CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Cuando el héroe es el villano.

David Quijano se convirtió, en un paso brevísimo al estrellato, en el #PolicíaHéroe. Después de que los medios saturaran todos sus canales con el admirable rescate de tres nenas de 13, 12 y 4 años que escaparon de una casa en Monte Chingolo en la que estaban secuestradas, este policía de la bonaerense sirvió para reforzar la maldita fábula de la vocación de servicio social de la fuerza. Pero más allá de los enérgicos aplausos de los espectadores ese buen vecino que todos conocemos-, una voz se atrevió a romper con el cerco y gritó lo que nadie quiere oír.

Alejandro Bordón escribió a través de su red social: Queridos amigos este ‘héroe’, para que lo conozcan, es el hijo de mil puta que arruinó mi vida y la de mi familia, por culpa de este trasnochado pasamos los peores momentos con todo lo que eso significa (…), por culpa de esta basura estuve dieciocho meses privado de mi libertad (gran parte en Sierra Chica), por una causa armada impunemente por él y sus colegas policías, con complicidad del poder judicial por supuesto, que incluyó entre otras cosas un ‘plantado’ de arma (…) Éste es el incapaz que no reconoce a su ‘detenido’ en una rueda de reconocimiento, éste es el idiota que cuando declaró en el juicio hasta los jueces se rieron y lo peor de todo es que, por culpa de este ridículo policía bonaerense, un asesinato quedó impune. Para finalizar les comento que este ‘héroe’, al igual que los supuestos secuestradores de las nenas que rescató, practican el Umbanda”.

En Monte Chingolo, en 2010, habían asesinado -sin robarle nada- al chofer de la línea 524 Juan Alberto Núñez mientras iba caminando a buscar el colectivo. El policía Quijano escuchó el disparo y salió a la calle. Escuchó que alguien dijo ‘fue uno con buzo blanco’. Alejandro Bordón llegaba tarde a su trabajo, y corrió para sacar el boleto para viajar. Tenía puesto un buzo blanco. El policía le apuntó por atrás con orden de no moverse. Bordón pensó que era un robo, porque Quijano nunca se identificó. Lo hizo arrodillar, le pateó la cabeza y la cara, le sacó los dientes y lo desvaneció. Pidió refuerzos y se lo llevaron detenido.

Lo absolvieron el 4 de junio de 2012 por unanimidad en el juicio oral. Después denunció al policía por torturarlo. En el juicio se probó que no había ninguna prueba valedera contra Alejandro.

En 2010, el caso provocó un paro de colectivos fogoneado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que cuestionó al gobierno de la provincia. Fue instantáneo: el paro se levantó cuando la policía bonaerense dijo que tenía el caso resuelto y al culpable detenido. “Lo mío se hizo político”, dijo Bordón.

Así está la historia. Una más de policías en verdadera acción. “Rompí con todo protocolo policial y judicial. Me llevé a las nenas a mi casa. Tenían miedo y esperaban órdenes. No sabían jugar. No conocían el agua caliente”, dijo el caradura, pero no imaginó que la realidad siempre descubre a la ficción. Y que las fuerzas represivas jamás protegen al pueblo, ellas están para defender al Estado y reventarnos para maquillar su imagen. El Buen Policía es una película demasiado conocida.

Ante la lucha originaria, Insfrán acude a la misma solución: represión.

El gobierno kirchnerista de Gildo Insfrán remarca constantemente en su accionar que el velo de impunidad de sus fuerzas represoras es lo que mantiene y contiene los negociados del agro, y ahora del petróleo, a costa de la sangre originaria. Sea wichi o sea qom, la represión en el monte formoseño es sin tapujos, brutal y cruenta.

El lunes 28 de julio, la comunidad El Colorado, de la localidad de Ramón Lista, fue despertada por once vehículos de la policía provincial con alrededor de 100 efectivos que llegaron con una orden de allanamiento. Sin darles tiempo a nada, comenzaron a disparar balas de goma y plomo e irrumpieron en las viviendas, rompiendo todo a su paso y agrediendo a quién se les cruzara, sin importar la edad.

