CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

AVANZA EL RESPETO A LOS DD.HH. EN EL MUNDO? (En Marte tampoco, los yanquis están llegando)
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos autorizó al Gobierno presidido por George W. Bush a mantener en secreto los nombres de 700 detenidos en Guantánamo. Los argumentos de Bush y sus secuaces se fundan en que dar a conocer los nombres de las personas detenidas interferiría en las supuestas investigaciones contra el terrorismo que su Gobierno ejecuta. En criollo, esto significa que en EE.UU. se autorizó la desaparición forzada de personas por tiempo indeterminado, aunque aún no se expidió sobre la necesidad de que los detenidos desaparecidos sean puestos en libertad con vida algún día.

Garzón, gran defensor de los DD.HH., se interesó en los presos de Guantánamo, pero no para reclamar por sus derechos sino para reclamar a cuatro de ellos para juzgarlos por formar parte de una organización terrorista. Al ilustre magistrado no le importa la detención ilegal de los cuatro musulmanes ni la violación flagrante de los tratados y pactos internacionales de DD.HH. de la que son víctimas: sólo quiere seguir con su cruzada mediática internacional, que intenta mejorar la imagen de sus persecuciones al pueblo vasco dentro de los límites del actual estado español.

Por supuesto, los musulmanes no necesitan estar desaparecidos en Guantánamo para que sus derechos sean violados por los yanquis: la semana pasada se dio a conocer (con escasísima repercusión) la denuncia de que militares estadounidenses habían torturado a un secretario de Saddam Hussein, Abed Hamoud al-Tikriti, hasta matarlo, en la búsqueda del Santo Grial (perdón, de las armas de destrucción masiva).

No sólo los gringos tienen establecimientos secretos de detención. En Israel, tras una larga búsqueda de tres prisioneros palestinos, organismos de DD.HH. consiguieron determinar la existencia de la Instalación 1391, que funciona desde hace al menos diez años en una base de inteligencia israelí, ubicada a su vez dentro de un fortín militar, en la carretera entre las localidades de Hadera y Afula. A los prisioneros que preguntaban dónde se encontraban les contestaban “en la luna”, “en el espacio” o “en un submarino”.

Se presume que la mayor parte de los detenidos desaparecidos en ese CCD son extranjeros: “infiltrados” capturados en las fronteras o enemigos raptados por el Mossad en misiones secretas. A la desaparición forzada, que de por sí constituye una tortura para las víctimas directas y sus familiares, se suma la práctica sistemática de tomentos físicos contra los detenidos. La Alta Corte de Justicia de Israel no le ordenó al Gobierno liberar a los detenidos ni transferirlos de inmediato a un régimen común, sino simplemente entregar la información sobre esa cárcel en 45 días.

Para terminar, volvemos a América Latina. En las recientes elecciones guatemaltecas, una de las herramientas electorales de la derecha fue la emisión y entrega de bonos del Gobierno para abonar la suma de U$S 680 por persona a casi medio millón de oficiales del ejército y miembros de la “patrulla civil”, grupos paramilitares rurales establecidos por las sucesivas dictaduras militares para la lucha contra la izquierda en las décadas del 70 y del 80. Obviamente, estas fuerzas son responsables de miles de asesinatos, desapariciones forzadas de personas y otras graves violaciones a los DD.HH.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró que estos pagos eran ilegales. ¿Por qué los jueces argentinos no usan sus fallos en lugar de los de la corte yanqui? Al menos, entre los dos fallos que mencionamos en este informe, no hay dudas acerca de cuál respeta los DD.HH.

LA POLICÍA DE MARCOS PAZ
José Manuel Geréz, técnico agropecuario, trabaja desde hace unos 4 años en la empresa “Cabañas Argentinas del Sol”, localizada en zona rural de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, firma vinculada a allegados y familiares del ex Intendente Salzmann (hoy funcionario del Ministerio de Seguridad), y por la que asiduamente pasa la policía a buscar algún lechoncito.

Geréz y otros compañeros de trabajo tuvieron últimamente alguna diferencia gremial con la empresa porque les bajaron los sueldos y les aumentaron las horas de trabajo.

