CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Una sociedad de privilegios, se sostiene con represión: acto de presentación del informe anual de la situación represiva en Plaza de Mayo.

La necesidad, en nuestra militancia cotidiana, de mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a intentar, a partir de 1996, la sistematización de los datos disponibles sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal.

Así nació el “Archivo de Casos”, con el que nos proponemos generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

Por eso este viernes 29 de noviembre, desde las 16:00, bajo la consigna Una sociedad de privilegios, se sostiene con represión, estaremos en Plaza de Mayo, para repasar la situación represiva en sus distintas modalidades, y mostrar, también, las luchas que en todo el país enfrentan esa política de estado que lleva asesinadas 4.011 personas desde diciembre de 1983, y 2.448 desde el 25 de mayo de 2003.

Las intervenciones de los compañeros familiares de víctimas de la represión organizados en CORREPI, de los trabajadores y de los luchadores por la libertad de los presos políticos darán marco al informe de la situación represiva que nos convoca a profundizar la organización y la lucha.

El informe completo, con sus gráficos y tablas, estará publicado en nuestra web a partir del sábado, y tendremos material impreso y en CD disponibles durante la actividad.

Los invitamos a acompañarnos y acercar sus mensajes y adhesiones.

Bulacio: El juez “alarmado” por las detenciones arbitrarias.

“La problemática aún subsiste” fue la frase elegida por los jueces del TOC 29 para referirse al nudo de la causa Bulacio: las facultades policiales para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar. Tras una larga serie de citas de fallos de la Corte Suprema que legitiman la averiguación de antecedentes y el “olfato policial”, el tribunal concluyó que “Esta breve y por cierto no exhaustiva muestra de los distintos pronunciamientos de la Corte sobre el tema, pone de resalto que la situación no se ha solucionado definitivamente y, por el contrario, demuestra las deficiencias de la legislación que rige la materia y que han sido resaltadas por la Dra. Verdú en su alegato”.

Lo que dijimos al alegar fue: “…hoy no sufrimos más los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, pero padecemos, aquí y el todo el país, la arbitrariedad manifiesta de los códigos de faltas y contravenciones que criminalizan conductas que no son delitos. La averiguación de antecedentes del decreto 333/58, ahora se llama Detención para Identificar, y la regula una ley del congreso, la 23.950, pero es el “olfato policial” y la necesidad de “hacer estadística” la que determina que miles de personas por año sean detenidas sin motivo ni justificación alguna.

Tampoco existe más, con ese nombre, el Memo 40, ni el 106, ni la OD 127. Pero en todo el país, incluida esta ciudad, los pibes de menos de 18 años siguen entrando y saliendo de comisarías sin que los jueces se enteren, con lo que ahora se llama “procedimiento de entrega del menor” o cosa parecida. Y muchos no salen vivos, o salen moribundos, como Walter…”.

“Realmente los números son alarmantes”, se horrorizaron los jueces, después de admitir, por ejemplo, que cuatro personas por hora son privadas de su libertad sin motivo con estas herramientas represivas en la ciudad de Rosario –casi un centenar por día- y sólo en un 3,44% de los casos estaba mínimamente justificado el arresto.

El juez preopinante, el Dr. Goerner, resolvió sencillo el dilema: “(…) Ninguna reforma se ha postulado para reforzar las garantías que representan los límites al ejercicio de la autoridad por parte de los agentes del Estado (…) En mi opinión, más allá de que pueda instruirse al personal policial sobre la correcta aplicación de la normativa … una reforma legislativa a la ley 23.950 que contemplara el cumplimiento de mayores recaudos o exigencias, permitiría reducir en gran medida la discrecionalidad con la que suele actuarse en estos casos.”.

Simple, una reformita más a alguna ley, la de averiguación de antecedentes o los códigos de faltas, y no tendremos más motivo para preocuparnos cuando cruzamos un policía en la calle…

No es grave que semejante cosa la diga un juez, cuyo rol, como la condenita al comisario Espósito demuestra, es legitimar las instituciones estatales y su cotidiano accionar. Lo preocupante sería que creyéramos nosotros el cuento de “todo va mejor con una reforma legislativa”, y perdiéramos de vista que la represión es una política de estado necesaria para cualquier gobierno que administre una sociedad fundada en la desigualdad y la explotación.

Formosa: Impunidad para los represores, persecución para las víctimas.

“Estamos siendo perseguidos por la provincia de Formosa y sus aliados por atrevernos a denunciar los delitos provinciales, por eso están intentando criminalizarnos hasta destruirnos”, cierra el comunicado difundido el viernes 8 de noviembre por la Comunidad La Primavera en relación al procesamiento del Qarashé Félix Díaz, Clemente Sanagachi, Miguel Kisinaki y Eugenio Fernández, acusados por usurpación de territorio, atentado a la autoridad a mano armada, robo de armas, lesiones graves y leves, instigación a cometer delitos, abuso sexual de una uniformada y homicidio.

