CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Operativo Sol: la costa se tiñe de azul.

El 18 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, presentó el Operativo Sol 2013/2014 que se empezó a desarrollar en los municipios turísticos de la costa bonaerense a partir de fin de año. Secundado a sus anchas por su ministro de Seguridad, Alberto Granados; el de Salud, Alejandro Collia; el secretario de Turismo, Ignacio Crotto y los intendentes de varios municipios costeros, destacó que el Operativo sería “el mayor operativo de la historia de la Provincia”, destinando para ello la totalidad de su “infraestructura pública, al servicio de la prevención y la protección de las familias”.

Al respecto, el spot publicitario que comenzó a circular por televisión resulta revelador: un joven en la playa observa, semi-boquiabierto, el andar pausado de una chica que pasea por la arena en malla. La sigue con la mirada afanosa perdida en su cuerpo, hasta que finalmente la chica se sienta junto a su pareja, que automáticamente dirige al otro una mirada amenazante. Enseguida, se ve a dos oficiales vestidos con el uniforme del Operativo en la playa, al tiempo que una voz en off concluye “más policía, además del novio celoso”, antes de enumerar los “beneficios” que lo componen: 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y vehículos todo terreno para zona de médanos; más de 100 rondines a caballo para zona de bosques y apartados costeros; 7 helicópteros para vigilancia diurna y nocturna, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas. Los más de ocho mil efectivos que participan del Operativo “son egresados de las 16 escuelas descentralizadas de Policía con que cuenta la Provincia de Buenos Aires” declaró Granados, cuando diputados opositores preguntaron de dónde salían los reclutas; participan también, efectivos de los Cuerpos de Infantería y Caballería, Grupo Halcón y de la Dirección de Aérea.

Apenas unos días después de la oficial puesta en práctica del Operativo, Scioli declaró haber recibido “muy buenos comentarios de los turistas por la presencia policial, su predisposición para asistirlos y hasta su amigable vestimenta verde flúor (sic por fluo=fluorescente), que los hace bien visibles“. Sin embargo, lejos de funcionar como un amigable despliegue de coloridas vestimentas o una apuesta “tutelar” frente a los “mirones” de las playas, es fácil ver cuál es la verdadera función que convoca al Operativo. Una vez más, frente a los dichos y los supuestos, los hechos materiales hablan por sí solos.

El viernes 10 de enero, en la ciudad de Mar del Plata, distintas organizaciones del campo popular se movilizaron al Palacio Municipal para repudiar el nuevo aumento del boleto de transporte público. Una patota de la UTA, designada como fuerza de choque por los funcionarios municipales, en coordinación con las fuerzas represivas que esperaban a unos metros, apaleó a los compañeros que se encontraban más próximos a la entrada para disiparlos y dar luz verde al inicio de la represión policial. Un centenar de uniformados empezó así la cacería indiscriminada, articulando por único idioma los gases lacrimógenos y los balazos, deteniendo a su paso a todo al que pudieran echarle mano. El saldo de la represión fueron 22 detenidos, de los cuales 4 eran menores de edad, uno de ellos hospitalizado por las múltiples y graves heridas con postas de goma a corta distancia.

No nos resulta ajena la lógica en el procedimiento. Que se haya logrado recurriendo a la tercerización de la represión para pagar un costo político menor, utilizando patotas como fuerza de choque, muestra cómo siguen usando uno de los métodos favoritos del modelo kirchnerista. Basta recordar la actuación de la patota de la Unión Ferroviaria en el asesinato del compañero Mariano Ferreyra, o la del grupo de barrabravas que responden al Sindicato Ceramista Sanitarios Porcelana de Mesa de Avellaneda cuando apalearon a los compañeros de la FOCRA por el conflicto en Cerámicas Lourdes, hace no mucho tiempo atrás. Tampoco nos resulta extraño que la represión haya sido bien coordinada con los uniformes.

