CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Ottoboni absuelto: otro triunfo de la lucha popular.

Hace casi tres años y medio, un vigilador privado de la empresa ARPA, que terceriza los servicios de seguridad en la planta de FATE de San Fernando, acusó a un grupo de delegados, de los que identificó a tres con nombre y apellido, de amenazarlo de muerte a él y su familia, y de lesionarlo gravemente. Asistido por un abogado de la empresa de neumáticos, hizo la denuncia penal y se constituyó como querellante. El fiscal de San Fernando, Oscar Núñez Barreto, tomó los dichos del vigilador a libro cerrado, y convocó a indagatoria a los tres delegados, Ariel Godoy, Alejandro Crespo y Víctor Ottoboni. Allí comenzó la pelea por su defensa, que fue asumida en conjunto por CORREPI y CeProDH.

Apoyados a cada paso en la solidaridad y la movilización, fuimos ganando batallas parciales. Primero, logramos que no se avanzara sobre el resto de los delegados. Más tarde, y en una jornada que convocó frente a la fiscalía de San Fernando a centenares de compañeros de las principales fábricas de la zona, obtuvimos el sobreseimiento de los delegados Godoy y Crespo. La patronal centró su ataque, entonces, en el compañero Ottoboni, y sumó a la causa penal un pedido de desafuero basado en la misma historia.

Durante todo el proceso, una y otra vez contamos lo que había sucedido: en una jornada de paro, en el marco de un fuerte conflicto gremial por discusiones paritarias y en contra del intento patronal de instalar el peligroso sistema de “trabajo continuo”, la empresa mandó una patota de carneros, vigiladores privados y capataces para tratar de quebrar a los obreros. Interceptaron a Víctor, Alejandro y Ariel a la salida de los vestuarios y los provocaron, intentando aislarlos de los demás trabajadores. Los compañeros no se amedrentaron, lograron pasar el cerco de matones con el apoyo de otros delegados de la planta y la seccional que acudieron a apoyarlos, y reingresaron a la planta para denunciar lo ocurrido en asamblea.

En las tres jornadas del juicio oral, que empezó el 3 de noviembre, quedó al descubierto la maniobra. Frente a las contradicciones y vacilaciones del acusador y de sus testigos, todos parte de la patota, se alzaron las voces de los trabajadores y delegados de FATE y de la seccional San Fernando del SUTNA, que como un solo puño demolieron la mentira. El lunes 10, la jueza Andrea Pagliani, aunque se negó expresamente a pronunciarse sobre la sostenida política de hostigamiento a los trabajadores organizados que denunciamos en los alegatos, tuvo que absolver al compañero, después de admitir que ni el fiscal ni el denunciante habían probado una sola letra de su oscura versión.

Aún más importante, la sentencia reconoce que la causa se inició en el marco de un conflicto gremial, al punto que se hizo lugar a tres reclamos de la defensa: el fallo deberá ser notificado al juzgado que tramita el pedido de desafuero de Víctor; al ministerio de Trabajo de la Nación para a su vez informarlo a la OIT, y al ministerio de Seguridad provincial, ya que la ley que regula el ámbito de actuación de las agencias de seguridad privada prohíbe su intervención en conflictos sindicales.

La absolución del compañero es un nuevo triunfo popular que no hubiera sido posible sin la larga campaña por su defensa, que cada trabajador asumió como propia, consciente de que era un ataque a la clase en su conjunto. Confirmamos, con este resultado, que el camino obligado es el de la lucha colectiva, la movilización y la solidaridad incondicional.

​​​Que no nos falten.

Los asesinatos de esta semana vienen completitos: tres fuerzas diferentes como protagonistas y con estrategias disímiles en el modus operandi, pero dejando a la vista lo que con insistencia y convicción denunciamos: que es todo un aparato al servicio de la clase que nos oprime, instrumentado desde el Estado, garantizado con armas y expedientes.

