CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Empezó el juicio por Jon Camafreitas.

El martes 26 de agosto, la entrada de los tribunales de Comodoro Py se empezó a poblar de militancia y banderas desde temprano. Es que coincidían, desde las 10:00, el inicio del juicio oral al policía federal Martín Alexis Naredo, que el 21 de enero de 2012 fusiló en Balvanera al adolescente Jon Camafreitas, y la audiencia en la que el juez federal Casanello definiría la situación del compañero peruano Oswaldo Quispe (ver aparte), y unificamos la convocatoria con el Comité de Solidaridad con el pueblo y los presos políticos peruanos.

Los militantes de CORREPI, la mayoría de ellos familiares de víctimas de la represión, llenaron la sala de audiencias de la planta baja, donde la audiencia empezó, como siempre con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Ese acto formal ya dejó en claro cómo llegamos al inicio de este debate: el policía federal es acusado por el delito de homicidio calificado por su condición de policía tanto por la fiscalía como por la querella, por lo que enfrenta la pena de prisión perpetua. Pero, a diferencia de lo que sucede con cualquiera sin uniforme en similar situación, está en su casa, disfrutando de una excarcelación que sólo se explica por su condición de policía.

Naredo no quiso declarar, pero contestó las preguntas del tribunal sobre sus condiciones personales. Los jueces y el fiscal se asombraron cuando dijo que no está exonerado de la PFA, sino apenas en servicio pasivo y cobrando un porcentaje del sueldo. Para Delia, la mamá de Jon, y el resto de nosotros, no fue una novedad, sino una simple confirmación de lo que vemos a diario en prácticamente todos los casos. Como si seguir cobrando parte de su sueldo policial fuera poco, el ex numerario de la 8ª agregó que está trabajando en la secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Matanza, sin que la existencia de este proceso le haya obstaculizado conseguir un empleo oficial con un excelente sueldo en blanco. De nuevo, poca sorpresa para nosotros, y caras de espanto en el tribunal.

La compañera Delia Castro fue la primera testigo que se sentó frente al tribunal. Con la foto de Jon en sus manos, contó su vida y la de Jon, con la voz quebrada por la emoción pero enorme firmeza. En un momento, le preguntamos cuándo vio a Jon por última vez. Contestó: “Lo veo todo el tiempo, en cada pibe”.

Luego fue el turno del oficial ayudante Juan Carlos Moreyra, jefe de servicio de la comisaría 8ª, que iba con Naredo en el móvil 108 cuando interceptaron a Jon y su amigo de 14 años cerca de la Plaza Boedo. A diferencia de Naredo, se declaró desempleado. “Hasta hace 3 semanas trabajé en una empresa de seguridad”, dijo, y contó que lo exoneraron de la PFA por “haber iniciado imprudentemente una persecución el día del hecho”, cuestión evidentemente más grave para el ministerio de Seguridad que meterle un tiro en la nuca, con el arma abocada, a un pibe de 17 años.

Su declaración empezó a hacer agua, con notables contradicciones con la que prestó a horas del asesinato de Jon en la comisaría. Confrontado con esas diferencias, trató de explicarlas por la urgencia del momento: “Esa declaración la tipeé yo, para ayudar en el sumario”, terminó admitiendo. O sea, se tomó juramento de decir verdad, y se interrogó a sí mismo en tercera persona, hizo las preguntas y se respondió… después algunos se preguntan por qué todas las declaraciones en comisaría son iguales…

La jornada terminó con la declaración de una pareja que pasaba por el lugar esa noche, paseando con su bebé. Quedó claro que ni la declaración en la comisaría ni la del juzgado reflejaban lo que vieron. Más allá de sus evidentes prejuicios contra los pibitos con visera, los dos vieron el arma en la mano de Naredo, y nada en las manos de Jon.

El juicio prosigue los días 1 y 2 de septiembre, con más testigos y peritos, y el 4 con los alegatos.

Nos seguimos encontrando 9:30, en Comodoro Py 2002.

Berni, Macri y el desalojo en Lugano.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró en el marco del paro del jueves que “la huelga es un derecho constitucional, como es el derecho de todos los demás que quieren ir a sus trabajos y lo quieren hacer con tranquilidad, en paz y no quieren que le corten ese derecho en la ruta con piquetes, amenazas y coacciones“.

Pareciera olvidar que la libertad y la vida son también derechos de quienes quieren vivir tranquilos y en paz, sin que de un momento a otro aparezca un grupo de mil gendarmes irrumpiendo sus vidas e impidiendo que defiendan su trabajo y su salario, o un pedazo de tierra donde levantaron precarias viviendas.