El lunes 12 de enero dos personas se presentaron en la empresa y luego de conversar con el Gerente, éste le pidió a Geréz que acompañara a quienes resultaron ser dos policías de civil en una camioneta no identificada como policial. Geréz accedió sin temor porque pensó que estaban tomando testimonios por un robo de alrededor de ochocientos pesos ocurrido a fines de año, durante la noche.

Al subir al auto lo empezaron a golpear mientras le preguntaban por ese robo. En la Comisaría lo esposaron, lo ataron a una silla y lo golpearon en el abdomen y tórax. Cuando le estaban por hacer el “submarino seco” la víctima entró en pánico, y falsamente admitió ser el autor de robo. Simultáneamente otros policías fueron a la empresa y el gerente les facilitó las pertenencias de Geréz (una mochila) en las que estaban las llaves de su casa. Entraron en ella y le robaron hasta el teléfono, todo sin orden judicial ni testigos.

También simultáneamente fue detenido en la misma Comisaría Fernando Agustín Rico, a quien Gerez no conocía hasta esa tarde. Rico le relató a Geréz en el calabozo que lo habían golpeado muchísimo y le hicieron tres veces el “submarino seco”, pretendiendo que inculpara a Geréz en el robo y se autoinvolucrara. Rico mantuvo en todo momento que no conocía a Gerez, lo que es cierto. Ambos detenidos fueron llevados al hospital, donde una médica de apellido Rojas hizo un informe superficial de sus lesiones.

A las 21.40 Geréz fue liberado, previo firmar unos papeles que no le dejaron leer. Una familia amiga lo llevó nuevamente al hospital porque estaba dolorido y querían un nuevo certificado de los golpes que presentaba. El médico presente en ese momento se negó a atenderlos bajo el argumento que ya había sido atendido por la Dra. Rojas. Apareció entonces el recientemente elegido Defensor de la Seguridad Roberto Bohn (aún no reconocido por el Ministerio de Seguridad, donde revista el ex intendente Salzmann y cabe acotar que Bohn no era su candidato). Bohn insistió ante el médico para que lo atienda, y aún así no lo logró. Ante esto Gerez fue llevado al Hospital Malvinas Argentinas de Merlo, donde sí fue atendido, hicieron análisis y placa radiográfica y dejaron constancia en el libro de guardia (y extendieron “precario médico”) que presentaba signos de golpes en el tórax.

Geréz puso en conocimiento de lo ocurrido a la fiscalía nº 4 de Mercedes, a cargo del Dr. Chiminelli, que interviene en el robo a la empresa donde él trabaja. Allí Geréz pudo constatar que no se lo menciona en dicha causa, ni se ordenó su detención, ni el allanamiento de su casa. Luego denunció al personal policial en la fiscalía de turno, y presentó copias al director del hospital, al intendente municipal, al Foro de Seguridad, al Defensor de la Seguridad, a los medios locales y al Jefe Departamental de la Policía. Similar conducta tuvo la segunda víctima, Rico. El joven Geréz ha solicitado la asistencia de los abogados de CORREPI.

SIGUE LA LUCHA EN HAITÍ
Continúan en Haití las manifestaciones populares en el marco del proceso insurreccional contra el régimen del presidente Aristide, sostenido por EEUU y la Unión Europea. El viernes 16 de enero se vivió en Puerto Príncipe otra jornada violenta, y otra marcha estaba prevista para este domingo 18, al mismo tiempo que el gobierno promovía una movilización de sus partidarios. Esto permite prever enfrentamientos duros.

La oposición llama también a otra movilización para el lunes, de carácter nacional. Según algunos cables, Aristide estaría dispuesto a permitir elecciones en 6 meses -tal como lo dijo en Monterrey- pero la oposición ha rechazado su tardía e inefectiva oferta.

