CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Después de las elecciones, el gobierno profundiza el modelo represivo.

El descenso del caudal de votos del kirchnerismo en las PASO de agosto, que incluyó la derrota de su candidato oficial, Insaurralde, ante el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, rápidamente motivó un cambio de estrategia de cara a las elecciones de octubre.

A partir de la lectura de que el triunfo del ex jefe de gabinete kirchnerista, hoy opositor, se apoya, en parte, en su perfil de “preocupado por la inseguridad”, el gobierno nacional, el provincial y su candidato salieron a disputar ese terreno con energía.

Arrancó el coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad del gobierno nacional: “las cuestiones de seguridad son palpables y la gente las padece permanentemente”. Tras el volantazo al discurso oficial, que prefería hablar de una “sensación de inseguridad creada por los medios”, anunció un nuevo “plan de seguridad”, que consiste en “la ejecución de planes de acción de alcance federal tendientes a la cooperación, colaboración y asistencia para la promoción de políticas públicas en materia de seguridad” con el objetivo de “combatir el delito y bajar la criminalidad”. En lo concreto, reforzaron el plan Centinela, que existe desde 2011, con el desembarco de 5.000 gendarmes y 400 policías federales más a la provincia y la transferencia de 85 millones de pesos destinados a 700 unidades móviles para la provincia. Casi simultáneamente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció el envío de 4.500 efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras noreste y noroeste del país en el marco del operativo Escudo Norte, también creado en 2011, para reemplazar a los gendarmes venidos a la zona metropolitana. Esto es, cada vez más saturación de fuerzas represivas en nuestros barrios por parte de un gobierno que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura.

En la misma línea, y replicando la jugada nacional de diciembre de 2010, cuando se creó el ministerio de Seguridad después de las muertes en el Parque Indoamericano (ver Boletín Informativo nº 589), el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, anunció el desdoblamiento del ministerio de Justicia del de Seguridad, para el que designó a Alejandro Granados, actual intendente de Ezeiza. De esta manera dio marcha atrás en lo que, con los mismos argumentos, pero en sentido contrario, había resuelto en mayo de 2010, cuando despidió al fiscal Stornelli y juntó ambos ministerios con Casal a la cabeza (ver Boletín Informativo nº 558).

Como con Marambio en el Servicio Penitenciario Federal o Milani en el ejército, el nuevo ministro viene con nutrido prontuario en materia represiva. “En Ezeiza, logró tener los índices más bajos de inseguridad con tecnología contra el delito y buscando readecuar el funcionamiento del Estado a las nuevas características de la delincuencia”, lo defendió Scioli. Efectivamente, el barón del conurbano y apóstol de la “mano dura” Granados, ya en 2003 implementó el programa “Tolerancia Cero”, con la contratación de policías retirados para reforzar el patrullaje en las calles de Ezeiza. Uno de estos policías recontratados, José Antonio “Oso” Pelozo, mejor conocido en su barrio, Villa Fiorito, como el “Mataguachos”, fusiló, el 3 de junio de 2003, a Matías Bárzola, cuya familia hoy se organiza en CORREPI. Ése es el aporte de Granados a la “tecnología” represiva: escuadrones de la muerte para hostigar y matar a los pibes de los barrios.

Como frutilla del postre, tanto Scioli como Insaurralde, desempolvaron viejos proyectos para bajar de la edad a partir de la cual un niño puede ser sometido a un proceso penal. Nunca los oímos –ni los vamos a oir- pedir a gritos mano dura para la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles, militares, empresarios o burócratas sindicales.

En una cosa tienen razón: No es nuevo el “trabajo” del kirchnerismo en lo que ellos llaman “políticas de seguridad” y nosotros señalamos como políticas represivas. No es novedosa la creciente militarización del área metropolitana, con los planes Cinturón Sur y Centinela, ni el vertiginoso aumento del presupuesto para las fuerzas de seguridad, que pasó de 2.960 millones de pesos en 2003 a 25.900 millones de pesos en 2013, es decir, un aumento del 1.096% en 10 años. En palabras del ministro de Seguridad nacional, Arturo Puricelli, los nuevos refuerzos en materia represiva no tienen que ver con una “política espasmódica, sino con una política que lleva 10 años”. Ciertamente, en esta década de kirchnerismo, se deja ver la política de estado que ha aumentado en forma categórica los asesinatos a manos del aparato represivo en todas sus modalidades. Con el gatillo fácil, las muertes en cárceles y comisarías y los asesinatos de luchadores populares, los índices del actual gobierno superan los de todos los gobiernos constitucionales desde 1983.

