CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

¿Abu Ghraib, Irak? No, San Luis, Argentina.

Esta semana, un diario de la provincia de San Luis publicó una serie de fotos tomadas el 22 de abril de 2013, durante una requisa en el pabellón de menores de la cárcel local. En las imágenes se ve a los presos, jóvenes de entre 18 y 20 años, en un patio, desnudos, con las manos a la espalda y alineados a la pared en posición “mahometana”, es decir, arrodillados e inclinados hacia adelante, con la cabeza contra el piso. Los custodian (y hasta posan para las fotos) los miembros del servicio penitenciario provincial –entre ellos, el jefe de la unidad- con perros (los de cuatro patas) peligrosamente cerca de los expuestos genitales de los prisioneros.

En los pocos medios que reprodujeron la “noticia”, igual que cuando trascendió el video de chicos torturados en la comisaría de Salta, se habla de “escándalo”, como si se tratara de un hecho aislado e inédito. Ninguna cosa es ya novedosa en materia de tormentos en cárceles y comisarías. A lo largo y ancho del país, este es el trato habitual que padecen las personas que están privadas de su libertad.

En este caso se trata de varones jóvenes, los que padecen más directamente el estigma del sistema y su selectividad. La humillación y el tormento son herramientas para que los carceleros puedan marcar el poder que tienen sobre sus vidas.

Aun más inadvertidos, y tan preocupantes como el propio hecho, pasaron los “comentarios de lectores” posteados en los sitos de los medios online que lo publicaron. Allí aparece el “sentido común” impuesto por la cooptación de consenso, con frases como: “mejor, así aprenden desde temprano” o “¿qué se creen, que están de vacaciones?” referido a quienes son deshumanizados al punto de llamarlos “ratas” y que, a criterio de esos “lectores “se lo merecen”.

Es que, más allá de algún objetivo puntual de obtención de información o confesiones, el principal objetivo de la tortura sistemática es la destrucción de la subjetividad del “enemigo” al que hay que privar de su propia conciencia humana. No basta que estén privados de su libertad, tienen que quedar vacíos, y tener bien metido en la cabeza que no son nada, y sólo sirven para ser escarnecidos. Y hasta cuando uno de estos episodios trasciende, es usado como escarmiento hacia un mayor disciplinamiento del pobre.

Muy distinta es la situación, en pabellones diferenciados, de los poquitos homicidas de uniforme que van presos, siempre y en cualquier circunstancia protegidos por el estado, o de los menos aún “ciudadanos de bien”, empresarios, burócratas sindicales o curas amigos del poder.

Dos detalles mencionados casi al pasar en la crónica periodística es la mejor prueba de dónde están los delincuentes peligrosos. El jefe de la unidad que aparece en las fotos, Mariano Ibáñez, fue desplazado de su cargo y está siendo investigado penalmente, pero por otro hecho: se descubrió que era quien habilitaba el ingreso de drogas en la unidad. Y el actual director del penal, Inocencio Carpio, de larga carrera en el servicio penitenciario y antes subteniente del ejército, acumula denuncias desde 1978, por los tormentos que aplicó a jóvenes conscriptos a sus órdenes que fueron desplazados a la frontera chilena durante el conflicto limítrofe de aquel año.

La inseguridad siempre tiene la gorra puesta.

Diariamente repican en nuestros oídos las noticias sobre las bandas de delincuentes, con alto nivel de logística y poder de fuego, que dan pie a los reclamos de más dureza en el sistema penal. Lo que no señalan los medios con igual claridad, es que, cada vez que se desbarata alguna de esas asociaciones ilícitas, salta el botón, confirmando lo que siempre repetimos: la inseguridad, es la policía en la calle.

Esta vez, la noticia es que, después de una larga investigación, se logró desarticular una banda que operaba en City Bell, Villa Elisa y Gonnet, las afueras de La Plata, con “especialidad” en las entraderas en domicilios.

Tras once procedimientos y allanamientos en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, en los que se secuestraron armas de todo tipo, chalecos y arietes rompepuertas de la policía, dinero y objetos robados, siete personas fueron detenidas. ¿El jefe de la banda? Ninguna sorpresa: un teniente de la Dirección de Traslados de Detenidos Quilmes de la policía bonaerenses, que estaba en actividad plena hasta su detención.

De nuevo se confirma: el aparato represivo del estado es quien dirige el crimen organizado en nuestro país.

De “víctimas inocentes” y “justicia por mano propia”.

“En tiroteo entre policías y delincuentes, matan a chico de 15 años”, tituló esta semana Diario Popular. Pero al leer la nota en detalle, resulta que las balas también mataron a otro muchacho, e hirieron a su acompañante, lo que apenas si es mencionado en la noticia. Claro, el otro muerto y el herido eran “los delincuentes” que la policía perseguía.

Las balas se toparon con un pibe que quedó en el medio, y eso es lo destacado; que un “malviviente”, “caco”, u otro término empleado por la prensa burguesa, sea abatido, es naturalizado por la redacción de la noticia como simple contexto indiferente.

La naturalización del gatillo fácil, según su tratamiento en los medios, propone una distinción tajante entre aquellos “desafortunados” casos y los otros, donde la muerte tiene total validez y nula discusión.

Esos eufemismos también operan para que un gatillo fácil sea levantado en alzas al considerárselo un acto de “justicia”. Así pasó con el efectivo del Servicio Penitenciario de Córdoba que esta semana asesinó a un pibe de 20 años en el barrio Villa El Libertador: “Penitenciario preso por justicia por mano propia” proclama el diario La Voz del Interior.