Así se ve claramente cuál es la prioridad del Operativo, entendiéndolo, como a todos sus semejantes (Centinela, Cinturón Sur, Escudo Norte, etc.), no como un evento coyuntural –como pretenden hacerlos figurar- sino como eslabones de la cadena única de mando, que es la política represiva que el estado lleva a cabo y que hace 10 años dirige el gobierno de los Kirchner. Recordemos que el presupuesto para las fuerzas de seguridad nacionales pasó de $2.960 millones en 2003 a $25.900 millones en 2013, es decir, un aumento del 1.096%.

Represión en Neuquén y Jujuy.

El segundo día del año, trabajadores de la salud de Neuquén llevaban adelante una medida de lucha votada en asamblea, que consistía en bloquear el acceso a una destilería de YPF con el objetivo de reclamar mejoras salariales, en una de las provincias que tiene el costo de vida más elevado del país.
La policía provincial, un mes antes, había protagonizado una asonada, cuando tomaron la Jefatura exigiendo un sueldo de $12.000 por cumplir sus tareas represivas a diario. Finalmente, luego de las negociaciones, hoy el sueldo básico de un policía neuquino es de $10.000, mientras que los trabajadores de la salud reciben un salario mínimo de $5.000.

Una vez que la policía neuquina obtuvo su acuerdo, salió de los cuarteles donde estaban amotinados a cumplir su función. Así fue que los trabajadores de la salud fueron atacados por un operativo policial con golpes, palos, gases y balas para desalojarlos e intentar aleccionarlos para que nunca más vuelvan a protestar.

Lo mismo ocurrió el mes pasado, cuando la policía de Tucumán acordó un salario de $9.000 y, acto seguido, reprimió a quienes se manifestaban en la plaza reclamando, paradójicamente, “seguridad”.

Una vez más vemos por qué los policías y todo aquel que vista un uniforme del brazo armado del estado no son trabajadores, sino elementos al servicio del poder, que cumplen la función social de reprimir al pueblo trabajador cada vez que levanta la cabeza.

Mientras que las reivindicaciones de la mayoría de los sectores de trabajadores se basan en la reconstrucción de un salario que alcance para vivir y la mejora de las condiciones laborales, los policías se acuartelan con armas en mano, exigiendo cobrar el doble por reprimir y mejores herramientas para cumplir tal función, como más armas, más chalecos antibalas, más impunidad legal cuando fusilan a un pibe en un barrio, torturan a otro en una comisaría, o asesinan a un compañero en una marcha.

Días más tarde, el 12 de enero, en la localidad de Rumi Cruz, Jujuy, comunidades originarias protestaron en repudio al paso del Rally Dakar por sus tierras. La respuesta del gobernador Eduardo Fellner, del PJ, fue mandar a la policía, que, con golpes y balas, detuvo una decena de manifestantes y dejó varios heridos. De nuevo, la policía “despejó” el lugar, atropellando con palos y disparos el territorio del pueblo que se levanta y se manifiesta por sus derechos. Con un mínimo de $7.000 bajo el brazo, el brazo represor jujeño adoctrina aún más contento.

Córdoba: sigue el aguante contra Monsanto.

El lunes 30 de diciembre, la policía de la provincia de Córdoba y la Guardia de Infantería se aunaron nuevamente para reprimir a los asambleístas que desde hace más de 100 días sostienen el acampe contra la multinacional Monsanto en el predio de Malvinas Argentinas, a las afueras de la ciudad de Córdoba. Como resultado, tuvieron que ser hospitalizados ocho heridos por balas de goma, golpes con palos y patadas.

Esa mañana, por orden del Fiscal Victor Chiappero las fuerzas de seguridad llegaron a la planta con el objetivo de garantizar el ingreso de trabajadores de mantenimiento de la empresa. Ante la negativa de los vecinos, la policía respondió con represión, la cuarta en pocos meses. Cabe recordar que, a fines de noviembre, bajo la modalidad de la tercerización de la represión, la UOCRA reprimió a los acampantes dejando más de una decena de heridos.

