CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Cristian Farías, asesinado por la policía santiagueña.

A principios de 2003, la provincia de Santiago del Estero se convirtió en noticia nacional, a partir del “Crimen de la Dársena”. A los nombres de las víctimas, las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar, se fueron sumando los de sus asesinos, el jefe de policía Antonio Musa Azar y tres de sus subordinados, que las secuestraron y mataron para silenciar el entramado de fiestas negras en las que los hijos del poder (entre ellos, Musa Azar hijo) se cobraban el derecho de pernada con las hijas del pueblo santiagueño.

La indignación y movilización popular logró la caída del jefe político de Musa Azar, el cinco veces gobernador Juárez, y su mujer, Nina Aragonés. El gobierno nacional intervino la provincia, y designó para la tarea al ex fiscal Lanusse. A mediados de 2008, Musa Azar y los tres policías fueron condenados a prisión perpetua, y un cómplice civil a 22 años de prisión.

Pero el de Leyla y Patricia no era el primer crimen policial posterior a 1983 en Santiago del Estero. Los nombres de una infinidad de asesinados por el gatillo fácil y la tortura resonaban ya entonces en los barrios: la masacre del barrio Campo Contreras, en la ciudad capital, con la muerte de José Luis González y graves heridas a los jóvenes Federico Saracco y Pablo Alarcón; Rubén Edgardo Godoy, Ramón Rojas, Gustavo Norberto Cáceres y Mauro Lohaiza, muertos tras las rejas; los asesinatos de Osvaldo Britos y José Antonio Galván en Añatuya, etc.

Desde el asesinato de Leyla y Patricia en 2003, fueron 70 los nuevos nombres que Santiago del Estero sumó al listado de asesinados por el aparato represivo estatal, que ya no dirige el juarismo, sino el Frente Cívico por Santiago, que en diciembre pasado consagró gobernadora a Claudia Ledesma Abdala, esposa del anterior mandatario provincial, Gerardo Zamora.

Uno de los más recientes nombres, es el de Cristian “Tino” Farías (26), un mecánico, pintor y albañil del mismo barrio Campos Contreras de la recordada masacre de los ’90. El 20 de septiembre a la madrugada, Tino volvía a su casa en moto, junto con un chico vecino, cuando efectivos de la policía comenzaron a perseguirlos a los tiros. Uno de los móviles encerró la moto, lo que causó que se estrellara contra un poste de luz. Tino murió en el acto, mientras que el chico que lo acompañaba recibió graves heridas por los disparos y el impacto.

La versión oficial fue que nueve sujetos en una especie de grupo comando motorizado intentaron robar una motocicleta estacionada nada menos que en la vereda de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía , pero fueron sorprendidos por personal de civil del lugar y escaparon “en distintas direcciones”, aunque dejaron en el lugar una moto Yamaha 150. Los policías de civil llamaron a los uniformados. El personal de uno de los móviles, una camioneta Kangoo, avistó y persiguió una moto (la de Cristian), que “perdió el control por un badén e impactó con el cordón, se precipitó al piso y falleció en el acto”.

Naturalmente, el relato policial no explica que el pibe menor de edad tenga heridas de bala, lo que incluso llamó la atención al juez interviniente, que dispuso el secuestro del armamento policial. Aunque Cristian tenía sus documentos y los de la moto, la familia tuvo que encontrarlo a puro esfuerzo, sin que ninguna autoridad los contactara por horas.

Conscientes de que sólo con la movilización y la lucha popular podrán impulsar el reclamo de juicio y castigo a los responsables, los familiares de Cristian Farías se organizaron con sus vecinos, y vienen sacudiendo la siesta santiagueña con nutridas marchas, al tiempo que, a través de un familiar que reside en la ciudad de Buenos Aires, se pusieron en contacto con CORREPI, para visibilizar la denuncia pública desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo.

La última movilización fue el 16 de octubre, convocada con estas palabras: ¡Decimos Basta! Perdamos el miedo, no nos dejemos vencer por el temor y eliminemos esta mala policía asesina. Solos no podemos, pero entre todos y con un poquito de cada uno se puede. Que Nunca Más haya otro Cristian, que nuestros hijos puedan andar tranquilos y cuidados en las calles y por todos los casos de impunidad no resueltos hasta el día de hoy.

