CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

La represión no se toma vacaciones.

El calor del verano no viene solo. En las últimas semanas, y en diferentes lugares del país, se dieron situaciones represivas con diversas modalidades que evidencian que, cuando se trata de mantener a raya al pueblo, la clase que domina cuenta con diversas metodologías.

El jueves 8 de enero, vecinos del barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, salieron a la calle a reclamar por la falta de luz que venían sufriendo desde hacía días. A partir las 11 de la mañana, y durante siete horas, mantuvieron cortada la autopista Dellepiane, hasta que la Policía Metropolitana recibió la orden de correrlos del lugar. Con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, los uniformados avanzaron para desalojar la autopista, dejando varias personas heridas, entre ellas una nena de 8 años que los mismos vecinos llevaron hasta el hospital Piñero. Los manifestantes atinaron a defenderse tirando piedras, pero en poco tiempo las fuerzas represivas ya habían liberado ambos carriles. De la provisión de energía eléctrica, ni noticias.

Días antes, un grupo de 35 jóvenes también había sufrido la represión, pero en la ciudad de Neuquén. Los pibes y pibas, en situación de calle, y que subsisten con changas, acampaban frente a la Municipalidad de Neuquén, cuando fueron atacados por ocho policías de la comisaría 1ª. Estaban acostumbrados a ser hostigados, a recibir los palos del estado, algo que, sabemos, pasa en cada barriada de nuestro país, pero en este caso los policías no sólo hicieron lo que para ellos es una rutina, sino que también les amontonaron las pocas cosas que tenían y se las prendieron fuego, con el claro objetivo de echarlos del lugar.

A Neuquén hay que sumarle Chubut. Una familia del barrio Oeste de la ciudad de Trelew, festejaba un cumpleaños. Alrededor de las dos de la mañana, uno de los que estaban en el festejo salió al portón de la vivienda. La policía, al verlo, lo interceptó y lo arrastró unos treinta metros para golpearlo salvajemente. La familia salió para ayudarlo y la respuesta que recibieron fueron puros balazos de goma. Volvieron a meterse en la casa, y los policías fueron hasta ahí para seguir con la brutalidad: les tiraron piedras, les dispararon con más balas de goma, y también de plomo, y dejaron heridos a cuatro chicos de 10 años. La cumpleañera pasó la noche en distintas comisarías, porque no conformes con el nivel de violencia que habían descargado sobre toda la familia, la policía se la llevó detenida.

La represión que es moneda corriente en los barrios, también lo es para quienes se organizan contra las injusticias del sistema. La semana pasada, unos diez militantes del Partido Obrero fueron atacados por una patota, mientras estaban haciendo una pintada, en Chaco. Un sujeto se acercó a los militantes y los amenazó, diciéndoles que se fueran, invocando a Gustavo Martínez, ministro de Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno provincial y presidente de la empresa estatal de agua, SAMEEP. Los militantes, sin ceder a la intimidación, continuaron la pintada. A los pocos minutos, este sujeto regresó con 30 personas más, armadas con palos, piedras y hasta un arma de fuego. Al grito de “ahora van a ver quién es Gustavo Martínez”, terminaron sacándolos a golpes.

Por último, el 12 de enero, los compañeros de la Junta Interna de ATE Garrahan comunicaron que el compañero Leonardo Baldiviezo fue agredido físicamente por Héctor “Pelusa” Carrica, delegado general del Ministerio de Salud y dirigente de ATE Nacional, a cargo del departamento de derechos humanos, por repartir volantes a favor de construir una alternativa clasista y exigiendo el pase a planta permanente y aumento de salarios. Una vez más, la burocracia se hizo sentir a través de sus metodologías patoteriles, tan conocidas por los compañeros que militan en el sindicalismo antiburocráctico.

Como queda constantemente demostrado, la represión se descarga permanentemente sobre los pobres, en cada barrio donde la cana impone un orden y una autoridad que, se supone, no se puede cuestionar.

