CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Requisas en la costa

Es verano y Vicente López te invita a que visites su paseo de la Costa, invitación que incluye, entre sus actividades top, un plan especial de “seguridad” que cuenta con móviles de la nueva patrulla municipal, guardianes de calle, defensa civil y controles en todos los accesos al paseo. Así, el convite a visitar el paseo no es “apto para todo público” sino sólo para cierto sector de la sociedad.

El 2 de enero, dos chicas de la zona fueron a tomar mate a la costa. Empleados municipales les exigieron abrir sus bolsos para revisarlos, con la excusa de verificar que no tuvieran bebidas alcohólicas. Ante la negativa de las jóvenes a que revisen sus pertenencias, los empleados llamaron a la patrulla municipal, que a su vez convocó a la policía bonaerense. Ahí aumentó la agresión: los policías las empujaron y golpearon, tiraron sus cosas al suelo, retuvieron sus documentos y las amenazaron con llevarlas a la comisaría por “disturbios en la vía pública”, una de las tantas figuras del siempre útil código de faltas. Terminaron mostrando sus cosas (mate, galletitas y patines) y lograron eludir el arbitrario arresto. Varios vecinos han denunciado en los últimos tiempos estas requisas y las agresiones subsecuentes.

Una mamá que estaba con su hija de tres años no tuvo tanta suerte. Cuando insistió en preguntar por qué tenía que mostrar sus efectos personales, la detuvieron y mantuvieron incomunicada durante 8 horas, y salió de la comisaría notificada de que el fiscal decidió imputarla en una causa penal por resistencia y atentado a la autoridad.

Este accionar policial y de organismos para-policiales, legitimado por el aparato judicial, hostiga y persigue sistemáticamente a los calificados como “indeseables” para la zona norte del Conurbano Bonaerense, y forma parte de una política sistemática para disciplinar a los sectores populares.

Según datos del propio intendente de Vicente López, la inversión municipal en seguridad “ha crecido, en estos dos años y medio de mandatos, un 1.300 por ciento. Mucha de esa inversión tiene que ver con tecnología, como la que se puede ver en este Centro de Monitoreo, pero mucha más es la hecha en recursos humanos”.

Esta política, que militariza la zona norte con sus patrullas en las calles, con sus agentes de prevención en la costa, y hasta con patovicas en los nuevos trenes de la línea Mitre, para cuidar a “la gente bien”, debe despertar la conciencia de los que sufren esta represión y de quienes se solidarizan con los reprimidos, y alerta sobre la necesidad de más organización y lucha.

Noticias dudosas, suicidios certeros.

Los fallecimientos en comisarías, siempre informados como repentinos e inexplicables suicidios o súbitas “descompensaciones”, son, de acuerdo a los datos de nuestro Archivo de Casos, la segunda causa de muerte a manos del aparato estatal. La primera, claro, es ser joven y tener pinta de pobre, y caminar por la calle.

Dos nuevos casos trascendieron en distintos lugares del país. El primero ocurrió el 22 de diciembre, en la comisaría 14ª de Venado Tuerto, Santa Fe, donde Sergio Loza, de 19 años, apareció ahorcado con los cordones de las zapatillas. La reacción de los vecinos, que se movilizaron a la comisaría la víspera de Navidad y apedrearon el frente, puso el caso en los diarios y forzó a los funcionarios a dar alguna explicación.

Claro que, muchas veces, en el intento de excusa se les escapa el reconocimiento de su responsabilidad, como ocurrió con el fiscal Pablo Busaniche, que trató de darle una manito a la policía, explicando a los medios que Sergio tenía consigo los cordones “porque segundos antes se los habían entregado, ya que iba a ser excarcelado. El personal cuenta que lo dejaron pocos minutos solo en el lugar para realizar otra diligencia y fue en ese momento cuando habría producido el suicidio”. Así de simple y razonable: al pibe lo detuvieron, acusado por un robo. Al día siguiente se ordenó su soltura, se lo informaron y le devolvieron sus partencias, y como no pudo soportar la angustia de dejar la celda, se mató…

El otro hecho ocurrió en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, donde el día 30 de diciembre, Carlos González, de 31 años, fue encontrado pendiendo de una sábana, en la celda de la comisaría 2ª. Según el relato oficial, en horas de la madrugada, un efectivo ingresó al sector de las celdas para realizar el recorrido habitual y fue allí donde estaba González pendiendo de los barrotes de la celda.

