CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Berni y la honestidad.

En agosto de 2012, Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, exclamó: “Nunca vamos a reprimir la protesta social”. Lo dijo pocos días después del Día Internacional del Detenido–Desaparecido, en el que voló en helicóptero para dirigir el operativo de represión contra un centenar de personas que se manifestaban cortando la ruta Panamericana, muchas de las cuales fueron detenidas y llevadas a Campo de Mayo, donde estuvieron secuestradas por más de ocho horas. Últimamente, el ex carapintada que reclamaba por las leyes de punto final y obediencia debida decidió sincerarse y dejar de marcar la distancia entre los dichos y los hechos.

El 18 de julio, trabajadores de distintos municipios del conurbano cortaron la Avenida 9 de Julio como parte de un plan de lucha contra la tercerización y por la apertura de paritarias. Por supuesto que el reclamo fue oído y tuvo su respuesta por parte del gobierno nacional: las 200 personas fueron reprimidas, dejando un saldo de varios heridos y siete detenidos.

El hecho represivo hubiera pasado por el acostumbrado “caos de tránsito” para los grandes medios de comunicación, si no fuera porque Sergio Berni, ante la pregunta de algunos periodistas sobre el conflicto, decidió explicitar que todo desalojo implica represión: “La verdad no conozco la manera de desalojar de forma pacífica (…) ¿Qué hay que decir? ‘Señor piquetero, es tan amable de retirarse’. ‘Sí, como no, señor gendarme, ya nos estamos yendo porque sabemos que estamos causando molestias a los automovilistas’”.

El cinismo del médico militar no hace otra cosa que indicar la total impunidad con la que creen contar para reprimirnos. Es que el consenso que el kirchnerismo ha sabido construir le permite tanto reprimir, como justificar esa represión sin pagar altos costos políticos, y Berni lo sabe. Es por eso que no se detuvo ahí y prosiguió con su incontinencia verbal sin ningún disimulo. “Tenemos cinco locos irracionales que piensan que la ciudad es de ellos y la justicia contravencional de la ciudad banca estas acciones de los piqueteros y le importan dos pepinos los cientos miles de automovilistas que tienen que circular por la ciudad“, disparó. Como vemos, nada dijo el funcionario sobre lo “loco irracional” que es la subsistencia de la mayoría de los trabajadores que cortaban la Av. 9 de Julio, quienes cuentan con tan sólo $1.500 de salario; en lugar de eso, se dedicó a pedir que la lista de los más de 5.000 criminalizados por luchar siga expandiéndose, y, de paso, hizo la defensa del sistema contravencional, garante de buena parte de las detenciones arbitrarias y herramienta central para la represión en todo el país.

Pero el pliego de exigencias de uno de los encargados de administrar la represión no acabo en ahí. “La Metropolitana tiene la capacidad operativa, ya lo demostró en el Borda (…) Que Macri madure y use la Policía Metropolitana”, reclamó, en una explícita reivindicación, desde el gobierno nacional, de la represión en el Borda (en la que también participó la policía federal, garantizando el anillo de contención, hermandad represiva que también se expresó, de forma más contundente y con tres muertos, en el Parque Indoamericano).

No puede sorprender que funcionarios kirchneristas muestren tan abiertamente su posición política frente a la lucha de los trabajadores. Tampoco es la primera vez que escuchamos frases de esa categoría. Aníbal Fernández, que tiene en sus manos la sangre de Darío y Maxi, entre otros, es un claro exponente en el rubro. El poli-ministro dejó bien claro, ya desde el comienzo de la década kirchnerista, que frente a los conflictos políticos y sociales la política del gobierno sería la criminalización y la represión, como cuando afirmó, en relación a las protestas con cortes de calles, “al que saque los pies del plato lo vamos a esperar con el código en la mano”. Nilda Garré no se quedó atrás y dijo en el año 2012: “Los cortes son salvajes y desestabilizadores y sus dirigentes son extorsionadores”.

