CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Cerca de las 18:00 del jueves 4 de septiembre, el edificio de Comodoro Py 2002 estaba despoblado, a excepción de la sala B de la planta baja, donde decenas de militantes de CORREPI, en su mayoría familiares de víctimas de la represión estatal, esperaban que los jueces Héctor Mario Magariños, Pablo Jantus y Javier Anzoategui bajaran de su despacho, donde deliberaban tras los alegatos en la última audiencia del juicio oral contra el policía federal Martín Alexis Naredo.

El juicio comenzó el 26 de agosto. A lo largo de tres audiencias, las declaraciones de testigos y peritos permitieron reconstruir los sucesos de la madrugada del 21 de enero de 2012, en Av. Independencia y Sánchez de Loria, cuando los policías de la comisaría 8ª Martín Naredo y Juan Carlos Moreyra comenzaron a perseguir a dos jóvenes que les resultaron “sospechosos”.

Jon Carlos Camafreitas, de 18 años, y Franco Rojas, de 14, volvían a sus casas desde la plaza Boedo, de la que se habían ido para alejarse de una pelea entre dos grupos de jóvenes enfrentados. A los policías les llamó la atención que cruzaron la avenida corriendo, de modo que doblaron de contramano por Sánchez de Loria para detenerlos. Los chicos trataron de eludirlos volviendo hacia Independencia, pero Moreyra y Naredo bajaron del patrullero y les dieron alcance a pie. El oficial Moreyra redujo al niño de 14 años frente al número 3269 de la avenida, y Naredo alcanzó a Jon a pocos metros, frente al número 3275.

Los testigos presenciales y las pericias probaron fuera de toda duda que, alrededor de la 1:30, el cabo Naredo tomó a Jon por atrás y lo forzó a agacharse, momento en que colocó su arma reglamentaria, una pistola Browning 9 mm, que empuñaba con bala en recámara, sin seguro y amartillada, sobre su cabeza. El disparo atravesó la cabeza de Jon de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La bala penetró al cráneo por el occipital derecho (nuca), salió por el temporal izquierdo (sien) y se incrustó en la persiana metálica del local frentista a 49 cm. del suelo, con un ángulo de 15º. Jon agonizó por cuatro días en el hospital Ramos Mejía, y falleció el 25 de enero.

En el debate se comprobó también que, de inmediato, llegaron al lugar el subcomisario de la comisaría 8ª, Marcelo Brónico, junto a otros efectivos, que detuvieron al niño de 14 años y demoraron varias horas para cumplir la orden judicial de apartarse de la instrucción del sumario y convocar para ello a Gendarmería.

Cuando llegaron los gendarmes, pasadas las 3:30, los policías les ocultaron la existencia de testigos presenciales, a los que en ese mismo momento interrogaban en la comisaría, así como la detención completamente irregular del chico de 14 años. Hasta se supo que el oficial Moreyra, que acompañaba a Naredo, se tomó declaración a sí mismo en la comisaría.

El jueves 4 de septiembre, los alegatos de las partes terminaron a las 14:30. La querella, impulsada por CORREPI en representación de Delia Castro, mamá de Jon, había pedido prisión perpetua para el policía por homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad, así como su inmediata detención para impedir que se profugara. La abogada María del Carmen Verdú remarcó que no sería el primer caso de un policía que, aprovechando el privilegio de la excarcelación pese a la gravedad de la acusación, desaparece el día de la sentencia, y puso el ejemplo del sargento Néstor Adrián González, de la misma comisaría 8ª de la PFA, que fue condenado a 15 años de prisión en marzo pasado por el homicidio de Sergio Casal (16), pero no asistió a la lectura de la sentencia ya que estaba en libertad, y nunca más fue hallado.

“Naredo fusiló a Jon al amparo de un fierro y una chapa, como se canta en la calle, y apretó el gatillo que el Estado puso en sus manos”, precisó Verdú, después de explicar que los rastros hallados en la gorra que el chico llevaba puesta demostraron que el arma estaba apoyada en su cabeza, con el policía detrás de Jon, que lo forzó a agacharse antes de disparar.

El fiscal Ariel Yapur acompañó el pedido de la querella tanto con la pena a perpetuidad como con el reclamo de la detención. Ello motivó que los jueces decidieran emitir veredicto en el día, reteniendo en la secretaría al policía imputado, para garantizar el resultado del proceso.

Con los votos de los jueces Magariños y Jantus, y la disidencia del vocal Anzoátegui, el tribunal anunció, ante la sala repleta, la condena a prisión perpetua, con inhabilitación para ejercer cargos públicos y para portar armas, del ex policía, que sólo fue exonerado por el ministerio de Seguridad ya iniciado el debate, y que estaba trabajando ahora en la Municipalidad de La Matanza.

El presidente del Tribunal, el juez Magariños, explicó que habían decidido ordenar la inmediata detención del condenado, aun cuando la sentencia no está firme, porque el hecho constituye “una grave violación a los DDHH por un funcionario estatal” y porque se constató la complicidad de otros policías de la comisaría 8ª, como el comisario Barrios, el subcomisario Brónico y el oficial Chamorro, a los que mandaron investigar por su participación en el encubrimiento, lo que permite presumir que, si Naredo continuaba libre, recibiría ayuda institucional para escapar.

Tras la lectura de la sentencia, Delia Castro, que presenció todo el debate con la foto de su hijo en el regazo, señaló que esta condena no hubiera sido posible “sin la lucha que mi familia encaró organizada en CORREPI, sin confiar en las promesas que nos hacían desde el gobierno. Nos mintieron desde el primer momento, me dijeron en 2012 que habían echado a Naredo de la policía, y durante el juicio supimos que recién lo exoneraron ahora en agosto, por la presión de la movilización”.