La primera víctima se llamaba Franco Godoy y estaba alojado en el pabellón 3 de la Unidad Penal n°42 de Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires. En medio de unas semanas convulsionadas por peleas entre detenidos, fuertes requisas y graves denuncias por los tormentos padecidos, el martes por la tarde Franco intentó comunicarse con una fiscalía porque sabía que otro preso quería eliminarlo. La comunicación fue interceptada por un jefe de los talleres que lo oyó decir “¡sáquenme de este pabellón que me van a matar!”. Recién al otro día un guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense se acercó preguntando si todo estaba bien y ante la respuesta afirmativa, dio por terminada su tarea y función. Minutos después Franco era asesinado. Abandonado con total impunidad por el SPB, su muerte evidencia que los perros no velan por su salud ni su integridad, los perros son guardianes del orden que nos quiere bien muertos.

La segunda víctima, Sergio Miguel Vera Báez (36), de Dock Sud, fue fusilada por un militar retirado del Ejército Argentino de 51 años, cuya identidad no fue difundida. El hecho ocurrió en Avellaneda el 1º de noviembre, cuando, según la versión oficial, “un delincuente en moto intentó asaltar a un matrimonio en la intersección de las calles Dr. Héctor Sande entre Estanislao del Campo y Ricardo Gutiérrez, la mujer había descendido del colectivo de la línea 10 y antes de entrar a su domicilio fue seguida por dos motos. El esposo había salido a esperarla con la intención de acompañarla por los posibles robos que se producen en la zona y se encontraba armado, portando una pistola Glock calibre 9 mm”. Este buen vecino, que se defiende a tiro limpio cual inexperto principiante al que la conmoción lo desborda –atrás quedó la precisa y heroica formación de años de servicio- le dio dos tiros en el pecho, uno en la pierna izquierda y otro rozando la cabeza. Claro que el arma atribuida a Sergio Vera no apareció, por lo que el militar recurrió a la segunda parte de la historia oficial: seguramente algún cómplice del muerto volvió a buscarla. Naturalmente, también, el fiscal ya dio la bendición de la legítima defensa.

“La Matanza: acorralado por la Policía, se pegó un tiro en la cabeza. Persecución y tiroteo en el conurbano” dijo la prensa, y nos trajo como banquete a la tercera víctima asesinada por otra fuerza: la Bonaerense, el 30 de octubre en Ramos Mejía. Darío Leonetti vivía en la villa Puerta de Hierro del barrio San Alberto de ese partido. Con otro pibe, intentó robar a una mujer que entraba en su casa. La mujer se encerró en la casa y llamó al 911. La policía cuando los chicos estaban huyendo. No dudaron en hacerles comprender que el control lo tienen ellos: les tiraron y mataron a uno, el otro pudo escapar. La causa fue caratulada como “tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, y homicidio” y, de nuevo, naturalmente, si agarran al que se escapó, cargará con el paquete completo, incluida la muerte de su amigo.

¡Absolución de Mariano Skliar y Humberto Rodríguez!

El 6 de noviembre, ante el Juzgado Contravencional N° 10 de la ciudad, se inició el juicio contra el compañero Mariano “Maro” Skliar, Delegado General de la Junta Interna de ATE en Promoción Social y Humberto “Pitu” Rodríguez, Secretario Gral. Adjunto de ATE Capital, represaliados con esta causa por el gobierno de Macri por ser referentes sindicales de la lucha contra la precarización laboral en la ciudad.
El conflicto se inició hacia fines de 2012, en el marco del reclamo por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios, que estaban cobrando para ese entonces entre $3.000 y $3.500, sumado al pliego de reivindicaciones que enfrentan aún hoy dicha. Actualmente, el 35,4% de los trabajadores del estado en su conjunto se encuentran en situación de precarización laboral.

Ante la negativa y el abierto incumplimiento de las negociaciones por la paritaria central y los ministros del GCBA, se resolvió realizar un paro de 24 horas, con movilización a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, como fruto de la lucha, se logró un avance en cuanto al aumento de salarios. Sin embargo, como bien sabemos, para los funcionarios del estado no hay mal que por bien no venga: aunque la lucha arranque un derecho que debiera estar garantizado, el ejemplo debe ser gráfico en lo que a disciplinar se refiere (nada es gratis). Así, el saldo de las jornadas terminó con los dos delegados de mayor visibilidad durante el conflicto encausados por ejercer el legítimo derecho a huelga en defensa de los intereses de los trabajadores.