El jefe del operativo Genes, responsable del destacamento El Potrillo, dispuso la detención del referente wichi Avelino Tejada y sus hermanos Esteban, Manuel y Ricardo junto a otros dos comuneros, procedimiento dictado por el juez de Las Lomitas Franciso Orella, bajo orden del ministro de Gobierno Jorge González.

El grado de alevosía del ataque queda enmarcado en el cuerpo de Ricardo, quien por la proximidad de los disparos (su familia denunció que fueron dos balas de plomo calibre 12) puede llegar a perder el brazo.

La comunidad wichi se encontraba reclamando por la usurpación de su territorio ancestral llevada a cabo por la familia de Pila Tedin, quienes levantaron un alambrado y se negaban a dejar las tierras. El terreno en cuestión está localizado en la zona del oeste formoseño que posee importantes pozos petrolíferos y la comunidad posee el título de propiedad, avalado incluso por la propia gobernación de Formosa. Como con la soja y el monocultivo forestal, la fiebre del petróleo encandila al kirchnerismo formoseño, reproduce las usurpaciones y tiñe de violencia y muerte el monte.

De la sistemática represión, criminalización y asedio a los originarios que se ponen en pie de lucha ante los atropellos del gobierno insfranista, no escapan tampoco quienes deciden solidarizarse.

Al finalizar el viernes 1º de agosto, doce hombres movilizados en dos caballos y un vehículo atacaron a los estudiantes que participaban del acampe organizado por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en Las Lomitas, quienes habían participado de las movilizaciones por los detenidos en la represión en la comunidad El Colorado y habían documentado la situación de abandono y miseria a la que están sometidas las comunidades originarias en donde reina Insfrán desde 1995. Entre los heridos por cortes y hematomas, se encuentra uno de los líderes de la comunidad wichi que estaba junto a los estudiantes, al que le provocaron fracturas en sus brazos.

La patota que atacó con cadenas y machetes a los jóvenes, actuó con el objetivo de arrebatar las filmaciones de las marchas que demuestran en imágenes la denuncia contra el kirchnerismo formoseño, aunque no lograron conseguirlas.

LEAR: los gendarmes saltarines y los servilletas ponen la mesa.

De los hechos sucedidos durante la última semana brota el espejo de la coyuntura nacional y la necesidad de una reflexión colectiva.

El martes 29 de julio, mientras el ministro de Economía Axel Kiciloff viajaba de urgencia a Nueva York para negociar el plazo para el pago de la deuda externa con los fondos buitre, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional , ambas a cargo del coronel Sergio Berni, reprimían una vez más a los trabajadores de la autopartista Lear, que vienen llevando adelante, desde hace meses, la lucha contra los despidos y las suspensiones que sufren, en el marco de las luchas desarrolladas durante el último período y sobre todo en los cordones fabriles de la Zona Norte del Gran Buenos Aires como respuesta a los 5.000 despidos y las 18.000 suspensiones en diversas industrias a nivel nacional.

Con un saldo de decenas de heridos y tres detenidos durante la jornada, el balance del accionar represivo arroja una diferencia comparativa -aunque no por eso sorprendente, ni mucho menos- respecto de la represión de la semana anterior, (el mismo día que se reprimió a los trabajadores de EMFER-TATSA y el corte posterior en Callao y Corrientes), en la que vale la pena detenerse: antes de avanzar las fuerzas represivas, la patota designada por la dirigencia del SMATA haría lo suyo para “abrir la cancha”. No resulta sorprendente que la burocracia sindical escolte y acompañe el desarrollo de la represión, cuando apenas unos días antes los trabajadores de Lear eran obligados a subirse a micros para ser llevados por la fuerza a una asamblea ilegítima convocada por el SMATA con el fin de revocar el mandato de la Comisión Interna de Lear, reconocida unos meses atrás con el 65% de los votos por los trabajadores de la fábrica. Menos aún nos sorprende esta práctica si hacemos historia acerca de la función que cumple la burocracia en el convenio de clase con la patronal y el estado como alianza antiobrera que busca garantizar los privilegios de la hegemonía política y económica. Es la misma trilogía que mató a Mariano Ferreyra y garantiza la impunidad de sus responsables hasta la actualidad.

