CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Hora de alegatos en el caso Bulacio.

El 11 de octubre, después de que, por varias semanas, se escucharan las declaraciones de los testigos traídos por la fiscalía y la defensa, comenzó la etapa de alegatos en el juicio contra el ex comisario Miguel Ángel Espósito, el único imputado formal en la causa iniciada por la detención tortura y muerte de Walter Bulacio.

Con la presencia en la sala de Graciela Scavone, mamá de Walter, y sus hermanas Lorena y Tamara Bulacio, los compañeros María del Carmen Verdú e Ismael Jalil comprimieron, en poco más de dos horas, la historia de un expediente cuyo tiempo de tramitación, 22 años y medio, supera largamente los 17 años que tenía Walter cuando fue asesinado.

La multitud de compañeros que se acercaron a presenciar la audiencia superó ampliamente la pequeña capacidad, pero, aun así, los que pudieron ingresar eran una clara muestra de los distintos sectores históricamente comprometidos con la lucha antirrepresiva, y con la causa Bulacio en particular. Allí estuvieron los referentes de organizaciones compañeras, como el Movimiento Teresa Rodríguez; MTR 12 de Abril; Asambleas del Pueblo; TORRE; PRML-CUBa; Convergencia Socialista; Liga Socialista Revolucionaria; Organización de Trabajadores Revolucionarios; Partido Obrero; Tendencia Piquetera Revolucionaria; 29 de Mayo; HIJOS zona Oeste; Junta Interna del Garrahan; CeProDH; SITRAIC; Coordinadora Antirrepresiva Oeste; Corriente de Estudiantes del Pueblo; Sala Alberdi; APEMIA.

Junto a ellos, se apiñaban un grupo de profesores del colegio nacional Rivadavia, donde Walter cursaba 5º año, y, por supuesto, los compañeros de CORREPI, entre los que se destacaban los familiares de víctimas de la represión policial que eran la mayoría en la pequeña sala. Ellos son la prueba viviente de que el caso Bulacio no es un hecho del pasado, referido, como nos dicen desde el poder, a “cosas que ya no pasan”, y que no es un policía, es una institución, y que esa institución es el brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno.

Junto a compañeras que llevan tanto tiempo, o más incluso, que la familia Bulacio en CORREPI, como Estela Rivero, cuyo hijo Peca fue asesinado por la bonaerense en 1989, por ejemplo, estaba Luis Guerra, papá de Matías, fusilado por un policía metropolitano este mismo año, junto a las familias de David Vivas y Javier Alarcón o de Carlitos Abregú, todos ellos asesinados en 2013.

Nuestros compañeros Jalil y Verdú reiteraron que este juicio, al que logramos llegar con la constante militancia que no permitió que se cerrara la causa como lo trató de hacer cada gobierno desde 1991, es la mejor muestra de lo que está dispuesto a hacer el estado, cualquiera sea el que lo administre, para defender sus políticas represivas. Denunciaron que a diario hay pibes como Walter presos sin razón alguna en una comisaría, levantados arbitrariamente con la averiguación de antecedentes, las faltas o contravenciones y las razzias, y sometidos a mecanismos igualmente arbitrarios, como el “procedimiento de entrega del menor”. Y que muchos de ellos, como Walter, no salen vivos de las comisarías.

Repitieron que hubiéramos preferido, aunque nos llevara otros veintipico de años, un juicio en serio, con todos los responsables materiales y políticos acusados por todos los crímenes cometidos el 19 y 20 de abril de 1991, y cerraron con el agradecimiento de CORREPI a todos los que, de mil maneras distintas, se comprometen a diario con la lucha antirrepresiva. Finalmente, pidieron el máximo de la pena que la acotada condición de este juicio nos permitía, 6 años de prisión para el comisario. Cuando terminaron, al cerrado aplauso lo siguió el grito histórico, Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía, que se unió al que venía de la calle, donde esperaban centenares de compañeros tras la bandera con la misma consigna.