“Justicia” en el Indoamericano: cuando el sistema ni siquiera disimula.

La justicia democrático-burguesa tiene un mérito central para sus propios fines: ha logrado que, por primera vez en la civilización occidental, la justicia realmente aparezca como un concepto justo, neutral, desinteresado, abstracto y desapasionado. Ya no se trata del evidente antojo del rey, las crueles reprimendas del derecho canónico o la inapelable sentencia fascista. El estado capitalista logró que el cuento de una justicia justa y objetiva se hiciera carne e institución, disimulando apenas (pero con éxito) los clarísimos intereses de clase que le dan cuerpo y animan su tinta.

Pues bien, esa “justicia” llegó a los sucesos que tuvieron lugar en la toma del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010.

Como todos sabemos, la toma se dio en el marco de una situación insostenible de precariedad en cuanto a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires; es decir, una situación de pobreza, de necesidad extrema, de esa pauperización con que este maldito sistema intenta someter a quienes le sobran.

También sabemos todos que la policía (en operativo conjunto de la Federal y la Metropolitana , como para no dejar dudas) asesinó a tres personas en esos días: Rosemarie Chura Puña, Emiliano Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro.

Lo que sabemos, también, es que ningún policía está ahora imputado por esas muertes. No. La “justicia” democrática apunta a otro lado, hacia lo importante para ellos, y acusa entonces a aquellos que “usurparon” tierras, con posibilidades incluso de encarcelarlos durante largo tiempo. Super-lógico: cualquiera que desafíe el infame régimen de propiedad de la tierra atenta contra lo más neurálgico del monstruo, contra aquello que Locke y demás liberales encontraron como piedra angular de la vida en común; es un enemigo del sistema y debe ser castigado o eliminado.

La parodia judicial llega al punto de que las “pruebas” de la fiscalía descansan en declaraciones de integrantes de las fuerzas de seguridad actuantes, que, según el fiscal, fueron atacados y solamente se “defendieron”, aunque esa “defensa” incluyera el disparo de cartuchos de escopeta con proyectiles de plomo.

Desde CORREPI, nuestro más enérgico rechazo a la criminalización de la protesta, y la denuncia eterna de la impunidad policial, cuyas balas son disparadas, acompañadas o negadas por el aparato estatal al cual sirven.

Parque Pereyra Iraola: Gatillo fácil en bicicleta.

Trabajaremos sobre una noticia hermética, sin detalles esenciales, oscura, sospechada, emanada de la misma policía de la provincia de Buenos Aires:

El sábado 11 de octubre, a las 22.00, jóvenes armados, en un paraje interno del Parque Pereyra Iraola, se lanzaron sobre unos ciclistas para robarles las bicicletas. Entre los ciclistas se hallaba un subcomisario de la bonaerense, que dio la voz de alto, sacó un arma y disparó sobre los asaltantes matando a uno de ellos mientras los otros dos escaparon. El ladrón murió y el fiscal no detuvo a nadie.

¿Y si hubo peligro de robo pero no peligro de vida para los asaltados? Porque no hay rastros de enfrentamiento, sólo una ráfaga disparada por el subcomisario.

¿Y si la muerte se produjo de otro modo? Porque suena extraño que un policía haya dado la voz de alto policía, extrajera su arma y disparara varias veces casi simultáneamente a que tres personas armadas le estén sacando sus pertenencias, y, siendo siete personas las involucradas, ninguna otra haya recibido siquiera un raspón.

¿Y si el muchacho agonizó sin otra atención más que la mirada cómplice y los golpes finales de otros policías?

Porque nadie explica la deformación de su rostro, ni por qué la ambulancia llegó casi dos horas más tarde. Precisamente -y algo más que curiosamente- es la hora que apuntan como la de la muerte.

La justicia calificará como robo, lanzará la captura de los ladrones prófugos y archivará la causa. El homicidio no será investigado porque el fiscal Daniel Ichazo lo lavó con el remanido recurso de la legítima defensa que, se sabe, ni es defensa ni es legítima. Pero el fiscal dormirá tranquilo porque cumplió con la ley, abonando que su justicia, sólo es independiente de la Justicia.

