CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

En estas fiestas, “paz” para algunos, represión para otros.

Cada día, el secretario de Seguridad Sergio Berni nos deja más claro que, mientras exista cualquier reclamo y algún tipo de organización para conseguirlo, la respuesta del gobierno será indefectiblemente la represión. Así lo hizo, esta vez, con sus declaraciones referidas al reclamo de la organización Barrios de Pie de un bono de fin de año, para poder pasar las festividades con un plato de comida en la mesa navideña. Frente a un reclamo para poner algo sobre la mesa navideña, los calificó como “locos que intentan generar caos”.

El estado, de la mano del secretario Berni, sabe muy bien qué hay que hacer para que el pueblo no se organice y tome conciencia: “actuar con la mayor rigurosidad de la ley”, porque “los argentinos tenemos derecho a tener un diciembre en paz”. Sí, lo tendríamos si todos los pobres pudieran tener acceso a un clima de festividad porque no están pensando cómo alimentar a sus hijos, y si no los van a reprimir cuando protesten para poder tener acceso a lo que parece ser un beneficio de unos pocos y no un derecho básico.

Para garantizar, no sólo “un diciembre en paz” sino durante todo el año próximo el cuidado de sus intereses, también necesitan que sus perros guardianes estén bien alimentados y satisfechos. Por eso el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó los actos protocolares y el desfile por el “Día de la Policía en Cinco Saltos” anunciando un aumento del 30% para el personal policial y del Servicio Penitenciario Policial a las puertas de 2015. Sólo un ejemplo de los aumentos que se darán en todas las provincias, al tiempo que son encomiadas las “acciones heroicas en la labor policial”. Por supuesto, labor que consiste en reprimir, torturar y matar.

Del mismo modo, exigen “mayor celeridad en los procesos” para condenar más rápido a los de siempre, y promueven, como en Córdioba, reformas aún más represivas de los códigos de faltas, su mejor herramienta, junto con la Doble A, a la hora de disciplinar con las detenciones arbitrarias.

Todo esto justificado con el discurso de la “inseguridad”, y los pobres “bárbaros”, inadaptados, para poder seguir legitimando a sus verdugos, que matan un pibe por día en los barrios, manejan el crimen organizado y explotan el del chiquitaje. Como si la inseguridad no fuese, también, subir al transporte público en condiciones paupérrimas y viajar como ganado; o ver salir a tu hijo de tu casa y no saber si va a volver porque es blanco fácil para la cana, porque es joven, morocho y de gorrita; como si inseguridad no fuese no saber si te va a alcanzar el sueldo para alimentar a tus hijos, o para pasar las fiestas en familia.

Rotten apples.

Hace unos días, el Senado de EEUU empezó a difundir un informe sobre las prácticas y técnicas de los agentes de la CIA, que reconoce –de nuevo- el uso de la tortura sistemática. El informe, de unas 6.000 páginas (aunque se publicaron sólo alrededor de 500), habla del programa secreto puesto en marcha por el gobierno de G. W. Bush (2001-2009) para la extracción de información a unos 190 detenidos, con relación a los hechos ocurridos durante septiembre de 2001, mediante la utilización de “técnicas de interrogación reforzada” (suena mucho mejor que lisa y llana tortura, ¿no?). De hecho, la palabra “tortura” no aparece en el informe ni una sola vez.

Previsiblemente, el presidente Obama se mostró preocupado y manifestó que estas prácticas, en su momento, apartaron al país de sus “valores morales” (!), y John Brennan, jefe de la CIA, salió a dar una conferencia de prensa adjudicando la responsabilidad, como no podía ser de otra manera, a oficiales puntuales que serían una minoría dentro de la organización, además de admitir que los métodos utilizados son “repugnantes”, poniendo como excusa que “la CIA no estaba preparada para detener e interrogar a miembros sospechosos de Al Qaeda“.

A pesar del adjetivo aparentemente fuerte, Brennan defendió el método, diciendo que no hay forma de saber si cierta información obtenida bajo tormentos pudo haber sido obtenida de otra forma, y cerrando con la histórica justificación de que los oficiales involucrados “hicieron lo que tenían que hacer en servicio a nuestra nación“.

La difusión del informe causó sorpresa a muchos, como si la aplicación de tormentos y los conocidos métodos de tortura de la agencia yanqui fueran una novedad. Es sabido, desde mucho ante de que los Manuales de Tortura fueran desclasificados en 1996, que son conductas históricas y sistémicas, aun cuando la frutilla del informe le robe a los políticos de estas latitudes una también histórica justificación, la de las “manzanas podridas”. Es que, nos dice el Senado yanqui, no se trató de una política de estado, sino que “El programa era dirigido por dos psicólogos inexpertos”. ¿Era?