Ya afuera, y bajo la atenta mirada de los gendarmes, que tuvieron a su cargo el “operativo de prevención”, como si el color del uniforme nos hiciera alguna diferencia, hubo un acto en el que cada organización trajo su saludo y ratificó su compromiso con la lucha antirrepresiva. Cerró la hermanita de Walter, Tamara, que en nombre de su familia y de CORREPI agradeció el sostenido apoyo de todas las organizaciones y compañeros, y trajo el emocionado recuerdo de su abuela, nuestra compañera Mary, que no pudo estar presente porque su salud sigue delicada.

El 15 de octubre alegará el fiscal Fornaciari, y una semana después será el turno de la defensa del comisario. El alegato completo está subido en: http://www.cij.gov.ar/nota-12305-Caso-Walter-Bulacio–piden-seis-a-os-de-prisi-n-para-un-excomisario.html

Tucumán: La lucha de los estudiantes contra la militarización y los abusos sexuales en la UNT.

Desde hace más de un mes, los estudiantes de San Miguel de Tucumán tienen tomadas cuatro facultades de la UNT (Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Naturales y Artes), como medida de lucha frente a una serie de abusos sexuales y violaciones que se vienen dando en las inmediaciones de esas facultades y de otras más de la misma universidad.

Si bien esos abusos son una práctica sistemática, junto con el negocio de la trata y la desaparición de mujeres y niños, de los que son responsables policía y el gobierno (no olvidemos el patrullero que llevó a Marita Verón de regreso al prostíbulo cuando había logrado escaparse, ni al comisario y oficial de la 11ª y la 6ª que fueron denunciados hace un mes por violación y abuso, respectivamente), hubo dos hechos que desencadenaron la medida de lucha por parte de los estudiantes. El primero fue la violación de una estudiante de Trabajo Social en las inmediaciones de la facultad.

La chica fue secuestrada por un auto, donde dos hombres la amenazaron y abusaron. Al día siguiente, los estudiantes se reunieron en una asamblea masiva. Se decidió hacer cortes de calle para exigir el esclarecimiento del hecho y el boleto estudiantil gratuito, ya que uno de los problemas con el transporte es que es caro y deja a los estudiantes a unas cuadras de las facultades, por lo que tienen que atravesar a pie un parque, que es donde se concentran los ataques hasta ahora conocidos. Los estudiantes exigen que ese boleto sea para todos los niveles, desde inicial hasta universitario, como también para docentes y no docentes, y además exigen que eso no implique un tarifazo, sino que lo paguen las empresas privadas de transporte, que están subvencionadas al 100% por el estado.

Lo que hizo el gobierno fue llenar de policías la zona: la Facultad de Filosofía y Letras está rodeada de uniformes afuera y de policías de civil adentro, que se dedica a vigilar a los estudiantes; la de Medicina está militarizada: los estudiantes sólo pueden entrar por el garaje y mostrando la libreta; los estudiantes de Cine tienen prohibida la entrada al Canal 10, lugar donde cursan; en Odontología pusieron 64 cámaras y en la Quinta Agronómica pusieron más de cien efectivos, además de que la gestión amenazó con desalojar y reprimir un festival que los estudiantes hicieron para apoyar la toma.

Todas estas medidas, por supuesto, profundizaron el desamparo de los estudiantes, que tuvieron que organizarse entre ellos para no circular solos por ningún lado, ya que son permanentemente amenazados y hostigados por la policía.

Al poco tiempo de ocurrido lo de Trabajo Social, otra estudiante fue atacada en Odontología, pero la policía y el secretario de Seguridad provincial, Hofer, salieron a desmentirla, con el argumento de que fue “sexo consentido”. La fueron a buscar a su casa y la forzaron a retirar la denuncia, a pesar de que el médico ya la había revisado y había constatado la violación. Ante esta situación, los estudiantes decidieron tomar las facultades.

El plan de lucha continúa, agregándose, a la exigencia del boleto, la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica y presupuesto para los comedores estudiantiles que se están empezando a autogestionar.