Los medios no dirán nada más, nunca más, la función está cumplida.

El subcomisario Sebastián José Zabala seguirá en su puesto de jerarquía en el ámbito de la policía científica de San Martín, como ejemplo de lo que hay que hacer para encausar las “desviaciones” propias de un sistema que genera pobres y después los mata.

Mientras esto ocurre, en Varela, el barrio pobre dónde vivía el muchacho muerto, habrá un silencio fugaz, junto al temor y la desorientación y un par de bicicletas tiradas… A menos que alguien se plante, y decida organizarse detrás de las preguntas y dar la consiguiente pelea no sólo para conocer la verdad de este caso. Además, y fundamentalmente, para desenmascarar estas prácticas cotidianas del estado, que desde CORREPI, solemos llamar política.

Córdoba, de nuevo el comisario Suárez.

Unos meses atrás Alberto Fernando “Were” Pellico (18), fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio Los Cortaderos, de la ciudad de Córdoba. La versión policial indicó que el pibe, junto al primo, iba conduciendo una moto. Evitaron un control policial, los persiguieron, les dispararon. La versión oficial, nada más ni nada menos que la tan conocida “muerte en enfrentamiento” a la que nos tienen acostumbrados las fuerzas represivas del Estado. La realidad, un disparo a la cabeza, por detrás.

Los dos efectivos responsables por la muerte -Lucas Chávez y Rubén Leyva- están imputados por homicidio calificado y entorpecimiento de la investigación. Pero eso no es todo, hace unos días se conoció que Lucas Chávez tiene una imputación por otro homicidio en 2012.

Tal como ocurrió en ese momento, ambos policías cuentan con el apoyo y la defensa institucional, que se manifestó por parte del actual jefe de la Policía de Córdoba, Julio Cesar Suárez, quien no sólo desmiente constantemente los casos de gatillo fácil, diciendo que “la policía no pretende andar matando gente”, sino que también se ocupa de amenazar y patotear a los periodistas que cubren y denuncian la infinidad de allanamientos y represiones en los barrios más pobres de la ciudad y a los fiscales encargados de las investigaciones. Por supuesto, no hay que desconocer que la impunidad con la que actúa Suárez -fan de las declaraciones a través del Twitter- y la institución policial que representa es amparada por un sistema judicial y político cómplice que timonea y protege su accionar. Sin ir más lejos, el jefe policial, del que ya nos ocupamos en el Boletín pasado (nº 734), usó la cuenta oficial de Twitter de la Policía provincial para advertirle a un fiscal que investiga el operativo en el barrio Los Cortaderos “que deje de mentir” y que “se iba a encargar de él”.

Suárez, que se encargó de instalar un control policial cada dos cuadras y llenar de uniformados los barrios populares declaró que “los delincuentes saben que si salen a robar armados pueden tener la desgracia de terminar muertos”. Pues lo cumple a rajatabla. Al contrario de lo que continuamente afirman los medios de comunicación masivos o los sectores opositores al oficialismo en la provincia, en relación a la actitud destemplada del gobernador Juan Manuel de La Sota , quien debería mantener bajo control a la Policía de Córdoba, desde CORREPI denunciamos que esto no es así, ya que el accionar de la policía viene cumpliendo al pie de la letra la tarea que el sistema capitalista le encomienda, reprimir a los jóvenes y pobres para poder sostener la explotación de los trabajadores por parte de los sectores más ricos.

Esto se ve clarito en Córdoba, que en lo que va del año acumula por lo menos una decena de asesinatos entre casos de gatillo fácil y muertes por torturas en cárceles y comisarías que adquirieron visibilidad sólo como consecuencia de la organización y movilización de los familiares, amigos y organizaciones políticas y sociales que continuamente denuncian la represión estatal.

El asesinato de Were se suma al de Cristian Guevara, Walter Darío Arrieta, Pablo Nicolás Navarro, Lautaro Torres, Exequiel Barraza, Ezequiel Ávila y Leonardo Righini, entre otros.

