CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El terrorismo de estado colombiano educa al aparato represivo en Argentina.

La última semana de junio, los medios de comunicación levantaron la noticia de que el gobierno entrerriano recurrió al teniente coronel Luis Ignacio Zuleta Suárez, agregado de la policía nacional de Colombia en la Argentina, para dar una disertación sobre la “Lucha antidrogas y el planeamiento en convivencia y seguridad ciudadana”.

Pese a lo que se podría pensar, el encuentro no se limitó a la formación de los policías entrerrianos. Por el contrario, en él participó personal de la Dirección de Toxicología provincial, junto a miembros del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Servicio Penitenciario provincial.

El jefe policial entrerriano reconoció que han “firmado convenios con otros países a fin de sumar experiencia en este sentido”. En la vecina provincia de Santa Fe, en febrero de este año, el gobierno creó un nuevo cuerpo policial como parte de la reforma encarada desde su “plan de seguridad democrática”.
Es la Policía de Investigación, un cuerpo especializado en materia de persecución penal, cuyas cinco regionales fueron capacitados por miembros del FBI y Carabineros de Chile, entre otros.

A su vez, el teniente coronel Luis Ignacio Zuleta Suárez también participó, a fines de abril de este año, de un seminario organizado por el ministerio de Salud de la provincia de San Luis, sobre “Adicciones y Narcotráfico”. Su intervención, nuevamente, fue sobre “Política de Seguridad en la Lucha contra el Narcotráfico”.

Todos sabemos adónde conduce la experiencia colombiana de “combate al narcotráfico”: “… en enero de 2011 la Fiscalía General de ese país publicó un informe en el que dice tener documentados 173.183 asesinatos, 1.597 masacres, 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, entre junio de 2005 y fines de 2010. Las desapariciones forzadas, en los últimos veinte años, ascienden a 250.000 personas. Colombia tiene el triste récord de mayor cantidad de desplazados de todo el mundo: 5.500.000 de personas. El terrorismo de estado en Colombia ha superado con creces a la dictadura argentina.” (Boletín informativo n° 600).

Además, todo ese entrenamiento y gastos militares para el control policial de las masas, con la excusa del narcotráfico, ha sido utilizado para combatir a la insurgencia colombiana, mientras los políticos capitalistas y el aparato represivo estatal son los que administran el negocio del narcotráfico, en connivencia con la banca internacional. Así, mientras el aparato represivo argentino administra el delito del tráfico de drogas, su entrenamiento va a ser utilizado para el control social y la represión de los trabajadores que se organizan contra el ajuste en curso.

En este sentido, políticos aparentemente adversarios, como los gobernadores de San Luis, Santa Fe y Entre Ríos, tienen la misma política cuando se trata de planificar e implementar la represión sobre el pueblo, lo que es una muestra más de que la represión en democracia es política de estado.

Persecución en Bahía Blanca y atentado en Cipolletti.

La lucha organizada de los trabajadores preocupa a los opresores, que no dudan en usar todos sus recursos para proteger sus privilegios. Dos episodios de estos días, ocurridos en Bahía Blanca y Neuquén, muestra cómo recurren diversos métodos, de la difamación pública con ayuda de los medios al ataque artero de sus patotas, para tratar de intimidar a los luchadores.

En Bahía Blanca, Leonardo Herman, docente de artes plásticas y dibujo, y delegado de SUTEBA, viene irritando al gobierno municipal por su militancia gremial, con énfasis en la denuncia de las deficiencias de infraestructura escolar, y por su apoyo a las luchas contra el gatillo fácil, como el de Giuliano Gallo; las represiones a trabajadores, como los pescadores de Ingeniero White; y, en el último tiempo, al reclamo por la muerte de la joven Daiana Herlin, de 15 años, a quien aplastó un árbol seco en el Parque de Mayo, luego de que reiteradas advertencias y denuncias sobre el mal estado del lugar no fueran escuchadas.

El poder político, usando como caballito de batalla al diario La Nueva (ex Nueva Provincia) y otros medios adictos, dispuso sucesivos ataques “informativos” en contra de Leonardo, que culminaron con una nota publicada en el sitio La Brújula 24, de la que se hicieron eco varias radios, en la que se “informa” de la existencia de una causa judicial en trámite contra el docente por hacer pintadas agraviando al intendente Gustavo Bevilacqua.

La nota incluye información laboral y personal de Leonardo Herrman, con un detalle que revela previas tareas de inteligencia, e incluye un video de una cámara de seguridad con imágenes indescifrables, que, se afirma, sería parte de la prueba en su contra.

