CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

“Seguridad ampliada”: Sergio Massa en las faldas del ventrílocuo.

La noticia pasó casi desapercibida, como generalmente ocurre con las cuestiones verdaderamente serias vinculadas al tema de la seguridad. Ahí no corren ni la disputa de los K con la “corpo”, ni hay diferencias entre oficialismo y oposición. Salvo que el oportunismo de algún funcionario suelto sea considerado “palabra oficial”, lo cierto es que la noticia pasó con la eficacia de un descuidista.

El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reclamó desde la norteña provincia de Salta que se refuercen los pasos de frontera para “frenar el avance del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas y lograr mejores controles de inmigración”. “Pedimos la colaboración logística de las Fuerzas Armadas como apoyo a la Gendarmería y Prefectura”, manifestó Massa durante su paso por el paraje de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia.

“Hay que plantearse la necesidad de que la Argentina incorpore la aplicación del concepto de Seguridad Ampliada que hoy es una tendencia mundial y ya se aplica en la mayoría de los países europeos y en países hermanos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela”, indicó.

Y agregó: “Se trata de una seguridad integral y multidimensional que permite utilizar todas las capacidades del Estado para prevenir y contrarrestar todo tipo de amenazas y riesgos, algo que no ocurre hoy en la Argentina ya que la ley lo impide categóricamente”.

Para el diputado nacional, “implementar criterios de Seguridad Ampliada permitirá controlar las fronteras e ir cerrando pasos ilegales que hoy están completamente liberados”.

Claro y preciso, el ex funcionario kirchnerista devenido en candidato opositor, propone que se deje sin efecto la prohibición legal para que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior. A más de las fuerzas de seguridad “regulares”, Massa propone que se sumen las de defensa. Y como si se tratara del muñeco que “habla” en las faldas de un ventrílocuo, introduce el concepto de “seguridad ampliada” para fundamentar esa intención.

Cada vez que un político desliza estas cuestiones, se tiene la certeza que alguien anda detrás. Porque el concepto de seguridad ampliada no es novedoso, es un eufemismo con el que desde los centros de poder se postula el “poder duro” desde los tiempos de George Bush hijo. Fuerzas armadas y de seguridad, con la excusa de combatir al delito organizado, terminan por incrementar el poder represivo del estado, que así descargará su potencia disciplinante sobre los más afectados por las políticas de concentración del capital que desde esos mismos estados aplican.

Porque lo que no dijo Massa, es que entre las hipótesis de amenazas que se manejan detrás del concepto de seguridad ampliada, figuran la pobreza, el hambre, la exclusión social y la inmigración. No es difícil imaginar a qué paisaje social se destina esta nueva vieja mirada.

No faltó ingenuidad en quienes pensaron que la cuestión de las Fuerzas Armadas desplegadas en el ámbito de la seguridad interior era un tema privativo de las dictaduras. Y que con el dictado de una ley (en nuestro caso la 24.059) alcanzaba para resguardarnos.

Ni una cosa ni la otra. La democracia burguesa se adapta con absoluta comodidad a postulados dictatoriales y además, como el derecho sigue a los hechos, si es necesario derogar una ley y sancionar otra en función de la necesidad específica del Poder, se hace. Esto es lo que dijo Massa.

Es que la determinación del enemigo interior y las hipótesis de conflicto no se elaboran en abstracto. Ellos saben que sus políticas económicas aparejan aquellas amenazas, y sus candidatos son el correlato de esa lógica: deben desactivar la amenaza maquillando de legalidad y consenso medidas que consagran la militarización de la sociedad, el estamento superior del poder disciplinante del que disponen.

¿Llama la atención que la noticia sólo haya merecido algún reproche oportunista del ministro Rossi, encargado del área?

En absoluto. El gobierno nos tiene acostumbrados a discursear por izquierda mientras apalea por derecha. Ahí están tanto las políticas generadoras de inseguridad social del propio gobierno como las sucesivas represiones a los trabajadores en manos del inefable coronel Berni. El incremento del clima represivo que se vive en el país, preanuncia un escenario en el que, más temprano que tarde, las “amenazas” que contempla la seguridad ampliada dejarán de ser meras hipótesis. Massa, uno de los candidatos a continuar la tarea que empezó el gobierno -para el que trabajó hace un tiempito-, bien lo sabe, y lo dice.