Frente a los pedidos de reformas y de implementación de una política de seguridad democrática, o las campañas contra la violencia institucional por parte de organizaciones del oficialismo nacional o de la oposición provincial, desde CORREPI y el Encuentro Nacional Antirrepresivo seguimos otro recorrido -la denuncia y la movilización- porque creemos que la organización y la lucha es el único camino posible.

Más presupuesto para espiar y reprimir.

“Ley de leyes”, le dicen a la ley de presupuesto, porque es el resumen, traducido a partidas de dinero, de las prioridades que cada gobierno fija para el año entrante. El análisis de la forma en que se imputan los fondos públicos a las distintas áreas da una idea muy clara y concreta de lo que el gobierno de turno considera que serán sus necesidades más importantes en los siguientes 12 meses.

El presupuesto 2015 muestra sin tapujos cuáles son los principales “problemas” que el kirchnerismo piensa que deberá enfrentar en su último año de gobierno, lo que se refleja en las áreas para las que se destinan mayores recursos. No es sorpresa, para un gobierno que hace un año declaraba orgulloso por boca del entonces ministro de Seguridad Arturo Puricelli, que de 2003 a 2013 el presupuesto de seguridad se incrementó el 1.096%, que nuevamente los dineros para reprimir se incrementen.

Así, las partidas destinadas al área de área de Defensa superan los 25,2 mil millones de pesos, con un pico de un aumento del 31,8% para la más sensible de sus tareas: la inteligencia militar, dirigida por el genocida general Milani. Además, se prevé la modernización de aeronaves, tanques, mejoras en buques de guerra e incorporación de radares para el control del espacio aéreo, y, como siempre, los gastos para que los yanquis los entrenen: Las Fuerzas Armadas “tienen previsto para 2015 llevar adelante el adiestramiento del personal y el alistamiento de los medios para obtener aptitud y actitud operativa de los sistemas de armas, a los efectos de disponer de una capacidad de disuasión que posibilite desalentar amenazas que afecten intereses vitales de la Nación”. Y luego detalla que, para el ejército, está programada “la realización de 18 días de adiestramiento operacional en campaña y de 40 días en guarnición, 7 ejercicios conjuntos, 2 ejercicios combinados y 5 de fuerzas especiales”. De similar forma se prevén los ejercicios conjuntos de los que participarán la fuerza aérea y la armada.

En el área de seguridad, uno de los objetivos destacados se presenta como: “promover las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el equipamiento y la modernización tecnológica de las fuerzas federales, fortalecer los ámbitos de participación comunitaria, actualizar los protocolos de actuación, fortalecer el cuerpo de prevención barrial de la Policía Federal, fortalecer la actuación de las fuerzas federales en distintos operativos especiales como el Operativo Centinela, el Plan Unidad Cinturón Sur, y el Plan Integral de Seguridad en la Cuenca Matanza-Riachuelo”. Traducido: más militarización de los barrios, más control territorial de la policía, la gendarmería y la prefectura.

El área de Seguridad Interior recibirá un incremento de partidas particularmente significativo si se lo compara con la ejecución del año 2013, fundamentalmente para las funciones policiales en el área metropolitana. En el área del sistema penal, la repartición con mayores aumentos en su presupuesto no es otro que el servicio penitenciario, dineros que, ya lo sabemos, no se reflejará en comida ni alojamiento dignos para los presos.

Es indudable que el gobierno sabe que deberá enfrentar más luchas obreras, a las que tratará de frenar con fuerzas de seguridad más entrenadas y mejor armadas, y que, en los barrios, tendrá que redoblar sus esfuerzos para impedir que los padecimientos cotidianos a fuerza de ajuste e inflación empujen al pueblo descontento a la calle.

Próximas actividades:

Sábado 25 de octubre, a las 16:00, en la Plaza San Martín de Moreno: Informe de la Situación Represiva en Oeste, para denunciar lo que hace la policía con nuestros pibes. Radio abierta y bandas, anticipando algunos datos del Archivo de Casos y del Informe Nacional que presentaremos en Plaza de Mayo el 28 de noviembre a las 18:00.