CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Obreros de Gestamp contra la patronal, la burocracia sindical y el estado, 1 a 0.

Durante el mes de abril, la empresa Gestamp, una autopartista multinacional de capitales españoles, decidió compensar la reducción de ganancias producto de la recesión con suspensiones a los trabajadores. En la planta de Escobar, los obreros no se sometieron mansamente a cargar sobre sus espaldas el costo de la crisis, y se organizaron para defenderse. Para principios de mayo, a las suspensiones se sumaron los despidos, y los obreros levantaron un acampe frente a la entrada de la planta.

Después de tres semanas de aguante, ante la intransigencia de la empresa, el martes 27 de mayo por la mañana nueve trabajadores lograron ingresar a la planta, sorteando a la policía y a la vigilancia privada. Subieron a un puente-grúa a unos 20 metros de altura, y allí mantuvieron la toma, desafiando a centenares de efectivos policiales provinciales, incluidos los grupos especiales de asalto que no pudieron alcanzarlos.

Por cinco largos días, los trabajadores recibieron el apoyo y la solidaridad de centenares de compañeros que garantizaron el acampe y los piquetes frente a todos los accesos de la planta, así como de los vecinos, que colaboraron de distintas maneras. Mientras tanto, las propuestas de negociación con la empresa cayeron una tras otra por su cerrada negativa a todo diálogo y el juez de garantías Marino y el fiscal Flores se instalaron en la planta, amenazando con ordenar el ataque contra los compañeros del puente-grúa, que debieron soportar el hostigamiento permanente y la acción de desgaste psicológico desplegada por las fuerzas de seguridad, que siguieron al pie de la letra los manuales de instrucción “antiterroristas”. El delegado de los trabajadores impuso sus fueros gremiales para mantenerse dentro de la planta, y resistió el embate de los “negociadores” policiales, que fracasaron en el intento de quebrar su entereza.

Mientras los compañeros abogados del CeproDH y el Nuevo MAS asumieron la representación de los trabajadores en la discusión gremial, CORREPI fue convocada para asistirlos frente a la amenaza represiva.

Una vez más vimos, en la práctica, cómo se abroquela y trabaja de conjunto la triple alianza antiobrera. La patronal recibió todo el apoyo del aparato estatal, y de la burocracia sindical, que publicó una solicitada en la que instó al gobierno a “poner un viso de racionalidad en la situación”, es decir, reprimir a los compañeros, bajo la velada amenaza de hacerlo ellos mismos. La presidenta Cristina Fernández no se quedó callada tampoco, y mientras el jefe de gabinete Capitanich citaba de urgencia al gobernador Scioli para reclamarle acción, ella, por cadena nacional, lo instó a “plantarse, aunque no parezca simpático”.

Finalmente, ante la firmeza y decisión de los compañeros, y la confluencia cada vez mayor de apoyo fuera de la planta, el gobierno provincial se vio obligado a reconocer que, lejos de tratarse de un problema de “tres o cuatro”, como dijo Cristina Fernández, ni de una “minoría irracional” como afirmaron los burócratas del SMATA, en Gestamp se venía desarrollando un conflicto colectivo de trabajo, y el ministro de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria.

Una vez que quedó claro, con la presencia del ministro de Trabajo y el de la Producción en la planta, que se retrotraería la situación a la fecha anterior a las suspensiones y despidos, y que la empresa ya estaba notificada de la intimación oficial a que todos los trabajadores retomen sus tareas en sus puestos habituales de trabajo, nos abocamos a garantizar con el fiscal y el juez que no habría consecuencias penales para los nueve compañeros del puente-grúa ni para el delegado y los que sostuvieron los piquetes.

Uno a uno, por una estrecha escalera, los nueve compañeros bajaron del puente-grúa desde el que dieron una enorme lección de conciencia y solidez. Vinieron los abrazos, y la emoción de correr hacia los portones, donde una multitud los esperaba, con aplausos y un grito unánime: “Unidad de los trabajadores”.

No pasaron más que unas horas antes que la patronal anunciara públicamente que no acatará la conciliación obligatoria dispuesta, mostrando nuevamente que los empresarios reclaman “el imperio de la ley” sólo cuando les conviene. Los trabajadores ganaron esta batalla, pero la lucha sigue, cada día y en todas partes. Por lo pronto, en la cita de honor que tenemos para acompañarlos esta madrugada, cuando se presenten a tomar sus puestos de trabajo.

Domiciliaria para el “Gallego” Fernández: el mito de la igualdad.