Éste es un ejemplo más de los métodos que emplea la política represiva del estado, desarrollada con creces por la presidenta de la Nación a principios de año en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y aplaudida de pie por todo el auditorio de la oposición patronal, explicitando cuan imprescindible es el marco de acuerdos entre los distintos sectores de la burguesía cuando de reprimir al pueblo trabajador se trata. Una misma política de criminalización de la protesta expresada hoy en la larga lista de los más de 5.000 compañeros judicializados por luchar en todo el país, y bajo los más diversos colores de gobierno.

En este sentido, no nos sorprenden las prioridades de la fiscal de turno, quien marcó el criterio del gobierno nacional pidiendo la absolución a Humberto Rodríguez -militante oficialista de la corriente 2021, parte de Unidos y Organizados- y en cambio, pidió días de arresto para el compañero Maro Skliar, delegado de base y uno de los referentes de la agrupación clasista ATE Desde Abajo. Más claro, agua.

El próximo jueves 13 de noviembre conoceremos la sentencia. Nos encontramos a las 08:00 en Irigoyen y 9 de Julio para movilizarnos a los tribunales de la calle Tacuarí, para exigir la absolución de los dos compañeros, porque no distinguimos en ello su pertenencia política, sino que vemos en este proceso un ataque a la clase trabajadora en su conjunto.

La policía en el crimen organizado: caja chica y control social.
Esta semana se conocieron varias noticias “delictivas” (siempre recordando los aspectos valorativos, clasistas e ideológicos que subyacen al concepto de “delito” tal como lo conocemos) en las cuales integrantes de las fuerzas de seguridad tienen un papel estelar, que actúa en muchos casos como condición de posibilidad del hecho mismo.

Veamos: por un lado, policías ladrones y secuestradores de Tres de Febrero y de Gral. Rodríguez, pertenecientes a un grupo organizado, descubiertos por sus colegas luego de una denuncia al 911, en Moreno; por el otro, un sargento de la Comisaría 27ª cae como líder en Bajo Flores de una banda de narcotraficantes. Y la agencia Telam nos informa que, en Santa Fe, un hombre fue encontrado con un arma, detenido y llevado a la comisaría 7ª. Allí, dos oficiales lo dejaron en libertad con el compromiso de que regresara a los 45 minutos con $2.000. El hombre reunió $1.300 y acordó que volvería con el resto, pero antes hizo la denuncia en la fiscalía. Se realizó una entrega “controlada” del saldo, con dinero marcado, con lo que se pudo acreditar el delito. Claro que los extorsionadores no están presos. Apenas si en disponibilidad, cobrando algo menos de sueldo y sin trabajar.

La semana pasada también comentábamos un caso, y, si nos remontáramos hacia atrás, boletín por boletín y de forma indefinida, encontraríamos cientos o miles. Ahora bien, este no es el mayor problema; lo peor es que si nos “remontamos” hacia el futuro, también los vamos a encontrar.

La policía no sólo tiene el crimen “enquistado en la Institución”, tal como se suele decir eufemísticamente en la prensa; la policía posibilita, fomenta y perpetra el crimen organizado, es el crimen organizado, y no por una mera devaluación moral o corporativa, sino también por la premisa institucional de recaudar y controlar.

Que agentes de las fuerzas de seguridad aparezcan implicados en asuntos de drogas o secuestros extorsivos ya no sorprende a nadie, al menos en cierto sentido: son chorros que en cualquier jugada que pague bien se anotan, entre otras cosas porque, merced a su función formal, saben de todas esas jugadas.

Ahora bien, esto no se agota en lo económico ni se puede analizar desde el reduccionismo del tipo: “y claro…tienen para elegir si son chorros o policías, pero es lo mismo”. Por el contrario, este tipo de acciones también evidencian otras formas del control social que las fuerzas de seguridad en tanto instituciones llevan a cabo.

En una sociedad donde el delito y la transgresión a la ley es gerenciada desde el propio estado que la dictó para abajo, en la cual lo que se llama corrupción o llana delincuencia es un hecho impuesto y extendido, casi una lógica (desde la coima exigida para obtener un registro hasta la delincuencia legalizada de tantos comerciantes), la policía va a tomar su tajada, pero no únicamente en términos monetarios sino también organizando el delito, reclutando pibes para robar para ellos, cobrando sumas para permitir actividades prohibidas, demostrando todo el tiempo (siempre en barrios pobres, generalmente frente a “peces flacos”, en niveles superficiales si se quiere, de “chiquitaje” si se considera la perspectiva general de actividades ilegales) quién es el que manda en los barrios, en la calle; quién es el que manda siempre (si no es evitando el delito tal como se le pide, pues lo será participando de él), quien controla todo, sea ese todo legal, ilegal o una bandada de bellos gorriones “diamantes de Gould”.

