CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Torturas en el “Palacio de Justicia”

El hecho sucedió la madrugada del 6 de agosto de 2010, esta vez en la Alcaldía del Palacio de Tribunales y a manos de –¿quién más?- dos agentes del Servicio Penitenciario Federal: Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón, actualmente condenados a 8 años de prisión por el delito de torturas por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9, aunque todavía se encuentran libres, mientras no quede firme la sentencia. Respecto de los hechos, nada nuevo bajo el sol: un pibe privado de su libertad fue golpeado y sodomizado por estos dos sujetos.

Estas situaciones no son algo fuera de lo común, ni algo que se produce por una negligencia ni por “falta de cuidado” del personal de las fuerzas de seguridad. Estas son acciones que se realizan con total decisión de quienes los llevan a cabo, y que suceden constantemente en diferentes dependencias policiales o penitenciarias. Es la forma, el método que utilizan para reprimir, para humillar, para mantener al preso atemorizado y alienado, no importa cuáles sean las causales de la pérdida de su derecho a la libertad, no importa cuál sea su conducta.

A veces, y solo a veces, cuando el hecho toma importancia en los medios de comunicación, o empieza a ser visibilizado, o por las particulares circunstancias, trasciende los muros de las prisiones, el poder judicial siente la necesidad de hacer de cuenta que las penas también llegan a quienes, en ejercicio de sus funciones realizan este tipo de actos y eventualmente son procesados y algunas veces condenados. Siempre, por supuesto, apelando al “hecho aislado” y mitigando las penas. Y no solo eso, sino que el mismo estado, una vez más, se encarga de garantizar que quienes ejercen la represión tengan la mejor defensa posible sin necesidad de pagarla.

En este caso, como en tantos otros, los represores no fueron representados por un defensor oficial, como el grueso de las personas que son sometidas a un proceso penal y no pueden pagar a un abogado particular, sino que fueron defendidos por abogados de la División de Asuntos Penales del ministerio de Seguridad. Esta situación no es excepcional. Se da hoy en el caso de Gonzalo Crespo, el pibe asesinado por un policía federal en Saavedra el 1º de marzo, como en centenares anteriores, desde el comisario Miguel Ángel Espósito, asesino de Walter Bulacio, hasta los policías imputados en el asesinato de Mariano Ferreyra. Claro que, en esos casos, como en el de los torturadores de tribunales, cuando la causa tomó visibilidad pública se ordenó a los funcionarios ministeriales apartarse, por una simple cuestión de imagen.

La intervención de los abogados de planta del ministerio tiene un paso previo, donde se analiza si el caso amerita la defensa desde la División de Asuntos Penales. Para el caso de los policías, el decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada a policías en actividad o retirados se brinda “cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial”. Está clarísimo que en este “ejercicio de la labor policial”, se encuentran implícitas todas estas acciones hacia los presos, así funciona el sistema, no es un hecho aislado, no es un policía, es una institución y su conducta es avalada por el estado, sea el gobierno que sea.

Las empresas despiden, el estado reprime

Desde la profundización del ajuste hace varios meses, las grandes empresas vienen suspendiendo o directamente despidiendo trabajadores con la excusa de la baja en las ventas. Y no conformes con los despidos, recurren a su fuerza de choque, las patotas de los sindicatos o directamente a la policía para militarizar la fabrica y así amedrentar a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no agachan la cabeza y salen a luchar para hacer oír su reclamo y solidarizarse con los despedidos.

Las patronales, con el apoyo del gobierno y la burocracia sindical, viene dejando a miles de trabajadores sin su fuente de ingreso. Valen como ejemplo el caso de los 60 despidos en Calsa, los 9 despidos en Shell y más de 90 despidos y suspensiones en las autopartistas Gestamp y Kromberg y Schubert. Como siempre, la variable de ajuste para las empresas siguen siendo los trabajadores.