Mientras tanto, y pese a que organizaciones de DDHH ya han manifestado su preocupación por la situación de Michel Lamartinière Honorat Junior y Maxo St. Fleur, ambos continúan detenidos. El juez de Instrucción Bernard St. Vil afirmó que para él la libertad es la solución, pero que el resultado final depende de un juez del Parquet (tribunal de apelación). Éste contestó que estaría dispuesto a considerar tal decisión después de examinar todo lo actuado y daría su respuesta el martes. Si ese día no se produce la liberación de los compañeros se intensificará la campaña por su libertad.

RAZZIAS EN MAR DEL PLATA
La maldita costumbre continúa. No se trata de una remake de James Bond ni de un nuevo capítulo del Señor de los Anillos. Es la Bonaerense, con su Operativo Sol, que sistemáticamente viola toda la normativa juridica existente en materia de menores, desde la incorporada por los tratados internacionales incorporados en 1994 a la Constitución Nacional, hasta los derechos archireconocidos internamente aun con anterioridad a la reforma constitucional.

Durante la noche del sábado 17 de enero arbitrariamente detuvieron a una cantidad importante de menores en la calle Alem, epicentro de diversión de la temporada veraniega. La cana levantaba pibes como se los cruzaba en un operativo que tuvo una dosis de espectacularidad al mejor estilo de SWAT, con despliegue de hidrantes, micros de traslados, itacas, armas automáticas, celulares y carros de asalto, además de los malos tratos para producir detenciones sin pedir documentos ni respetar derecho alguno.

Fue una verdadera “casa de brujas”, una razzia ejemplar de la que sólo se salvaban de ir a la comisaría los que aceptaban pagar una coima de $ 20 o $ 30. Si bien no se vio que los policías aceptaran tarjeta de crédito ni de débito, hubo casos de “descuento al por mayor”, librando algunos grupos grandes a tarifa reducida. Es que la temporada está algo dura…

Lo peor del caso es que, mientras esto ocurre a diario en todo el país, los burócratas de la Cancillería ponen cara de “yo no fui” cuando les recordamos que la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio ordena a la Argentina cesar el uso sistemático de razzias y otras formas de detenciones arbitrarias.

INFORME DE ALERTA SALTA
(Reproducimos el reporte nº 1 de ALERTA SALTA, delegación compuesta por seis personas que representan a diferentes organizaciones internacionales que tiene como propósito informar sobre la situacion de los 10 detenidos de la UTD de Mosconi y el desalojo de la comunidad Ava Guarani de El Tabacal.

ALERTA SALTA* llego a Tartagal el sabado 17 de enero. Acompañó, en la puerta del juzgado provincial, a los miembros de la UTD que reclaman la liberación de los detenidos. Alli están, desde hace 50 dias, Pepino Fernández, las esposas, los hijos y los compañeros, en la vereda, soportando temperaturas de más de 40 grados y lluvias torrenciales.

A las 10 de la mañana, la delegación entrevistó al juez Aramayo, quien confirmó que no iba a pronunciarse sobre la situación de los detenidos: a la medianoche, la causa pasaría a manos de la jueza Ana Maria de Febres quien sería la encargada de dictaminar a favor o en contra de la liberación. Consultado sobre porqué extendía así los plazos para dar una definición, el doctor Aramayo respondió: “Los tiempos no son perentorios sino ordenatorios. El juez tiene un plazo de 15 dias para definir la situación procesal y hasta tres meses para instruir la causa. Hay elementos a favor y en contra de los detenidos. Puede haber personas con posibilidades de salir y otras que no. Hay que hacer un análisis de cada caso y eso lo va hacer la doctora Febres.”

A las 13, los integrantes de la UTD de Mosconi y los familiares de los detenidos organizaron una protesta frente al domicilio particular del juez Aramayo para exigir que firme antes de la medianoche la liberación. La protesta fue rodeada por un fuerte cordón policial, uniformado y de civil. Una vez concluida, policías de civil siguieron de cerca de los manifestantes.

Por la tarde, ALERTA SALTA visitó a los detenidos en sus lugares de detención. Cuatro están en el penal de Tartagal y cinco en dependencias policiales. Todos describieron la situación en la que fueron detenidos. Los operativos se concretaron entre las 6 y las 7 de la mañana del día 2 de diciembre. Los allanamientos fueron realizados por grupos policiales de no menos de 30 efectivos, armados con fusiles, que irrumpieron en los domicilios familiares pateando puertas e intimidando a niños y mujeres. Los detenidos fueron arrastrados a los patrulleros en algunos casos a las patadas y desnudos. Todos denunciaron golpes y amenazas, tanto en el momento de la detención como una vez alojados en la sede policial.