Durante la toma, los estudiantes no sólo tuvieron que lidiar con los proyectos propuestos por los consejeros de La Cámpora y Franja Morada, que pretendían pasar por encima a la asamblea y proponer, por un lado, un tarifazo para concretar lo del boleto, y por otro, un comedor estudiantil sin el control estudiantil real. Además, durante la toma, tres referentes de la Franja Morada abusaron de dos chicas jujeñas. La respuesta del gobierno fue poner más policías en las facultades, con lo cual están aumentando los hostigamientos a los estudiantes y, sobre todo, a las estudiantes, que son aquellas a quienes tratan de amedrentar con amenazas de abusos y violaciones.

Mientras la FUT arregla con el rectorado en la mesa chica cómo van a negociar las reivindicaciones de los estudiantes, éstos siguen organizándose en las facultades y siguen saliendo a la calle a exigir la desmilitarización de la UNT, el boleto estudiantil y presupuesto para el comedor estudiantil que se mantenga bajo control de los estudiantes.

Desde CORREPI apoyamos la lucha de los compañeros tucumanos y volvemos a decir que son precisamente aquellos que, dicen, “están para cuidarnos” o “hacer justicia”, los que manejan el negocio de la trata, los que controlan el negocio del robo y la droga, los que abusan y violan mujeres y matan un pibe por día por gatillo fácil. No le podemos pedir al estado que nos proteja de la violencia que él mismo administra y genera: inseguridad es la policía en las calles (y en las facultades).

Milton Ponce: Gatillo fácil y movilización popular en Saavedra.

El 29 de septiembre, en el barrio porteño de Saavedra, El 29 de septiembre, en el barrio porteño de Saavedra, Milton estaba con sus amigos en una plaza. Enfrente hay un salón de fiestas, donde se estaba festejando una comunión. Allí estaban el policía bonaerense David César Cabaleiro y su hermano José Cabaleiro, oficial de la Metropolitana.

A raíz de una broma que Milton y sus amigos hicieron a uno de los invitados de la fiesta que salió a la vereda, aparecieron los hermanos policías. Hubo una discusión, y el bonaerense David César Cabaleiro decidió resolver la situación de la única manera que saben hacerlo quienes integran las fuerzas represivas del estado: con una bala a la cabeza de Milton, quien llegó inconsciente al hospital Pirovano. Un caso más de gatillo fácil que expone bien cómo las fuerzas de seguridad actúan en conjunto. El policía bonaerense disparó, mientras que su hermano, policía metropolitano, se dedicó a encubrirlo. Escondió el casquillo y minimizó el hecho frente a los vecinos que observaban pasmados. Pero la cooperación no terminó ahí.

Mientras los amigos de Milton lo llevaban al hospital, llegó al lugar un patrullero de la policía federal. Entre la versión de los vecinos, y la de sus colegas metropolitano y bonaerense, no dudaron. Se fueron, total el hecho no era tan grave como para detener a sus colegas de otra jurisdicción.

Frente a la represión y el encubrimiento, los amigos y vecinos de Milton no bajaron la cabeza ni eligieron el silencio. Esa misma noche, cientos de personas marcharon hacia la comisaría 49ª para denunciar lo ocurrido. ¿La respuesta? Más represión.

La policía, junto a las demás fuerzas represivas del estado, mata un pibe cada 28 horas. Los uniformes y las placas que levantan su arma, apuntan y disparan contra jóvenes provenientes de los barrios populares en todo el país, en total silencio mediático. Pero no pudieron silenciar el caso de Milton. El secretario Berni tuvo que anunciar la remoción de la cúpula de la comisaría 49ª, mientras los hermanos bonaerense y metropolitano iban presos, gracias a que los amigos y vecinos de Milton se organizaron y salieron a luchar, demostrando, una vez más, que la movilización popular es el único camino para arrancar nuestras reivindicaciones.

A 10 años de la desaparición de Iván Torres.