¿Qué podría ser más importante que solucionar el reclamo de cientos de familias viviendo entre la basura, en pésimas condiciones de higiene y bajo los riesgosos techos de chapa que pudieron levantar? El macrismo suma su respuesta en línea con el gobierno nacional: la propiedad privada y los curros inmobiliarios son más importantes.

Sólo esta prioridad puede explicar el desalojo que la policía metropolitana y la gendarmería llevaron adelante contra las 700 familias que se ubicaban en un ex cementerio de autos en Lugano al que llamaron “Barrio Papa Francisco”.

El asesinato de una joven, Melina López, que habría sido baleada por un ocupante del barrio, fue la excusa perfecta para que María Eugenia Vidal y Berni deambularan por distintos medios explicando el porque del accionar de sus fuerzas combinadas.

A esta altura, es una figurita repetida la complicidad de los gobiernos locales y nacional a la hora de reprimir, ya sea porque la federal mira para otro lado, hace el perímetro de seguridad, o porque sencillamente disparan juntos, como en el Indoamericano.

La lucha por la vivienda digna divide aguas dentro del propio kirchnerismo. Pablo Ferreyra recibió dos disparos de goma y denunció a la gendarmería por su participación en la represión. Sin embargo, olvidó mencionar que la represión no es producto de un Berni desbocado, sino una política constante para disciplinar a los sectores populares.

Y en esto, como venimos señalando, coincide toda la partidocracia. Sólo basta leer las declaraciones de Berni y los funcionarios macristas para notar las similitudes. Si para muestra no basta sólo un botón, pueden recordarse las coincidencias respecto de los proyectos de ley antipiquetes.

Por ultimo, no queremos dejar de mencionar el espacio que otorgaron a los vecinos desalojados para “reinstalarse”. Los paradores que habilitó el macrismo son, en palabras de los vecinos, “…una cárcel. Te obligan a levantarte a las 6 de la mañana, te hacen requisa, no te dejan hablar, te obligan a bañarte a la hora que ellos dicen y a comer a la hora que ellos dicen.”

Desde CORREPI repudiamos la co-participación de los gobiernos en la represión y la falta de respuesta a las familias que perdieron todo en el desalojo.

Polichorros de La Matanza: ¿corrupción?… no, función.

¿El problema es la corrupción policial o la función policial? ¿Qué relación existe entre el delito policial y la represión que esos mismos policías despliegan? ¿Cuánto hay de legitimación desde el poder político?

Parecen interrogantes apropiados para analizar una noticia que sacudió el interés de los medios masivos en estos últimos días:

Ocho policías (siete en servicio y otro exonerado), junto a tres civiles, conformaban una banda dedicada al robo de autos y secuestros express en los partidos de La Matanza, San Martín y Tres de Febrero.

Los “guardianes del orden” involucrados, de variados rangos (cuatro subcomisarios, un oficial principal, un subinspector y un capitán) pertenecen a la DDI y a la Distrital La Matanza, y se sospecha fuertemente que sus jefes no ignoraban las actividades que desplegaba la banda ahora desbaratada.

Eran expertos en proveer logística: desde información clave sobre zonas liberadas hasta la provisión de armas y uniformes indispensables para llevar adelante los numerosos hechos cometidos.

Es una noticia que no sorprende, pero que puso otra vez en el tapete la cuestión de la “corrupción” policial, como si fuera la madre de todos sus pecados. El formato ideológico de algunos medios, la pacatería moralista de sus comunicadores, y hasta la dudosa ingenuidad de los que integran los foros vecinales de seguridad del propio partido de La Matanza, intentaron llevar el análisis por el lado de una remanida y no por ello, menos falsa formulación abonada desde el gobierno de la provincia: “hay policías buenos y policías malos”.

Esta premisa, que se ha naturalizado, que funciona como ratio explicativa de cualquier “desvío”, les permite ocultar las verdaderas razones que hacen de estos hechos una cuestión absolutamente estructural de la principal fuerza represiva que el estado (en el caso provincial) tiene a su disposición.

Desde CORREPI, siempre hemos sostenido lo contrario: “no es un policía es toda la institución”.

Es una consigna que desborda de hechos como el mentado, que se llena de choreo uniformado, de coima uniformada, de complicidades judiciales y de la otra, tal vez la fundamental, la complicidad política.

Por mandato y decisión política (entendiendo por tal el cuidado desde los diferentes gobiernos del interés de la clase dominante), la excluyente función policial es la de disciplinar a la población, la represión es un instrumento indispensable a la hora de poner en práctica esa función, y esa función es necesariamente sucia. Y a cambio siempre reciben algo. De vez en vez -cuando no motines mediante- aumentos legales de sus recompensas, y en todo momento, estas actividades tan sucias como las legales, que permiten hacer una caja extra de dimensiones inimaginables y cuyo destino excede la sede de la dependencia.

