CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Al garabato judicial, ¡movilización popular!

La limitación de que, tras 22 años y medio, se llegue a juicio contra un solo policía por un delito menor, más el antecedente de la intención frustrada del gobierno de presentar al estado como querellante en 2008, muestra la posición oficial con claridad.

La primera perlita azul de las audiencias, fue enterarnos que el comisario Miguel Ángel Espósito sigue viviendo a costillas del dinero público, pues lo que era su haber de retiro desde su voluntaria jubilación a fin de 1995 y hasta su exoneración formal y tardía en 2008, se convirtió en pensión para su esposa. Resulta ser que a las esposas de los policías exonerados se les reconoce el derecho a pensión, como si fueran viudas. O sea que, aquella propagandizada “exoneración”, anunciada por el ministro Aníbal Fernández después que la Corte Interamericana les tirara de las orejas por seguir incumpliendo la sentencia de septiembre de 2003, no significa un despido más que en los papeles, y, como el propio comisario lo dijo desde la pantalla de su privilegiada videoconferencia, mientras su esposa viva, lo seguirá manteniendo el estado.

En las tres audiencias que hubo hasta ahora, se habló mucho sobre las normas policiales internas, como el Memorandum 40, y de las contravenciones, regidas en 1991 por los edictos policiales, como si hoy no existieran ni unas ni otras. Los edictos policiales fueron reemplazados, tras la autonomización de la Ciudad de Buenos Aires, con el Código Contravencional, que sólo se distingue de sus antecesores porque es más prolijo en su forma y “legítimo” en su origen, ya que, en lugar de escribirlo el jefe de policía, lo votan los legisladores porteños. Pero, como cualquier código de faltas de cualquier provincia, habilita detenciones y sanciones penales por conductas que no son delitos, y, con las detenciones por averiguación de antecedentes, es la columna vertebral del sistema de detenciones arbitrarias, herramienta fundamental para el ejercicio del control social.

En cuanto al Memo 40 y los chicos de menos de 18 años detenidos por la policía, como dijo un comisario general retirado en la última audiencia, “me imagino que sigue igual”. Y es así. Aun sin la cobertura expresa de una orden del día o un memorandum, porque el caso Bulacio los obligó a eliminarlos, la policía y las demás fuerzas de seguridad tienen plenamente vigentes las facultades, cada vez más amplias, de detener a cualquiera, mayor o menor, en cualquier momento y lugar, sin tener que expresar causa alguna. Total, si después hay algún cuestionamiento, siempre podrán argumentar la Doble A, la contravención, la “actitud sospechosa”, la “necesidad de identificar”, o la remanida “remisión del menor a la dependencia para preservar su salud física y moral”…

Por eso, cuando el presidente del tribunal que juzgó a los asesinos de Mariano Ferreyra dijo: “Con la muerte de Walter Bulacio se terminaron las razzias en la Argentina”, respondimos que las detenciones arbitrarias, las torturas y asesinatos policiales no sólo no terminaron, sino que la represión recrudeció en cantidad y calidad en pos de un mayor control social.

Así se va verificando en el juicio por Walter, de boca de los “testigos” traídos por la fiscalía y la defensa, que deberían, en la enorme mayoría de los casos, estar sentaditos junto al comisario Espósito como acusados, pues eran sus subordinados, sus superiores o sus mandos políticos. Ni hablar de los funcionarios judiciales que conocían la existencia de normas internas policiales como el Memo, y no sólo las toleraban, sino que las promovían, porque eran la garantía de dormir de corrido los fines de semana, sin molestias telefónicas por inoportunas detenciones de pibes.

Por eso, aun con el acotado margen impuesto al juicio, sólo contra el comisario Espósito y por un delito menor, este debate viene poniendo sobre la mesa qué, cómo y para qué hacen los policías (y hoy también los gendarmes y prefectos) con los hijos de los trabajadores, para disciplinarlos desde chiquitos y acostumbrarlos a agachar el lomo frente a “la autoridad”.

Seguí todas las novedades día a día en el diario del juicio por Walter Bulacio: http://juiciowalterbulacio.wordpress.com/

Basta de persecución a los trabajadores de EMFER y TATSA.

Historias de trabajadores organizados contra la patronal existen de a millones, y no sólo en el pasado. En el presente, los trabajadores de las fábricas de EMFER y TATSA, ubicadas en San Martín, siguen escribiendo la suya.

Si bien luchan desde hace mucho tiempo contra la patronal dirigida por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, se volvió más intensa la pelea después de que obreros de EMFER denunciaron a los empresarios de la ex TBA por el intento de ocultar documentación que mostraba el desfalco de los subsidios estatales y entregaron buena parte de ella al fiscal de la causa del choque del tren en la estación Once, cuando éste allanó la planta.