Con el “verso” de la baja en las ventas, estas multinacionales saben que cuentan con el visto bueno del gobierno, ya que ante cualquier reclamo que hacen los trabajadores, el estado está siempre listo para reprimirlos. Es el caso de la autopartista Gestamp, con 63 despidos en Escobar, donde los trabajadores no sólo tienen que enfrentarse a la patota de Smata, sino que desde que desde hace una semana, tienen, en sus puestos de trabajo y hasta en el comedor, a policías que los controlan para que no se atrevan a alzar la voz dentro de la fábrica.

En Calsa, los trabajadores vienen realizando un acampe hace un mes en la puerta de la fábrica por la reincoporación de los 70 compañeros despedidos. El jueves pasado realizaron un corte en Puente Pueyrredón para visibilizar su reclamo. La respuesta fue la misma de siempre: prefectura por doquier, dispuestos a reprimir y llevar adelante el acuerdo de convivencia que pactó la burguesía para “despejar” las calles y así invisibilizar los conflictos. La exhortación de la presidenta en el Congreso el 1º de marzo se traducen en hechos llevados a cabo por el secretario de Seguridad Sergio Berni, siempre presente en los cortes de ruta para “liberar” las calles.

Los trabajadores de la multinacional Shell (enemiga del gobierno en afiches pero amiga en los acuerdos y ganancias), también sufren la persecución de la empresa, con cámaras de seguridad y aprietes de la burocracia.

Esta persecución laboral es practica habitual cuando se inician conflictos en las fábricas. Vale recordar hace dos meses, cuando se bloqueó el parque industrial de Pilar por las trabajadoras despedidas en Kromberg y Schubert, y la infantería no tardó en llegar en micros de la línea 291-520 de la central de Escobar, dispuestos a reprimir el piquete y llevándose detenidos a varios compañeros.

Sea del color que sea, la función de las fuerzas represivas es la misma, asesinar a los pibes en los barrios, con el gatillo fácil y las torturas en cárceles y comisarías, o como se ve con estos hechos, reprimir a quienes pierden el trabajo y salen a luchar para recuperarlo.

Berni es kirchnerista

Sergio Berni nos tiene acostumbrados a las declaraciones rimbombantes. Esta semana no fue la excepción, y nuevamente se mostró como un funcionario que desempeña orgullosamente su cargo en la función represiva.

El miércoles 21, trabajadores de Emfer y Tatsa cortaron la Av. Gral. Paz denunciando la política de vaciamiento de la patronal. El jueves 22, un grupo de trabajadores de las empresas CALSA y Shell realizaron un corte total en Puente Pueyrredón exigiendo la reincorporación de más de 70 compañeros despedidos.

Frente a estas situaciones, las declaraciones radiales de Berni no se hicieron esperar y apuntaron en contra de la protesta y los métodos de lucha de los trabajadores. “El que corta una calle comete un delito y el que comete un delito es un delincuente. No se puede negociar con un delincuente. Me parece que negociar con un delincuente es faltar el respeto al Código Penal”, sentenció el secretario de Seguridad.

También mantuvo una encendida discusión por Radio 10 con la fiscal contravencional de la ciudad Verónica Andrade, en la que exigió mayor celeridad por parte de la justicia de la ciudad a la hora de autorizar la dispersión de piquetes y la detención de manifestantes. En el audio se deja en claro que tanto Berni como Andrade forman parte de un mismo diseño institucional encargado de garantizar la precarización laboral en un contexto de crisis y ajuste.

Entendemos que la discusión entre representantes del poder estatal capitalista nunca puede ser en función de garantizar los justos reclamos de los trabajadores, sino en términos de forma y en búsqueda de mayor eficiencia para evitar cualquier intento de organización popular en contra del sistema. En este sentido, Berni se reunió con el jefe de fiscales, Martín Ocampo, y se mostró alegre por la construcción que estarían logrando de una justicia contravencional, en sus palabras, “a la altura de la situación”.