Y mucho más en tiempos en que la crisis económica golpea seriamente a las barriadas más pobres, simplemente porque la represión pasa a ser la protagonista clave de la gobernabilidad. ¿Qué otra cosa revelan los interminables casos de gatillo fácil que arreciaron en los últimos tiempos, la militarización de las fábricas en conflicto, el sinnúmero de causas armadas que terminan con pibes pobres encerrados por delitos que no cometieron, la desaparición forzada de muchos de ellos, las torturas seguidas de muerte en sedes policiales?

Tanto descansa la gobernabilidad en la represión, que en el discurso de sus principales responsables político-operativos se hallan las principales evidencias: ya son un clásico de la provocación y de la canallada, las declaraciones que el hombre de confianza de la presidente Kirchner, el coronel Berni, tira día a día (contra los inmigrantes, contra los trabajadores en lucha, contra los desesperados sin techo). Tanto como las del impresentable ministro de la Provincia, el patotero Granados, que muy suelto de cuerpo y a la vez que daba explicaciones sobre estos perros desobedientes, dijo en relación al tema de la inseguridad que “cuando con la policía apretemos como pensamos apretar, los ladrones se van a mudar de la provincia”.

Impresentable, pero sobretodo, muy elocuente el hombre de confianza del gobernador Scioli.

Está claro que la corrupción policial es una consecuencia. Que la función de reprimir los habilita. Que hay legitimación política.

No es una formulación caprichosa, nunca antojadiza y mucho menos novedosa. Lo sintetizó hace unos cuantos años Rodolfo Walsh: “…es una jauría de hombres degenerados, hampa de uniforme, delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”.

No es un policía (ni ocho)…

Gatillo fácil y muertes en cárceles, a la orden del día.

Cada día el gatillo del estado truena contra las masas populares; reminiscencias de cientos de vidas que se apagan con el fusilamiento relámpago que esgrimen las fuerzas represivas, apañados por la impunidad y la naturalización de los verdugos en la calle, vistiendo uniforme, chapa y bastón.

El jueves 7 de agosto, en Libertad, Merlo, el policía federal Edgardo Matías Frías fusiló a Walter Rodríguez, de 23 años, que intentó, con otro pibe, llevarle la motocicleta. Como de costumbre, los dejó ir, para luego dispararle dos veces por la espalda en plena huída. Ya caído, el policía le pateó la cabeza, al tiempo que constató que el joven se encontraba desarmado.

Al acercarse la familia y amigos de Walter y pedir por una ambulancia para que trasladen al muchacho agonizante, recibieron golpes y disparos de goma por parte de efectivos de la comisaría 4ª de Libertad.

Una hora y media después, llegó la ambulancia que llamaron los vecinos, pero en la que finalmente Walter falleció, camino al hospital de Malvinas.

El viernes 22 de agosto, en cercanías a la villa 21-24 de Barracas, los hermanos Gabriel Vaca y Mario Ruiz fueron asesinados a balazos por dos efectivos de la Policía Federal de la división Científica. Uno murió en el acto, el otro poco después, en el hospital Penna.

Entre las diferentes versiones del hecho, se remarca que los sujetos asesinados no portaban armas, ni se encontraron vainas o alguna prueba que demuestre un enfrentamiento. Ante los asesinatos, un grupo de vecinos del barrio incendiaron la camioneta de los agentes de la Federal denunciando el gatillo fácil.

El lunes 25 de agosto, los medios masivos invadieron las cercanías del colegio parroquial Félix Burgos en Morón para anoticiarse de la muerte de Sabrina Olmos, estudiante de 15 años que recibió un balazo en el corazón, cuando en las afueras del establecimiento el personal de la Policía Bonaerense perseguía a los tiros a un par de delincuentes que escapaban en automóvil. El patio del colegio fue escenario del trágico desenlace cuando una bala 9 milímetros impactó contra Sabrina.

En el “lejano Oeste”, la policía jugó a ser sheriff en medio de una zona escolar y aunque pretendan subsanar la muerte de la joven culpabilizando a quienes escapaban, nada hay para refutar la responsabilidad estatal por disparar frente a una escuela.

Como actúa el verdugo por los barrios, las prisiones son otro estamento de la represión y muerte a manos del estado:

El viernes 29 de agosto, Carlos Paniagua, de 20 años, apareció “suicidado” en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, en Corrientes. En la primer observación, el médico que revisó el cuerpo advirtió que el cadáver presentaba signos de golpes, por lo que caratuló la causa como “muerte dudosa”.

