CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Capitanich, Berni, Lear y Donnelly.

El recrudecimiento del conflicto en las plantas de Lear y Donnelly, en un escenario nacional de multiplicación de las suspensiones y despidos, ha puesto varias cosas en claro. Los trabajadores, con sus comisiones internas y cuerpos de delegados antiburocráticos, intentan evitar que las consecuencias de la crisis se descarguen sobre sus espaldas. Las empresas aprovechan el ajuste para desprenderse de los trabajadores más díscolos y cuestionadores, privilegiando en los listados de suspensiones y despidos a los trabajadores no disciplinados por la burocracia sindical. Ésta legitima con su complicidad y pasividad a las patronales: asambleas digitadas, declaraciones lopezrreguistas, buchonamiento, solicitadas vergonzantes. El estado, reaseguro de las empresas cuando los sindicatos burocráticos son desbordados, hace lo suyo como lo mostraron esta semana las declaraciones del jefe de Gabinete, el secretario de Seguridad y la presidenta.

El conflicto social, derivado de la capacidad de concentración capitalista y del aseguramiento de la tasa de ganancia capitalista, desmiente una fábula de gran repercusión histórica: la conciliación de clases.

Desde la definición de la presidenta de la Nación, cuando, descalificando a los petroleros de Las Heras condenados a perpetua en un juicio bochornoso, protegía a sus socios de las compañías petroleras más importantes de Santa Cruz, a las declaraciones que esta semana vomitaron tanto el jefe de Gabinete Capitanich y su hombre de seguridad el ex carapintada coronel Berni, hay una confluencia y una direccionalidad indisimulable: evitar por todos los medios que la lucha de clases ponga en evidencia los intereses irreconciliables de unos y otros.

No extraña, entonces, que Capitanich (vale recordar que es el mayor sojero de su provincia, Chaco) afirmara en su conferencia de prensa matutina que “los conflictos son artificiales, y la prueba más evidente es que son coordinados por grupos de intereses políticos minoritarios, entre diferentes comisiones de fábricas de distintas ramas industriales”.

En igual sintonía, el secretario Berni dijo: “No es un reclamo social el de hoy, lo de Panamericana es trasladar una interna sindical a la ruta. La izquierda destruyó los puestos de trabajo como en Lear. Como a nadie le importa lo que dicen, intentan cortar la ruta, la Panamericana es un teatro destinado a complicarle la vida a los argentinos que no queremos saber nada con estos personajes”. Tras cartón, propuso la aplicación lisa y llana de medidas tendientes a reprimir sin más la protesta (declaraciones a AM 1030).

En verdad, ambos referentes kirchneristas dieron esta semana una vuelta de tuerca sobre lo que en 1944 el por entonces coronel Perón explicó a los “señores de la Bolsa de Comercio”, en un discurso que dejó claro cómo se gestaba la formación de una fuerza que terminaría siendo la más funcional a los intereses de la burguesía en nuestro país.

Decía Perón: “No queremos que los sindicatos estén divididos en fracciones políticas, porque lo peligroso es, casualmente, el sindicalismo político. Sindicatos que están compuestos por socialistas, comunistas y otras agrupaciones terminan por subordinarse al grupo más activo y más fuerte. Y un sindicato donde cuenta con hombres buenos y trabajadores, va a caer en manos de los que no lo son: hombres que formando un conjunto aisladamente, no comulgarían con esas ideas anárquicas.” Y agregaba, para definir el rol del estado: “Para evitar que las masas que han recibido la justicia social necesaria y lógica no vayan en sus pretensiones más allá, el primer remedio es la organización de esas masas para que, formando organismos responsables, organismos lógicos y racionales, bien dirigidos, que no vayan tras la injusticia, porque el sentido común de las masas orgánicas termina por imponerse a las pretensiones exageradas de algunos de sus hombres. Ése sería el seguro, la organización de las masas. Ya el Estado organizaría el reaseguro, que es la autoridad necesaria para que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él, porque el organismo estatal tiene el instrumento que, si es necesario, por la fuerza ponga las cosas en su quicio y no permitan que se salgan de su cauce.”

El sindicato así concebido es el seguro de la patronal y el estado su reaseguro para cuando aquél no puede cumplir su rol.

