CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Los pibes muertos, y la rabia.

El 2 de diciembre, Diego Borja, de 17 años, murió después de agonizar una semana, con el 80% de su cuerpo quemado. Estaba preso en un “buzón” del subsuelo del instituto Agote. Un tribunal oral de menores que había pedido que se lo resguardara, porque presentaba un cuadro psiquiátrico con riesgo de autolesionarse.

Germán Humberto Medina (16); Rodolfo Arancibia (18); Maximiliano Ezequiel Rodríguez (17); Marcos Dunda (17); Cristian Candela (16), Damián Caballero (17) y muchos más murieron en los últimos años en el Agote, el Rocca y otros “institutos” (cárceles) para niños de menos de 18 años.

Germán Medina era adicto y tenía una patología psiquiátrica. Sus padres se cansaron de pedir al juez Castelli, de Morón, que los ayudara para darle la atención médica y psicológica que ellos no podían pagar. La respuesta del juez fue alojarlo en el instituto Rocca y pedir a la SENNAF una plaza en un lugar “adecuado”. La SENNAF nunca contestó. Como Diego, Germán fue encerrado en un buzón, que una asistente social describió así: “celda de aislamiento de 3 por 2 m., oscura, sin luz natural ni aberturas, sin luz artificial durante el día, con una puerta de metal ciega, sin más mobiliario que un camastro sin almohada, con aire enrarecido y olor fuerte y desagradable”. El Defensor Oficial opinó que esas condiciones de alojamiento “ni siquiera serian adecuadas para lugar de castigo”. La directora del instituto Rocca explicó que no tenía fondos para comprar almohadas. Todos firmaron sus informes, y se fueron de vacaciones. El 11 de enero de 2007, Germán se ahorcó.

Tres veces logramos torcer la decisión del juez Eliseo Otero, en el fuero nacional, y de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, de cerrar la causa, pero en diciembre de 2012, el último de nuestros recursos de apelación fue rechazado, porque “sus condiciones de alojamiento y la atención que recibió son iguales a las del resto de la población”. Mal de muchos, impunidad garantizada.

Rodolfo Arancibia tenía una causa por lesiones y lo declararon rebelde porque no se presentó al juzgado. El 6 de mayo de 2009 lo encerraron en el instituto Agote, como a Diego. A la mañana siguiente, lo encontraron colgando del único ventiluz del calabozo, con raspones en la cara, marcas de esposas en las muñecas y dos medias metidas a presión en la boca, cubierta por una mordaza de tela. Sostenemos abierta la causa penal, con una tibia imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra un celador, y por omisión de deberes contra el médico del instituto.

Maximiliano Rodríguez y Marcos Dunda murieron en el “Centro de Recepción de Menores” de Lomas de Zamora, lindero al edificio de los tribunales de Camino Negro y Larroque, uno ahorcado, el otro después de quejarse por días de un fuerte dolor abdominal. Cristian Candela y Diego Caballero murieron ahorcados en un mismo instituto de régimen cerrado para menores de La Matanza con 24 horas de diferencia.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, la SENNAF, que depende del ministerio de Desarrollo Social, promociona en su web, por radio y TV, la campaña conjunta con UNICEF por el “BUENTRATO” (así, todo junto), iniciativa que “… tiene como eje promover el buentrato desde el lenguaje e incorporarla en el diccionario, dada la importancia de las palabras en la construcción de nuestra realidad”.

La SENNAF es el organismo nacional que planifica las políticas públicas para niños, niñas y adolescentes, y administra los siete centros nacionales de detención de chicos de menos de 18 años. Su titular, Gabriel Lerner, ex militante del PI, de Patria Libre y de CORREPI, fue un precoz converso al kirchnerismo, que cruzó la charca en 2004. Desde entonces es el responsable político por cada pibe muerto tras los muros que regentea, y que impide, avalado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que la Procuración Penitenciaria Nacional, otro organismo oficial, siquiera los visite para auditar la situación de los chicos.