Ivan Torres tenía 26 años. El 2 de octubre de 2003 fue detenido –con la excusa de la averiguación de antecedentes– por los policías de la Seccional 1ª de Comodoro Rivadavia. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. Sabemos que lo llevaron a la comisaría, donde las hojas del libro donde estaba anotada su entrada están arrancadas; sabemos que lo torturaron; que mientras agonizaba lo cargaron en un auto y que, en el trascurso de estos diez años, la policía o grupos que actúan para las fuerzas de seguridad, asesinaron a 7 testigos directos de su detención y tortura.

En Comodoro Rivadavia, nadie se quedó quieto ante la desaparición de Iván, como tampoco ante los casos de fusilamientos en los barrios populares de la ciudad o el hostigamiento constante que ejercen las fuerzas de seguridad del estado. Los compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva) se organizaron a partir de esta desaparición. En aquel momento la agrupación se llamaba “El que calla otorga”. Hoy, ya conformados como AGARRE, articulan la lucha contra la represión a nivel nacional con CORREPI y otras organizaciones antirrepresivas dentro del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo).

Al cumplirse una década de la desaparición de Iván Torres, fuimos invitados a participar en las actividades que organizaron desde el miércoles 2 de octubre, que comenzaron con un escrache a la comisaría donde desapareció Ivan, seguida de una conferencia de prensa y un recital de poesía, para terminar el sábado siguiente con una radio abierta y marcha. También hubo una charla debate en la Universidad de Comodoro y muchas actividades de difusión.

En Chubut, una provincia gobernada por el PJ desde hace diez años, los casos de gatillo fácil, las torturas en comisarías y las desapariciones perpetradas por las fuerzas de seguridad son moneda corriente, tal como sucede en el resto del país. Iván forma parte de una larga lista de más de 200 personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas por la policía, la gendarmería o el uniforme de turno desde 1983 hasta hoy, 30 años en los que, desde CORREPI, denunciamos que más de 4.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado.

En todo el país, y todos los días, seguimos organizándonos para luchar, para forjar más lazos entre los que padecemos este sistema de opresión.

Libertad a los presos políticos.

Mientras seguimos celebrando la libertad de los presos políticos de Bariloche, finalmente excarcelados a fuerza de organización y lucha, y advertimos que siguen procesados, por lo que será necesario redoblar la pelea para obtener su absolución, sigue la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras y la libertad de los de Corral de Bustos.

Desde hace días, las organizaciones que confluyen en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Sociales acampan frente a la Casa de la Provincia de Córdoba, en Callao y Sarmiento, para exigir la libertad de los compañeros presos, desde hace más de dos años, por la pueblada en Corral de Bustos. Con actividades diarias como proyecciones, charlas, visitas de artistas solidarios y de referentes del campo popular, sigue firme la campaña.

Por otra parte, se intensifica el esfuerzo por obtener la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, acusados por gravísimos delitos, a punto tal que, para seis de ellos, la fiscalía y las querellas pidieron la pena de prisión perpetua. Aunque el juicio terminó hace semanas, recién a principios de diciembre se conocerá la sentencia, con una dilación extraordinaria que sólo se explica por el intento de desarticular la fuerte solidaridad que, a pesar de muchas dificultades, entre las cuales la distancia no es la menor, rodeó el proceso. En ese marco, y para sostener la visibilidad de una causa que nos criminaliza a todos los trabajadores, esta semana se realizó en la localidad santacruceña una importante jornada de lucha. Desde Buenos Aires viajaron compañeros del comité de apoyo, que se sumaron a las organizaciones políticas y sindicales patagónicas, que recorrieron la ciudad con una nutrida columna.

Cada día debemos profundizar la unidad de acción en la lucha por la libertad de los presos políticos y el cierre de las causas contra los que se organizan para luchar.

Próximas actividades:

El 15 de octubre, a las 10:00, continúa el juicio al comisario Miguel Ángel Espósito, en Paraguay 1536 con el alegato de la fiscalía.