Una semana más tarde, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo falló favorablemente al amparo presentado en el mes de septiembre del año 2012 por la Asamblea Malvinas Argentinas. En este sentido, se declaró que el permiso para la instalación de Monsanto es arbitrario e inconstitucional, con lo cual la multinacional no podrá continuar con la construcción de la planta acondicionadora de granos hasta que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental y se realice alguna instancia de definición en la cual tenga participación el pueblo. Sin embargo, Monsanto aseguró que el informe estará listo en febrero y que no se irá de Malvinas, a la vez que apelará ese fallo.

El logro judicial, aunque precario y efímero, es únicamente resultado de la organización y la lucha sostenida durante meses por parte de los asambleístas y aquellas organizaciones y espacios que participan de diferentes maneras. Por eso, la Asamblea de Autoconvocados continúa llamando a la resistencia, a través de cortes de ruta, festivales artísticos, jornadas de formación y movilizaciones, con el fin de no darle ni un respiro a esta multinacional genocida que mediante un sistema de saqueo, contaminación y explotación intenta continuar su instalación en nuestro país.

Policía, gendarmería y prefectura no les alcanza.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, fue el encargado, como tantas veces, de “instalar el debate”, como dicen los medios “Hay que revisar el rol que cumplen las Fuerzas Armadas”, dijo Scioli, y sugirió que se estudie la conveniencia de incorporarlas en el “combate al narcotráfico”. Aclaró, claro está, que “evidentemente es un tema de seguridad interior”, como para neutralizar las críticas de los que sólo se apoyan en la cuestión normativa, y responden que tal propuesta viola la ley de Seguridad Interior, que formalmente impide la intervención directa de las FFAA en materia delictual dentro del territorio nacional. Ley, claro está, que tardarían cinco minutos en cambiar si lo decidieran. No es ése el corazón del problema.

Secundó la idea el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que, como de costumbre, fue algo más explícito: “El flagelo del narcotráfico, el avance de la violencia y el crecimiento que éste trae requiere que todos trabajemos y nos comprometamos”. Y ya sabemos de qué “violencia” se trata para ellos: cualquier acto que reivindique un derecho de los trabajadores.

Lo notable es que, lejos de ser un debate abstracto, hace ya bastante que las fuerzas armadas, y el ejército en particular, intervienen en operativos permanentes de “seguridad interior”. En julio de 2011, un decreto de la presidenta Cristina Fernández lanzó en operativo “Escudo Norte”, teóricamente destinado a “incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste del país”. En ese marco, a mediados de 2013, el ministro de Defensa Agustín Rossi (el mismo que ahora salió a denostar la idea sciolista desde el kirchnerismo más puro) destinó 4.500 hombres de las FFAA para que se incorporasen bajo el nombre “Operativo Fortín II” al “Escudo Norte”, dedicándose al patrullaje terrestre. O sea, el control territorial.

Y hace escasos días, al mismo tiempo que la presidencia prorrogó por un año más el operativo “Escudo Norte” y que el ejército anunció la compra de 35 vehículos “Hummer” usadas y reacondicionadas al ejército yanqui (que dicen que van a usar para otra cosa, mejor no imaginarlo), el ministerio de Defensa también amplió la intervención militar en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa y Misiones.

La frutilla del postre fue un refuerzo presupuestario de $1325 millones para tareas de inteligencia y seguridad, con la indicación expresa, para el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el genocida César Milani, de “cumplimentar las exigencias de adiestramiento y de mantenimiento de la reserva operacional de la fuerza y para el Operativo Fortín II”.

