, se vale de los intereses de los trabajadores para hacerlos jugar en sus propias internas con la burguesía. El paro del miércoles tuvo toda la apariencia de un intento de apriete al gobierno, mediante la conocida táctica del viejo burócrata, Augusto Timoteo Vandor, pasado a retiro por la lucha revolucionaria, de presionar para negociar. Los motivos reales del paro, pueden ir desde la designación del burócrata y empresario pedracista, Sergio Sasia, que es dueño de una empresa tercerizadora de la limpieza en el ferrocarril, en el directorio del Belgrano Cargas, hasta un intento de mitigar algún malestar en las bases, que haya sido por la instalación de cámaras en las cabinas o, efectivamente, por la falta de pago en término del aguinaldo, o por algún otro motivo que desconozcamos.

También es legítima la reacción popular de los trabajadores que se encontraron con las puertas de la estación cerradas y con la noticia del paro. Ellos también arriesgan sus vidas, como los trabajadores ferroviarios, para viajar todos los días en pésimas condiciones, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Lo raro es que estas demostraciones de violencia popular no ocurran más seguidas.

El gobierno utilizó la tesis conspirativa de siempre. Así, niegan la legitimidad de la protesta y justifican la represión. Si hay profesionales del caos, infiltrados, entonces estos sí deben soportar la respuesta represiva estatal. Es la misma tesis conspirativa que usaban políticos como Perón y Balbín, o los militares de las últimas dictaduras. Es también una confesión de lo que esta gente espera de los trabajadores: sumisión.

Novedades en el caso Antillanca.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocó, por mayoría, la sentencia que había absuelto a los asesinos de Gonzalo Julián Antillanca, y ordenó la realización de un nuevo juicio.

En la madrugada del 5 de septiembre de 2010, Julián, de 19 años, fue abordado por cuatro policías uniformados de la ciudad de Trelew que lo golpearon en todo el cuerpo. Las graves lesiones en la cabeza y cuello lo mataron. Los policías cargaron el cuerpo en el patrullero y lo tiraron en una calle oscura.

Desde el hallazgo del cuerpo, César Antillanca, papá de Julián, encaró una activa lucha contra la versión oficial, que comenzó hablando de coma etílico y siguió con “muerte natural por causas indeterminadas”, hasta que logró encontrar testigos que vieron la detención y la paliza, y el momento en que, desde el baúl del patrullero, arrojaron el cuerpo sin vida en la cinta asfáltica.

También se pudo determinar que los mismos policías, horas antes, habían torturado a otros dos chicos, los hermanos Sergio y Denis Aballay, y ambas causas se acumularon. A fuerza de militancia y denuncia constante, con pruebas contundentes como el ADN de Julián encontrado en el patrullero, nueve meses después los cuatro policías, Martín Paul Solís, Jorge Abraham, Pablo Morales y Laura Soledad Córdoba fueron llevados a juicio.

Los jueces, cumpliendo su tarea de preservar el aparato represivo estatal, optaron por el “mal menor”, y se limitaron a condenar a los policías a penas escandalosamente leves por las torturas a los hermanos Aballay, y los absolvieron por la tortura seguida de muerte de Julián Antillanca. La familia Antillanca y la fiscalía interpusieron un recurso extraordinario. Es sobre estos recursos que resolvió ahora el tribunal chubutense.

Es el resultado de la lucha consecuente del papá de Julián, César Antillanca, que no se dejó desmoralizar por la sentencia anterior, y continuó con su lucha por castigo a los culpables. Consciente de que no es un policía, sino toda la institución, y convencido de la necesidad de organizarnos contra la represión estatal, desde entonces vino coordinando actividades con CORREPI, dentro del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). Mientras tanto, tuvo que luchar también con los intentos de cooptación del gobierno nacional, en el marco de la campaña oficial contra la violencia institucional, donde llegaron a presentarlo en forma inconsulta como panelista de unas jornadas a la que asistieron todos los funcionarios kirchneristas. Mostrando una gran dignidad, el papá de Julián asistió, pero para decir a esos funcionarios que es la presidenta, Cristina Fernández, la principal responsable por los asesinatos del aparato represivo estatal.

La lucha continúa, por el castigo a los asesinos de Julián, y torturadores de los hermanos Aballay. Pero también continúa contra los que torturaron hasta la muerte a un chico de 16 años, en una Comisaría de Trelew (Boletín informativo nº 643), y que luego asesinaron a Bruno Rodríguez Monsalve, testigo de esas torturas, mientras era “amparado” por el programa de (des)protección de testigos (ver Comunicado del 29/03/2012, “Ni “autogobierno” ni “aberración”: política de estado” http://correpi.lahaine.org/?p=1131). Son los mismos verdugos que el último 27 de mayo desaparecieron y asesinaron a César Adrián Monsalve, sobrino de Bruno, en un claro mensaje que intenta amedrentar a toda una familia.

En declaraciones a Radio del Plata, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que “La Justicia sólo defiende los derechos de los delincuentes”. Tiene razón, la justicia defiende a los delincuentes, esos que usan chapa, uniforme y una reglamentaria. Los casos de Antillanca y Aballay han sido excelentes ejemplos de ello.

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