CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

“¡Viva el estado de derecho!” Los pobres a la cárcel y los represores asesinos sueltos.

Otra vez, como ocurre semana a semana, seguimos contando pibe tras pibe asesinado por las fuerzas represivas del estado, a lo largo y ancho del país, mientras jueces y fiscales hacen lo imposible para amparar a los verdugos.

Hace un año, el 25 de septiembre de 2013, Nicolás Vázquez, de 18 años, fue asesinado en Lanús por el comisario Héctor Amarilla. Desde entonces, el aparato judicial avaló la versión del asesino: que el joven había robado una remera de un local y salió corriendo; que Amarilla, que hacía horas extra en el local, lo persiguió, y, tras un tiroteo, lo mató en defensa propia.

Pero hace poco se consiguieron las filmaciones de una inmobiliaria del lugar que demuestran, junto con un testigo, que lo que ocurrió fue bien diferente: nada de enfrentamiento; Nicolás estaba desarmado y Amarilla lo fusiló disparándole en el cuello cuando el joven intentó entregarse. El comisario se fue y luego volvió con la pierna herida para plantarle un arma al chico ya muerto. Ahora la causa por robo contra la víctima dejó su lugar a otra por homicidio, con orden de detención para el comisario. Claro que, a esta altura, Amarilla se escapó y está prófugo, como suele pasar con estos asesinos institucionales.

El 10 de octubre de este año, en San Martín, Mendoza, Brian Cuello, de 17 años, fue fusilado por el subcomisario Marcelo Gatica, en medio de una razzia en el barrio Ambrosio. El asesino no sólo está libre, sino que fue declarado inimputable por los forenses, que lo diagnosticaron como “obnubilado” debido a un piedrazo que recibió después del fusilamiento.

En Córdoba, otro asesino será juzgado por homicidio calificado, delito que prevé prisión perpetua, pero como es un cabo de la policía, también sigue libre. Se trata de Marco Antonio Sosa, que en noviembre de 2013, en el barrio Bajo Pueyrredón, asesinó a Alejandro Godoy, de 25 años. En medio de un conflicto entre dos vecinos, al que Alejandro permanecía ajeno, Sosa disparó su arma, dejando al joven en estado vegetativo durante 73 días, hasta que finalmente falleció. Los vecinos salieron a las calles a exigir justicia por Alejandro y fueron reprimidos con balas de goma.

Continuando con esta enumeración de impunidad: este jueves 24 fueron absueltos los tres policías imputados por el asesinato, en 2008, de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma. Este joven de 19 años estaba en un boliche del que fue sacado por la fuerza, fusilado por la espalda y su cadáver fue arrojado a 5 km. del lugar.

A su vez, en la unidad 42 de los penales de La Capilla, Florencio Varela, dos presos integrantes del proyecto Escuela, uno de primaria y otro de secundaria, aparecieron muertos. Uno de ellos, Miguel Ponce, murió de apendicitis al no ser atendido debidamente por el personal, pese a que había comunicado en repetidas ocasiones el pedido de tratamiento por su malestar. El otro detenido murió en una pelea con otro interno, el cual está con heridas graves. Como sabemos, estas peleas son algo común en las cárceles y son las más de las veces armadas por los propios guardiacárceles, que se valen de sicarios para librarse de los presos “molestos”. De hecho, los presos que participan del proyecto escuela vienen sufriendo acosos constantes del personal penitenciario, así como la baja de la matrícula.

En el penal de San Felipe, Mendoza, Jesús Alaniz López, de 20 años, también murió, en una pelea según la versión oficial. Sin embargo, nadie vio nada. Después de que se lo encontró, el 28 de septiembre, con una herida punzante en un ojo, que le causó un derrame cerebral, fue llevado al hospital donde por tres días permaneció registrado como NN, mientras su familia removía cielo y tierra para averiguar dónde estaba y en qué condiciones. Finalmente, murió el 8 de octubre. Estaba preso por un robo simple, y no había sido juzgado todavía.

El 12 de octubre, en la comisaría de Orán, Salta, apareció muerto el detenido Eusebio Cardozo, tras recibir una golpiza y sufrir un ataque de epilepsia.