Es en este contexto que debe entenderse la alineación incondicional del gobierno de Fernández de Kirchner, Capitanich y Berni entre otros, acompañados por burócratas de la talla de Pignanelli, detrás de los intereses de las empresas, aun cuando, como en el caso de Donnelly, la presidenta haga el golpe de efecto –cuya eficacia real está por verse- de denunciar penalmente a la empresa por especulación financiera fraudulenta (“Realizar transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”, art. 309 CP, antes art. 308 modificado por la ley 26.733).

Y es en este contexto dónde cobran mayor valor y necesidad de acompañamiento las luchas de los compañeros de esas fábricas.

Los trabajadores sólo pueden confiar en sus propias fuerzas, lejos de las patronales y sus prosternados socios sindicalistas, lejos del estado y su institucionalidad tramposa.

Basta de persecución: 20/08 todos a Comodoro Py por la libertad de Quispe.

El miércoles 20 comienza el juicio de extradición contra otro compañero peruano, el periodista Oswaldo Quispe. En este caso interviene el juez Casanello, integrante de Justicia Legítima, a pesar de que la defensa lo recusó, sin que la Cámara haya resuelto la cuestión.

El juez catalogado de “progre” por el diario La Nación cuando su designación, es el mismo que hizo un bollito de papel con la resolución de Cámara que había confirmado el procesamiento de Macri en la causa de espionaje del primer jefe de la Metropolitana, el “Fino” Palacios. En coherencia con esos pasos, Casanello se aviene tratar la extradición del compañero.

La acusación esgrimida contra Quispe no es ninguna sorpresa. Aplicando la doctrina engendrada por Garzón de “todo es ETA”, el estado peruano dice “todo es Sendero Luminoso”, todo es terrorismo. Desde hace más de 30 años, empuñando la legislación “antiterrorista”, la burguesía peruana resolvió perseguir a los militantes y luchadores políticos, dentro y fuera de su territorio, aplicando condenas de hasta 25 años de prisión, en muchos casos en aislamiento. Si hay algo parecido a una pena de muerte, es una condena que significa toda una vida.

Pero semejante cantidad de años no les es suficiente. Por eso, una vez cumplidas las penas, si tienen suerte que el estado no vuelva a encausarlos, y si logran efectivamente la soltura, se les exige la reparación económica. Esa reparación, sin exagerar, en el 100% de los casos, resulta en montos impagables para el salario medio. Como esto también les resulta insuficiente como castigo, el que no paga la reparación no tiene derecho a trabajar.

Oswaldo Quispe reside en la Argentina hace más de 10 años; ha constituido una familia aquí con su esposa e hija, ejerce como periodista en radios, es director del sitio Panorama Internacional y parte del equipo de redacción de Agencia para la Libertad. El ingreso al país le requirió tramitar el pasaporte peruano y el DNI argentino, y, como con cualquiera, para otorgarlos, ambos estados consultaron los antecedentes penales. Esta más que claro que se trata de un caso que se agrega a la larga lista de los perseguidos políticos del Perú.

Por otro lado, el pasado 12 de agosto, el juez Martínez de Georgi, del juzgado Federal Criminal y Correccional Federal N° 8, decidió suspender el juicio de extradición contra el compañero peruano Juan Manuel Carranza Laurente, abogado defensor de presos políticos del Perú. Es por esta actividad que el estado peruano acusa a Juan Manuel de pertenecer al Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso). El motivo de la suspensión fue darle una manito al estado peruano para que corrigiera incoherencias del pedido de extradición, como la divergencia de fechas respecto de los hechos imputados. Se dice y enseña que el juez es un tercero imparcial en la disputa de las partes. Está claro que éste no es el caso, entre otras cosas porque la imparcialidad de los jueces jamás existió. El juez Martinez de Georgi no sólo rechazó la totalidad de la prueba presentada por la defensa, llevada adelante por Eduardo “el Negro” Soares de la Gremial de Abogados, sino que además decidió, como vienen haciendo desde hace tiempo en los casos de extradición, darle la posibilidad de prolijar el requerimiento al gobierno de Perú. Llanamente, en lugar de desestimar el pedido por sus irregularidades, el juez decidió colaborar con una de las partes, la más fuerte, el estado peruano.

Seguramente el estado peruano se tomará su tiempo para corregir todo lo necesario. Las mejores condiciones brindadas por el juez lo colocarán en ventaja en su próximo intento de extraditar a Carranza. Trataremos de que ello no sea así.

Pelear por la no extradición de Oswaldo y de Juan Manuel, no sólo es un acto de solidaridad para con ellos, sino también para con todos los que peleamos por infinidad de causas, y en primerísimo lugar en defensa propia.