Indudablemente, el escenario en el que confluyen la inflación desbocada, el envilecimiento del poder adquisitivo de los pocos pesos que llegan a los trabajadores y la amenaza de despidos y suspensiones, requiere que se armen en previsión de las luchas que la profundización de la crisis desatará. No les alcanza ya con las policías, la gendarmería y la prefectura, y van preparando el terreno para extender la acción militar contra el pueblo.

¡Absolución a los petroleros de Las Heras!

El miércoles 5 de febrero, a las 17:00, el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras organiza una marcha que partirá desde Av. 9 de Julio y Av. de Mayo, con destino a la Plaza de Mayo, donde se realizará un acto en solidaridad con los compañeros y exigiendo su libre absolución.
La actividad es parte de la campaña que continúa, profundizada, después que, el 12 de diciembre de 2013, la cámara criminal de Caleta Olivia, Santa Cruz, condenara a cuatro trabajadores petroleros -Ramón Cortéz, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González- a cadena perpetua por homicidio calificado (no ejecutable en el caso de Franco porque era menor de edad a la fecha de los hechos) y a otros seis compañeros, a cinco años de prisión, por coacción agravada y lesiones.

Lo único que se demostró con certeza en el juicio fueron las torturas que sufrieron tanto los trabajadores encausados como los pobladores traídos como testigos, a los que se arrancaron en la instrucción declaraciones a puro golpe y submarino seco. Claro que ante la imperatividad de castigar a quienes pusieron en riesgo los negocios de las petroleras y los gobiernos nacional y provincial, el fiscal minimizó los tormentos: “dos cachetadas y una bolsita de plástico no son torturas”, dijo en su alegato.

En 2006, los petroleros de Las Heras reclamaban por su encuadramiento sindical en la rama petrolera en la que efectivamente trabajan, y no en la UOCRA, para así incorporarse a un convenio colectivo con mejores escalas salariales y condiciones de trabajo, y rechazaban el impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios de los trabajadores.

Cuando la huelga y las movilizaciones llevaban 20 días, el poder judicial ordenó a la policía que identificara y detuviera “a los cabecillas”. Cuando uno de los referentes fue arrestado mientras estaba al aire en una radio local, el pueblo entero (más de un millar de trabajadores en una población de apenas 9.000 en total) reaccionó marchando sobre la alcaldía a exigir su liberación y fueron brutalmente reprimidos. En ese marco, murió el policía Jorge Sayago.

El gobierno nacional envió centenares de gendarmes, que se encargaron de hacer tronar el escarmiento, con allanamientos y detenciones masivas, torturas y el cierre total de las comunicaciones en la ciudad de Las Heras, que quedó militarizada, inmersa en un clima de terror.

Tras tres años de prisión, sometidos a torturas para que confesaran, se logró la libertad de los compañeros detenidos, aunque 13 de ellos quedaron sujetos al proceso que ahora tuvo sentencia. Un largo camino de organización y lucha, que incluyó la construcción del Comité por la Absolución de los Trabajadores de Las Heras en varios puntos del país, el poder judicial no titubeó a la hora de defender las políticas represivas del estado y proteger los intereses de las empresas petroleras. Con la intención de aleccionar al conjunto de nuestra clase, condenaron a los compañeros. Por eso dijimos: “Desde el inicio se supo que este juicio perseguía la intencionalidad disciplinadora de aplicar penas gravísimas, penas que sin titubear los jueces del sistema dictan cuando es el pobre el acusado mientras son reacios a aplicarla cuando lo son sus propios mercenarios, como en el caso Mariano Ferreyra, Bulacio o cualquiera de los casos de gatillo fácil que denunciamos.”

Nuestra resistencia no se termina con las condenas a los compañeros: RECIÉN COMIENZA.
¡POR LA LIBERTAD A LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
CONTRA LA REPRESIÓN ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Próximas actividades

El miércoles 5 de febrero, movilizamos desde 9 de Julio y Av. de mayo hacia Plaza de Mayo, por la absolución a los trabajadores de Las Heras.