El guardiacárcel persiguió en moto, por varias cuadras, a Walter Darío Arrieta y terminó disparándole con su pistola calibre 9 milímetros en la cabeza, cuando Arrieta escapaba, supuestamente, de un intento de asalto a una vecina de la barriada.

La “justicia por mano propia” que envalentona el diario La Voz, es considerada un “exceso” por el fiscal Alfredo Villegas, que dispuso la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego del efectivo (cuya identidad fue reservada para resguardarlo).

En este caso, el medio de comunicación juega un rol diferenciador entre el inocente que en su ardid “justiciero” padece los actos de su obrar sobre el delincuente -ya por norma de la prensa burguesa- “culpable”. Pasando por alto que, para La Voz, “justicia” signifique abatir a balazos a un asaltante.

La represión de todos los días.

El fin de semana pasado, en Viedma, provincia de Río Negro, Ariel Almeyda, de 18 años, fue detenido por la policía y llevado a la comisaría 1ª. Una hora después, apareció muerto en su celda, “ahorcado” con una frazada. Una vez más, la versión del “suicidado”, que tanto gusta usar el aparato represivo para encubrir las torturas y asesinatos entre rejas. Sólo en Río Negro, han muerto “suicidados” en tiempos recientes, en una celda, Francisco Miguel Meli, Pablo Coliqueo (en la misma comisaría 1ª de Viedma), Luis Alberto Vera, Juan Carlos Vázquez Jara, Patricia Uribe y Guillermo “Coco” Garrido”, por poner algunos ejemplos.

En esa misma provincia, desapareció Daniel Solano a manos de la policía, por organizarse en su lugar de trabajo, y Otoño Uriarte, cuyo cuerpo aparecería tiempo después; en 2010, Diego Bonefoi fue fusilado de un tiro en la nuca mientras charlaba con dos amigos, y, cuando el pueblo reaccionó ante su asesinato y se movilizó, la policía reprimió y asesinó a Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.

Estos son sólo algunos pocos ejemplos, los que más han resonado mediáticamente, debido a la lucha que han llevado adelante familias, amigos y organizaciones, como el Colectivo de DDHH de El Bolsón en el caso de Coco Garrido, la Agrupación Otoño o la Coordinadora Norpatagónica, que surgió al calor de la lucha por visibilizar el caso de Daniel Solano.

Pero, lamentablemente, casos hay a montones. Muestras de una política sistemática que se aplica, no sólo en esta provincia, sino a lo largo y ancho del país.

Esto puede verse claramente graficado en la página http://archivodecasos.com.ar, con la distribución de más de 4.000 casos en el mapa del país desde 1983 hasta la fecha. Es que más allá de una policía provincial más o menos “podrida”, la función del aparato represivo del estado, encarnado en la fuerza provincial o nacional que sea, es la misma: mantener a raya al pueblo trabajador, mostrar quién manda, como forma de ejercer el control social.

Cristina y De La Sota reprimen y criminalizan la protesta social.

El martes 17 de junio, una movilización que se dirigía a la Casa de Córdoba en repudio a la represión del 12 de junio, en las afueras de la legislatura cordobesa, en el marco del tratamiento de una ley ambiental, fue reprimida por la policía Federal.

La movilización llegó a la casa de Córdoba, que ya se encontraba atestada de infantería policial. La disposición para reprimir, además de ser evidente por la cantidad de policías, motocicletas, y camiones, se hizo efectiva con el ataque a la manifestación. El resultado fueron 12 compañeros detenidos, uno de ellos hospitalizado.

La policía de la comisaría 5ª, que estaba a cargo del operativo, y el juzgado de Instrucción n° 17, se dedicaron a obstruir la tarea de los compañeros que concurrimos a reclamar la libertad y asistir a los detenidos, empezando por remitir a los presos a la Superintendencia de Investigaciones, en la calle Madariaga y la avenida General Paz, para evitar la movilización frente a la comisaría.

Esto no detuvo a los compañeros, que se trasladaron a Madariaga, y mantuvieron un destacamento a la espera de la liberación de los detenidos. Al día siguiente, por la mañana temprano, otro grupo se movilizó al juzgado de Instrucción a exigir, allí también, la soltura de los compañeros, la que finalmente se produjo cerca del mediodía.

Esta ha sido una primera victoria. Ahora queda otra batalla por delante, que es cerrar la causa que se les inició con varias imputaciones y trámite “express” de flagrancia, lo que demuestra la voluntad política de criminalizar a todo aquel que proteste.

Los gobiernos, nacional y cordobés, supuestamente opositores, mostraron la misma política represiva contra los que luchan por el cuidado del medio ambiente y los que protestaron contra la represión.

Desde CORREPI y CADEP hemos asumido, no sólo la defensa política, sino también la defensa técnica de los compañeros, y llamamos al resto de las organizaciones del campo popular a tomar como propia esta pelea, y a derrotar la política del gobierno nacional que busca hacer pasar el ajuste en curso con más represión y criminalización a los luchadores.

Próximas actividades.

Martes 24, 19:00, charla en la facultad de Filosofía y Letras con CORREPI: La pelota está manchada.

Miércoles 25, desde las 17:00, en la Estación Darío y Maxi (Avellaneda), jornada artístico-cultural y vigilia en la víspera del aniversario de la represión en Puente Pueyrredón.

Jueves 26, corte en Puente Pueyrredón a 12 años del asesinato de Dario y Maxi.

Viernes 27, 19:00, en la facultad de Filosofía y Letras, proyección de la pelíccula La crisis causó dos nuevas muertes, luego panel de debate y peña/festival. Organiza CORREPI.