Al día siguiente, la madrugada en las puertas de la fábrica Lear amanecía con el apoyo de un gran contingente de trabajadores de diversas comisiones internas y organizaciones políticas que nos acercamos a llevar nuestra solidaridad. El despliegue de la Policía Federal , Gendarmería, tropas de elite, división de canes, celulares y carros hidrantes era inmenso, tan grande como la certeza de que, para reprimir, siempre hay presupuesto.

Cuando se decidió cortar la Panamericana con una caravana de autos, el comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales, en una actuación tan increíble como real, decidió -una vez que uno de los servicios que mandaron a infiltrarse en la columna de los trabajadores señalara a un compañero- arrojarse encima del vehículo y fingir en el extremo del absurdo que había sido atropellado, para dar pie a la detención del conductor. Este mismo infiltrado sería identificado tiempo después, continuada su labor, sacando fotos en primer plano de los presentes en el corte al buen estilo Proyecto X, cuando un compañero de prensa logró distinguirlo, y el servicio -no bastando el colmo de la infamia- atinó a robarle su herramienta de trabajo e intentó decomisarla, guareciéndose en sus filas de pertenencia. Otra demostración, por más cantatas y gambetas que quieran anteponer para justificarse, de que el estado sigue infiltrando servicios de inteligencia en las organizaciones populares.

Hacia el fin de la tarde, mientras un compañero seguía detenido, luego de que el estado hubiera hecho gala del 1.046% de aumento que durante estos diez años de gobierno se habilitó al presupuesto en materia de seguridad -el mismo que sale de la inflación y se niega a la educación, la salud y la vivienda- se declaraba el default técnico, que pagaremos junto a la deuda externa los trabajadores y el pueblo.

Todo esto demuestra que, a la hora de poner la mesa, las prioridades de los poderosos son las que priman a la orden del día.

Se viene el juicio al asesino de Jon Camafreitas.

“Yo en esos momentos tenía el arma en la cintura, con la mano apoyada en la pistolera, en algún momento la saqué, luego la tomo, empezó el forcejeo, en un momento se me cae la pistola, cae al piso, yo estaba de costado forcejeando. Este sujeto se agacha para tomar el arma, yo intento acercarme al arma para que no la tome. No recuerdo bien si logró tomarla, no recuerdo si nos levantamos los dos con el arma en la mano, pero sí que había un forcejeo, cuando me repongo siento un chasquido y ahí se quedó todo. No se si cuando se cayó el arma al piso se montó, no lo se, sinceramente no se lo que pudo haber pasado. (…) Recuerdo cuando el arma se cayó al piso, lo que intenté es recuperarla, porque esta persona se abalanzó sobre el arma, realmente tuve mucho miedo, luego pasó lo que le comenté.

Así justificó, el cabo de la policía federal Martín Alexis Naredo, de la comisaría 8ª, ante el juez de instrucción, el fusilamiento de Jon Camafreitas, de 18 años de edad.

El 21 de enero de 2012, a la 1:30 de la madrugada, el cabo Naredo y el ayudante Juan Carlos Moreyra llegaron con el móvil 108 a la Av. Independencia y Sánchez de Loria. Habían escuchado en la radio policial que en la zona había algún disturbio. Después se supo que un borracho había hecho un poco de escándalo en una farmacia. Los policías vieron a dos chicos, Jon y uno pibe de 16, que doblaban por Sánchez de Loria hacia México. Iban a su casa, a una cuadra y media de allí. El patrullero dobló de contramano. “Alto, policía”, gritaron. Los muchachos se frenaron, pegaron la vuelta y salieron corriendo hacia Independencia.