Pero la represión no sólo es ejecutada por las fuerzas oficiales. Los defensores de la desigualdad también cuentan con patotas que están dispuestas a hacer el trabajo sucio como no podría hacerlo una fuerza del estado. No es casual que este tipo de represión, la represión tercerizada, sea comúnmente utilizada para hostigar o amedrentar a quienes se han organizado para modificar un orden de cosas, donde el estado- como en estos casos, pero también las patronales-, amenazado por la organización y la lucha, no puede abiertamente salir a frenar a nadie, porque entonces quedaría desvelado el verdadero interés que representa, el de los ricos que viven a costa del pueblo trabajador.

Charlie Hebdo y la política “antiterrorista”.

La mañana del miércoles 7 de enero amaneció con la noticia del atentado a las oficinas de redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Más de 50 tiros, 17 muertos y al menos 10 heridos se volcaron en los titulares de toda la audiencia mundial. Todo el arco político francés, con el inefable rol de los medios hegemónicos y el inmediato alineamiento de la burguesía internacional, se precipitaron a repudiar el hecho como el mayor atentado de la historia de Francia en más de cincuenta años, y a instalar -en pleno contexto de la “Guerra contra el terrorismo”- la condena en abstracto de las prácticas extremistas, como contraparte de la bandera de la democracia y la libertad de expresión. De este modo, mientras la Plaza de la República era colmada por una movilización millonaria que bregaba por “la paz”, encabezada por el presidente francés Hollande, los principales gobernantes de la Unión Europea y otros jefes de Estado, las calles de todo el país eran teñidas de fuerzas de choque.

El gobierno de Hollande, por orden del primer ministro francés Manuel Valls, decidió aumentar el plan de protección antiterrorista (Plan Vigipirate) al nivel de “alerta atentados”, el más alto posible. Se destacaron 88.000 efectivos en toda la región para controlar las calles y viviendas, monitoreadas -además- por helicópteros, como medida de prevención de posibles atentados, como explicaría Valls: “Se estima que hay unos 1.400 terroristas franceses o residentes en el país que son candidatos potenciales o que ya se sumaron a la Yihad en Siria o Irak”. Asimismo, se movilizaron 5.000 policías para vigilar las sinagogas y escuelas judías, y se desplegaron 10.000 militares para reforzar el control de instalaciones y edificios “estratégicos”, sitios neurálgicos, transportes públicos, etc.

El procedimiento necesariamente nos hace recordar a la salida que el gobierno estadounidense dio a los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la Patriot Act y sus efectos materiales, así como también podríamos pensar -sin ir más lejos- la respuesta del estado argentino al atentado a la AMIA, que fue la excusa para la primera irrupción de prefectura y gendarmería nacional en las calles de la ciudad de Buenos Aires; para la creación de la Secretaría de Seguridad y para los primeros proyectos fallidos de leyes antiterroristas, que igual sirvieron para incvorporar a nuestro sistema figuras como el agente encubierto, el arrepentido y el informante.

No se trata de simples procedimientos, ni de eventos aislados, sino de la aplicación -profundización- de una política concreta, con plena vigencia a nivel internacional, perpetrada -en sus distintas formas, según el contexto y la región- por los propios gerentes de la muerte y el cercenamiento de los derechos básicos. No hace falta que nos extendamos en ejemplos, porque sobran. De las calles de Francia a Buenos Aires, del Plan Vigipirate a la Reforma del Código Procesal Penal hay un paso, y no es otro que el de la puesta en práctica cotidiana. Como bien sintetizaría la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su adhesión al gobierno francés: “La Argentina reitera su inalterable compromiso con la paz y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”. No por nada su gobierno y el de su marido lograron la sanción de ocho leyes antiterroristas.

Las variables no modifican el resultado: la represión es política de estado.

El carácter represivo de las diferentes instituciones del estado no merma su accionar en el verano, sea en los lugares de reclusión, en las comisarías donde revientan o “suicidan” a los detenidos o en los barrios dónde rige el “dispare primero, luego pregunte”.

Terminando el año 2014, Leandro Maximiliano López fue asesinado por otro recluso en la Unidad 30 de General Alvear, Buenos Aires. López y su madre habían pedido que lo trasladaran a otra cárcel, ya que tenía problemas con guardias del penal y otros detenidos, pero lo único que consiguió fue que lo pusieran en una celda de aislamiento, un buzón de 2×2 sin ventanas. El 30 de diciembre, frente a agentes del Servicio Penitenciario, un detenido encargado de repartir los bidones de agua en la Unidad Penal ingresó al buzón de López y lo asesinó.