Ambos “suicidios” llevan a 4.307 el total de casos registrados en el Archivo, y a 212 los ocurridos en el curso de 2014, lo que confirma lo que decimos cada año en Plaza de Mayo: los registrados son apenas si una parte, ligeramente visible, de la enorme masa silenciosa de asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal.

Las víctimas ya no pueden defenderse, pero quedan sus familiares, amigos y vecinos, y todos aquellos que nos organizamos y luchamos para desenmascarar al estado represor.

La táctica santafesina.

El primer fin de semana del año, en la provincia de Santa Fe, las fuerzas policiales del gobierno de Bonfatti comenzaron a engrosar las estadísticas nefastas de gatillo fácil que las posicionan a la vanguardia de la represión en Argentina

Jonathan Herrera, de 23 años, fue fusilado de tres disparos el domingo 4 de enero, cuando se encontraba trabajando, lavando coches, en la puerta de su casa en el barrio Tablada. Su vida se topó con los disparos de la Policía de Acción Táctica que iba, a balazo limpio, persiguiendo a sospechosos de cometer un robo. Aunque intentó cubrirse de los proyectiles tras un árbol, y el supuesto ladrón ya había sido reducido, Jonathan fue acribillado.

La autopsia reveló que dos de los disparos que le quitaron la vida, son de un arma calibre 9 milímetros, las pistolas reglamentarias de la policía.

“Del susto, mi hermano salió corriendo para cubrirse de los disparos y se escondió detrás del arbolito. Es imposible que haya sido el chorro, porque mientras el ladrón estaba tirado, la policía siguió disparando. Le tiraron a matar a mi hermano, lo mataron como a un perro, fue la policía”, declaró su hermana en un medio local, mientras se esperan las pericias a una cámara de seguridad próxima al lugar del hecho.

Como señalamos en septiembre pasado (Boletín nº 729, “Santa Fe, la táctica que ya conocemos”), la Policía de Acción Táctica, nueva fuerza presentada con bombos y platillos para suplir la retirada de la gendarmería de Berni, llegó para reforzar la represión en los barrios, junto a las demás fuerzas policiales provinciales ya presentes.

Coordinando en formación y “táctica” con la Policía Federal, la PAT congenia con las batallas intestinas del poder y el narcotráfico santafesino, donde traficantes, políticos y fuerzas represivas apuntan y disparan contra las barriadas populares, en pos de sostener sus nefastos negociados o para “pacificar los barrios peligrosos”.

La “acción táctica” que se disemina en los barrios obreros y populares, se manifiesta en la impunidad con la que se roban la vida de pibes como Jonathan.

URI sin jefe y record de torturas.

El vendaval de cuestionamientos hacia la Policía de Acción Táctica (PAT) no es el único problema que enfrenta el aparato represivo de la provincia de Santa Fe. Como en todos lados, cuando se suceden escándalo tras escándalo por la probada vinculación de los jefes policiales y sus responsables políticos con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, el reemplazo de hombres y nombres es el recurso que manotean para guardar las apariencias y poder declarar a los medios “vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”.

La primera semana de enero, el gobierno del “socialista” (¿?) Antonio Bonfatti designó al comisario Juan Pablo Garro como jefe de la Unidad Regional I de policía, que tiene jurisdicción sobre la ciudad capital y el Gran Santa Fe, ya que su antecesor, Sergio Vergara, está imputado en una causa federal iniciada por el hallazgo de un camión con 1.500 kilogramos de marihuana en la ciudad, a fines del año pasado.

Pero la designación del comisario Garro apenas si se sostuvo una semana, al término de la cual debió renunciar. Es que de inmediato salieron a la luz los antecedentes del nuevo jefe, denunciado en 2006 por utilizar frases discriminatorias y hacer comentarios racistas, además de exhibir simbología nazi en las paredes de su despacho. Causa, naturalmente, que nunca avanzó demasiado, y de la que el comisario se defendió diciendo “Todo el mundo tiene derecho a opinar”, mientras el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Gerardo Chaumont, opinó: “No vamos a iniciar una caza de brujas por hechos que ocurrieron en 2006”.