En estos momentos, las peores condiciones de detención la soportan los 5 detenidos en la comisaría de Tartagal. Están en celdas pequeñas y mal ventiladas. Cada una alberga seis personas, aunque tiene capacidad para cuatro. Las salidas al patio son de escasos minutos por día. Tienen que defecar en bolsas porque no siempre les permiten ir al baño. La comida depende exclusivamente de lo que puedan llevarle sus familiares.

Los integrantes de la UTD detenidos, sintetizaron la situacion de la siguiente manera: “Somos luchadores sociales. Luchamos por trabajo y dignidad. Luchamos por la gente. Estamos peleando contra un poder muy grande, un verdadero pulpo: las multinacionales petroleras. Siempre fuimos de frente, a cara descubierta. Todos en Mosconi saben muy bien quienes somos. Ahora, a los 10 se nos estan inventando muchas cosas para poder tenernos acá. Pensamos que somos presos políticos.. Pensamos que es triste estar preso, pero mucho más triste debe ser para los padres ver a sus hijos mendigar trabajo. No nos dejemos atropellar por las empresas y los políticos”.

LA MALDITA SANTAFESINA Y SUS AVALES POLÍTICOS (agradecemos la información a los compañeros de aLERTA CONTRA LA REPRESIÓN! de Santa Fe y de la UADH de Rosario).
Hace rato que desde CORREPI señalamos que la policía santafesina no tiene nada que envidiarle en materia represiva a su par bonaerense, a la que incluso supera en varios “rubros” tal como lo demuestra nuestro Archivo de Casos. Varios hechos ocurridos esta semana confirman no sólo el perfil de la Santafesina, sino su rol al servicio del sistema político imperante y de quienes lo gerencian en la provincia.

Por una parte, las víctimas de la inundación del año pasado, que siguen en muchos casos evacuados, viviendo en carpas y sin respuesta alguna del gobierno provincial a sus reclamos, decidieron cortar el puente carretero que une la ciudad de Santa Fe con la vecina Santo Tomé para atraer la atención pública a su acuciante situación. Como era de esperar, la cosa terminó con un brutal desalojo, 18 detenidos, decenas de heridos por golpes, y una causa imputando corte de ruta agravado por el “daño producido a la carpeta asfáltica”.

Darío Boscarol, Presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe (radical) pidió intervención de la justicia federal para que despejara el puente, cortado cuatro días antes. A la 1:15 de la mañana del viernes se dio la orden con intervención de la fiscal federal Cintia Gómez (esposa de Cachi Martínez, un hombre de Menem en el PJ) y el juez Reinaldo Rodriguez.

Durante varias horas se ignoró el destino de los detenidos, que finalmente fueron liberados tras fuerte presión de los manifestantes frente al juzgado y la jefatura de policía, y la asistencia de la abogada de HIJOS Lucila Pullol.

Como denuncian los compañeros de la UADH (Unidad Antirrepresiva por los DDHH), el gobierno de Jorge Obeid pregona “nuevos aires” en la provincia mientras arma los cuadros de la fuerza policial provincial con particular acento en figuras absolutamente repudiables, como la nueva Jefa de Policía, la abogada Leila Perrazo, responsable durante la dictadura de favorecer la apropiación de hijos de compañeros detenidos-desaparecidos.

Con bombos y platillos se anunció la creación de la secretaria de Derechos Humanos, a cargo del ex diputado Domingo Pochettino, quien nombró como Subsecretario de Emergencias al coronel José Bernhardt, miembro durante la dictadura del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, y denunciado como uno de los responsables del traslado de detenidos-desaparecidos al centro clandestino “La Calamita” de Granadero Baigorria, entre otros crímenes.

