CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Por qué tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes.

En de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. Enseguida, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.

Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, trajo la propuesta: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Cerca de fin de año, habíamos reunido datos de 262 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. Allá nos fuimos, un puñado de compañeros con un megáfono y el recién nacido ARCHIVO DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL abajo del brazo.

La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto vimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo.

Dieciocho años después, el acto anual de CORREPI en Plaza de Mayo se ha convertido en la instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca a la militancia de todos los sectores y a muchísimos compañeros y compañeras que nos acompañan cada año.

Este viernes 28 de noviembre, estaremos desde temprano, armando stands, colgando guirnaldas con las fotos de los pibes, llenando de banderas y pancartas la plaza. A las cinco de la tarde empezarán las intervenciones artísticas con el aporte invalorable de las organizaciones culturales compañeras que siempre están con nosotros. A las seis, empezará el acto, con los referentes de las más destacadas luchas obreras del año; con los espacios de coordinación donde hacemos el tan necesario aprendizaje de la coordinación y la unidad de acción frente al enemigo común; con las organizaciones hermanas del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). Luego, el momento de los “datos duros”, como dicen los periodistas. Duros porque nos matan un pibe por día en las barriadas, duro porque el 51% tenían menos de 17 años, duro porque en la Puna, la Patagonia, la Cordillera o el Litoral, la represión es política de estado.

Y los compañeros familiares, que harán su intervención marcados por las dos grandes ausencias que nos dejó este año, Delia y Mary.

Tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes, porque tenemos que ir. Por cada pibe asesinado, por cada trabajador represaliado, por las compañeras que no están, por cada compañero que sigue firme en la lucha. Los esperamos.

Cristina va de Shopping y le compra juguetitos a Milani.

El gobierno nacional “admitió” la comprar millonaria de equipos de espionaje para el Ministerio de Defensa… esto es: nuevos juguetes para el general Milani, el mismo que defienden Cristina, La Cámpora y ahora hasta Estela de Carloto, destinados a intervenir mails y comunicaciones telefónicas.

Los nuevos equipos, deudores de la última tecnología, sirven por supuesto para realizar “inteligencia”, ese eufemismo que utilizan los gobiernos burgueses para nombrar el espionaje, la infiltración y todo tipo de violación de los derechos individuales con fines eminentemente políticos.

Esta incorporación se da en el marco de un aumento de presupuesto del ministerio en cuestión, que pese a las patéticas defensas ensayadas por el títere Capitanich denota la atención que presta el gobierno “del consenso” a aquellos sectores y organizaciones que precisamente no se pliegan a tal consenso.

¿Cuál podría ser la excusa perfecta, la justificación, para estas compras? Por supuesto: “los delitos complejos”, esa abstracción que maneja el discurso estatal democrático para operar como la CIA o la KGB contra los que se considera enemigos.

Pero no, se necesita algo concreto, algún latiguillo que suene más convincente, y entonces aparece la palabra mágica: narcotráfico, y listo, con eso se acalla cualquier duda y se sigue pertrechando a los verdugos del estado con dispositivos que oscilan entre el panoptismo más abyecto (puesto que está basado en última instancia sobre la protección de la libertad de la ciudadanía) y la farsa que ya conocemos en torno al tráfico de drogas, en el cual las fuerzas de seguridad y el poder políticos son protagonistas centrales e imprescindibles, como observamos semana tras semana.

Resulta conmovedora la defensa de Capitanich, haciendo referencia a la dependencia respecto del Poder Judicial en estos casos y, sobre todo, a la operación política que supondría el cuestionamiento de las compras, operación que “pretende enlodar la actividad pública, prístina y transparente del gobierno nacional” (sic).

Pobre Cristina: va de Shopping con la tarjeta en llamas, compra lo que le piden para “limpiar la patria” y encima la difaman…. así no hay “democracia” que funcione.

Gatillo fácil acá, y allá, en el norte.

La actualización de nuestro archivo de casos es una ardua tarea que desarrollamos en forma militante, con la intención de generar una herramienta que permita entender con mayor claridad a qué nos referimos cuando hablamos de una política de estado.

Esta actividad se ve complejizada por el siempre constante accionar represivo. Esta semana, a días de presentar nuestro archivo anual, seguimos sumando casos. Tal es el caso de Diego Gauna, un joven de 29 años de la provincia de La Pampa.

Diego había concurrido al autódromo de Toay, donde se corría una fecha de la categoría “zonales”. Venía sufriendo problemas con las drogas y el alcohol (su autopsia reveló un agudo grado intoxicación), y tuvo un altercado con otros concurrentes. Fue golpeado por varias personas en dos oportunidades. La policía, presente en el lugar, no sólo no intervino al momento de los incidentes, y dejó que le propinaran a Diego una terrible golpiza, sino que su intervención posterior, lejos de asistirlo, lo condenó a muerte. Lo detuvieron y cargaron en el patrullero. Diego llegó muerto a la comisaría.

Y como en casa, en EEUU el asesinato de jóvenes parece ser un deporte policial por excelencia, y mejor aún si son negros. Así trascendió últimamente en los medios con el caso de Michael Brown, el joven de 18 años asesinado de seis disparos, en un ataque que fue filmado y viralizado en las redes sociales y que ahora tuvo un broche de impunidad con el cierre de la causa, ante la decisión del Gran Jurado de no acusar al policía. Sólo que casi enseguida, la historia se repitió.

Esta vez hechos fue en Ohio, Cleveland, donde la policía asesinó de dos disparos a un chico negro de 12 años. Los dos policías dispararon contra el pibe en una zona de juegos al aire libre, después de recibir denuncias telefónicas que “había un menor apuntando a los transeúntes”.