El viernes 9 de enero, en las últimas horas del día, se mataron entre ellos. El cabo de gendarmería Pablo Gómez, de 27 años, iba a ser desalojado de su domicilio, en San Nicolás. Los policías Pablo Costas, Héctor Mussio, Matías Seraffinni y Gabriela Mazzaco, apoyados por el Comando de Patrulla Comunitaria, dispararon una ráfaga letal cuando el gendarme salió a la puerta de calle, con su pistola en la mano.

El 16 de enero, Leonardo Adolfo Rodríguez Contreras se “suicidó” en un calabozo de la comisaría 27 de Godoy Cruz, Mendoza. El joven, de 20 años, había sido detenido por averiguación de antecedentes a la una de la mañana; dos horas después, la policía notificó que se había ahorcado con su propia remera.

Comenzando el 14 de enero, Gisela Georgina Fernández, de 24 años, fue baleada con tres disparos por un efectivo, arriba de un colectivo de la empresa “La Perlita” en el barrio de Cascallares, en Moreno. Según el relato oficial, la chica intentó asaltar el colectivo junto a otros dos personas armadas con armas blancas, cuando un efectivo de la PFA disparó varias veces e hirió de gravedad a Fernández y a otros dos pasajeros que viajaban en el colectivo, uno de ellos aparentemente acompañando a Fernández en el atraco.

El efectivo escapó y luego se entregó en la Comisaría 1ª de Moreno. La Dra. Gabriela Urrutia, de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso la detención del policía por considerar que “actuó con abuso de fuerza, no midiendo la gravedad de su accionar”. La joven se encuentra internada en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega en estado delicado.

El mismo miércoles 14 de enero, en Punta Mogotes, Mar del Plata, un efectivo que participa del Operativo Sol, fusiló a un joven de 24 años, sosteniendo que intentó ingresar al chalet en dónde se hospedaba con otros seis policías. El uniformado escuchó desde su habitación al joven y a su acompañante, que se transportaban en moto, y salió a los tiros, matando en el acto a uno de ellos e hiriendo al otro, que pudo escapar.

También el mismo día, en Córdoba Capital, alrededor de las 23:00, un suboficial mató a los tiros a dos sujetos que, según dijo, habían intentado asaltar su casa en el barrio Alto Alberdi.

Finalmente, en el barrio Arroyito, de Rosario, y siempre el 14 de enero, hubo un robo, que continuó con una persecución policial por más de 30 cuadras. Cuando todo terminó, Nelson Gastón Fuentes, de 24 años, quedó muerto dentro del auto perseguido, y su acompañante, de 26, estaba herido en un tobillo y el abdomen. Curiosas ubicaciones para disparos que los policías dicen que efectuaron desde atrás, persiguiendo el auto. Los vecinos que vieron el desenlace, cuando los policías dispararon unos 30 proyectiles en 10 metros cuadrados, echan algo de luz al asunto. Cuentan que el auto en que iban Fuentes y su amigo ya tenía una goma reventada de un disparo, cuando uno de los patrulleros lo alcanzó y chocó de atrás. El auto impactó en el cantero central y se detuvo. Luego se escucharon entre 15 y 20 disparos. “Los policías al pibe lo remataron en el auto. Después festejaban como un gol. Se abrazaban y felicitaban golpeándose el pecho, mientras sacaban al herido a golpes y trompadas del auto”, dijo un vecino al diario La Capital.

¡Así da gusto la cárcel!

La semana pasada, fue noticia en algunos medios que, en la comisaría 27ª de la ciudad de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, varios presos contaban con los beneficios y comodidades típicos de una celda VIP. Como en casa, a cambio de unos pesos, tenían televisores led, heladera, aire acondicionado y acceso irrestricto a telefonía celular. Además poseían las llaves de su propia celda, que abrían desde adentro.

Entre los afortunados se encontraban Diego “Panadero” Ochoa, ex jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, imputado por los asesinatos de Roberto “Pimpi” Camino, anterior líder de los barras de ese club, y de Maximiliano “El Quemadito” Rodríguez y Mauro Quebertoque, hijo de un policía, acusado del homicidio de Eugenio Badaloni.

