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Comunicado de prensa ante la sentencia en el caso Bulacio.
La sentencia en el caso Bulacio: No es la Argentina de otros tiempos, es la de ahora.
El viernes 8 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 dio a conocer su veredicto en el juicio al único acusado en el juicio por Walter Bulacio el comisario Miguel Ángel Espósito, titular de la comisaría 35ª y jefe del operativo policial del 19 de abril de 1991 en el estadio Obras.
Tres años de prisión en suspenso. Ésa es la respuesta del poder judicial argentino, 22 años y medio después, frente a una razzia en la que se detuvo sin razón alguna casi un centenar de jóvenes, que fueron trasladados a palazo limpio a la comisaría, para luego ser paulatinamente liberados, tan discrecionalmente como se los detuvo. Tres años de prisión en suspenso para uno solo de los responsables, el que dirigió el procedimiento y conducía la comisaría. En el largo camino hasta este juicio, quedaron archivadas las otras 72 detenciones ilegales acreditadas; los golpes; las amenazas, y, claro, la tortura y muerte de Walter.
Desde que se anunció el inicio del juicio, dijimos que llegaba tarde y mal. Más de 22 años después, lo único que el estado argentino estuvo dispuesto a conceder, acorralado por la lucha popular, fue un juicio donde no se discutieron las torturas y el asesinato de Walter, ni la razzia en cuyo marco se produjo su detención. Un juicio limitado al comisario Espósito y a la detención de Walter, como si esa noche, en Núñez, sólo hubieran estado ellos dos, y como si Walter hubiera sobrevivido.
Ni el centenar de policías que protagonizaron la razzia, ni la jefatura de la policía federal, ni los funcionarios del gobierno nacional de los que Espósito y los demás policías dependían, estuvieron sentados en el banquillo de los acusados, como reiteradamente lo planteamos desde la querella. Algunos comisarios ya retirados, como el comisario Jorge Luis Passero, ex jefe de la PFA, fueron traídos como testigos por la defensa y la fiscalía, como si fueran terceros ajenos a un hecho en el que su responsabilidad era igual o mayor que la del propio comisario Espósito.
El asesinato de Walter Bulacio es un ejemplo emblemático del funcionamiento de las políticas represivas estatales en todos sus niveles: las fuerzas de seguridad, dirigidas desde el poder ejecutivo, son las que detienen arbitrariamente, torturan y matan a los hijos del pueblo trabajador; el poder legislativo les pone a su disposición las herramientas legales para ejecutar la represión, con las normas que los facultan para detener a cualquier en cualquier momento y lugar, y el poder judicial se ocupa de diseñar y aplicar los artilugios legitimar sus acciones y garantizar su impunidad. Gobierno tras gobierno, cada uno con su particular estilo y discurso, todos se esfuerzan para construir consenso a favor de la represión y le lavan la cara a su aparato represivo. Hoy lo muestran claramente la creciente militarización del territorio que profundiza el control social y la sanción reiterada de las leyes antiterroristas reclamadas por el imperialismo que facilitan el disciplinamiento de las organizaciones populares.
La detención, tortura y muerte de Walter Bulacio es un crimen de estado, porque es un crimen policial, y la policía es el brazo armado del estado, dirigida por el gobierno de turno. Hasta la Corte Interamericana de DDHH lo reconoció así en su sentencia del 18 de septiembre de 2003, que sigue incumplida. En su condena por la detención, tortura y muerte de Walter, la Corte IDH ordenó al estado argentino individualizar y castigar a todos los responsables por ese crimen de estado. El estado argentino respondió condenando a un policía a tres años de prisión en suspenso.
La Corte IDH también ordenó al gobierno argentino derogar las normas y las prácticas no normadas que habilitan las detenciones arbitrarias. El estado argentino respondió cambiando algunos nombres: hoy dicen establecimiento de identidad en lugar de averiguación de antecedentes; los edictos policiales se llaman códigos contravencionales, y los dictan las legislaturas en lugar de la policía, y en reemplazo del Memo 40 existe el procedimiento de entrega del menor. Centenares de miles de personas son detenidas arbitrariamente por año en todo el país, la tortura es una práctica habitual y sistemática, y las distintas modalidades represivas se cobran un muerto por día.
Por eso, cuando hablamos de Walter, hablamos del presente. En todo el país, en las calles de las barriadas populares, en las comisarías y en los juzgados, se repite a diario la historia de Walter. Los jueces, a lo sumo, y cuando no tienen más remedio, condenan simbólicamente algún Miguel Ángel Espósito.
Walter fue asesinado durante el gobierno de Carlos Menem, pero la impunidad de los responsables fue garantizada por cada gobierno posterior: el de la Alianza UCR-Frepaso, con Fernando De la Rúa a la cabeza, y los gobiernos peronistas de Eduardo Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner, todos hicieron su parte, no para defender a un comisario, sino para proteger la eficacia represiva de sus fuerzas de seguridad y conservar las herramientas que necesitan para el control social.
Por eso fue simplemente natural que las últimas palabras del comisario fueran para agradecer a los jueces por lo bien que me trataron, porque me cuidaron y se preocuparon por mi salud.
Por eso fue simplemente natural que el gobierno nacional mandara a su secretario de DDHH, Martín Fresneda, a presenciar la lectura del veredicto y a declarar a la salida que Esto se circunscribe a la Argentina de otros tiempos, mientras los militantes de las organizaciones que llenaban la calle, entre los que estaban los trabajadores petroleros de La Heras, le gritaban: Mirá Cristina, qué popular, es el gobierno con más presos por luchar.
En la Argentina de otros tiempos, en 1991, teníamos registrados menos de 300 casos de gatillo fácil y tortura. En 2013, la democracia cumple 30 años al costo de más de 4.000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado, fusilados por el gatillo fácil, asesinados en las cárceles, desaparecidos, caídos en la lucha o, como Walter, torturados en una comisaría. En la Argentina de estos tiempos kirchneristas, son 2.300 los asesinados por el aparato represivo dirigido por el gobierno nacional y popular. En estos tiempos, siguen muriendo adolescentes en comisarías, como Jorge Reyna en Capilla del Monte.
Por eso hoy, como siempre, gritamos bien fuerte:
CONTRA LA REPRESIÓN ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!