Represión a jóvenes en Tigre y Córdoba.

Durante el último fin de semana de noviembre, unos pibes del barrio Las Tunas del partido de Tigre, dos de ellos estudiantes del Bachillerato Raíces, fueron brutalmente reprimidos por la bonaerense a la salida del boliche Tropitango de El Talar. Los golpes y las balas de goma que descargaron toda su fuerza sobre los jóvenes, les produjeron heridas graves, desde fracturas en el rostro y dientes rotos, rostros desfigurados, hasta impactos de balas de goma.

El otro hecho ocurrió el 7 de diciembre, en la provincia de Córdoba. Hace apenas algunos días, le dieron de alta a Lucas Cuello, de 17 años, que se encontraba internado en terapia intensiva con traumatismo de cráneo, luego de la salvaje golpiza por parte de cinco policías de la provincia cuando salía de un boliche junto a sus otros amigos.

Las reiteradas represiones a jóvenes de los barrios más humildes no son hechos aislados. Esta modalidad de represión de baja intensidad o “preventiva” se caracteriza por estar dirigida a los sectores más pobres de la sociedad y, entre ellos, a los jóvenes, que son su mayoría. El poder político, la policía, los patovicas (cuya amplia mayoría son policías haciendo adicionales o son dirigidos por miembros activos o retirados de fuerzas de seguridad) cortan con la misma tijera, siempre pegando a los que menos tienen.

Pero hay algo que no tienen en cuenta, y es que, cuando la conciencia dentro de la clase trabajadora emprende su camino, los que sufren día a día la represión sólo conocen una única salida, la solidaridad, la organización y la lucha.

La muerte nuestra de cada día (el pan sigue faltando).

Todos los años, hacia el cierre del último trimestre y a la hora de realizar el análisis de la situación represiva anual del último período, se nos presenta el mismo dilema: ¿dónde poner el corte de tiempo? -y este no es un dilema de días u horarios, sino uno que parte de la amargura de los hechos-. Entendemos que es prioritario visibilizar y luchar contra la represión de todos los días, por eso elaboramos el Archivo de personas asesinadas por el estado, por eso actualizamos el registro de casos del último período. El problema del corte, es que la represión no se corta.

El 5 de diciembre, cayó muerto un muchacho de 25 años en la localidad de Rafael Castillo, zona oeste del Gran Buenos Aires, tras haber recibido los disparos de un subteniente de la Policía Bonaerense a quien le habrían robado la moto.

Al día siguiente, Michel Alberto Suárez “Noa”, de 20 años, moría en el hospital municipal de la ciudad de Quequén, luego de haber sido trasladado desde la dependencia de la Subcomisaría 2ª de esa misma ciudad. Horas antes había sido detenido, acusado de haber participado en la rotura de una ventana de la Unidad Básica del Partido FE, cuyos referentes nacionales son el gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota y el dirigente del gremio gastronómico Gerónimo “Momo” Venegas. La versión policial afirmó que fue hallado muerto “suicidado por asfixia”. El parte médico describiría después que su cuerpo tenía marcas de golpes en el rostro, los hombros y la espalda.

El mismo 6 de diciembre, pero en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, caía muerto de dos balazos un muchacho que habría querido robar al cabo Mariano Acevedo de la Policía Federal cuando ingresaba a su finca en el cruce de Fajardo y Urdaneta.

El 8 de diciembre, Damián “Pitu” Fernández de 18 años, bajaba de su casa a la plaza del barrio en Libertador y 9 de julio, localidad de San Martín, para compartir con sus amigos un pedazo de torta por el festejo del cumpleaños de su hermana. Una bala lo alcanzó en el camino, producto de una persecución policial que pasaba por una de las laterales de la plaza. Cayó muerto en el acto. La explicación del policía interviniente fue: “Ya lo matamos, ¿qué quieren que hagamos ahora?“.

El 9 de diciembre, Pablo “el Rengo” Peralta moría en la Unidad Carcelaria de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, “por causas naturales”, según diría el informe oficial. Días más tarde se comprobaría que había estado varios días sometido a condiciones infrahumanas en la “celda de castigo” N° 10, y que luego de haberse descompensado, producto del aislamiento, fue hallado sin vida en una celda común.

El 10 de diciembre, en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, Osvaldo Antonio Asua Chilavert, de 17 años, fue fusilado por el sargento de la Bonaerense Fernando Santiago Gómez, quien luego diría que había querido asaltarlo.