Claudio Cirigliano, que estuvo brevemente en prisión domiciliaria por ese hecho, se tomó revancha denunciando a ocho delegados de EMFER, quienes están acusados por “robo en poblado y en banda” de la documentación que está en poder del fiscal, mientras que otros cuatro delegados fueron imputados por un supuesto robo de un dispenser. Uno de ellos es el delegado Julián Radic que ya está procesado por un corte de vías de 2011, con un embargo por $30.000 y prohibición de salir del país.

El Grupo Cirigliano, en el año 2006, desprendió de la empresa EMFER a TATSA, que quedó dedicada a la fabricación de colectivos, como los que se usan en reemplazo del tren cuando hay un “accidente” en las líneas de trenes, trenes que hacen en la fábrica de EMFER, claro.

El 1º de septiembre de este año, la empresa, que ya antes había “reubicado” a 80 de 180 trabajadores, echó a 16 compañeros más. Allí se reactivó la lucha de los trabajadores de TATSA, quienes –después de acordarlo en asamblea- bloquearon la puerta de la fábrica y cortaron la General Paz esa misma mañana. La fuerza represiva del estado, al servicio de la empresa, llegó rápidamente para romper la medida de lucha. Los trabajadores resistieron la amenaza, mientras Cirigliano aprovechó a colarse por una escalera trasera y se encerró en una oficina, para desde allí denunciar que los delegados lo tenían secuestrado.

El último episodio ocurrió el 28 de septiembre, por la noche, cuando la policía fue a buscar a los delegados de EMFER Juan Aquino y Alfredo Luque, argumentando una orden de arresto porque no se habían presentado a declarar en alguna de las tantas causas que Cirigliano armó en su contra, lo que es una gran mentira. Siempre que fueron citados, los compañeros se presentaron.

Ante estos ataques arteros de los patrones, con el inestimable apoyo de las fuerzas de seguridad y el aparato judicial, los trabajadores y delegados de TATSA, también imputados por los bloqueos de portones en diciembre de 2012 y abril de 2013, cuando reclamaban un aumento salarial, se solidarizaron con los compañeros de la fábrica vecina. Además de organizar un derribo al muro de chapa que dividía ambas fábricas, colocado por los Cirigliano para que no se junten en asamblea, empezaron a ser parte de casi todas las demás acciones que ejecutarían los trabajadores de EMFER.

Actualmente, nueve delegados de EMFER y cinco de TATSA están en la misma situación procesal que el delegado Julián Radic, y son reiteradamente sometidos a pedidos de desafuero y denuncias penales por parte de la empresa, mientras Cirigliano continúa disfrutando de su vida acomodada, gozando de la plata de negocios que le dejaron tantos años de subsidios públicos de todo el pueblo. No por casualidad, los empresarios buscan avanzar en quitarle los fueros gremiales para luego proceder a su despido con causa y así frenar la concientización de todos los trabajadores.

Los compañeros ahora se organizan para exigir la reincorporación de los despedidos, la absolución de los 15 delegados y para frenar el hostigamiento judicial que se les hace. Lo que se está poniendo en cuestión es el derecho a reclamar, el derecho de huelga y las libertades sindicales. Sólo la solidaridad de los trabajadores, la unión y la lucha podrán frenar la persecución y el acoso de los representantes del capital.

Cerámicas Lourdes: la triple alianza antiobrera a la orden del día.

El miércoles 18 de septiembre, los obreros de la empresa Industrias Cerámicas Lourdes S. A., ubicada en el Parque Industrial Almirante Brown, representados por la Filial N º 2 de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), resolvieron declarar huelga general con ocupación de la fábrica, en el marco del reclamo por un salario digno (el que hoy perciben está debajo de la línea de la canasta básica familiar, y comenzó a reducirse en proporción al salario insuficiente que habitualmente se percibía); por mejoras en las condiciones de trabajo (jornadas insalubres que comprenden siete días de corrido y uno de descanso), así como la denuncia a la persecución sindical contra los delegados.

La madrugada del sábado 21 de septiembre, una patota de barrabravas que responden al Sindicato Ceramista Sanitarios Porcelana de Mesa de Avellaneda, reconocido por su inclinación propatronal, al buen estilo Pedraza, llegó a los portones de la fábrica para increpar a los ceramistas en huelga e instarlos a abandonar el plan de lucha y volver a sus puestos de trabajo. Ante la negativa de los huelguistas que, firmes a su convicción, se negaron a dar el brazo a torcer, la patota inició una trifulca virulenta en la que resultó gravemente herido uno de los trabajadores –Ángel Farías- con cortes de arma blanca en el pecho y el rostro, sumado a los múltiples heridos por golpes propinados con objetos contundentes de diversa índole.