Estas medidas de continuidad en la política que el oficialismo ha llevado adelante desde 2003, muestran cómo, ante el traspié electoral, se reinventan y endurecen su política represiva hacia el pueblo trabajador.

De represión y sus reivindicaciones: un hecho cotidiano.

Durante la mañana del miércoles 28 de agosto, más de cinco mil manifestantes de distintos sectores del campo popular se movilizaron al enorme edificio de la legislatura de la provincia de Neuquén, construido en 2007 con dinero de un presupuesto provincial alimentado de las regalías petroleras. El objetivo era repudiar el proyecto que iba a votarse ese día, para extender las concesiones a YPF de varios extensos yacimientos con uno de los mayores caudales de hidrocarburos no convencionales de aceite y gas de esquisto en el planeta, lo que se enmarca en el convenio pactado a puertas cerradas con la multinacional Chevron.

A más de tres cuadras, ya se veía asomar el grosero vallado que había desplegado desde temprano el operativo policial de la provincia, por orden del gobernador Jorge Sapag, custodiado por una columna de cien militantes de su partido, el oficialista Movimiento Popular Neuquino. Y mientras en la puerta del palacio de Tribunales, pero en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo desplegaba a todo su aparato militante pasándose crema por el pecho para defender la Ley de Medios Audiovisuales, las balas empezaron a llover. De goma y de plomo, con los gases lacrimógenos preparando el terreno, y con el silbido de las corridas que buscan defenderse de la represión, se llevaron detenidas a cientos de personas. Hubo varios heridos de gravedad, entre ellos, Rodrigo Barreiro, hijo del decano de la Facultad de Humanidades de la UNCo, quien tuvo que ser operado por una herida de bala de plomo calibre 22 alojada en el tórax, así como un muchacho que recibió una bala de goma en el rostro y perdió un ojo, y otro que fue golpeado en el abdomen por un cartucho de gas lacrimógeno.

Rápidamente, el gobernador Sapag salió a declarar que los policías “actuaron con seriedad y profesionalismo. Se defendió la democracia”, secundado en hombros por el secretario presidencial Oscar Parrilli quien, dando cuenta de los ilimitados alcances que tiene la libertad de expresión, bramó: “¡qué casualidad que se juntaron la ultraizquierda y la derecha para atentar contra los intereses del pueblo argentino!. Para nosotros no es nuevo, ya ocurrió en el 55 y en el 76, pero nosotros vamos a seguir trabajando por la gente independientemente de las elecciones”.

Menos de 24 horas después, mientras un grupo de trabajadores de la Intersindical de Trabajadores Estatales agremiados en ATE elevaba al fiscal Gustavo Araya el reclamo por mejoras salariales y laborales en el marco de un paro general con toma de espacios públicos en las oficinas de la Dirección Provincial de Rentas en San Salvador de Jujuy, la policía ingresó al recinto y reprimió todos los presentes con la presunta finalidad de desalojar el edificio. A raíz del hecho, diez trabajadores resultaron gravemente heridos y cuarenta fueron detenidos, entre ellos, el secretario general del gremio Fernando Acosta.

A cuenta de ambos episodios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya viejo y reconocido aliado del gobierno, salió a “reclamar” que se establezcan “responsabilidades penales y políticas” por la represión. Observando que habría “importantes debilidades desde 2010 en la política de no represión impulsada desde 2003”, le pidió al gobierno que envíe “un mensaje político fuerte” para “reencauzar los principios de no represión y fortalecer la gestión política de los conflictos sociales”.

Nuevamente debemos decir que nada de lo sucedido resulta sorprendente, porque entendemos que, cuando hablamos de represión, no hay hechos aislados, sino una misma y sistemática política de estado, aquella que venimos denunciando desde hace tanto tiempo. Tampoco es novedoso que, de diversas formas, la represión intente ser legitimada y argumentada bajo la consigna de “defender la democracia”, apelando a una felicitación honorífica, como en el caso del gobernador neuquino al cuerpo policial; delirando premisas que intentan victimizar a un gobierno que dice correr peligro, como quisiere hacernos creer el secretario Parrilli, o “reclamando” que la represión sea prolija, en el caso del CELS.