El intendente de Venado Tuerto, por ejemplo, utiliza una audición en la radio local AM LT29, para hacer la apología de la mano dura e instigar a la tortura, asegurando que la policía no debe tener legajos limpios de denuncias por malos tratos ni ser felicitada por abogados defensores, ni jueces y mucho menos por organismos de DDHH, a los cuales señala como virtuales cómplices de todo delito.

Sus declaraciones publicadas por el diario “El Informe” de Venado Tuerto del 9 de enero y en el diario “La Capital” de Rosario del día 14, ha sido completado en otro espacio radial el día 14, pero esta vez dirigido contra los piqueteros, activistas sociales, a los que reclama directamente “que les revienten la cabeza a garrotazos”. Pero donde despliega su propuesta íntima de cruzado del crimen, es en la reivindicación de la justicia por mano propia: “Hay muchas personas, sin embargo, que merecerían la pena de muerte. Y si yo tuviera la certeza de que un delincuente cometió un delito grave contra un familiar directo, no te quepa la menor duda que haría justicia por mano propia y lo mataría…”. y del gatillo fácil diciendo “los delincuentes tienen la ventaja de poder tirarle a los policías a cualquier parte del cuerpo mientras que los agentes de seguridad tienen que asegurarles un tiro en la frente al delincuente para que no lo exoneren por haber matado por la espalda”.

Por su parte, el progresista intendente socialista de Rosario ha creado un cuerpo policial municipal, el cual actuará conforme un acuerdo ya establecido con la Policía Provincial, destinado a combatir “los desmanes” que se cometen en los “espacios públicos, salidas de boliches” y demás cuestiones de la vida cotidiana. Es decir, que su objetivo es el control social de jóvenes y pobres. Cualquier coincidencia con la “policía comunitaria” del porteño Aníbal Ibarra no es una simple casualidad.

La ciudad de Rosario ya tiene su primer gatillo fácil del año. El 8 de enero fue asesinado Claudio Moreira (15), en la esquina de Alvear y Centeno, Zona Sur. Intervino el Comando Radioeléctrico, uno de cuyos miembros, alto y gordo, que llegó a bordo del móvil 2130, disparó contra la mano, la cabeza y el pecho del chico cuando estaba caído en el suelo.

La muerte del chico originó la presencia de todo tipo de móviles, menos la ambulancia, y una represión brutal sobre el vecindario indignado por el crimen, con una balacera que duró media hora sobre los vecinos y familiares, alguno de los cuales fueron detenidos por…”gritar y amenazar al personal”.

Como es habitual, se le encontró un arma al pibe, la cual fue sacada de la bota del milico gordo y alto. Como es habitual, el juez les tomó declaración informativa a los criminales de la banda policial, no les “pintó los dedos” y están, como también es habitual, en funciones al cuidado de las vidas y patrimonios de los rosarinos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 19 de enero, a las 17:00, reunión en la casa de H.I.J.O.S., Venezuela 821, para organizar la oposición a la reforma del Código Contravencional que aumentará las facultades policiales e incrementará las posibilidades de detención arbitraria de las personas.

Lunes 19 de enero, 16:00, marcha reclamando la libertad de los presos de Mosconi. Concentramos en Av. de Mayo y 9 de Julio.

Martes 20 de enero, Familiares y Heridos del 19 y 20 de diciembre de 2001 realizarán su tradicional marcha por los lugares donde cayeron los compañeros asesinados.

Miércoles 21 de enero, 18:00, en Entre Ríos 1039, reunión de las organizaciones y organismos que conforman el espacio de repudio al atentado del 20 de diciembre de 2003 en Plaza de Mayo.

Lunes 26 de enero, Marcha de Congreso a Plaza de Mayo, reclamando el cese de la campaña contra las organizaciones populares, la libertad de los compañeros presos, el cese de la criminalización de la protesta y el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del atentado del 20/12/03.

28 de marzo, 14:00: Festival antirrepresivo en el anfiteatro de la Plaza Martín Coronado, frente de la estacion, BASTA DE POLICIAS ASESINOS - BASTA DE IMPUNIDAD. Convocan Familiares de Víctimas del Sistema choco_justicia@yahoo.com.ar

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