Ahora deberán elegir alguno con un legajo más prolijito, lo que calmará algunos espíritus, pero no modificará la realidad represiva de la provincia que lidera hace más de una década las estadísticas represivas. En la misma semana del “affaire Garro”, otro funcionario estatal, el defensor general Gabriel Elías Ganón, difundió los datos del registro de denuncias por torturas que lleva el Servicio Público de la Defensa provincial.

Así, según el responsable de la defensa pública en la provincia, entre el 1º de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014, se registraron 328 denuncias de torturas. De ese total, 278 episodios fueron cometidos por policías, y el resto por gendarmería nacional. Surge del informe que no se incluyen los hechos ocurridos en cárceles por personal del servicio penitenciario, lo que sin dudas duplicaría los registros, del mismo modo que es obvio imaginar que los registrados no son todos los casos reales.

De ese total, el 80% no ha generado causa penal alguna. Del escaso 20% que ameritó una investigación, sólo en dos casos las víctimas lograron ser querellantes, y se ha dictado prisión preventiva contra los perpetradores, aunque, como siempre, no por el delito de tortura, sino usando alguna figura alternativa que disimule la responsabilidad estatal.

En Santa Fe, como en el resto del país, rige la regla establecida por el ahora ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, en el caso del comisario René Jesús Derecho: “En democracia, no hay tortura”.

Continúa el juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

La semana pasada se reanudó, en los tribunales federales de Comodoro Py, el debate oral y público en la causa por la represión durante las jornadas de rebelión popular de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que produjo, en la ciudad de Buenos Aires, cinco muertos, centenares de heridos y detenidos y un presidente escapando por los techos.

Desde el inicio de la causa denunciamos que la única funcionalidad de este proceso es dar vuelta la página y consagrar la impunidad de los responsables políticos y materiales. Con el sobreseimiento del ex presidente Fernando De La Rúa, el poder ejecutivo fue separado de la causa, permitiendo así el corte de la cadena de mandos en la responsabilidad política estatal. A partir de ese momento, la tesis se tradujo en la posibilidad de argumentar que la represión de aquellas jornadas fue un “desborde” de la fuerza policial mal manejada por funcionarios “incompetentes” de segunda o tercera línea.

Con este panorama, los únicos imputados fueron el ex ministro del Interior, Ramón Mestre (oportunamente fallecido); el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Jorge Santos; el ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la misma fuerza, Raúl Andreozzi y otros trece comisarios y subcomisarios de la cúpula policial de aquel entonces, juzgados por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, homicidio culposo en cinco casos (es decir, por violación del deber de cuidado, impericia o negligencia) y lesiones culposas en 116 casos, lo que prevé una pena máxima de cinco años de prisión para cada uno.

De este modo, la estrategia judicial logra proteger la función del aparato represivo soslayando criteriosamente la responsabilidad estatal, para explicar los hechos represivos como actos de “abuso” o “exceso” en el caso de los que dispararon, y “conductas erróneas” que “no hicieron lo que debían hacer” en el de los funcionarios. No van a ser juzgados por represores y corruptos, sino por ineptos y negligentes, con la misma imputación que se le aplicaría a un conductor ebrio que atropella y mata a una persona en la vía pública.

Esta es la forma en que el Estado se protege a sí mismo: garantizando la impunidad de sus eventuales administradores y poniendo todas sus herramientas al servicio de sus funcionarios. Como sucedió con Menem, con la voladura de Río Tercero; con el propio De La Rúa y la represión en el puente Gral. Belgrano de Corrientes o las coimas en el senado; con Duhalde y la masacre del Puente Pueyrredón; con Kirchner y Luciano Arruga; con todos los regímenes democráticos desde 1983, cuando los represores son absueltos o quedan prófugos, por matar a nuestros pibes en los barrios.

Mientras tanto, hoy como ayer el ajuste y la represión continúan. La lucha también.

Agenda Antirrepresiva 2015

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