Mientras tanto, en La Pampa, el fiscal Jorge Amado y el abogado del policía asesino Osvaldo Pérez acordaron un juicio abreviado a propósito del asesinato del cazador Matías Ramos, ocurrido hace cinco años. Con el juicio abreviado, Osvaldo Pérez será condenado por homicidio culposo (accidental), con una pena mínima y en suspenso. Recordemos que Matías recibió un tiro en la frente, al pasar su camioneta al lado del patrullero. ¿Dónde cabe la posibilidad de un supuesto “accidente”? Ni siquiera la planteó el asesino en su primera versión, que fue, apoyado en pruebas plantadas, la tan típica de la defensa propia en un “enfrentamiento”.

La familia de Matías, encabezada por su hermana Carolina, está convocando a una marcha de repudio este miércoles 29 de octubre, a las 9:00, en el centro judicial de Santa Rosa.

Por otra parte, y finalizando por ahora con esta seguidilla de medidas judiciales al servicio de la impunidad para los que reprimen día a día, el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires revocó la resolución que negaba la libertad condicional para el ex sargento Justo López, condenado a perpetua por asesinar en la tortura a Miguel Bru el 17 de agosto de 1993 en La Plata. Recordemos que Miguel sigue desaparecido. El asesino ya gozaba de salidas transitorias y ahora saldrá en libertad.

Cristina y su filiación (Groucho) Marxista: la reforma del Código Procesal Penal.

CFK es marxista, se sabe, grouchomarxista. Fue Groucho quien dijo: “Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. El kirchnerismo, arrinconado por cierta pérdida de consenso y obligado a tomar una postura frente a los típicos dilemas que se presentan ante el ajuste y los reclamos crecientes de la clase trabajadora, decidió reformar el Código Procesal Penal de la Nación, incluyendo normas, y sus correspondientes conceptos subyacentes, que claramente se orientan hacia la derecha y desmienten definitivamente, si es que hacía falta, la debilidad de los discursos “progresistas” que el gobierno declama hace más de 10 años.

La presidenta dedicó una cadena nacional a presentar este proyecto de reforma, y el recorte elegido para hacer dicha presentación ya denota la intencionalidad política de la reforma. Berni, el vocero oficialista de la lucha contra la “inseguridad” (una vez que este tema se tornó primordial a la hora de pensar en las urnas), hace años que está denostando al aparato judicial, acusándolos de garantistas y suplicándoles que dejen encerrados a todos los “delincuentes”. Pues bien, éste es el regalo de Cristina para él, o en todo caso la revelación de las parodias del kirchnerismo.

Entonces los inmigrantes se tornan (tal como lo pide la derecha desde siempre) un chivo expiatorio y el Estado Argentino los expulsará cuando los encuentre delinquiendo in fraganti, medida que contradice al propio sistema migratorio tan vociferado por el propio gobierno, ya que en el país se permite el ingreso de extranjeros con antecedentes penales en tanto no se trate de una sentencia firme.

Por otro lado, se refuerza el concepto de prisión preventiva (herramienta infame en su esencia y, mucho más, en su utilización jurídico-política). Luego de una “correcta” definición del principio de inocencia, el proyecto de reforma, en el art. 185, dedicado a la prisión preventiva, amplía las dos causales vigentes, determinando que “…Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias, naturaleza, conmoción social del hecho y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código…”. El nivel de subjetivismo que supone el criterio otorga más poderes a la burguesía para encerrar a quienes le sobran al sistema o a quienes lo cuestionan. Como el tema de la reincidencia, que será determinante a la hora de definir la prisión preventiva de quien registra antecedentes, es toda una expresión del derecho penal de autor, de la selectividad del sistema penal, y otra muestra de hasta dónde llega la dura cara del progresismo.

Se incluye a la conmoción social como una de las acciones de excepción que permite utilizar la herramienta que, según los propios autores del proyecto, debería ser la excepción y no la regla. ¿Se imaginan los usos políticos de la expresión “conmoción social”? ¿Se imaginan quiénes van a poner, una vez más, los presos?

Cabe aclarar que el proyecto oficialista no carece de un cínico humor. En el art. 15 se prescribe que no se podrán alojar presos en “lugares no habilitados o en sitios donde no reúnan las mínimas condiciones de salubridad”. ¿Qué piensan hacer entonces con todas las prisiones y comisarías del país?

Celebramos el 7º plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo.

Los días 11, 12 y 13 de octubre, organizaciones populares antirrepresivas de todo el país nos dimos cita en la ciudad de Córdoba para realizar un nuevo plenario del ENA en vistas a seguir intensificando y estrechando lazos, así como potenciar propuestas para combatir con mayor éxito y solidaridad la represión del Estado.