El secretario presidencial legitima la represión en Neuquén embanderándose en la defensa del régimen democrático, cuando lo que realmente está defendiendo son los intereses de las empresas tanto nacionales como extranjeras, al tiempo que el CELS ensaya una tibia denuncia que reivindica la pretendida política de no represión del kirchnerismo, diciendo que antes de 2010 nada de esto hubiera ocurrido. Recomendamos a Vertbisky y su gabinete hacer un poco de memoria y repasar la infinidad de episodios represivos que denunciamos desde el inicio de la gestión kirchnerista, como el ocurrido el 23 septiembre de 2003, cuando la PFA reprimió a 500 piqueteros que reclamaban puestos de trabajo en el subte, prometidos tres meses antes por Néstor Kirchner, o el asesinato, en una manifestación contra la tortura, de Luis Cuéllar en Jujuy, el mes siguiente. Desde el 25 de mayo de 2003, hasta mediados de este año, las fuerzas represivas del estado asesinaron casi 2.300 personas. Sólo en manifestaciones o movilizaciones, fueron 19 los asesinados.

Ésta es la década “ganada” de la que tanto se habla. Una década de palo y balazo para garantizar los intereses del poder. Y por más que quieran contarnos el cuento, seguiremos firmes, trayendo a la memoria todo lo que pasó, lo que pasa y lo que sólo a fuerza de lucha y organización, dejará de pasar.

“En la vida hay que elegir”: ellos eligen reprimir.

En un contexto en el cual la agenda política del gobierno nacional se ve atravesada por la necesidad de un cambio estratégico en relación al saldo que dejaron los preliminares resultados electorales, y donde la prioridad pasa por responder rápidamente al restablecimiento de aquel porcentaje de votantes que se perdieron, el kirchnerismo abandona sin tapujos su tan promocionado discurso de los DDHH y lo encuadra consecuentemente con la acción política que ha llevado a cabo a lo largo de esta década: reprimir incansablemente al pueblo. Y es que no podía dejarse pasar tanto auge en el protagonismo del reclamo por la inseguridad en estas elecciones, (venía demasiado al pelo), y esta vez, como tantas otras, resultó más que provechoso. Un reclamo que históricamente fue utilizado para justificar la represión y la militarización en los barrios, sirvió, nuevamente, para reivindicarse públicamente como fieles defensores de la política que siempre tuvieron y que muchas veces negaron, y bajo un aliento de “la gente pide, la gente lo tiene”, los millones ejecutados para dar respuesta hicieron lo suyo: el palo, la gorra y el fierro que siempre tuvieron luz verde en casi todas las esquinas, ahora se duplicó, y sus resultados no tardaron en llegar…

El domingo 18 de agosto, en las inmediaciones del barrio San Carlos, en la localidad de Gral. Alvear (Mendoza), Andrés Ezequiel Sosa Gallardo (21) era fusilado por el oficial de la policía provincial Pablo Colilaf, quien, alegando, como siempre, “legítima defensa” le llovió dos tiros al tórax en medio de una persecución, que le provocarían horas más tarde la muerte.

La semana siguiente, luego de que los medios oficialistas hicieran lustro de gala sobre la reasunción de Alejandro Marambio como jefe del SPF, éste inauguraba su gestión “suicidando” a Matías Ezequiel Cejas (24), encontrado ahorcado con una sábana anudada a una ventana en su celda del pabellón J, módulo III, de la Unidad Penal I de Ezeiza, dos meses después de haber sido trasladado desde el penal de Chaco, donde había denunciado junto a su hermano Fernando los constantes abusos y torturas de los que eran víctimas y produciendo, como resultado, la detención de siete penitenciarios. “Nos amenazaron a los dos, de que íbamos a amanecer ahorcados en la celda”, contaba Fernando ante el tribunal que decidió su traslado a Ezeiza, dos meses antes de la muerte de su hermano. A Matías le faltaban ocho meses para cumplir su condena.

Un día después, pero en la intersección de las calles 9 y 54, en pleno centro de la Plata, Nélida Soledad Bowen (18), que estaba haciendo la fila para entrar a un recital con su hermana mayor y un amigo, murió de un balazo en el abdomen del arma de fuego del oficial Mariano Aguirre, de la Dirección de Policía Motorizada de la Bonaerense quien, según diría después, pretendía “evitar la huída” de unos pibes que habían asaltado un restaurante.