La calle, desde hacía rato, era un escenario montado: una hora antes, la policía bonaerense –que había estado desde el comienzo de la huelga estancada en la puerta de la fábrica- se retiró en silencio para liberar la zona.

A raíz de los hechos, y con motivo del último día de paro, parejo a la fecha de audiencia prevista en el ministerio de Trabajo, el pasado martes 24, los trabajadores habían resuelto llevar adelante una movilización denunciando el accionar de la patota en complicidad con la patronal y la burocracia traidora, pero, antes de que se iniciara la movilización, la infamia en su máxima expresión daría la cara nuevamente: la misma patota, llegaría nuevamente a la fábrica, encaravanada en micros. Bajaron 200 matones que, sin mediar palabra, atacaron a palazos a todos los trabajadores, con la clara intención de impedir la movilización, y dejando heridos a varios de ellos. Tres debieron ser hospitalizados.

A pesar de todo, ese mismo día el ministerio –en un audaz intento por desligarse de los hechos ocurridos y fingir que algo hacen- dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores decidieron acatarla, para seguir la lucha desde adentro de la fábrica. No conforme con haber intentado levantar el paro patotas mediante y apuntando a desarticular definitivamente la organización de los obreros, la empresa decretó la suspensión de 30 trabajadores de sus puestos de trabajo.

Nuevamente, vemos cómo trabaja a diario la triple alianza antiobrera, aquella misma que vimos emblemáticamente en octubre de 2010, cuando asesinaron a Mariano Ferreyra; la misma que funciona todos los días, de la mano del gobierno, las patronales y la burocracia sindical, para garantizar el privilegio de clase a través del control social y la represión en todas sus formas.

No es historia nueva, ni estos hechos reflejan una situación particular: estas acciones no son más que la cara de una política de estado que sistemáticamente intenta aleccionar y disipar la organización popular.

En tiempos donde la agenda electoral está enmarcada en una estrategia que lleva por título el concepto de “seguridad”, nosotros decimos que es cierto, la inseguridad está en todas partes: la inseguridad nace del corazón del estado.

El gatillo fácil nos sigue matando.

Mientras la movilización de los vecinos de Saavedra puso en las tapas de los diarios el fusilamiento de Eric Milton Ponce por la acción concertada de la metropolitana, la bonaerense y la federal, a diario se suceden otros casos similares, sistemáticamente silenciados por los medios que sólo ven la noticia si la bronca popular incendia 14 patrulleros.

Sebastián Gómez tenía 20 años y vivía en Jardín América, provincia de Misiones. El 15 de septiembre iba en su moto cuando efectivos de la División de Seguridad Vial de la Unidad Regional IX lo empezaron a perseguir. El resultado, Sebastián murió, y un policía fue detenido por el homicidio.

El mismo día, y en el mismo pueblo misionero, Luis Ferreira, de 21 años, encontró la muerte cuando cayó de su moto, embestido intencionalmente por la policía. Las dos familias se encuentran hoy en un mismo reclamo y una misma pelea, con marchas y movilizaciones en el pequeño pueblo.

El 22 de septiembre, en el barrio Autonomía de Santiago del Estero, Ramón Domingo Vázquez fue retirado de su domicilio por la policía provincial alrededor de las 8:30 de la mañana. Dos horas después, Vázquez fue hallado muerto en el Hospital Regional de Santiago del Estero por su familia. Lo detuvieron acusado por un robo, y por 24 horas estuvo en la comisaría, donde fue sometido a tormentos. Cuando “se les fue la mano”, dos policías lo llevaron al hospital y lo dejaron como NN.

Tras su muerte, y gracias a la movilización popular con nula repercusión mediática fuera de lo local, se pudo determinar que Vásquez no fue detenido por orden judicial; que no se informó su arresto; que no fue anotado en los libros de la comisaría; que fue sometido a submarino seco (“bolsita”) y aspiró sus propios vómitos, y que fue brutalmente apaleado, todo lo cual le provocó la muerte.

En Tucumán, el 22 de septiembre, cinco policías fueron detenidos por asesinar a Víctor Alvarado Paz, de 35 años, que el 18 del mismo mes fue detenido, acusado de un robo.

Agreguemos a eso que el defensor oficial de menores de La Plata, Julián Axat, denunció que un policía disparó por la espalda a un chico con las iniciales S.F. en la madrugada del 23 de septiembre, hecho que se da, según el funcionario, en el marco de un mecanismo sistemático: “… personal de las fuerzas de seguridad, actuando de civil, en situación de supuestos robos de los que serían víctimas, disparan a la distancia, en la espalda y actuando sobre seguro, sobre personas adolescentes, lesionándolas gravemente y -en ciertos casos- dándoles muerte”.

Misiones, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires son apenas ejemplos de lo que pasa a diario en la calle, donde, ¿hay que decirlo de nuevo? la inseguridad es la policía en la calle.

