CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El 2 de octubre de 2008, al mediodía, Christopher Damián Torres, un pibe como tantos de las barriadas de Moreno, fue asesinado por el teniente 1º de la Policía de la provincia de Buenos Aires Luis Oscar Ayunta, en un clásico del gatillo fácil: un fusilamiento que pretendió encubrirse con una inexistente legítima defensa. Desde su auto particular, el integrante del grupo de elite Halcón disparó hacia la espalda del adolescente, hiriéndolo, debido a la diferencia de altura, en el glúteo izquierdo. La bala, antes de salir por el abdomen, seccionó varias arterias, por lo que en pocos minutos el chico murió desangrado.

La familia de Christopher, organizada en CORREPI, con una incansable y consecuente actitud movilizadora, logró desbaratar las maniobras de impunidad con las que, desde las agencias del estado, pretendieron amparar el crimen. Así, logramos evitar el archivo de la causa y llevamos al policía a juicio por homicidio, aunque llegó en libertad y de servicio, bien bronceado después de la temporada en Cariló con el Operativo Sol.

El 16 de marzo de 2011, en los tribunales de Mercedes, el teniente Ayunta fue condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Criminal nº 2 le permitió seguir libre hasta que la sentencia fuera confirmada.

Un año y cinco meses después, el 16 de agosto de 2012, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia, pero Ayunta siguió libre, porque su defensora, la misma que en los alegatos del juicio dijo “Estos chicos son enfermos sociales, el teniente Ayunta cumplió su deber cuando disparó contra Christopher Torres”, interpuso un recurso ante la Suprema Corte.

Exactamente dos años después, el 16 de agosto pasado, el más alto Tribunal provincial re-confirmó la condena. Pero ni la Corte, ni el Tribunal de Casación, ni el Tribunal Criminal, ni la Fiscalía se acordaron de detenerlo.

Fue necesario, como a lo largo de todo el proceso –de todos los procesos contra uniformados- que la familia de Cristopher, siempre junto a CORREPI, exigiera que se ordenara la detención para que, finalmente, empezara a cumplir la condena tres veces confirmada.
Hubo que ir y venir de La Plata Mercedes, llevar copia del fallo de unos a otros, porque parece que el correo judicial no funciona si lo que trae son malas noticias para policías asesinos. Hasta que, el 22 de agosto, el Tribunal Criminal nº 2 hizo lugar al pedido. Desde entonces, el teniente 1º Luis Oscar Ayunta está, por primera vez desde que mató un chico de 17 años, detenido.

Pero todavía no está en la cárcel. Fue alojado en la comisaría 5ª de Morón, donde cuenta con apoyo y sostén de sus camaradas, uno de los cuales sería, además, su familiar cercano.

Sólo aquellos que -como el teniente Ayunta- gozan del amparo y la legitimación política y judicial de sus crímenes, disfrutan de un beneficio similar: cometer un homicidio y estar libre seis años, tres de los cuales pasaron con una condena a 12 años de prisión.
De no haber sido por la constancia y perseverancia de la familia organizada en la lucha antirrepresiva, el crimen hubiera quedado impune y Ayunta seguiría cumpliendo con su función específica: reprimir y matar pibes por las barriadas más pobres.

Los ojos de la familia Torres y de CORREPI están puestos en el Tribunal Criminal nº 2 de Mercedes, y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Ayunta debe ir a la cárcel cuanto antes. Deben terminarse sus beneficios –que ningún preso común comparte- y pagar su crimen de una vez por todas.

Mientras esperamos que el teniente bonaerense Ayunta vaya a una cárcel, seguimos también buscando al sargento de la Policía Federal Néstor Adrián González, asesino de Sergio “Checho Casal”, que se profugó tras su condena, al amparo de una supuesta ineficiencia del Tribunal Criminal nº 4 de Mercedes y el ministerio de Seguridad de la Nación, que se parece mucho a una decisión política

Christopher y Checho son dos en una lista de más de 4.200 pibes como ellos, asesinados por el aparato represivo estatal. El bonaerense Ayunta, en la comisaría de su pariente, y el federal González, prófugo, son dos en la lista de los verdugos del Estado, que no les suelta la mano del todo ni aun cuando sus propios jueces los condenan.

Sólo la organización y la lucha, como lo probó la familia Torres, prometen alguna respuesta para el pueblo trabajador.