El Archivo de casos de CORREPI demuestra que el 51% de los asesinados por el aparato estatal no habían cumplido 25 años. El 39% estaba “bajo custodia”, lindo eufemismo para decir preso. Esa es “la protección integral”, la política de reinserción y cuidado que promueve el “gobierno de los derechos humanos” para los hijos de los pobres. Son los hechos, no las palabras, los que construyen nuestra realidad.

Ellos seguramente piensan que, muerto el perro, se acabó la rabia. A nosotros, con cada muerto nos crece la rabia, y el compromiso es organizarla.

Cana malo, cana torpe…

Un efectivo de la policía federal, hoy prófugo, dirigía un taller clandestino de armas tumberas en Monte Chingolo, Lanús, junto a dos mellizos de 18 años. El tema salió a la luz cuando un carnicero de la misma localidad fue asesinado por los integrantes del grupo, porque no quiso entregarles $50.000 que tenía para pagar a sus proveedores. En el allanamiento al taller se secuestraron 12 escopetas caseras, 60 cartuchos calibre 12/70 de guerra, 4 cartuchos de Fusil FAL, elementos para la fabricación de armas, chalecos con la inscripción “PFA” y munición variada.

En Rosario, constantemente sacudida por la narcocriminalidad policial, 32 presos se escaparon de una comisaría. La historia oficial cuenta que, mientras almorzaban, los detenidos de la seccional 15ª redujeron y golpearon a un cabo 1º, a quien obligaron a abrir la puerta principal para luego fugarse, en un escena de dudosa “negligencia” policial. Varios funcionarios fueron imputados penalmente, en un hecho que recuerda la memorable fuga de “Tractorcito” Cabrera del Departamento Central de la PFA, que resultó una simple negociación por un precio con sus guardianes.

Recordemos, de paso, que la seccional 15ª fue la comisaría que encubrió el triple crimen de Rosario, en 2012, por lo que tres de sus policías serán juzgados el año que viene, después que los autores materiales fueran condenados a penas de entre 24 y 33 años de prisión la semana pasada.

Dos nuevos ejemplos de cómo la policía, lejos de “prevenir la violencia” o “combatir el delito”, es su agente activo y necesario, y cómo los hechos que se suelen tildar de “aislados” o que algunos atribuyen a “manzanas podridas”, se repiten y prueban que son sistémicos.

Ese discurso represivo de cada día.

Nunca deja de ser un buen ejercicio cuestionar el monopolio de la verdad, las historias completas que nos presentan el poder y sus autoridades. Socavar la credibilidad de los que buscan una sociedad bajo su control, es una tarea central.
Para ayudarnos a graficar lo que decimos, esta semana el secretario de Seguridad de Santa Fe, Gerardo Chaumont, se despachó con un conjunto de mentiras atroces disfrazadas de verdad de perogrullo y sentido común. Empezaba así:

“Nadie puede decir hoy honestamente que la policía de Santa Fe sea una policía de gatillo fácil, o una policía torturadora, pienso que eso es algo objetivo, si uno lee la crónica policial no encuentra hechos de este tipo, y esto es muy valioso, es lo que hay que seguir edificando“.

Con los datos de nuestro último Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del estado a mano, le podemos contestar al señor Chaumont que, en su distrito, las fuerzas represivas ya se cobraron más de 500 vidas de un total nacional de 4.300 muertos, lo que lo ubica en el dudoso honor de ser la segunda provincia con más muertes, sólo detrás de Buenos Aires en números totales, y segunda, también, si calculamos el índice en proporción a la cantidad de habitantes.

Claro que pocos de estos asesinatos trascendieron en la prensa, y los que llegaron a hacerlo, aparecieron disfrazados de “duros enfrentamientos”, en que se “ultimó a peligrosos malvivientes”. Sabemos que el primer cerco que tienen que cruzar las historias de las víctimas para darse a conocer, es el mediático. Las crónicas policiales que menciona Chaumont, son precisamente eso, crónicas de los policías, “noticias” que reproducen al pie de la letra la versión del uniformado de turno. Esa relación tan funcional será la que quiere seguir edificando el entrevistado.