Después de matarlo, los policías se dieron cuenta que el arma que tenía el pibe era un juguete. Literalmente, estaba jugando.

Un incidente similar ocurrió, también en Ohio, en agosto pasado, cuando policías que respondían a un llamado de emergencia mataron en un supermercado a John Crawford, un hombre negro que tenía una pistola de juguete que era vendida en ese mismo local donde fue asesinado.

La represión no distingue fronteras, ni niños, ni enfermos. Lo que sí distingue, es la clase.

No pasarán.

En el boletín anterior celebrábamos un triunfo popular: Mariano “Maro” Skliar, delegado general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social, y Humberto “Pitu” Rodríguez, secretario general adjunto de ATE Capital, fueron absueltos en el juicio iniciado como represalia de una movilización en el marco de un plan de lucha a fines de 2012. Celebrábamos la absolución de los compañeros, porque se hizo costumbre llevar a juicio a los que se organizan en su espacio de trabajo y no responden a los burócratas de turno; porque se hizo costumbre que intenten desbaratar las asambleas donde los trabajadores discuten sus planes de lucha, y parece que ahora se intenta hacer costumbre que sea la policía federal la que irrumpa en los espacios de trabajo y no permita que se lleven a cabo los espacios gremiales de los trabajadores.

Es el caso de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que vio el 20 de noviembre cómo, en medio de una asamblea convocada por la junta interna, se intentó desbaratar y amedrentar la posibilidad de organización. Esa misma semana se había convocado esta asamblea con cuatro ejes sólidos: renovación de contratos, continuidad laboral de los encuestadores, bono de fin de año y plan de lucha para la jornada del 25 de noviembre, en apoyo a la delegada general Tamara Lescano, víctima nuevamente de la persecución sindical a la que vienen sometidos los trabajadores de ese sector; cuatro ejes que fueron imposibles de tratar.

Primero fueron los jefes y jefas del sector y SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) quienes impidieron, por orden del director José María Donati, la realización de la asamblea. Por si fuera poco, y no contentos con la respuesta de los trabajadores, llegó la PFA con un gran despliegue, anunciando que quería cerrar las dos sedes laborales por que “no se encontraría garantizada la seguridad de los trabajadores”.

Desde que se logró, como fruto de la organización y lucha, conquistar la representación de los trabajadores por medio de una junta interna, hace dos años, no han cesado las prácticas más comunes de bastardeo político y persecución. Primero fue con el intento de despido de Tamara Lescano, luego con el no reconocimiento de Diego en el concurso a planta permanente por su activismo anti-burocrático, luego fue Ernesto Abus, al que no dejaron participar del concurso por haber nacido de padres exiliados políticos durante la última dictadura cívico militar. Ahora, nuevamente contra la secretaria general, en una causa armada por amenazas en el marco de la defensa de un compañero precarizado despedido.

A las claras la connivencia entre los jefes, el director, los abogados de este organismo (todos ellos funcionarios públicos) y las mismas fuerzas de “seguridad”, está dispuesta a favor de los que precarizan, despiden y amedrentan constantemente a todo el que se organiza y sale a luchar.

Así como por medio de la organización y la lucha se logró en su momento la reincorporación de Tamara, se redoblan los esfuerzos para desbaratar a los perseguidores con un nuevo plan de lucha.

Cristian Ferreyra, vive en la lucha de cada compañero.

El martes 4 de noviembre se inició el juicio oral y público por el crimen de Cristian Ferreyra (23), militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), asesinado hace tres años por resistir el desalojo de sus tierras.

La represión estatal y los intereses de los grandes empresarios, una relación necesaria en la defensa del sistema capitalista, muestran sus garras a la hora de imponer el modelo agroexplotador: por un lado, el gobierno implementa un sistema político-económico al servicio de unos pocos, con secuelas de desocupación, ajuste y precarización laboral en torno al saqueo de nuestros recursos naturales. Al mismo tiempo, y como condición para lograrlo, necesitan utilizar sus fuerzas represivas, de diferentes maneras, para defender sus intereses contra los de abajo.

El poder judicial y medios masivos de comunicación, son otros de los actores que defienden, con uñas y dientes, acciones y discursos de quienes nos someten.

Históricamente, el aparato represivo estuvo estrechamente relacionado con las diversas políticas económicas encabezadas por los gobiernos de nuestro país que, si bien fueron cambiando sus formas de gobernabilidad, presentan una continuidad en el objetivo: mantener un sistema que, al servicio de los grandes grupos económicos, oprime y explota a nuestro pueblo.

En esta lógica se asienta el asesinato de Cristian, así como también los cientos de amenazas y persecuciones que se practican de manera sistemática sobre las comunidades campesinas, a medida que avanza el modelo agroexportador. En el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía sojera contra los del campesinado. Podríamos decir que el kirchnerismo, junto con el gobernador Zamora, son fieles protectores de Grobocopatel, Monsanto y compañía, hasta empresarios locales, como el asesino Jorge Ciccioli, principal responsable del crimen del joven militante.

Sin dudas, gracias a la perseverante lucha de del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), de organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, se está llevando adelante un juicio histórico. El empresario Jorge Ciccioli está acusado de homicidio en segundo grado, amenaza de muerte, agresiones leves y graves, y va a ser juzgado junto con cinco de sus guardianes armados.

Aunque ninguna pena repare sobre la pérdida de sangre de otro hijo de nuestro pueblo, son las luchas por la memoria, la vida y la liberación de nuestra clase, las que no dejan morir a nuestros caídos.