Algo más sobre la reforma al código de procedimientos penal.

Todo el andamiaje legal es legitimador de las relaciones que el sistema capitalista impone. La ley, lejos de ser un recurso del que disponemos todos en iguales términos y condiciones, es una herramienta destinada a satisfacer las necesidades de quienes dominan.
En esta lógica, que incluye privilegios por pertenencia de clase, la burguesía sabe que la ley es un instrumento inmejorable para disciplinar a quienes atenten contra su principal preocupación, proteger y salvaguardar el derecho a la propiedad privada que esgrimen como el principal y excluyente de todos los derechos.

En una sociedad que vive en permanente tensión, con el 30% de su población empobrecida, con sus trabajadores peleando a la precarización y a la tercerización laboral, con una inflación que supera en más de diez puntos a la media de las paritarias, la burguesía tiene en claro que debe ajustar sus normas de “convivencia”.

Entonces lanza sobre nosotros una reforma legal que expresará en el código lo que ya tenemos en las calles: profundización y salto cualitativo del despliegue represivo del estado, políticas criminales que seleccionan a los pobres y criminalizan su cotidianidad y su protesta.

La reforma contempla una mayor persecución de los pobres: propone que se expulsará a los extranjeros “ilegales” que cometan delitos menores y sean sorprendidos “in fraganti ” (con las manos en la masa). ¿Quién ignora que la indocumentación que tilda de ilegal a una persona, es un problema que aqueja a muchos hermanos que viven en las barriadas más humildes? ¿Cómo no vincular esto a las tomas de tierras y de fábricas, o los cortes de ruta para reclamar derechos arrasados por la voracidad del capital, todas conductas que el Código Penal castiga con esas penas menores a las que hace alusión la reforma?

Un empresario extranjero que vacía o quiebra una empresa no recibirá el mismo trato, un funcionario que se presta a la coima o a corrupciones varias, tampoco. Ellos nunca son “ilegales”.

La reforma apunta, además, a estigmatizar al pobre: establece que la reincidencia será suficiente elemento para dictar la prisión preventiva. Es decir, si alguna vez fue condenado, de ahí en más será “casi” culpable, porque aunque después se demuestre lo contrario, la espera funcionó como pena anticipada.

La reforma concede el poder absoluto de los jueces sobre los pobres: podrán decretar la prisión preventiva si consideran que el caso trae aparejado “conmoción social”. Pensemos en el corte de ruta con el gendarme carancho provocando. Si el juez entiende que es un caso con aquella repercusión… ¿qué pasará con los trabajadores detenidos?

En todos los casos, los discursos justificantes se basan en la inseguridad. La clase trabajadora sufre las consecuencias de una sociedad que se estructura en la injusticia y la explotación, en el consumismo y la alienación y es en ese marco en el que debe leerse la cuestión de la inseguridad. La burguesía está empeñada en que los propios trabajadores adopten su modo de mirar el tema. Y a través de los medios de comunicación también lo instalan.

Pero no será con leyes que cambiará la cosa. Mucho menos con estas leyes. Toda propuesta de endurecer las respuestas del estado siempre se han vuelto contra los trabajadores. Sólo con lucha organizada se revierte la cuestión. Esa lucha que alguna vez convierta en ley la igualdad y solidaridad entre los trabajadores y les permita a ellos decir qué es delito y qué no.

Próximas actividades.

Jueves 13 de noviembre, a las 8:00, concetramos en Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, para luego movilizarnos a las puertas del Juzgado Contravencional Nº 10, Tacuarí 138, y exigir la absolución de Maro Skliar y Humberto Rodríguez de ATE.

Viernes 14 de noviembre, desde las 21:00, Peña Antirrepresiva en la Casa de los Trabajadores América Despierta. Música en vivo y barra baratita. Entrada $15. Si comprás la AGENDA CORREPI 2015 las entrada es gratis.

Sábado 15 de noviembre, 15:00, en la plaza San Martín de La Plata (7 y 51), Informe anual de la situación represiva en zona sur.