Como consecuencia de este hallazgo, fueron separados de sus cargos el titular de la seccional, comisario Cristian Moya, y el jefe de Inspección de Zona, Daniel Villanoa, a quienes se inició un proceso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De más está decir que estas celdas VIP se diferencian enormemente de la situación que viven los detenidos en comisarías, tanto los que enfrentan causas penales, como los detenidos arbitrariamente por aplicación de efectivas herramientas de control social, como la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas y contravenciones. Esa población vive en condiciones infrahumanas, hacinada en minúsculas celdas y sometida a constantes torturas y asesinatos.

Basta con mirar los datos del Archivo casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado, que muestra que durante el periodo 1983/2014, de los 4.278 muertos por el aparato estatal, el 39% murió en una cárcel, comisaría o bajo custodia.

¡Libertad a los defensores de los presos políticos vascos!

Con el significativo nombre de “Operación Mate”, segunda parte de la “Operación Jaque” de hace un año, el estado español detuvo 16 personas en Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Madrid, de las cuales 12 son abogados del Frente de Cárceles de ETA, es decir, defensores de los presos políticos vascos, y los otros cuatro, empleados de sus despachos.

Mientras decenas de miles de personas se manifestaban en Bilbao contra la dispersión de los presos de ETA, la Guardia Civil irrumpió en los locales, domicilios personales y estudios, además del laboratorio LAB de Bilbao y tres “herriko tabernas” vizcaínas. La redada causó, colateralmente, la suspensión de un juicio ante la Audiencia Nacional en el que intervenían como defensores de presos políticos algunos de los nuevos arrestados.

Usando a pleno las herramientas que brindan los paquetes de “leyes antiterroristas” profusamente vigentes en España, los compañeros están acusados por delitos económicos de “financiamiento del terrorismo” y contra la Hacienda pública.

Entre los detenidos se cuentan la abogada Ane Ituiño, junto a Kepa Joys Mantzizidor, Javier Carballido y Atxarte Salvador, además del abogado Alfonso Zenon, condenado el año pasado a una multa e indemnización por haber denunciado las torturas a los presos políticos, lo que fue calificado como “calumnias” por un juez. También fueron detenidas las abogadas Arantxa Aparicio, Ainhoa Baglietto, Onintza Ostolaza, Jon Mintegiaga, Aiert Larrarte, aione Karrera Ciriza Eukane Jauregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izko. Los demás presos son Francisco Javier Balda Araña; Jon Mintegiaga Oiarbide, Javier Carballido Ezkerra y Nagore San Martín Monton.

La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que sigue al pie de la letra la doctrina Garzón (“todo es ETA”), y busca un objetivo claro. Con la detención de los defensores y la incautación del dinero recaudado solidariamente en colectas para enfrentar los gastos que impone la política de dispersión, se busca desarticular el frente de defensa legal y apoyo material a los miles de presos políticos que el estado español tiene en sus calabozos.
Nada lo muestra más claramente que una de las acusaciones concretas contra los abogados, que consiste en “visitar a los presos”, con el argumento de que, con ello, “transmiten instrucciones de ETA para evitar arrepentidos”.

Hace ya varios años que el estado español, con su aceitado mecanismo represivo militar y judicial, ha elegido como blanco preferencial a los abogados de presos políticos y a los vinculados con las tareas de financiamiento para asistencia material de los detenidos y para facilitar las visitas familiares en el marco de la dispersión en todo el territorio. Es una verdadera muestra de que no hay peligro mayor para el estado represor que la solidaridad activa con los represaliados y reafirma la necesidad de profundizar la lucha por la libertad de los presos políticos.

Próximas actividades.

Jueves 22, 11:00, en San Juan y Santiago del estero, concentración y corte por la reincorporación de trabajadores despedidos de ATE Estadística del GCBA.

Viernes 23, desde las 19:00, estamos en Callao y Corrientes con la agenda antirrepresiva y otros materiales.

Sábado 31, a 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga, marchamos desde Perú y Pringles, Lomas del Mirador, hasta Mosconi y Gral. Paz.