En relación al caso de Franco Casco, el pibe de Florencio Varela que desapareció en Rosario después de pasar por una comisaría para que después apareciera su cuerpo sin vida flotando en el río Paraná, las palabras fueron “la policía respeta los derechos humanos, eso no quiere decir que no pueda haber algún hecho aislado”. Cuando vemos que cientos de muertos se suman cada año, que la mayoría son pibes pobres, que los modos de asesinar y encubrir son los mismos, y que los desaparecidos como Franco son 218 en todo el país, ¿cómo podemos hablar de hechos aislados, relegando la responsabilidad a uno o dos desquiciados? Tenemos que llamar a estas hechos por lo que son, prácticas sistemáticas, que conforman una política de estado.

Paso seguido, el ministro citó el clásico “este tema está en la Justicia”. Por justicia quiso referir, como todo partidario de este sistema opresor, el conjunto de jueces y fiscales que hacen a otra de las patas necesarias del aparato represivo, con herramientas como el sobreseimiento fácil y la excarcelación segura para represores.

Después de señalar el trabajo que le lleva a la policía cada detenido (“el infractor no entra solo a la comisaría, hay que llevarlos, esto implica que ha habido un accionar policial” –imaginemos los medios para “llevarlos” y los malos tratos posteriores, esos son los que ocupan al personal policial y pueden llevar a la muerte de chicos como Franco-) nuestro personaje señaló que “a mi entender en este último mes -por diciembre- la policía está dando sobradas muestras de su accionar, ha habido 1.050 detenidos”. Más de mil personas que sufrieron la potestad irrevocable que tienen las fuerzas represivas de levantar en cualquier momento y en cualquier lugar, a quien se les antoje. Si eso puede ser motivo de mérito, de demostración de valía, sabemos que el elogio se va a hacer desde el lugar de los más privilegiados, los que duermen tranquilos sabiendo que esta policía, la del gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, les cuida la billetera.

Pena de muerte, de hecho y sin condena todos los días.

El 28 de noviembre, CORREPI presentó el Archivo de Casos en Plaza de Mayo. Contábamos en ese momento un total de 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado de 1983 a noviembre de 2014. Pasó apenas una semana y la cifra sigue engrosándose, con casos que salen a la luz, o con los nuevos que, lamentablemente, sabemos que encontraremos a diario.

El 26 de septiembre, en Morón, fue asesinado Nicolás Andrés Escala, de 17 años. Lo que salió una vez más en los medios como un enfrentamiento, fue en realidad la misma historia de siempre: policías que matan por la espalda a pibes indefensos que huyen.

En el partido de Quilmes, el 12 de noviembre se produjo una gran balacera al mejor estilo bonaerense, donde en escasos minutos un presunto robo sin denuncia ni proceso legal ni condena se transforma en pena de muerte para quienes cuadran en el perfil delictivo de hoy: jóvenes, pobres y de los barrios marginales. Las víctimas fueron dos jóvenes, una chica de 15 años y un chico de 18 señalados como ladrones junto a otros dos pibes. Y una vez más, haciendo de la muerte un espectáculo propagandístico de las políticas de seguridad de los barones del conurbano, la redundancia que implica el término criminalidad policial se muestra con su obsceno orgullo fascista.

El 30 de noviembre, en Pueblo Doyle, localidad cercana a San Pedro, los policías que interceptaron a dos chicos en moto “para identificarlos” balearon por la espalda a Jonathan Bianchi, de 19 años, e hirieron a otro pibe. Lo que los medios calificaron, como siempre, de “confuso episodio”, aceptando sin más la versión policial con forcejeos que hacen que accidentalmente las armas se disparen solas, fue lisa y llanamente otro caso de gatillo fácil.

En una nota periodística de 1968, luego de analizar típicos casos de gatillo fácil, decía Rodolfo Walsh que “La vocación de violencia de los policías bonaerenses no se agota en estos episodios. Sus conflictos personales y aún sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del ‘arma reglamentaria’.” No mucho ha cambiado: el 4 de diciembre, en Ituzaingó, el policía de la bonaerense Ángel Rafael Borile y su ex pareja embarazada se encontraron en una escribanía para realizar trámites de división de bienes. Por una discusión, el policía asesinó a balazos a la mujer embarazada, Ivana Valeria Gómez, y al escribano Néstor Darío Rómbola, que intentó defenderla.