Carlos era de esos reclusos que no callan ante el maltrato y las vejaciones del servicio penitenciario y que se animaban a denunciar el hacinamiento y el tráfico fácil de tóxicos hacia dentro de los penales.

Apenas si un pantallazo, en pocas semanas, de cómo el estado nos mata.

Celebramos la libertad de Francisco Núñez y Oswaldo Quispe.

En junio de 2013, Francisco Núñez, un pibe del barrio de La Boca en la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido, imputado por un homicidio ocurrido siete meses antes, con el que no tenía nada que ver. Fue acusado de golpear hasta matar a un hombre en un intento de robo cerca de su propia casa. La instrucción estuvo plagada de irregularidades, sin pruebas concretas, como lo vino denunciando su defensa, apoyada por la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste: testigos que “vieron” a través de una persiana cerrada o identificaron una cara desde un sexto piso.

Pero que el haya sido víctima de una causa armada, en este caso, no es casualidad. El 19 de abril de 2012, Alberto Carmona, oficial de la policía federal, integrante de Interpol, asesinó a Diego Nuñez (19), el hermano de Francisco, de cinco tiros por la espalda. Desde ese momento, Francisco se movilizó y organizó con el objetivo de esclarecer la muerte de su hermano. Por ese motivo, por haber tomado conciencia, por organizarse y luchar, por buscar esclarecer la muerte de su hermano y exigir justicia por otro pibe más que mata el ejercicio de la fuerza represiva del estado, Francisco fue represaliado. En este caso, como en muchos otros buscan acallar el despertar de la conciencia con tortura y humillación. Pero una vez más, gracias a la lucha popular, a la presencia de diferentes organizaciones, visibilizando su caso y el de su hermano, el lunes 25 pasado Francisco fue absuelto y hoy se encuentra en libertad.

Por otro lado, también queremos festejar y aplaudir la liberación del compañero Oswaldo Quispe, un preso político de nacionalidad peruana, obtenida el martes 26. Su defensa, llevada adelante por la Gremial de Abogados, se opuso con un arsenal de argumentos al pedido de extradición del estado peruano, que desempolvó un hecho ocurrido en 1989 para reclamar la prisión y entrega del periodista, que desde su web Perspectiva Internacional venía eficazmente denunciando la realidad represiva del hermano país en la actualidad.

La defensa, encabezada por el compañero Eduardo “Negro Soares, demostró las aberraciones de los jueces peruanos, de su administración de justicia, de sus fuerzas policiales y de sus leyes que entran en choque con las argentinas. Entre ellas por ejemplo, que las pruebas utilizadas en el proceso peruano para acusarlo fueron declaraciones extraídas mediante tortura por la DICOTE (fuerza policial especial contra el llamado “terrorismo”, que en Perú es todo lo que se opone a los gobiernos), la existencia de la Sala Penal Contra el Terrorismo, tribunal especial contra la militancia organizada, la vigencia de la pena de muerte, etc.

Finalmente, el juez Casanello debió suspender la resolución de la extradición por treinta días, para requerirle al estado peruano que responda (si puede) los planteos de la defensa. Entre ellos, el más gravoso es la indeterminación del hecho imputado.

Oswaldo ya está en su casa. Luego de la audiencia, los compañeros que estábamos afuera de los tribunales de Comodoro Py, en una radio abierta, pudimos abrazarlo, y emocionarnos al verlo con su pequeña hija, mientras Francisco Núñez y Delia Castro, la mamá de Jon Camafreitas, esperaban su turno para saludarlo.

Francisco, Jon y Oswaldo, víctimas de distintas modalidades represivas estatales, coincidieron en esa jornada de lucha, por la visibilización, por la construcción de conciencia, por romper las estructuras que nos fueron dadas en esta realidad en la que vivimos y no nos alejará de la militancia, que nos motiva y nos llena de alegría cada vez que podemos avanzar un poquito más en lograr aquello por lo que vivimos. Aplaudimos y festejamos las libertades de Francisco y Oswaldo que pudimos recuperar, exigiéndolas, arrancándolas y que, en definitiva, nos hacen a todos un poco más fuertes.

Próximas actividades.

1, 2 y 4 de septiembre, desde las 9:30. movilizamos a los tribunales de Comodoro Py durante el juicio al policía federal, asesino de Jon Camafreitas.

5 de septiembre, a las 12:00, concentramos en Plaza Alsina, Avellaneda, para hacer una radio abierta, con marcha y volanteada a las 13:30 hasta el Polo Judicial de Avellaneda (Av. Mitre), en el aniversario del asesinato, en la Isla Macial, de Hugo Arce y Cárlos Vázquez por el federal Bobadilla.