Algunos se preguntan si la política del gobierno en relación a la represión cambió. Esta semana, Berni nos eximió de responder:
- Periodista: Esto, insisto, va a ser la modalidad de ahora en más, piquete en vía complicada ¿se va a desalojar por la gendarmería?
- Berni: Mire, no es de ahora en más, es una modalidad que hemos hecho permanentemente.

Y no se equivoca, ni es un episodio de “corto-circuito” o “doble discurso”, sino de una única política represiva que descansa en la construcción de consenso, a través de propaganda en materia de DDHH, para poder reprimir sin pagar costos políticos, y que sigue aplicando su consigna fundante en materia de disciplinamiento: toda la represión necesaria, con todo el consenso posible.

Los DDHH en tiempos K: un genocida al frente del ejército.

El 26 de junio, apenas a dos semanas de la asunción de Agustín Rossi como ministro de Defensa, acto en el que declaró que no habría modificaciones en la cúpula de las Fuerzas Armadas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió la designación de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani como comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El hecho provocó la rápida denuncia de los organismos de DDHH nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, recordando el desempeño del nuevo jefe durante la última dictadura cívico-militar. Los medios de comunicación y la oposición patronal aprovecharon la circunstancia para darle contextura a su campaña electoral, y salieron a criticar al gobierno por una decisión que bien podría haber llevado su firma, y promovieron la apertura del debate dentro del Senado.

En contraste con la usual y pretendida consagración del discurso del gobierno como abanderado de los DDHH, la sensibilidad y alevosía del hecho hicieron tambalear el tan asegurado panorama que suele encontrar el kirchnerismo para obtener quórum en el Senado. Frente a esa situación, el gobierno respondió como ha sabido hacer en repetidas oportunidades. Llamó a sus viejos aliados a levantar la mano: el ex presidente Carlos Menem asistió a su abandonado puesto y sumó su voto a favor, como correlato del apoyo recibido al haber sido mantenidos los fueros que le permitieron no cumplir la pena de siete años de prisión que recibió por el tráfico ilegal de armas.

Aun así, los votos necesarios no fueron los suficientes. La presidenta dio la orden a los senadores oficialistas de cancelar el debate hasta pasadas las elecciones, no sin refrescar –discurso mediante-, su incondicional apoyo al nuevo comandante y dejar bien clara su intención de “incorporar a las Fuerzas Armadas al proyecto nacional”. Por su parte, los obedientes respondieron a tono: tanto el ministro de Defensa, Agustín Rossi, como el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, apoyaron y reprodujeron la decisión de la mandataria, al igual que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, que repitió su habitual letanía: “no todos los que aparecen nombrados en el Informe CONADEP son genocidas”.

Mientras tanto, uno de los más acérrimos defensores del gobierno, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), primero produjo un comunicado en el que afirmó que el no existía en sus archivos “información que vincule a los oficiales César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, Mario Miguel Callejo, Gastón Fernando Erice y Luis María Carena con violaciones de los derechos humanos o acciones contra el orden democrático”, pero, ante la indiscutible realidad, el giro fue en campana. Claro que, lejos de impugnar la decisión presidencial, apeló a la voluntad de Milani de cooperar con el gobierno: “Si tan preocupado está Milani por el daño que pueda sufrir la presidente, podría servirle de fusible en vez de usarla como paraguas. Si diera un paso al costado favorecería el alegado propósito de defender su trayectoria y su buen nombre”, escribió Horacio Verbitsky en Página/12.

Lo cierto es que, más allá de la designación formal de Milani como nuevo jefe del Ejército, él mismo ya ejercía la conducción real de la fuerza desde hace tiempo, aun cuando el teniente general Luis Alberto Pozzi ocupaba el cargo formalmente.

Nada de esto debería sorprendernos, cuando el gobierno se apoya ostensiblemente en muchos otros elementos que formaron parte activa de la dictadura, como el burócrata de la construcción Gerardo Martínez, agente civil de inteligencia en el Batallón 601. La reciente designación tampoco desentona con la política represiva que aplica el estado diariamente: basta recordar el Proyecto X, la criminalización de miles de luchadores, al gatillo fácil que mata un pibe por día y a los 19 asesinados por luchar en los últimos diez años, apenas algunos ejemplos.