Rosario con los compañeros de la CADH (Comisión Antirrepresiva y por los DDHH); Mendoza con la Sociedad de Resistencia y Oficios Varios; Mar del Plata con el FAM (Frente Antirrepresivo de dicha ciudad); Córdoba con la Coordinadora Antirrepresiva y sus invitados de la Coordinadora Anticarcelaria y el Colectivo El Guiso, y Buenos Aires, con CORREPI, nos reunimos en la Biblioteca Popular Bella Vista, espacio social que integra la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba.

Fueron dos días muy intensos de debate e intercambio exponiendo el panorama antirrepresivo en nuestros lugares de origen: cómo se desarrolla la represión en los diversos territorios y cuáles son las diferencias y similitudes según los discursos y modelos que nos proponen los diferentes gobiernos provinciales y municipales, pero que, en definitiva, siguen echando inmensos números tanto en muertes, como torturas, detenciones arbitrarias, causas armadas, etc.

Luego de las caracterizaciones de cada espacio y territorio, nos inclinamos hacia la elaboración de propuestas colectivas y simultáneas en la agenda represiva del ENA. Algunas como el Archivo Anual de Casos hacia fin de año, tendrán su réplica desde la Patagonia al Litoral. Un mes de agite y propaganda visibilizando las políticas de Estado en materia de su seguridad (y no la nuestra), hacia marzo de 2014, con miras de poblar nuestras calles de carteles, pintadas, intervenciones y marchas que denuncien la realidad que el sistema sostiene y niega.

El próximo encuentro se definirá en poco tiempo, pero con un fuerte deseo de poder realizarlo en la Patagonia, permitiéndole a los sureños incorporarse con menos obstáculos y así expandirnos y crecer con fuerza y convicción.

Porque la lucha es de todos y contra uno sólo: Nuestros pueblos contra la represión del estado.

Marcha de la Gorra trucha…. o de cómo las apariencias engañan.

Como una ilusión, una visión deformada de la realidad y bajo la consigna “Los pobres también tenemos derecho”, sectores afines al gobierno organizaron, el 20 de octubre, lo que llamaron “Marcha Nacional contra la Gorra”, usurpando el nombre de la movilización popular contra la represión que hace 8 años se realiza en Córdoba y que este año se viene proponiendo nacionalizar en la fecha tradicional, 20 de noviembre.

Inscripta en la denominada “Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional”, los dos ejes convocantes de la marcha desde el Departamento Central de la PFA en la ciudad de Buenos Aires al de la Bonaerense en La Plata, fueron “Contra la violencia institucional” y “Por la democratización de las fuerzas de seguridad”.

Así como el carácter de familiares de víctimas de muchos marchantes, el oportunismo de algunos convocantes no se ponen duda. Aunque no es eso lo más grave. Lo grave es la confusión que esconden las apariencias.

Lo que parece pero no es, eso es una apariencia.

Pertenecer, formar parte del corazón del estado que administra nuestra sociedad dividida en clases, naturalmente desigual, naturalmente injusta y naturalmente violenta, y al mismo tiempo intentar despegar de sus naturales efectos en un extraño arte de birlibirloque institucional, es decididamente lo que debe denunciarse.

Porque comandar administrativa y políticamente a la policía, y, al mismo tiempo, proponer una marcha en su contra haciendo hincapié en su presunta autonomía, es un intento de relegitimar inteligentemente lo que a ella le ordenan que haga.

Llamar “violencia institucional” a lo que hace la principal fuerza disciplinante estatal contra la clase trabajadora, es un recurso ingenioso para ocultar el carácter sistémico, recurrente, organizado y justificado que ese accionar entraña. No es violencia institucional lo que sufren los pobres, sino represión.

Un muerto cada 28 horas en manos de la institucionalidad, no es equiparable a un cataclismo como parece aludir esa definición. A poco de andar y descubrir que esos muertos son jóvenes y pobres, que se multiplican año tras año, que sea cual sea el modelo que los partidos patronales ofrecen a la población para administrar los intereses de unos pocos, los resultados son los mismos, lo que llaman “violencia institucional” es sencillamente lo que desde CORREPI denominamos REPRESIÓN.

En esta etapa, el kirchnerismo es el responsable político de esa represión.