Moreyra alcanzó enseguida al pibito de 16 y lo redujo. Naredo arrinconó a Jon frente al local ubicado en Av. Independencia 3275. Naturalmente, venía arma en mano, sin seguro, amartillada y con bala en recámara. Jon se agachó y bajó la cabeza en un inútil intento de protegerse. Cuando sonó el tiro, la boca de la pistola 9 mm estaba apoyada sobre la cabeza de Jon. La bala entró por la nuca.

A pesar de eso, el juez de instrucción concluyó que no había mérito para procesar al policía, que quedó en libertad. La organización y la lucha de la familia de Jon, con su mamá Delia, sus hermanos, su tía Gladys y su prima Alejandra (ambas, además, madre y hermana de Marcelo Sepúlveda, asesinado un mes antes por la bonaerense en Benavídez) frenó la inminente impunidad.

Los restos de pólvora en la gorrita que llevaba puesta Jon, la trayectoria de arriba hacia abajo del disparo, y la bala incrustada en la parte inferior de la persiana metálica del local alcanzaron y sobraron para que el policía fuera procesado por homicidio simple, aunque no fue bastante el fusilamiento a boca de jarro para que el fiscal y el juez se animaran al homicidio calificado, como lo hacemos desde la querella en la que interviene CORREPI.

El 25 de agosto, a las 10:00, va a empezar el juicio oral contra el policía Naredo, que sigue libre. A partir de ese día, y hasta el 4 de septiembre, los jueces del Tribunal Oral nº 23, con sede en Comodoro Py 2002, escucharán a los testigos y a los peritos, y después de los alegatos tendrán que dictar sentencia.

Veremos entonces si se animan ellos a llamar las cosas por su nombre, y lo condenan a prisión perpetua como reclamaremos, o si, como suelen hacer los jueces, echan mano de retorcidas y absurdas tesis para no decirle asesino al asesino, pero, sobre todo, para no reconocer que el que empuñaba la 9 milímetros esa madrugada en Balvanera, era el estado argentino.

Polichorrosecuestradores.

Hace unos días, una chica de 25 años circulaba con su auto, un Volkswagen Suran, por en el barrio Monterrey de Presidente Derqui, en la provincia de Buenos Aires. La interceptaron dos hombres, que la mantuvieron cautiva por dos horas, hasta que la liberaron en una zona despoblada de El Palomar.
Hasta ahí, nada más -ni menos- que otro robo de auto con secuestro express de su dueño, de esos que tanto sirven a la hora de agitar con la “inseguridad” y abren el camino a más policías con más armas y más poder en los barrios.

A los pocos días, la chica pasó por una estación de servicio en Derqui y vio a dos policías en el bar, bien dispuestos allí para evitar traumáticos robos como el que ella padeció. Pero, a pesar del uniforme, los reconoció. Eran sus secuestradores. Un sargento y un subayudante de la comisaría 3ª de Malvinas Argentinas, ubicada en Pablo Nogués.

Hoy los dos están imputados por los delitos de robo de automotor, calificado por el uso de arma de fuego, y privación ilegal de la libertad, aunque uno de ellos ya fue puesto en libertad. Las fuentes judiciales reservaron el nombre de ambos, y tampoco informaron cuándo soltarán al otro, para que siga reprimiendo en horario de trabajo, y robando en su tiempo libre. Y algunos dicen que exageramos cuando decimos que inseguridad es la policía en la calle.

Próximas actividades.

Miércoles 6 de agosto, 12:00, concentración frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (calle 6 entre 51 y 53, La Plata), organiza Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada junto a organizaciones ambientalistas.

Jueves 7 de agosto, 16:30, movilización desde Plaza Rocha a Casa de Gobierno en La Plata del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, organiza multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada.

Viernes 9 de agosto, desde las 18:00, en la sede de ATE Moreno (Piovano 3077), peña antirrepresiva organizada por CORREPI y CTA Moreno.