Al día siguiente, en la localidad de Los Hornos, un oficial del CPC La Plata asesinó de un tiro en la cabeza a un muchacho de 16 años que habría querido robarle la moto. El mismo día, pero en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, moría otro muchacho de 18 años, producto del balazo recibido por un efectivo de la policía provincial, después de haber sido identificado como “motochorro” por una vecina que esperaba el colectivo. Ninguno de ellos fue identificado. Sus nombres se perdieron en las balas.

Así es que los hechos nos corren al cotidiano, al gatillo fácil y a la muerte de todos los días, semana tras semana. Y la lista sigue…

Dos de polinarcoextorsionadores.

La semana pasada, la noticia tímidamente contó que, en la comisaría 9ª de Jujuy y en la División Toxicomanía de la capital provincial, se encontraron vastas pruebas de cómo la policía está preparada para armar causas cual “procedimiento de rutina”.

La investigación comenzó en 2013, a raíz de la absolución de un negociante local, dueño de una farmacia, al que, durante una razzia, un policía de civil le había plantado droga. Producto de ese “procedimiento”, con el cual habitualmente se manejan estos guardianes de la “seguridad de la comunidad”, varios jóvenes que se encontraban en la cuadra tras haber jugado un partido de fútbol fueron detenidos y golpeados, uno de ellos incluso fue torturado y amenazado en un baño, como muestra ejemplar para que nadie se atreviera a denunciar el accionar policial.

Con testigos falsos y apoyados en el “indubitable hallazgo”, imputaron al dueño de la farmacia y a otros dos jóvenes más, y el juez les dictó la prisión preventiva. Llegado el juicio, ni siquiera los testigos policiales pudieron sostener su versión y todos fueron absueltos, después de esperar largamente el resultado del proceso en la cárcel. Algo, digamos de paso, que casi ningún policía acusado de gatillo fácil experimenta: la prisión preventiva.

La investigación que siguió a la absolución de los “empapelados” llevó a encontrar, en los casilleros personales de los policías y en otros lugares de la comisaría y la División Toxicomanía, documentos truchos, cantidad de drogas para plantar, celulares, motos robadas por la propia policía, actuaciones sumariales prefabricadas, en fin, todo un arsenal de elementos útiles para inventar causas y plantar pruebas falsas, todo avalado debidamente por los habituales y más truchos aún “testigos de actuación”. Ahora, los nuevos imputados (esta vez, sin causa prefabricada), son un comisario, dos cabos, tres oficiales ayudantes y un oficial subinspector.

Mientras tanto, pero en la provincia de Córdoba, está por empezar, junto con el nuevo año, el juicio oral contra varios efectivos de la División Antidrogas que, naturalmente, dirigían una banda de narcopolicías. Se ocupaban de hacer sumarios falsos, de utilizar “buches” para infiltrar las bandas rivales, de plantar drogas en los operativos para desviar la atención de sus propias operaciones, de destruir pruebas contra sus socios, y otras lindezas.

En un caso que alcanzó a varios funcionarios políticos que debieron renunciar o fueron echados, los ex miembros del área de Drogas Peligrosas, a los que se probó que tenían aceitados vínculos con vínculos con narcotraficantes, se los acusa por los delitos de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y privación ilegítima de la libertad. Además, se sospecha que son los responsables de tres homicidios de policías que no compartían su negocio: el oficial Juan Alós, encontrado con un balazo en la cabeza en su auto en Alta Gracia, en septiembre de 2013; la agente Damaris Roldán, que apareció muerta en un baldío el mismo mes, y el subinspector Lucas Emiliano Paredes, “suicidado” cerca de Bosque Alegre.

Sólo dos ejemplos de una realidad que se reproduce constantemente en las comisarías de todo el país. Dos casos que salieron a la luz en los medios masivos como algo “inaudito y sorprendente”, cuando las causas armadas son cosa de todos los días, y son el complemento de su propia e innegable criminalidad.

Próximas actividades.

Jueves 18 de diciembre, a las 10:00, en el edificio anexo de la Legislatura provincial, calle 53 entre 8 y 9, La Plata, audiencia pública contra el gatillo fácil, bajo el título: “Gatillo fácil policial: una práctica criminal que no para de crecer”. Convoca el diputado Cristian Castillo (PTS/FIT). Participarán familiares de víctimas de la represión policial organizados en CORREPI.

Sábado 20 de diciembre, a las 16:00, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo en el aniversario de las jornadas de rebelión popular de 2001. A las 15:00, homenaje al compañero Petete Almirón en o de Julio y Av. De Mayo.