Represión a la vista en Puerto Madryn y Panamericana

El 9 de septiembre, en Puerto Madryn -muy cerca del territorio K por excelencia- fueron reprimidos trabajadores municipales de esa ciudad, que se estaban manifestando frente al edificio del gobierno municipal con motivo del incumplimiento en el pago de sus sueldos. Los trabajadores no cobran desde el mes de agosto, situación que se viene repitiendo hace casi un año, tanto en Madryn como a lo largo y ancho del país, con el ajuste que el gobierno nacional aplica hacia la clase trabajadora y cada gobierno provincial repite y apoya en su territorio.

“Una de las chicas que fue golpeada, de apellido Flores, sufre de epilepsia y eso nos dejó medio preocupados. Después está Guiñazú que es el que se ve en la foto que recibió un balazo de goma cerca del ojo. Hay una chica de apellido Romero que nos dice el médico que tuvo un pre-infarto y quedó en observación y después está Muchico que le hicieron casi 50 puntos por un corte en la mano”, dice desde Puerto Madryn Armando Vique, subsecretario gremial de la Unión Personal Civil de la Nación. “Hay empujones, golpes y un estallido por la calle Belgrano por la otra entrada al municipio, ahí vimos a los heridos. Había unos diez del GEOP (Grupo especial de operaciones especiales) y el resto eran todos policías de la primera. Esos fueron los que reprimieron”, sostuvo Vique.

Con respecto a la represión, el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, en un intento de pasar a un segundo plano la orden de haber enviado a sus fuerzas de seguridad a reprimir a los que se organizan y luchan, sólo se refirió a los destrozos en la Municipalidad y hasta habló de “infiltrados”, refiriéndose a sectores narcos que hubiesen participado del reclamo, aunque esa hipótesis nunca fue certera, como tampoco su declaración con respecto a la falta de pago de salarios de los trabajadores municipales. El que sí habló de la represión fue el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, José Glinski. Glinski, que mantuvo reuniones con concejales y representantes gremiales, indicó que “la Policía actuó de acuerdo con el protocolo y los heridos que se registraron fueron como consecuencia del tumulto y de cortes con vidrios rotos producto de los destrozos”, a lo que siguió la hipócrita respuesta de que “la Policía no tuvo la culpa de las heridas que sufrieron los trabajadores”, como si quien disparó los balazos de goma no fuera el aparato represivo supervisado por él mismo, y confirmando que su protocolo a cumplir es la cara más visible de que la represión es política de estado.

Lo mismo sucedió con a los trabajadores de la autopartista Lear, que fueron nuevamente reprimidos en un corte en Panamericana el jueves 18, por seguir luchando por la reincorporación de los 60 compañeros despedidos. Fueron desalojados por la Gendarmería mediante palazos y gases pimienta, y aún así, los trabajadores, estudiantes y militantes que se aglutinaron en solidaridad con el conflicto, volvieron a cortar la autopista, demostrando que ni las fuerzas represivas ni el secretario Berni monitoreándolos desde un helicóptero, pueden amedrentar a los trabajadores conscientes y organizados.

Grageas moronenses: policía comunal, la proximidad del gatillo.

El 7 de abril, en el programa “A cara lavada” que se transmite por AM Nacional, el intendente de Morón, el sabatellista Lucas Ghi, formuló declaraciones respecto a la emergencia de seguridad que poco antes había decretado el gobernador Scioli.

En esa misma oportunidad, celebró la medida de su compañero gobernador, y además se explayó sobre la conveniencia de contar con la policía municipal. Dijo exactamente sobre esas medidas: “Se dan en el marco de una situación de preocupación creciente”, y agregó que muchas de esas medidas eran reclamadas por los municipios, como por ejemplo la policía comunal.

Aseguró que esto permitirá contar con una “policía de proximidad”, no para delitos complejos, sino para otros “que a veces terminan en muerte, como por ejemplo robos o entraderas”.

Ahora bien, el 12 de septiembre, en otra entrevista periodística, su secretario de Seguridad local, el “ex” radical Juan Carlos Martínez, fue consultado sobre el curriculum y la trayectoria que ostenta el comisario Solís, designado por el sabatellismo como jefe de aquella policía. El secretario del intendente destacó del policía que “Es instructor de tiro, una característica que también nos interesaba fuertemente” (semanario ANTICIPOS Nº 4903).