Lo notable del asunto es que los abogados del delegado de SUTEBA han constatado que no existe en la fiscalía mencionada en la nota ninguna causa en su contra, lo que obliga a concluir que se trata de un capítulo más de la persecución.

Mientras tanto, el 30 de junio, en Cipolletti, Río Negro, el domicilio de la dirigente de ATE y militante de Convergencia Socialista Romina Bartozzetti, fue atacado por un grupo de “desconocidos” que entraron a su casa golpeando puertas y ventanas. Lo único que se llevaron fue una cámara fotográfica y documentos relacionados con su militancia.

Sea que usen al periodismo servil o a sus fieles matones, el mensaje es claro y directo. Es un llamamiento al silencio, a la naturalización de la represión, de las amenazas y del espionaje, un ataque al que decide no quedarse callado y luchar.

Desde CORREPI nos solidarizamos con Leonardo y Romina, y nos ponemos a su disposición.

Progreso tecnológico para reprimir (Sonríe, el dron te filma).

Este año se presentaron en sociedad una serie de mejoras tecnológicas que no son las que los amantes de la vida e igualdad quisiéramos. No sé descubrió la cura del cáncer, no se avanzó en una máquina que construya casas en cinco minutos, ni en un alimento que quite el hambre y te nutra por días. Y aunque estos descubrimientos se llegaran a concretar, sabemos que serían para las pocas personas que viven a cuesta de la gran mayoría.

Uno de los principales desarrollos tecnológicos recientes fue en el rubro de los drones, esos robots mecánicos, con forma de autitos y aviones a control remoto, tan usados en guerras y operaciones secretas de gobiernos terroristas, que las noticias nos cuentan que son para hacer una entrega a domicilio de democracia, pero que la realidad muestra que sirven para sembrar el terror y la muerte.

Hace unos meses se anunció una maravillosa nueva utilidad de los drones en forma de aviones, ahora usados contra los manifestantes en Sudáfrica. Los simpáticos robotitos llevan unas 4.000 cargas de pimienta, que pueden ser lanzadas a razón de 80 por segundo, y están equipados con cuatro barriles de bolas de pintura, con la capacidad para lanzar 20 por segundo, a una velocidad tan potente que si te da en un ojo te lo vacía. También tienen cámaras térmicas para operar de noche, cámaras de alta definición para sacar fotos de rostros a gran distancia, láser cegador y altoparlantes.

Para no ser menos, el gobierno argentino anunció el avance en la producción de estos robots voladores, que, según nos cuentan desde el ministerio de Defensa, están destinados al uso “pacifico”, como el monitoreo de fronteras, búsqueda de materiales diversos y paneos fotográficos.

No hace falta ser especialmente malpensado para concluir que este “progreso tecnológico” no va a ser usado para encontrar alguno de los 214 desaparecidos en democracia, ni para detectar a los gendarmes y otros uniformados que contrabandean de todo (incluso personas) a través de nuestras fronteras. Pronto los veremos como en Sudáfrica, cuando los empleen para reprimir manifestaciones, sacándonos fotos mientras nos bombardean con pimienta, pintura y lo que tengan en sus alforjas. Una herramienta más de la que tendremos que aprender a protegernos, como del resto del aparato represivo.

Doble gatillo fácil en zona oeste.

El día 28 de junio, en el barrio La Quebrada de Paso del Rey, al oeste del conurbano bonaerense, Lucio Norberto Betriziano, un hombre de 34 años del barrio Lomas de Mariló, fue fusilado por el policía federal Julio Cesar Mogogna. El disparo fue hecho con el arma reglamentaria del cabo de la comisaría 52ª, en lo que algún medio calificó como “ataque preventivo”, ya que, según la crónica oficial (la que siempre construye a su antojo la realidad de los hechos) dos pibes se acercaron al policía con “potenciales fines delictivos”. Ninguno de esos medios pudo exponer alguna prueba de que hubiera un enfrentamiento real, ni explicar cómo fue que el policía “se defendió” si el muerto recibió tres disparos, uno en una pierna, otro en el tórax y el tercero en la cabeza. Para tranquilidad del policía, el caso quedó a cargo del fiscal Federico Luppi de Moreno, que ya mostró cómo se apura a tratar de archivar causas contra policías con el asesino de Gabriel Aquino.