El “Gallego” Fernández, el burócrata de la Unión Ferroviaria condenado por organizar, junto a José Pedraza y su banda, la policía, empresarios y funcionarios, el crimen del compañero Mariano Ferreyra, obtuvo esta semana la prisión domiciliaria porque tuvo un problema cardiológico. Ya está en su casa, iniciando la recuperación física.

Raúl “Boli” Lescano, referente de Quebracho, condenado por repudiar a Sobisch, el autor ideológico del crimen del maestro Carlos Fuentealba, fue encarcelado ya con precaria salud, y sigue preso después de haber sufrido un severo accidente cerebro vascular.

El denominador común de las enfermedades, la comparación entre ambas dolencias, no es lo central. Tampoco lo es el mito de la igualdad ante la ley, que permite a algunos desprevenidos fundar la elemental exigencia de libertad al compañero Lescano en ese concepto mentiroso y falso, que brinda legitimidad a un sistema abyecto y naturalmente privilegiador, una elemental exigencia de libertad para el compañero.

Nadie ignora que no es lo mismo matar a un militante que reclamar e indignarse por ese asesinato, salvo la ley escrita por los que mandan a los asesinos, por los socios del “Gallego” Fernández por ejemplo, esos poderosos que dicen qué es delito y qué no lo es, según convenga a sus intereses de clase.

Para todos ellos, es mucho más grave protestar. Esto explica por qué se otorga la prisión domiciliaria a uno mientras se niega la libertad al otro.
Aunque la válvula mitral del temible Gallego o las arterias del compañero Boli se parezcan, no tienen nada que ver.

En la sociedad de clases, los privilegios se expresan en todas sus variables. Y a la hora de determinar cuál es el estándar para gozar de ellos, el requisito es bien concreto: ¿de qué lado estás?

Basta recorrer las cárceles para entenderlo. Los empresarios, sus socios menores como los burócratas sindicales, sus protectores como la policía, obtienen del socio mayor, el estado, el carnet de impunidad, mientras los trabajadores, el pueblo y sus expresiones desbordan de a miles las leoneras.

Ninguna década ganada ni discurso oportunista sobre derechos humanos puede desmentirlo.

El Boli está preso porque, en la década K, osó levantarse contra el crimen de un maestro. El Gallego está en su casa porque, en esa misma década, mató a un militante de la clase obrera.

Seguimos reclamando la libertad del compañero, pero no por piedad y mucho menos invocando un mito legitimador del sistema. Desde la antigüedad, los mitos son falsedades que, convertidas en relatos tradicionales, prefiguran el pensamiento de una comunidad. No hay igualdad ante la ley en una sociedad con privilegios.

Exigimos la libertad del compañero Lescano, porque su propia historia se inscribe en el proceso de destrucción de esa sociedad.

Y porque, como grita la calle -allí dónde más le duele a los poderosos- cuando tocan a uno, tocan a todos.

“Cuchas” mejoradas para los perros policías.

Esta semana trascendió un convenio establecido entre la policía federal y el estatizado Astillero Tandanor, con el fin de garantizar el mantenimiento y la reparación de 105 caniles de los perros policías (los de cuatro patas, aclaramos).

Los perritos entrenados para reprimir no podían quedar afuera del mejoramiento del aparato represivo que se viene llevando adelante, y que incluye jugosos aumentos salariales para los uniformados en todo el país, nuevos patrulleros y más armamento.

Resulta llamativo, sin embargo, el monto del contrato. El precio total del acuerdo con Tandanor es de $13.362.552,72.

Para tener una idea de los números y de las prioridades del estado, cabe mencionar que el pasado 20 de mayo, Cristina Fernández inauguró 300 viviendas en el partido bonaerense de General Arenales, y dijo entonces que ese proyecto demandó una inversión de 40 millones de pesos.

Para ser mas claros, mientras que se destinan $66.666 por cada vivienda popular, se asignan $123.000 por cada “cucha” refaccionada. Si tenemos en cuenta la situación habitacional actual, los cientos de vecinos villeros que actualmente acampan exigiendo una solución por parte de algún gobierno, parece una burla que los perros policías reciban un trato preferencial.

Sin embargo, nada sorprende. Basta recordar el accionar conjunto de la federal y la metropolitana para desalojar la toma del parque Indoamericano, que dejó como resultado tres muertos, o en las represiones del Borda y de la Sala Alberdi, para darse cuenta que, cuando se trata de reprimir, no se escatima en gastos ni en colaboración.