Como sucede con los integrantes de las fuerzas de seguridad hoy en día, si quienes participaron o participan en hechos represivos gozan de libertad no es porque sean inocentes, sino porque son parte de un aparato estatal que los protege y ampara a provecho de que puedan garantizar el disciplinamiento y la dominación. Y cuando ya no sirven para eso, son buen lastre al que se puede echar por la borda.

Los nombres y los prontuarios son indiferentes frente al cumplimiento de su función: aplicar la represión sobre el pueblo trabajador.

Fraternidad y cooperación entre represores.

El 18 de julio, en Colombia, la presidenta argentina, Cristina Fernández, y Juan Manuel Santos, presidente colombiano, compartieron una reunión y luego una conferencia de prensa. Uno de los objetivos del encuentro era firmar algunos acuerdos dentro de los cuales hay un tratado de extradición y la creación de una base de datos sobre las migraciones entre los dos países. Otro, en apariencia más “casual”, era mostrar simpatías y cercanía, gestos que en el panorama latinoamericano (reformulación de la relación entre Colombia y Venezuela, reuniones por la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla) pueden tener cierto peso.

En este clima ameno, Cristina felicitó a Santos por la “valentía que ha tenido de iniciar e impulsar el proceso de paz en este país”. Nada dijo, ni lo dijeron los grandes medios en Colombia, de que, mientras se entablan las conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP para “acabar con la violencia en el país”, fueron reprimidos por la policía y el ejército, con un saldo de cuatro asesinados y decenas de heridos y encarcelados, más de 15.000 campesinos de la región de El Catatumbo.

De todas formas, Cristina no ignora que le habla al mejor alumno de Washington. Colombia sigue siendo, con Santos, el país que tiene el más alto presupuesto militar (un 4% del PBI) de América latina, un cuerpo policial y militar de quizás unos 400.000 hombres y un haber de más de 2.800 sindicalistas asesinados desde 1986.

A la presidente le deben brillar los ojos al juntarse con su par tan adelantado en esa senda de sangre que intenta reafirmar el gobierno argentino cada vez que actualiza las leyes antiterroristas y se adapta a los cánones de seguridad estipulados por EEUU. Según Santos, la creación de la base de datos online es “para tratar los asuntos migratorios y evitar que los delincuentes se aprovechen de la hospitalidad argentina, y viceversa”.

Santos, en continuidad con sus antecesores, no tiene el menor resquemor en encarcelar, criminalizar y asesinar luchadores de todo tipo, como tampoco lo tiene el gobierno argentino. No cuesta imaginarse qué entenderán, a la hora de usar esa base de datos, por “delincuentes”. Decididamente, para el gobierno colombiano, no son delincuentes los grandes aparatos “paramilitares”, referentes innegables del narcotráfico y la muerte.

Por otro lado, para Cristina sí lo son los luchadores de otros países, como los seis campesinos paraguayos extraditados; los chilenos Fredy, Marcelo y Aliste Vega y el compañero del MOVADEF Echarri Pareja, cuya extradición vieron frustrada por la debilidad de las imputaciones y la lucha y solidaridad de las organizaciones argentinas.

Si bien no hubo una visita oficial del gobierno argentino a Colombia en los últimos 12 años, y se fue dibujando una virtual distancia en materia diplomática, el apoyo mutuo no es de asombrar si atendemos al rol que los dos gobiernos juegan en sus países.

Donde hay un sistema de explotación que proteger, hay un gobierno que reprime.

Córdoba: un laboratorio en materia represiva.

El 10 de julio, se inauguró formalmente el DOT (Departamento de Ocupación Territorial), que en los hechos ya venía funcionando desde principios de año. Es un programa aplicado por el gobernador De la Sota, que toma el modelo de la policía militar de Brasil: se trata de “patrullar” las villas, las afueras de Córdoba y los barrios con alguna suerte de conflicto, ya sea por toma de tierras o por ocupación de determinados espacios, con patrulleros y helicópteros que iluminan los patios de las casas o las calles de los barrios donde se junta gente. Una vez identificados los “focos” de conflicto, actúa la infantería en el terreno.