El mismo día y en la misma zona oeste, pero en el barrio de Mariano Acosta, partido de Merlo, un pibe de 17 años fue asesinado por otro policía de la federal, que lo mató porque “lo confundió con un chorro”. El policía salió a buscar a quienes habían asaltado a su vecina, y se cruzó con unos chicos que conversaban en una esquina. Según dijo, uno de ellos “hace un movimiento como para sacar un arma”, por lo que le disparó directo al corazón. La víctima, de apellido Sosa, murió a los pocos minutos. El policía fue detenido.

Los dos casos, que ocurrieron casi al mismo tiempo y a muy poca distancia, demuestran que asesinar a los pibes en los barrios, lejos de ser casos aislados o eventuales “abusos” policiales, forman parte de una política de estado que se encarga de amedrentar a una clase para que siga funcionando el control social que mantiene a los verdaderos ladrones en el poder, asesinando a sus pobres mediante la represión preventiva y persiguiendo a los que luchan contra este sistema mediante la represión selectiva.

Policías municipales = más represión.

El pasado 30 de junio, el gobernador Daniel Scioli puso la firma en el decreto que reglamenta la creación de policías municipales en la provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley presentado por el kirchnerismo estaba estancado en la legislatura desde hacía dos años, producto del enfrentamiento entre el oficialismo y el massismo por mostrarse como los verdaderos hacedores de la ley.

Las discusiones televisadas y los encontronazos radiales no podían ir más allá de una cuestión formal, de implementación, o de utilización electoral del asunto. En lo importante, como suele ocurrir, los representantes de la partidocracia burguesa estaban de acuerdo: es necesario llenar de policías la provincia para garantizar “seguridad”.

Si no fueran cómplices, esta última frase expresaría una ignorancia absoluta. No nos cansaremos de decir que más policías en la calle es sinónimo de más inseguridad, zonas liberadas, detenciones arbitrarias, gatillo fácil y narcotráfico. Los sectores populares advierten esta realidad, irrefutable a la luz de los hechos de narcotráfico expuestos como muestra en Santa Fe y Córdoba, las asonadas policiales extorsivas y los jóvenes que mueren bajo las balas del Estado.

La creación de policías municipales, que comenzaría a regir completamente a partir de julio de 2015, es una continuación de la política sciolista de “emergencia en seguridad” que incluye una inversión de 600 millones de pesos -provenientes de las utilidades del Banco Provincia- en equipamiento para las fuerzas de seguridad, la “convocatoria inmediata” del personal retirado de la policía y del servicio penitenciario, y la creación de 8 alcaidías para alojar 1.000 nuevos detenidos.

Como puede verse, los fondos que se negaron para resolver el justo reclamo de los docentes bonaerenses, aparecieron rápidamente para armar a la policía. El decreto de Scioli prevé la creación de “unidades de policía de prevención local” cuyos jefes serán designados por el ministerio de Seguridad.

El encargado de montar estas policías municipales será nada más y nada menos que “el sheriff” Granados, quien debe estar contento de poder darle un marco legal a una práctica que fue moneda corriente durante su intendencia en Ezeiza. Nos referimos a los escuadrones de la muerte formados por policías a cargo de Granados para secuestrar y ejecutar jóvenes del municipio (como el caso del adolescente Diego Peralta degollado en una tosquera, o el célebre “Mataguachos” Pelozo, fusilador de Matías Barzola en la vecina Lomas de Zamora).

Así, es una burla que los sectores kirchneristas describan la provincia de Buenos Aires como un terreno de disputa entre un ala represiva del oficialismo y una progresista. Todos ellos, unánimemente, atienden el llamado del gobierno nacional que sostiene a Berni, ataca a los trabajadores de Gestamp, encausa a los luchadores y los espía mediante el proyecto X. Una prueba de ello es la presencia de Mariotto y Espinoza, reconocidos dentro del oficialismo como “nacionales y populares”, en la presentación del decreto para las policías municipales y fogoneando el acuerdo con el massismo en la legislatura.

La represión es una política avalada por todos los representantes de la partidocracia burguesa, y la policía municipal, por ley o por decreto, es más inseguridad en la calle.

Próximas actividades.
Al cierre de este Boletín, fuimos informados del cambio de fecha al 18 de julio de la audiencia en la causa de la represión a la Sala Alberdi en la que fueron heridos con balas de plomo dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos.
La jornada artístico cultural organizada por ENECA, CORREPI Y RNMA en Viamonte y Libertad como parte de la campaña contra la impunidad de los policías federales y metropolitanos de ese operativo se posterga, por lo tanto, una semana.