Por ello, llamamos a movilizarnos a los tribunales de Comodoro Py, el próximo miércoles 20 y jueves 21, a las 10:30, para exigir la libertad de Oswaldo, la no extradición y el refugio político, y por la libertad de todos los presos políticos.

Emiliano liberado, un triunfo más de la organización y la lucha.

El 5 de agosto, en la Villa La Maternidad de Córdoba, fue detenido por la policía Cesar Emiliano Coronel Raczkowski, músico del grupo Rimando Entreversos y militante de la Fundación La Morena. Emiliano se encontraba allí porque su compañera estaba esperando dar a luz a su hijo. Al momento de la detención, había salido de la maternidad provincial para ir a buscar el bolso del futuro bebé. La acusación de la policía era que Emiliano había participado de un robo a mano armada. A los pocos días, se ordenó que Emiliano fuera trasladado a Bower, la cárcel de máxima seguridad donde pasó varios días más, incluso perdiéndose el nacimiento de su hijo.

Emiliano es un militante comprometido contra el Código de Faltas de la provincia y en general contra todas las problemáticas que cotidianamente sufren todos los pibes pobres, perseguidos, torturados y detenidos discrecionalmente por la policía de Córdoba.

En repudio y para denunciar los hechos, inmediatamente distintas organizaciones y partidos de la provincia comenzaron a movilizarse pidiendo la liberación de Emi, a través de marchas, escraches y largas esperas frente a la fiscalía. Emiliano fue liberado recién ocho días después, luego de una ronda de conocimiento en la cual ningún testigo lo señaló como la persona que había cometido el asalto.

Estamos acostumbrados a ver cómo la policía y el sistema judicial, en pos de defender la propiedad privada, la explotación de ricos sobre pobres y garantizar los derechos de los poderosos, constantemente detiene de forma arbitraria a pibes que viven en barrios pobres, sin acceso a las más mínimas necesidades, encierra a perejiles y persigue a los trabajadores del pueblo que intentan cambiar el orden de las cosas. Claramente en este caso, la fuerte presión que ejercieron las distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, junto con partidos políticos de izquierda, lograron visibilizar y denunciar a nivel nacional los hechos e hicieron posible la liberación de Emiliano.

Por eso, convocamos a todas las organizaciones a doblegar las fuerzas y a continuar visibilizando las acciones del poder policial que reprime y encarcela como parte de una política de estado que tiene como objetivo garantizar la explotación sobre los trabajadores.

Tucumán: Una vez más, las patotas…

En la provincia de Tucumán, los docentes universitarios llevan adelante un paro hace más de 80 días en repudio a un aumento salarial ridículo que intentaba cerrar el conflicto docente a nivel nacional ofreciendo el 28% sobre salarios de hambre.

Los docentes exigen concretamente que se reabra la paritaria, que les asignen un adicional de emergencia en el marco de la galopante inflación y una reforma estatutaria que les permitiría empezar a romper con las castas burocráticas que hoy gobiernan la universidad.

En solidaridad con la lucha docente, los estudiantes tomaron el rectorado como forma de presionar a las autoridades a dar una respuesta al conflicto.

Y una vez más, los empleados “no docentes” del sector de seguridad, actuaron como fuerza de choque para intentar romper la medida de apoyo a los docentes. Dentro de ese grupo, pudieron distinguirse sectores alineados con el gobierno provincial, que, junto a los “no docentes”, rompieron los portones del rectorado y golpearon a los estudiantes que estaban en la toma. Luego de dos horas, los estudiantes lograron echar a la patota y la toma continúa.

Aquí se ve claramente cuál es la verdadera función de estos sectores instalados como “trabajadores no docentes” en la universidad con la excusa de la situación de “inseguridad”. Este mismo rol cumplieron los “no docentes de seguridad” en el conflicto de la UBA en 2005 en la facultad de Medicina y en 2008 en la facultad de Psicología.

Una vez más, el gobierno y sus funcionarios actúan dentro de la universidad, intentado dirimir los conflictos a través de la represión, para no dar respuesta a un problema tan sentido como la educación.

Una vez más, los mecanismos para reprimir se perfeccionan a través de la tercerización haciendo uso de las patotas cuando no pueden hacerlo abiertamente con el aparato represivo oficial.

Pero la lucha continúa, y los docentes y estudiantes tucumanos están firmes en la lucha por la defensa de la educación pública y gratuita, apoyados en una gran solidaridad popular.