El DOT, que cuenta hasta el momento con 40 móviles y 350 efectivos, actuará acompañando órdenes judiciales en desalojos y allanamientos, en el marco de un conflicto generalizado por la toma de tierras en toda la provincia, en el que, por un lado, están los sectores populares que buscan tierras para sus viviendas y, por otro, los empresarios y el gobierno, que pretenden construir countries y shoppings por doquier.

Este año, sin ir más lejos, se desataron varios conflictos en tomas de tierras, tanto en Villa Icho Cruz, como en Cuesta Blanca y Piedra Blanca, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. En las tres tomas se mantiene un cerco policial que impide el paso de agua y alimentos y la circulación de personas ajenas al asentamiento.

Las organizaciones y demás sectores populares llevaron a cabo la campaña “Romper el cerco” en la toma de Cuesta Blanca, en abril de este año, que consistía en llevar en caravana provisiones desde Córdoba Capital hasta Cuesta Blanca. En el transcurso de esa caravana hubo requisas (no sólo en los caminos al asentamiento, sino en las paradas de los ómnibus de línea); amenazas y la ostentación de que los tenían a todos “fichados” a través de un previo trabajo de inteligencia. Por ejemplo, fue detenido un auto donde iban compañeros del Encuentro de Organizaciones, y los uniformados les hicieron saber claramente que los conocían. Hacia el final de la jornada, un compañero fue secuestrado por la policía, que se lo llevó a dar vueltas en el patrullero para amedrentarlo, y luego lo liberó en medio de la bronca de sus compañeros.

A los dos días fue apresado, en un allanamiento, el presidente de la Cooperativa de Carreros de Icho Cruz, que estaba solidarizándose con la toma de Cuesta Blanca. Lo acusaron por incitación a la violencia, con apoyo en unas publicaciones levantadas desde su muro de Facebook. Durante la marcha de las organizaciones hacia la comisaría de Carlos Paz, donde estaba detenido, la policía reprimió y detuvo a otras 20 personas. Después de varias movilizaciones hacia la comisaría, tras cuatro días, todos los detenidos fueron liberados, excepto el presidente de la cooperativa y un vecino acusado de resistencia a la autoridad. Ambos fueron retenidos 15 días en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer.

Durante todo este conflicto, cabe aclarar que las fiscalías estuvieron especialmente cerradas, para que los compañeros no pudieran denunciar ahí las detenciones y el secuestro.

Del mismo modo, en junio intentaron desalojar un grupo de viviendas que se encuentran en tierras tomadas en Piedra Blanca. Los compañeros del Encuentro de Organizaciones lograron trabar el desalojo con recursos técnicos. Días después, tres compañeros de esa organización fueron denunciados públicamente por el Ministro de Desarrollo Social, Passerini, acusados de encabezar una asociación ilícita para instigar las tomas de tierras.

Todos estos conflictos, en los que el estado no sólo aplica sus fuerzas especiales para reprimirlos, sino que se sirve de su brazo judicial para perseguir a los luchadores, leyes antiterroristas en mano, y de los medios de comunicación para denunciarlos y deslegitimar su lucha, se suman al vaciamiento y desalojo de fábricas en la ciudad de Córdoba y a la apropiación por parte del gobierno de teatros y centros culturales, para vendérselos a empresarios de la noche o de cadenas de restaurantes. “La Piojera”, un teatro del barrio de Alberdi, está ahora en el medio de una disputa entre el barrio, que quiere usarlo para realizar actividades culturales, y el gobierno, que pretende cerrarlo para vender el espacio.

Por todo esto es que el gobierno cordobés aplica el DOT, profundiza el trabajo de inteligencia sobre los sectores organizados, los persigue armándoles causas y sella su alianza con los empresarios mediante el negocio de las tierras y el uso de los medios para criminalizar la protesta social.

Desde CORREPI, a través de nuestra militancia en el ENA con el conjunto de organizaciones antirrepresivas del país, denunciamos que la represión es una política de estado, que se aplica sistemáticamente, en este caso, sobre sectores organizados y que la aplicación del DOT es una expresión de cómo el estado profundiza la represión, frente a la invisibilización con la que colaboran activamente los medios masivos de comunicación.