No vayan a creer que hay contradicción entre el intendente y su secretario, ambos son coherentes con el concepto de “acercamiento y proximidad”. La policía municipal “interesa fuertemente”… para tirar de cerca y con buena puntería.

Comando de impunidad: Detienen ilegalmente y golpean testigos del caso Luciano Arruga.

Al entrar al partido de La Matanza, por la extensa Ruta 3 que la atraviesa en su totalidad, el viajante se encuentra con un cartel inmenso que proclama slogans tales como “Aquí la nación crece”, “Matanza Avanza” y un repertorio de consignas a tono de la campaña oficialista. A los pocos metros, otros carteles van constatando el “avance” del gobierno de Fernando Espinoza: la apertura de una “escuela” de policía bonaerense dentro de una institución universitaria, avasallando conquistas históricas del movimiento estudiantil; la apertura de destacamentos de gendarmería en cada barrio o villa “caliente”, como si el uniformado de verde paliara las necesidades, todas, del ciudadano matancero; o la disposición de un “Comando de Patrullas Comunitarias”, un intento de articular la bonaerense con la “Patrulla Municipal”. La respuesta del poder matancero a cualquier necesidad de salud, vivienda o trabajo, es el fortalecimiento del aparato represivo.

El lunes 15 de septiembre, el mencionado “Comando de Patrullas Comunitarias” (CPC) detuvo ilegalmente a tres jóvenes en el barrio 12 de Octubre en Lomas del Mirador. Dos de ellos son testigos del caso Luciano Arruga, desaparecido por negarse a robar para la policía; los efectivos son del Destacamento de Lomas del Mirador, el mismo que se llevó a Luciano en 2009. La impunidad teje siempre ese entramado de “coincidencias”.

Los tres pibes se encontraban en la vereda de la casa de uno de ellos, cuando varios patrulleros se presentaron en el lugar y sus ocupantes los pusieron contra la pared. Uno de los jóvenes reaccionó ante la situación arbitraria e intentó defenderse, lo que le valió una fuerte golpiza de la policía.

El chico, testigo en la causa Arruga, terminó con cuatro puntos de sutura por las heridas en la cabeza y, de yapa, una causa armada, con un “testigo” que nada vio de un “operativo” que nunca existió.

“Nos contó el joven que, intentando defenderse del abuso, expresó ser amigo de Luciano. La respuesta: `¿Qué Luciano?, ¿qué me importa?` y posteriormente `cómo chapean con Luciano Arruga…`. Queremos denunciar el cansancio y la impotencia frente a estas situaciones que se repiten día a día en La Matanza y en todos los barrios humildes, pero queremos dejar en claro especialmente que estos testigos no son los primeros que sufren amenazas y eso nos preocupa mucho: no queremos denunciar en algún tiempo la muerte de ninguno de nosotros como ha pasado en otras causas donde se denuncia a las fuerzas de seguridad“, sostuvieron desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga.

El fiscal Fernando Quiroga de la UFI 9 de La Matanza se apersonó en el lugar y sostuvo que “la resistencia a la autoridad trae estas situaciones”. Quiroga es consecuente con toda la situación: resistirse ante la impunidad de la policía atrae aparejadas golpizas, amedrentamientos, causas truchas y la connivencia entre los aparatos judiciales y de gobierno para salvaguardar el accionar su brazo represor.

De capturas por azar y búsquedas inexistentes.

La semana pasada fue noticia la detención, en la ciudad cordobesa de La Falda, del ex cabo de la bonaerense Marcos Rodríguez, último prófugo en la causa por la Masacre de Wilde (1994). El hombre había desaparecido hace 20 años, cuando salió caminando por la puerta de la comisaría donde estaba preso.

La información dice que lo encontraron porque suscribió un plan de facilidades de las multas de su auto particular en el municipio de La Falda con su nombre y apellido verdaderos. ¿Torpeza? No, conciencia de impunidad. La experiencia en situaciones similares demuestra que la enorme facilidad con que se profugan y desaparecen los integrantes del aparato represivo estatal acusados o condenados por graves delitos, sólo se compara con la inexistencia absoluta de una búsqueda activa para encontrarlos.

Las pocas detenciones que se producen después de esas fugas sólo se logran porque las familias de las víctimas, organizadas y en pie de lucha, aportan a los juzgados la información necesaria, después de encontrar con sus propios recursos a los prófugos, o por pura casualidad.