El caso de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía en EE.UU ha desencadenado numerosas protestas y manifestaciones que continúan este lunes. Su muerte se equipara con casos como el de Trayvon Martin, en Florida, otro joven negro que murió cuando un vigilante de barrio abrió fuego en su contra al considerar que era sospechoso.

Michael Brown: otro fusilamiento policial en EEUU.

El 9 de agosto, el policía Darren Wilson, de la ciudad de Ferguson, Missouri, fusiló a Michael Brown (18). La versión del policía yanki para justificar lo que allá se llama “happy trigger” es calcada de las que a diario escuchamos en boca de los policías de gatillo fácil de estas latitudes: Wilson dijo que el chico “lo agredió físicamente” y se tuvo que defender.

El “problema” es que la autopsia cuenta otra historia. El chico recibió 6 balazos, todos a distancia, dos de ellos en la cabeza. Uno de los tiros (el fatal) ingresó en la parte superior del cráneo, sin que haya indicios de que el policía estaba subido a una escalera. Además, los demás disparos indican que estaba arrodillado o agachado y con los brazos levantados al momento se ser herido. ¿Les suena?

No menos familiar es que la defensa policial haya empezado por difundir un video en el que se ve a alguien parecido a Michael Brown robando unos cigarrillos en un kiosko, una media hora antes de que fuera ejecutado. Igual que nuestros compañeros familiares, la madre declaró indignada a los medios: “No hay nada en los hechos policiales que pueda justificar su ejecución a manos de un policía cuando tenía las manos levantadas, la señal universal de rendición”.

El lunes 11, ante el esfuerzo de las autoridades por ocultar la identidad del asesino, y su abroquelamiento para justificar el homicidio, estallaron las protestas masivas, en una localidad signada por una enorme mayoría negra y pobre. Los gases lacrimógenos y los bastones se descargaron sobre centenares de manifestantes que reclamaron frente a la comisaría local, dejando heridos y 32 detenidos.

La reacción popular forzó un cambio de discurso. Se dio a conocer el nombre del asesino y el propio jefe de policía admitió públicamente que “el robo no está relacionado con el contacto inicial entre el agente y Michael Brown”, sino que el hecho ocurrió cuando “el joven estaba caminando en medio de la calle y bloqueando el tráfico”. Naturalmente las protestas continuaron, y la respuesta del gobierno fue que el gobernador decretara el estado de emergencia, con toque de queda, y enviara a Ferguson la Guardia Nacional, lo que tampoco alcanzó para desmovilizar a los vecinos, que conocen bien la frecuencia de estas prácticas de control social que, en EEUU, se descargan, como en todos lados, sobre los más vulnerables.

No es casual, y abona la conclusión del objetivo de disciplinamiento difuso sobre las clases populares del gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, que prácticamente todos los casos conocidos de fusilamientos y tortura policial en EEUU, tengan como víctimas a hispanos, negros e inmigrantes, todos pobres: el haitiano Abner Louima; Amadou Diallo, inmigrante de Nueva Guinea; el hijo de argentinos Gonzalo Martínez; el portorriqueño Jayson Tirado; los negros Rodney King, Patrick Dorismond, Timothy Thomas, Sean Bell, Miryam Carey, etc.

La minoría blanca y rica no está sola en su cruzada de defensa de la policía. El Ku Klux Klan, la bien conocida organización de extrema derecha, movilizó militantes de tres estados diferentes que viajaron a la zona de Ferguson para recaudar dinero. Charles Murray, líder de los Caballeros del Nuevo Imperio, uno de los grupos que integra el KKK, declaró: “Las donaciones han de ser de diez dólares o más. Todo el dinero estará destinado al policía que hizo su trabajo contra ese negro criminal”. Además de organizar la “vaquita” al mejor estilo criollo, anunciaron una serie de actos públicos, en los que advirtieron a quien quiera protestar que portarán armas.

No ha circulado información que indique que algún demócrata proponga aplicarles la Patriot Act o alguna otra ley “antiterrorista”.

Próximas actividades.

Miércoles 20 y jueves 21 de agosto, a las 10:30, concentración y acto frente a los tribunales de Comodoro Py, para exigir no a la extradición de Oswaldo Quispe, por el refugio político, y la libertad de todos los presos políticos.

Martes 26 de agosto, a las 10:00, movilizamos a los tribunales de Comodoro Py para acompañar el juicio al policía martín Alexis Naredo, asesino de Jon Camafreitas.