Olga Castro de Durán: ¡Presente, compañera!

El 6 de agosto de 1992 era la víspera del Día del Niño. Sergio Gustavo Durán, con sus 17 años y unos pesos que juntó trabajando en la verdulería de su mamá, se tomó un colectivo en Rafael Castillo para ir a Morón. Quería comprar un regalo para su bebé, que no había cumplido dos años. Porque Sergio, diría después su mamá Olga, “vivió apurado”, como si hubiera sabido que iba a morir sin cumplir los 18.

En la barrera de Belgrano y Sarmiento, la brigada de la comisaría 1ª de Morón estaba de cacería. Levantaron a Sergio, al que el barrio conocía como “Gondi” y lo llevaron a la dependencia, en Mitre al 900. Una vecina lo vio y le avisó a Olga, que corrió en chancletas a la comisaría. De poco sirvió que le mostrara al oficial de servicio, Jorge Ramón Fernández, la partida de nacimiento que probaba que su hijo no había cumplido los 18. Le pidieron plata para soltarlo. Olga trató de ubicar a la jueza de menores de turno, pero no pudo pasar de la garita policial en la puerta de tribunales. Mientras tanto, en la comisaría, que lindaba a los lados con dos juzgados, y al fondo con el obispado de Morón, el pibe fue torturado por 8 horas, hasta que se agotaron sus mecanismos de defensa frente al dolor, y murió.

Al mediodía, cuando volvió con lo poco que pudo rejuntar, después de una larga espera le dijeron “su hijo se descompensó, lo llevamos al hospital pero falleció”. Conocimos a Olga apenas dos días después, cuando acercó a CORREPI las escalofriantes fotos que un vecino aceptó sacar del cuerpo adolescente torturado. Desde ese momento, hasta el miércoles 24 de julio, cuando apretó por última vez la mano de su hija Marcela, la “Toti”, Olga no olvidó, no perdonó, y luchó con todas sus fuerzas contra la represión estatal.

Olga, de la mano de Marcela, entonces apenas adolescente, integró, con Estela Rivero, la mamá del “Peca”; Mary Armas, la abuelita de Walter Bulacio y Delia Garcilazo, la mamá de “Fito” Ríos, el grupo de familiares de víctimas de la represión que, en los albores de los ’90, dio forma y le puso el corazón a lo que hoy es CORREPI.

Olga protagonizó, con CORREPI, una de las peleas más largas y a fondo de nuestra historia militante. Las condenas a prisión perpetua por tortura seguida de muerte del oficial Jorge Ramón Fernández y los cabos Ramón Nicolosi y Raúl Gastelú en 1995, 2003 y 2005, probaron, para los que sólo les creen a los jueces, que la picana se usa a diario en las comisarías y que la tortura no se fue nunca. La libertad anticipada, al cumplir 10 años de prisión, otorgada a los tres condenados con el argumento que la Corte provincial no tuvo todavía tiempo de confirmar las sentencias, demostró que aun condenados, los policías no son como cualquier preso. Las reiteradas profugaciones, por turno, de cuatro de los cinco torturadores, acreditaron que si no los encontramos nosotros, como hicimos una y otra vez, un policía prófugo puede vivir tranquilo en su casa, con visitas frecuentes de oficiales de jerarquía, y hasta puede trabajar para un municipio.

Dos veces encontramos al cabo Gastelú, doblemente prófugo, hoy excarcelado; una vez al cabo Nicolosi, también excarcelado. Al oficial Fernández, ya libre, lo encontramos trabajando en una agencia de seguridad privada a 100 metros de la comisaría de Morón y 200 de los tribunales, donde cuando fuimos a denunciarlo nos contestaron: “Mejor que esté trabajando, y no robando”. Encontramos también al subcomisario Miguel Ángel Rojido y al oficial subinspector Luis Alberto Farese, pero a los dos los dejaron escapar de nuevo.

Si los ve, no avise a la policía. Avísenos a nosotros. Le prometimos a Olga que los vamos a seguir buscando.