Ejemplo de lo primero son la masacre de Budge o el caso Durán, donde los prófugos fueron encontrados por CORREPI a partir del aporte solidario de los vecinos, o mediante el muy simple recurso de poner cámaras ocultas frente a los domicilios conocidos y denunciados en los expedientes de los policías que el aparato estatal decía que no podía encontrar.

La casualidad, en cambio, fue la que permitió, por caso, la detención, en Junín de los Andes, del policía Luis Raúl Ponce, uno de los torturadores y asesinos de Andrés Núñez (1990), cuando intentó evadir un control de tránsito tras 24 años de tranquila vida lejos de los tribunales y las cárceles. No es éste el único caso de una tardía detención porque, por puro azar, el prófugo fue detenido por una infracción de tránsito o en un control de rutina.

En ninguna de las causas en las que interviene CORREPI y hay funcionarios del aparato de seguridad prófugo hemos podido verificar que, más allá de decretar la rebeldía y ordenar formalmente la captura, se tomen medidas efectivas para una búsqueda real. Sólo la presión de las familias logra que se tomen algunas elementales, como la intercepción de teléfonos o algún seguimiento. Y aun así, además de que nunca se sostienen en el tiempo, muchas veces esas acciones oficiales derivan en inverosímiles bloopers, como ocurriera en Morón con algunos de los prófugos de la causa Durán, escapándose por los techos en plena cara de sus “perseguidores”, o fugando con un auto con el motor casi fundido de impecables patrulleros 0km.

Una buena prueba de que la búsqueda de policías prófugos carece de todo interés para el aparato estatal es la página web del ministerio de Seguridad provincial, que tiene un link a “policías prófugos”, clasificados según el tipo de delitos. La pestaña de “torturas” está vacía. Quien la consulta, concluye que no hay policías torturadores prófugos. Pero los hay.

Luis Alberto Farese y Miguel Ángel Rojido, torturadores de Sergio Durán (1992), figuran en la sección “homicidios”, aunque ambos, de ser habidos, irían inmediatamente a juicio por aplicación de tormentos seguidos de muerte, delito por el que ya fueron condenados a prisión perpetua sus tres camaradas sucesivamente detenidos y juzgados (Jorge Ramón Fernández, Ramón Nicolosi y Raúl Gastelú). Pablo Martín Gerez, otro de los prófugos en la causa de Andrés Núñez, también figura entre los requeridos por homicidio, y no por tortura seguida de muerte. Finalmente, tampoco figura en esa vacía página el oficial de la 1ª de San Martín Marcelo Palleroni, prófugo en la causa por torturas en la que su compañero Juan Carlos Botrón ya fue condenado a 9 años de prisión. Palleroni, cuya foto estaba hasta hace poco, desapareció del listado, pero nunca fue detenido.

Está bien ubicado, como prófugo por homicidio, el bonaerense Rodrigo Ruiz, asesino de Fernando Báez, pero ya no es posible encontrar a Bonifacio Garay, asesino de Omar Lencina (1992), ni han sido agregados entre los ex policías, ni como no policías, los federales recientemente profugados, sargento Néstor Adrián González y cabo Martín Alexis Naredo.

El ministerio de Seguridad de la Nación, por su parte, ni siquiera tiene una página semejante, aunque sí publicó, el 11 de septiembre pasado, un elegante comunicado titulado “Sobre el ex cabo Naredo”, donde tardíamente admiten que era mentira que la ministra Garré lo había exonerado en 2012, pues sólo lo fue en agosto de 2014, al filo del inicio del juicio oral por el fusilamiento de Jon Camafreitas, y afirman que “Hasta el momento, las investigaciones realizadas descartan la participación de algún integrante de la PFA en la facilitación de la evasión de Naredo”. Evasión, igual que en el caso de González, que no necesitó que nadie, más que el poder judicial, facilitara, ya que estaba excarcelado y los jueces decidieron no escuchar la advertencia de la querella, que reclamó que se garantizara su presencia en el momento de lectura de la sentencia.

Quizás, dentro de 20 años, Naredo o González crucen un semáforo en rojo y sean detenidos por casualidad. Eso, claro está, si CORREPI, que sí los está buscando, no los encuentra primero.

Próximas actividades.
Jueves 25, a las 14:00, en la Secundaria 93, Catriel y Olleros, La Tablada, charla debate sobre la represión en democracia.

Viernes 26, 16:00, en la Universidad de Moreno, charla panel sobre represión en democracia y gatillo fácil (organiza El Agite).