Y si para muestra alcanza con un botón, el 1096% de aumento que aplicó la gestión K en materia de seguridad está destinado también a la producción de estas consecuencias. Ocultarlo, deformarlo, es una manera de negarlo y con ella también se abonan las apariencias.

No habrá campaña contra “violencia institucional” que valga si no hay verdadera lucha antirrepresiva. Y para eso hay que enfrentar a quien comanda la represión.

Pero, además, plantear que ante la represión lo que corresponde es “democratizar a las fuerzas de seguridad” es ingresar en una discusión bizantina, no por lo complejo, sino por lo inútil.

Es en el fin perseguido por la institución policial que debe hallarse la innecesariedad de la proclama. Así como la represión forma parte del complejo universo del disciplinamiento social, la lucha de clases es lo que la determina. Y en esa lógica de permanente tensión, es absurdo pretender que la principal fuerza de choque de que dispone el estado va a cambiar en su cometido por el mero hecho de permitir la deliberación o el aprendizaje de Derechos Humanos. La ilusión, es una de las peores consejeras cuando de la lucha de clases se trata.

La realidad admite apariencias, pero éstas no la transforman. Si algo parece, no es. Y si la realidad marca que en la “década ganada” se produjeron más del 60% de las muertes en manos institucionales de 1983 a la fecha, será difícil que quienes comparten esa responsabilidad la cambien a partir de su deformación.

Los muertos están todos del mismo lado. Los unen la pobreza y la represión.

Lo único cierto de la convocatoria, entonces, es que los pobres también tienen derechos. El primero, quizás, sea, el derecho a no ser usados.

Para la represión no hay ajuste.

En horas de la tarde del jueves 23, los trabajadores de la autopartista LEAR fueron, una vez más, reprimidos mientras reclamaban por la reincorporación de más de 35 compañeros. Está vez, las balas del estado llovían por todos lados y a pocos metros, otros compañeros fueron arrancados a palazos de sus autos y hubo detenidos. El saldo fue más de 20 heridos, seis de ellos hospitalizados y más de 20 compañeros detenidos por la Gendarmería.

El gobierno, la burocracia y las fuerzas de seguridad actúan defendiendo los mismos intereses: el estado, con el gobierno kirchnerista a la cabeza, garantizó el despliegue de un operativo que se realizó de forma conjunta por la Policía Federal y la Gendarmería; por su parte, la burocracia del SMATA no permite el desarrollo de las asambleas y persigue a los delegados, con el objetivo de callar el reclamo.

La necesidad del pueblo trabajador de profundizar sus luchas en un período siempre signado por los reclamos sociales como es el fin de año, ya hizo que el gobierno nacional, a través de su secretario de Seguridad, Sergio Berni, ponga en alerta a las fuerzas de seguridad nacionales y suspenda todas las licencias anuales durante diciembre y enero. Al mismo tiempo, más de mil gendarmes destinados a diferentes puntos fronterizos están siendo trasladados hacia Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los puntos del país más sensibles en materia de estallidos posibles. Y, como para tener una idea más clara de cómo se preparan para reprimir, ya han ordenado a las fuerzas armadas brindar “apoyo logístico”, como trascendió puntualmente en el caso de Córdoba.

En el área metropolitana, Berni y el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, co-dirigirán un comando conjunto de operaciones para coordinar acciones de la PFA, gendarmería y prefectura con la Bonaerense.

Una vez más, el gobierno que cuenta en su haber con una veintena de compañeros asesinados por luchar –de un total de 69 desde 1983-, y más de 2.600 casos de pibes fusilados y muertos por torturas –de un total de más de 4.300-, demostró que sus intereses están del lado de las patronales, porque cuando los trabajadores salimos a exigir lo que es nuestro, la respuesta que recibimos del gobierno son las balas y los palos, la persecución y la criminalización.

Próximas actividades.

Jueves 30 de octubre, 10:00, movilización a los tribunales de Comodoro Py contra la extradición y por la libertad del compañero peruano Oswaldo Quispe.

Lunes 3 de noviembre, 9:30, empieza el juicio oral contra el delegado de FATE Víctor Ottoboni, en Moreno 623 esq. Tres de Febrero, San Isidro. Siguen las audiencias el 4, 5 y 6.

Jueves 6 de noviembre, en Tacuarí 138, comienza el juicio a delegados de ATE Desde Abajo.

Sábado 8 de noviembre, 18:00, charla sobre represión al movimiento obrero en Pilar, PRT y FORA Zona Norte.