La estrategia de los autodenominados sectores “progresistas” del kirchnerismo consiste en intentar despegar a la presidenta y al proyecto “nac y pop” de las personalidades descarrilladas como la de Berni. Sin embargo, este artilugio retórico, como hemos venido sosteniendo, carece de todo fundamento. Berni no es una manzana podrida en un árbol florido, sino una expresión más del plan que el kirchnerismo viene sosteniendo en materia represiva desde sus inicios y que se expresó abiertamente en el discurso de CFK del 1º de marzo en la apertura de sesiones del congreso. En aquella oportunidad, el kirchnerismo recibió el aplauso cerrado del macrismo tras su posicionamiento respecto de la criminalización de la protesta, la huelga docente y la condena a los petroleros de Las Heras.

La consecuencia del discurso de CFK fue la presentación del proyecto de ley antipiquetes que diputados del “núcleo duro” kirchnerista, como Kunkel y Conti, redactaron alegremente. Si sumamos este hecho a la designación de Granados en provincia, la defensa de gobernadores asesinos como Insfran o Capitanich, el Proyecto X, las leyes antiterroristas, los miles de luchadores presos, la militarización de fabricas como Gestamp o Kromberg, entre otras cosas, rápidamente nos podemos dar cuenta que Berni forma parte de un plan represivo mayor, y que cuenta con el aval de toda la partidocracia burguesa.

“No robarás”…crucificarás
Reproducimos y hacemos propio el comunicado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos en el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA). Doce policías santafesinos fueron ya detenidos por este hecho:

(Córdoba, 23 de marzo de 2014). No robarás. Esta leyenda estaba inscripta en el pecho de Víctor Robledo que, inconsciente y crucificado sobre dos trozos de madera, fue encontrado en la madrugada de hoy por la policía de Córdoba en la localidad de San Francisco, al límite con la provincia de Santa Fe.

Historias como ésta se repiten una y otra vez, sin embargo, no debemos dejar de denunciar estos hechos de morbosidad y hostigamiento que no son aislados sino parte de una política sistemática. Tampoco podemos permitir que Víctor Robledo, como tantos jóvenes, sea ajusticiado por el mismo sistema que nos condena a vivir en la miseria y nos deja al margen de las posibilidades de subsistencia. Es difícil pensar en una sociedad sin delitos cuando gran parte de ella se encuentra sin empleo o con salarios que no permiten llegar a fin de mes. Sin embargo, los medios masivos se ocupan de vender noticias perversas y fomentar la discriminación y la lucha del pobre contra el pobre, sin analizar las verdaderas razones del empobrecimiento y la estigmatización.

Hoy a la madrugada encontraron a Víctor Robledo inconsciente, con principio de hipotermia, y atado a una cruz de madera. Los medios masivos de comunicación y los portales digitales muestran la terrible imagen y por si fuera poco la leyenda: “no robarás”, mensaje moral y cristiano, propio de los períodos más oscuros de la historia. Lo último que Víctor recuerda es que la policía de Santa Fe le efectuó una fuerte golpiza hasta que quedó inconsciente. Una vez más, las narcopolicías de las provincias se ven envueltas en un caso de tortura, golpiza e impunidad.

¿Quién se atreve a afirmar que policía equivale a seguridad? La policía santafesina, como la cordobesa y como las del resto del país, es la que ejecuta las órdenes de los Estados represores, en complicidad con la Justicia y los medios de comunicación. Ésta es la fuerza entrenada para reprimir al pueblo; para mantener, en base a mano dura, el orden social que refleja inequidad: hambre para muchos y lujos para pocos. Esta tarde, ante la trascendencia de los hechos y el escándalo público, las autoridades políticas removieron la cúpula policial de la zona. Pero lo cierto es que mientras el Estado burgués siga vigente, las fuerzas de seguridad en complicidad con el aparato político y judicial, continuarán con su tarea: reprimir, perseguir y criminalizar los sectores marginalizados de la sociedad.

Desde la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba repudiamos y denunciamos, una vez más, el accionar de la maldita policía, funcional a los gobiernos y amiga del aparato judicial.