A diferencia de lo que ocurrió en 2006, cuando el mismo policía Borile fusiló por la espalda a Juan Sebastián Fleitas, de 15 años, también en Ituzaingó, esta vez el fusilamiento no pudo disfrazarse de tiroteo o enfrentamiento a los ojos de la opinión impresa, ni se podrán aplicar las prácticas de impunidad habituales, ya que las víctimas no eran pibes de barrio, sino su ex pareja encinta y un profesional del derecho. Por eso, al cometer el crimen, huyó y aún sigue prófugo.

Trigger-happy to you!

Así le dicen los yanquis a lo nosotros nombramos como gatillo fácil. Y eso es lo que le da la policía a su población, siempre que sea pobre y además lleve consigo todos los rastros necesarios sobre los que durante siglos desató el mayor de los exterminios: el color, la raza, el origen.

Hoy, después de añares de aquellas matanzas abiertas y declaradas sobre la población negra y esclava, el gobierno de EEUU, con Obama a la cabeza -ese negro “galletita oreo”, con cáscara negra y relleno blanco-, despliega junto a todas las instituciones del estado una muerte más lenta y menos evidente sobre la clase que explota y somete. “Habla como si fuera representante de los afroamericanos, pero cuando ocurre una masacre como ésta o encarcelamiento de manifestantes, los acusa de violentos, en vez de investigar la violencia de la policía, que ha tirado balas de goma, gas lacrimógeno, pegado a la gente con bastones. Él castiga a los manifestantes. En vez de cuestionar el procesamiento político, lo defiende. Es un representante tanto interno como externo del gran capital blanco“, dijo James Petras hace unos días a os compañeros de la RNMA, en el programa Enredando las Mañanas.

“Cada veinticuatro horas un policía mata a un ciudadano. En la gran mayoría de los casos, las víctimas están desarmadas. Hay un problema nacional y que ha afectado grandes sectores, principalmente a afroamericanos y latinos. Lo que pasa es que el caso en Ferguson es el detonante por la protesta, pero hemos visto en Nueva York casos muy similares. Hace unos días una pareja de novios estaba en un departamento, la policía bajando, ellos subiendo, y de repente la policía saca la pistola y los mata. Dijo que tenía miedo, que, en la oscuridad, escondía un arma. Pero el tipo estaba abrazando a su novia. Eso se repite en Los Ángeles, Chicago, en cualquier lado. Hay una guerra contra la población aquí concentrada en los negros y latinos“, siguió diciendo James Petras, luchador e investigador social.

Así, los fusilamientos y las torturas que ocasionaron la muerte de Michael Brown y Eric Garner no son otra cosa, en aquel país lejano e imperial, que una política de estado como las que se ejecutan en nuestras calles y barrios, desde Argentina al resto del mundo. Es la política que sostiene un modelo económico de fondo, donde la riqueza se concentra y la miseria se expande. Lujos para pocos y grandes desigualdades para muchos. El sistema de poder teme la organización y la desobediencia de los actores populares a quienes oprime, entonces siembran divisiones al interior de la clase para conquistar, o son los negros contra los blancos o los latinos contra los no latinos, sigue explicando Petras.

Por eso desde CORREPI creemos que es necesario que la lucha se extienda, que se discuta e intercambie entre los diferentes grupos e individuos que conformamos esta inmensa mayoría que padece el yugo de nuestro tirano: ¡CONTRA SUS ARMAS NUESTRAS IDEAS, CONTRA SU REPRESIÓN NUESTRAS ACCIONES en pos de una mayor y mejor organización, para liberarnos de su explotación!

Próximas actividades.

Viernes 12 de diciembre: A un año de la condena a prisión perpetua contra los trabajadores de Las Heras, marchamos a las 17:00 desde el Obelisco hasta la Casa de Santa Cruz. Convoca Comité por la Absolución de los Trabajadores de Las Heras.

Domingo 14 de diciembre, de 10:00 a 19:00, jornada antirrepresiva con pintada de mural, torneo de fútbol y choriceada en la plaza de la Isla Maciel, en homenaje a Carlos y Hugo, asesinado por el policía Bobadilla.