Menos de 24 horas después, pero no tan al sur, en la madrugada del domingo 1° de septiembre, un laburante de Lanús Este –Juan Carlos Caliza (27)- era visitado por su vecino Humberto González, a quien aparentemente debía una suma de dinero y quien, al tiempo, había decidido llevar un “amiguito” para que lo secundara en hombros: el efectivo de la Policía Metropolitana Raúl Cardozo, quien trabajaba desde hace dos años en la Dirección de Investigaciones Complejas de la fuerza, de franco y civil. Al parecer, se habría armado una discusión por el reclamo del pago; en medio, Cardozo saca la reglamentaria y le pega dos tiros al pecho. Caliza muere en el acto.

Exactamente a la misma hora, pero en las intersección de las calles San Martín y Entre Ríos (CABA), David Vivas (25) “Poro” como le decían sus amigos, trabajador metalúrgico, recibía un tiro en la cabeza a manos del sargento del Comando Radioeléctrico Víctor Hugo Giometti, quien luego declararía estar intentando “reducir” al conductor de un automóvil que había protagonizado un choque (como si eso justificara que le tire). Al respecto el Comisario Mayor Santos Aranda, Jefe de la UR VI, descartó de plano que se trate de un caso de gatillo fácil, asegurando que fue un accidente y calificó el hecho como “desgraciado”.

Un día después, Miguel Ángel Durrels (29), aparecía muerto en el separo de la Comisaría 1ª de Pilar, a donde lo habían llevado detenido por tenencia de marihuana la noche anterior. Lo encontraron tirado en un calabozo que desde hace meses estaba inhabilitado para alojar detenidos debido a su deterioro. La policía declararía después, que el joven se habría ahorcado con los cables eléctricos del calabozo.

De esta manera es, como los desclasados cumplieron, una vez más, su función a la perfección, como siempre lo hacen, y dando cuenta de qué se trata la respuesta que se brinda a las “inquietudes”, y de los alcances y “beneficios” que contrae el nuevo plan de seguridad nacional. El gobierno no miente, la respuesta está, ellos hacen, claro que hacen; pero, ¿qué es lo que hacen? Reprimir, señores: eso hacen.

Zaffaroni: “No son tantos muertos si se excluyen los homicidios en las villas”.

Sin darse cuenta que el gobierno que defiende cambió su discurso para adaptarse al resultado de las encuestas electorales (ver primera nota de este Boletín), el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, aseguró que la inseguridad es una “sensación”, una “paranoia construida por las redes de medios masivos de difusión”. Su tesis dista mucho de la crítica que hacemos a la forma exasperante en que los medios, tanto “militantes” como “de la corpo”, instalan el discurso de la “inseguridad” como el único problema que tenemos los argentinos, mientras silencian con igual énfasis los crímenes de los capitalistas y sus perros guardianes. Pero, detalles al margen, la explicación que dio a continuación supera por lejos lo imaginable: “En la ciudad de Buenos Aires, si se excluyen los homicidios que se producen en las villas, habría 3,5 muertos cada cien mil habitantes, que es el mismo indicador que en Europa”. O sea, si no contamos los muertos pobres, estamos fenómeno, y no nos damos cuenta de puro brutos. Además, estar como Europa es una ganga.

Aplicando la tesis Zaffaroni a otras áreas, el ministerio de Economía podría decir que “si se excluye lo que ganan los trabajadores, somos todos ricos”; el ministerio de Salud podría ufanarse de que “si se excluyen los hospitales públicos, todos los argentinos tienen coberturas de salud de primera línea”, o el de Educación podría explicar que “excluyendo la educación pública, todos pueden pagar escuelas privadas”.

O diríamos nosotros: si se excluyen los crímenes cometidos por la policía, los gendarmes, los prefectos, los servicios penitenciarios y el resto del aparato estatal, prácticamente no hay delitos en Argentina.

En el mismo reportaje, cuando le reprocharon ser un “profeta de la mano blanda”, se atajó: “No soy tan mano blanda con el gatillo fácil”. Sí, claro. Si se excluye el fallo del 23/12/2004 en la causa Bulacio, donde Zaffaroni dijo que la sentencia de la Corte Interamericana viola el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio del asesino comisario Espósito; o si se excluye el fallo en la causa por torturas del comisario René Jesús Derecho, en el que dijo que “en democracia no se puede decir que hay torturas”, sino a lo sumo “apremios ilegales” que prescriben en 5 años, y negó al crimen policial el carácter de crimen de estado, y si se excluyen todos los recursos extraordinarios rechazados con su voto contra policías de gatillo fácil, podemos admitir que no tiene mano blanda con la represión…