¡Exigimos Justicia por Víctor Robledo! ¡Basta de represión y Gatillo Fácil! ¡Abajo el Código de Faltas! Frente a la represión: ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Criminalidad policial: cuando digo delito te nombro

Hace unos días, en el barrio Marqués de Sobremonte de Córdoba, un grupo de jóvenes fue asaltado y robado por un oficial y dos suboficiales de la división de Seguridad Capital. Los chicos esperaban el colectivo cuando fueron interceptados desde un auto particular por los policías, que vestían de civil. Los pibes atinaron a anotar la patente del auto de los asaltantes e hicieron la denuncia. Ubicados e identificados como policías, el parte oficial intentó desdibujar el vínculo permanente de la policía con el delito: “El Jefe de Policía quiere ratificar que, así como se defiende y protege a los buenos funcionarios cuando la situación lo amerita; por el contrario, funcionalmente se es inflexible con el personal que participa de ilícito alguno o compromete el decoro institucional”. Habría que traducir para mejor entendimiento: cuando salta el botón, vuela la gorra; mientras nadie sospeche que siempre está flojo, se lo sigue sosteniendo con abrojo.

Así como son buenos para los asaltos a mano armada, los azules son buenos para los negocios, en especial para el tráfico de drogas. Cuando se decomisaron 1.200 kg. de cocaína líquida en un operativo llevado adelante por Gendarmería Nacional y la Policía Federal, se evidenció que a la bandita transnacional del narcotráfico también la integraban tres agentes de ésta última fuerza. Junto a los estupefacientes había un arsenal armamentístico. Según explicó el secretario de Seguridad Sergio Berni, el traslado se hacía mediante un sofisticado método: diluida en 2.360 litros de aceite dieléctrico, un componente que suele ser utilizado en los transformadores de luz del alumbrado público. Así llegaría a México sin inconvenientes: ni la aduana argentina ni la del país de destino la detectaban con los escáners.

La carga, con un valor de 40 millones de dólares, había sido transportada en un barco de bandera israelí que zarpó del puerto de Buenos Aires 20 días antes. Parece que los del Cartel de Sinaloa andan detrás del meganegocio, y si dejamos las ilusiones para las películas que no nos cuentan, habría que preguntarse qué se necesita además de poder y terror para evitar que las operaciones fracasen, que el Estado otorgue y que pocas veces se la cuente como es: quiénes “combaten” el crimen, son sus protagonistas.

En la causa que instruye la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, se comprobó que alguien apodado “El Ninja” proveía “seguridad” a los integrantes de la banda. Escuchas telefónicas y un robo en la casa de un jefe policial, el comisario Julio Navarro, destaparon la olla: “El Ninja” resultó ser el segundo de Navarro, el comisario Roberto Mora, que como buen narcopolicía prestó servicios en la División Prevención Social de las Toxicomanías,
aunque cuando fue detenido estaba “trabajando” en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad…

El comisario, y los cabos Andrés Martínez Natalia Cainzos fueron detenidos y procesados el robo a la casa de su jefe Navarro, por el arsenal de más de medio centenar de armas encontradas en sus casas; la venta de 30 tambores robados con éter (precursor para la elaboración de cocaína) y el robo de 200 kilos de marihuana a una banda rival narcos bonaerenses, para lo que simularon un allanamiento.

Además, se secuestraron 180.000 dólares y 130.000 pesos, autos de alta gama y otros elementos de lujo, como una pistola de oro puro, y se encontraron títulos de propiedad de carísimos inmuebles.

Como para cerrar el panorama de narcopolicías y polichorros, también hay policontrabandistas. Hace unas semanas, el personal de la aduana de Tierra del Fuego recibió el dato de que una mujer intentaría contrabandear mercadería por un paso fronterizo no habilitado a Chile. Al llegar al lugar, encontraron una camioneta de la policía de Río Grande y al jefe de la comisaría de esa localidad fueguina, Gustavo Franzen, con la carga de contrabando, que incluía ropa, calzados y electrodomésticos.

Como vemos, no hay rubro delincuencial al que los uniformados no se dediquen.

Próximas actividades

Jueves 29 de mayo, 17:00, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata (diagonal 113 y 63 N°291), charla “Tratamiento de medios de comunicación hegemónicos y alternativos en contexto a la represión” con participación de CORREPI.

Sábado 31 de mayo, 15:00, volanteada en la Estación Virreyes.