¿Qué te pasa, Berni?

Parece que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se puso nervioso, y no se le ocurrió cosa mejor para calmarse que acusarnos de desestabilizadores y mentirosos.

En una entrevista con los periodistas Gustavo Sylvestre y Mario Portugal, el coronel arremetió contra CORREPI y la compañera Verdú, lógica reacción de quien no puede desmentir los datos que a diario difundimos sobre las fuerzas a su cargo. En particular, el origen de su ataque (de nervios) fue la afirmación realizada en la noche del 30 de septiembre por la compañera, en el programa 3P de América 24, de que “…hasta hace unos años, para encontrar homicidios cometidos por la gendarmería había que ir a las fronteras, pero a partir de su irrupción en el patrullaje urbano, primero con Menem tras el atentado a la AMIA, y masivamente en estos últimos años de gobierno kirchnerista con el Plan Centinela, el Cinturón Sur o el Escudo Norte, se multiplicaron los casos de represión que involucran a los verdes”.

Lo afirmado encuentra sustento en los registros de nuestro Archivo de Casos y en el Informe 10 años de gobierno kirchnerista, “Una década ganada, ¿para quién?” disponibles para cualquiera que quiera consultarlos (coronel Berni incluido) en la web.

Mientras Berni ladra, y sus fuerzas de seguridad nos siguen matando, CORREPI confía en la organización y la lucha contra la represión estatal.

Represión en el acampe contra Monsanto en Córdoba.

Desde hace casi dos semanas, asambleístas y activistas acampan y bloquean las puertas de acceso de la planta en construcción que la empresa estadounidense Monsanto piensa instalar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, en repudio de la contaminación y afectación de la salud de toda la población, que viene reclamando una consulta popular para definir el tema. El lunes pasado, tras 13 jornadas de lucha, soportando aprietes y amenazas de patotas vinculadas a la UOCRA, se desató la represión de la policía cordobesa. Los efectivos de infantería llgaron en cinco camiones, metieron palo a gusto y detuvieron a las activistas Eugenia Zuleta y Candelaria Lacour, de la Casa de Cultura 1234.

Una vez más, vemos como la empresa, la burocracia sindical y el gobierno se unen en la defensa de sus intereses comunes, a costa y a pesar de los reclamos de quienes se niegan a resignar su salud para aumentar las ganancias de la multinacional.

A pesar de las provocaciones, de la represión y del anuncio de la empresa de no continuará con la construcción hasta que el gobierno se pronuncie, los compañeros decidieron cortar la ruta 88 hasta reorganizar el acampe. El gobierno de De la Sota manda a reprimir a los compañeros, mientras está en medio de un nuevo escándalo con los narcopolicías de su provincia que confirma quién maneja las drogas en el país.

El gobernador poco decidió ocultar la continuidad de su política cuando nombró, en reemplazo de los que fueron presos, a cuatro de sus socios subalternos, los efectivos de la policía provincial Rafael Sosa, Alfredo Saine, Franco Argüello, Fabián César Peralta D’Attoli y Mario Osorio. Mientras tanto, se suceden grandes manifestaciones en la capital de la provincia para denunciar la política represiva del gobierno; la represión a la protesta social; a los activistas ambientales; a las organizaciones que defienden y reclaman por la tierra y la vivienda; que denuncian el código contravencional, y la participación de la policía en el crimen organizado.

No olvidemos que Córdoba se convirtió recientemente en un nuevo laboratorio represivo desde la creación de la nueva fuerza represiva DOT (Departamento de Ocupación Territorial) que incorpora nuevos elementos y métodos para implementar una política cada vez más salvaje de control social. Desde CORREPI denunciamos la represión que están viviendo los compañeros en Córdoba, y decimos: ¡contra la represión organización y lucha!

Próximas actividades:

A 10 años de la desaparición forzada de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, CORREPI y AGARRE, integrantes del ENA, estarán presentes en las actividades que se realizarán entre el 3 y el 5 de octubre. La compañera Lucía Sánchez Vilar, de CORREPI, intervendrá en el panel que funcionará el 3 de octubre en el hall de la Universidad.

2 y 3 de octubre, desde las 10:00, Paraguay 1536, seguimos acompañando las audiencias en el juicio por Walter Bulacio.

4 de octubre, desde las 19:00, jornada antirrepresiva en la Facultad de Filosofía y Letras, Puán 470. Paneles, video, festival y buenas bandas.

5 de octubre, 15:00, jornada de agite, volanteada y radio abierta antirrepresiva en la plaza de Moreno, a una cuadra de la estación.

10 de octubre, 10:00, alegato de la querella de la familia Bulacio, a cargo de CORREPI, en el juicio por Walter. Después del mediodía, festival en Callao y Paraguay.