La causa en la que se dictó esa resolución tiene por objeto justificar la represión del 23 de noviembre de 2010, cuando unos 200 efectivos de la policía formoseña asesinaron al abuelo qom Roberto López apalearon a las familias que se manifestaban en la ruta 86 para detener la instalación de la sede de la Universidad Nacional de Formosa sobre tierras comunitarias. Como lo señala el comunicado, no hay, en cambio, un solo policía, gendarme o vigilador privado de las empresas imputado por ninguno de los homicidios cometidos contra la comunidad qom.

Son varias las causas que el juez Santos Gabriel Garzón impulsa contra Félix Díaz y otros miembros de la comunidad para acusarlos de delitos que van del homicidio a la usurpación, quizás el cargo que mejor demuestra de qué se trata: lo acusan de ocupar “ilegalmente” las tierras ancestrales de su comunidad, arrebatadas por empresarios, como la familia sojera Celía en el caso puntual. Las “pruebas”, de más está decirlo, se reducen a una serie de previsibles testimonios policiales y de los terratenientes.

El procesamiento, seguramente no por casualidad, coincidió con el tercer aniversario de la represión que mató a López y dio visibilidad nacional al histórico reclamo de los pueblos originarios por el territorio. Y mientras el gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán persigue a los represaliados, el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en conjunto con el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, prepara el relevamiento territorial que favorecerá a los usurpadores y legitimará el robo de la tierra.

Este avance represivo judicial, y más de una docena de muertes de miembros de la comunidad en el marco de su lucha en reclamo del territorio y de mejores condiciones de vida, muestran con crudeza hasta dónde llegan los gobiernos cuando se trata de defender los privilegios de los poderosos.

Jonatan Lezcano y Ezequiel Blanco: Más impunidad.

El miércoles 23 de octubre, el juzgado a cargo del juez Juan Ramos Padilla, sobreseyó al policía Daniel Santiago Veyga por el asesinato de Jonatan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, ocurrido el 8 de julio de 2009 en Villa Lugano. Los pibes estuvieron desaparecidos dos meses, hasta que sus familias lograron confirmar que ambos, con tiros en la nuca, habían sido encontrados el mismo día. Uno fue enterrado como NN y el otro mantenido en la morgue, mientras la comisaría 52ª se ocupaba, a través del sargento Mario “Indio” Chávez, de amenazar a las familias.

La causa por Kiki y Ezequiel está plagada de “viejos conocidos”. El primer tramo de la instrucción estuvo a cargo del juez Facundo Cubas, uno de los últimos jueces que intervino en la causa Bulacio. El “Indio” Chávez supo ser ladero del célebre sargento Rubén “Percha” Solares, mataguachos del barrio que fusiló a Gabriel “Pipi” Álvarez (primo de Kiki) en febrero de 2000; a Daniel Barboza y Rubén Acosta dos años después, y ayudó a encubrir el asesinato de Lucas Roldán en 2003. El juez que ahora volvió a sobreseer al policía es Juan Ramos Padilla, de alto perfil mediático por su pública adscripción al kirchnerismo y sus “sentencias” de 140 caracteres en Twitter, que le costaron ser apartado de la causa en la que debía investigar los negocios paralelos de la División de Asuntos Jurídicos de la PFA, organismo encargado de la defensa orgánica de los policías federales, por la “derivación” de clientes a estudios particulares y el cobro de dinero para asegurar mejores defensas.

En el nuevo fallo absolutorio, fiel a ese estilo, el juez dedicó largos párrafos a justificar su decisión con subtítulos como “Sobre el fracaso de la Justicia”, donde reconoció las manipulaciones para destruir pruebas que marcaron la causa desde su inicio. Como buen “progre” K, después de decidir que no hay pruebas de la responsabilidad policial, se lamenta largamente por la “ineficiencia de la justicia” –a la que acabadamente él representa- y llega a reconocer que “si los chicos hubiesen provenido de las capas medias-altas el debido proceso se hubiera realizado en tiempo y en forma y hubiera trascendido en los grandes medios por tratarse de un tema de inseguridad“.

Así, usó la confesión del asesino, que desde el principio se hizo cargo, orgulloso, de haber matado a los chicos, según él en defensa propia porque le quisieron robar el auto; los tiros por la espalda y nuca; el video que los policías de la 52ª filmaron, riéndose mientras los chicos agonizaban; el deliberado ocultamiento de los cuerpos y la destrucción de pruebas para, una vez más, confirmar la consigna que tantas veces gritan nuestros compañeros familiares en los juicios: “Yo sabía, jueces y fiscales protegen a la policía”.

Próximas actividades:

Viernes 29 de noviembre, 16:00, en Plaza de Mayo: Una sociedad de privilegios, se sostiene con represión. Acto con la presentación del informe anual de la situación represiva, las luchas, y los datos del Archivo de Casos 2013.