Del mismo modo mostró la hilacha el 2 de mayo de 2009, en el programa de radio Leña al Fuego que conduce el periodista Herman Schiller, cuando “explicó” por qué él, y la no menos “progre” Carmen Argibay, votaron con el resto de la Corte para rechazar un habeas corpus que buscaba liberar 60 chicos menores de 16 años, encerrados en un instituto de menores in causas penales. Carmen Argibay había justificado el fallo diciendo que “Poner esos chicos en libertad es convertirlos en blanco móvil del gatillo fácil”. Raúl Zaffaroni dijo entonces: “…me dio el temor no infundado de que la Corte diese el argumento necesario para decir `la Corte los suelta, nosotros tenemos que matarlos’ … y que empezaran a haber ejecuciones de pibes en el Gran Buenos Aires”. (Ver Boletín Informativo nº 521).

Cuando nuestras compañeras María del Carmen Verdú y Delia Garcilazo le hicieron notar que entre el 25 de mayo de 2003 y el 30 de diciembre de 2008 hubo más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura, el juez murmuró: “Bueno, pero podría haber sido peor, podrían haber sido más pibes”. Nada cambia en la lógica del Señor Juez.

Colombia: Huelga general, represión y militarización.

En Colombia se viven tiempos agitados. La huelga general iniciada el 19 de agosto en Huila, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo por los campesinos indígenas y la organización “Dignidad Cafetera”, se contagió al resto del país rápidamente, con adhesiones de obreros de la construcción, mineros, camioneros, maestros, médicos y campesinos en más de 16 provincias, así como también el apoyo de estudiantes.

Los campesinos, violentamente llevados a vivir en situaciones precarias, dejaron quietas sus herramientas de trabajo y salieron a cortar rutas y vías ferroviarias, exigiendo garantías para que la tierra sea de quien la trabaja; tratados favorables con los mineros artesanales y campesinos respecto a su salud y la ecología; mejoras en las zonas rurales sin acceso al agua potable ni a la salud pública, y que el gobierno deje de enviar fuerzas paramilitares a asesinarlos.

El 30 de agosto, a 12 días de comenzada la huelga, en Bogotá y Medellín, decenas de organizaciones de distintos frentes sociales marcharon contra el presidente Santos, ya que se negó a negociar con los huelguistas. Las fuerzas armadas del estado fueron desplegadas en las ciudades por miles. Sin intenciones de mediar, ejecutaron una represión como la de 2008. Con balas de goma, plomo y gases cazaron a los manifestantes dejando 6 muertos, más de 250 heridos y más de 60 detenidos. Al mismo tiempo, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimieron a los campesinos, mineros y camioneros que cortaban las rutas en el sur del país. Los trabajadores resistieron la represión y hasta lograron retener a policías para que los opresores del pueblo sepan que la huelga va en serio y escuchen sus exigencias.

Luego de la represión, el presidente Santos impuso un toque de queda y militarizó las ciudades con más de 50.000 soldados. Todo esto, sumado a las tropas militares estadounidenses que operan en el país desde 2009, para “compartir experiencias en desactivación de explosivos, en combate antiterrorista, en tácticas de infiltración y en operaciones de inteligencia” según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Esto se traduce en más control de la población por parte del imperialismo en Latinoamérica, con la excusa de “combatir el terrorismo”, que quien lo ejerce no es otro que el estado mismo.

La respuesta del gobierno frente a las exigencias del pueblo, es la misma de siempre: Represión. Este es el accionar que tiene el capitalismo para seguir manteniendo el orden, los privilegios y la desigualdad en “armonía”. A casi un mes de comenzada la huelga, hay siete muertos, cientos de heridos y más de 650 detenciones y desapariciones, la mayoría llevadas a cabo durante el toque de queda, con métodos de corte de luz y secuestros.

El pueblo colombiano, a pesar de la represión, entiende que el único camino para una vida mas digna sigue siendo la organización y lucha.

Próximas actividades.

Sábado 14 de septiembre, desde las 18:00, Festival Antirrepresivo en ATE Moreno, Piovano 3165, a dos cuadras de la estación.

Martes 17 de septiembre, a las 10:00, movilizamos a Talcahuano y Lavalle para apoyar a los trabajadores reprimidos en el Hospital Borda, que van a ser indagados.

Miércoles 18 de septiembre, 18:00, marcha de Congreso a Plaza de Mayo en el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López.

Martes 24 de septiembre, desde las 8:00, concentramos en Córdoba y Callao, para hacer un acto a las 9:00 y otro a las 13:00, durante la primera jurnada del juicio al comisario Miguel Ángel Espósito.