CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Desde la madrugada en que apareciera muerto, con un tiro en la cabeza, el titular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman, se impuso en los medios (“amigos” y “enemigos” del gobierno) un escenario que mezcló irreverentemente el atentado terrorista a la AMIA y sus 85 muertos con opiniones más o menos “expertas” sobre pestillos y cerraduras, pasadizos con aires acondicionados, dermotest vs. barrido electrónico, autopsias “psicológicas”, escuchas telefónicas que dan más vergüenza ajena que miedo y demás paparruchadas distractivas. Con el paso de los días, sin embargo, el tema de los “servicios de inteligencia” se fue afianzando como telón de fondo del espectáculo, hasta llegar al discurso presidencial del lunes 26 de enero, en el que la presidenta anunció, por cadena nacional, que se había dado cuenta que es necesario “cortar de cuajo” con esa “calesita permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación” que constituye la Secretaría de Inteligencia, una “deuda de la democracia”.

Hasta el más benévolo dirá que resulta bastante tardío el reconocimiento de la “deuda” por parte de quien ejerce la primera magistratura desde hace más de siete años, y fue cónyuge y primera socia política del que gobernó los cuatro años anteriores, sin contar sus previas experiencias en bancas legislativas y casas de gobierno municipales y provincial.

La SI (Secretaría de Inteligencia), hasta 2005 SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y en su origen CIDE (Coordinación de Informaciones de Estado, creada en 1946 por el presidente Juan Domingo Perón) depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional. No hay –no hubo nunca- intermediación alguna entre el Secretario de Inteligencia, que es un miembro especial del Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y la Presidencia de la Nación. Por algo cada gestión, desde 1983 a la fecha, colocó en ese cargo a “hombres de confianza”, como lo fueron, desde mayo de 2003, Sergio Acevedo, Héctor Icazuriaga, y ahora Oscar Parrilli; o antes Facundo Suárez (padre) para Raúl Alfonsín; Juan Bautista “Tata” Yofre y Hugo Anzorreguy para Carlos Menem; Fernando de Santibáñez y Carlos Becerra para Fernando de La Rúa y Carlos Soria y Miguel Ángel Toma para Eduardo Duhalde.

“Los más leales de los leales” parece ser el lema para elegir a quienes dirigen el aparato de espionaje más importante, pero no el único con el que cuenta el estado argentino. Además de la SI o SIDE, cada fuerza armada y cada fuerza de seguridad tiene su propia estructura en materia de espionaje y análisis de datos, que sólo trascienden de vez en cuando, y por algún episodio puntual, como sucedió con el Proyecto X de Gendarmería en noviembre de 2011, a partir del extraordinario ataque de sinceridad contenido en declaraciones testimoniales de gendarmes e informes de la fuerza, incorporados en diversas causas penales contra trabajadores de Kraft, Paty, el Frigorífico Rioplatense y otras de la zona norte del GBA. Si algo se probó, muy a pesar de los jueces, en la causa iniciada a partir de la denuncia formulada por los trabajadores, es que no se trató nunca de una iniciativa propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional.

No significa ello que no existan “internas”, a partir de fricciones entre sectores que responden a proyectos divergentes dentro del amplio espectro de los partidos de gobierno, al punto de generarse en más de una ocasión enfrentamientos fraccionales en los que unos y otros utilizan, contra sus competidores internos, las mismas herramientas con las que cumplen su “función pública”. Es que, como decía Rodolfo Walsh, “hombres violentos suelen tener parientes violentos (…) y sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”. Fue así que, poco después, una interna en el ministerio de Seguridad puso en primera plana al infiltrado agente de la PFA Américo Balbuena, que por 11 años había trabajado doble turno, como periodista y como infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh.

¿Acaso descubrimos con el oficial Balbuena que la PFA tiene su propio aparato de “inteligencia”? No. Si en los ‘80 trascendieron las tareas de inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) de la Policía Federal, en los ’90 ese organismo, reconvertido en la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado, fue el principal protagonista del espionaje sobre las organizaciones populares.

Lo constatamos en 1995, cuando el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones por una serie de graves “delitos”. La prueba acompañada, que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos y órdenes de detención, eran un video y “dos carpetas conteniendo información de inteligencia” (sic) encuadernadas con tapas azules.

El video contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas, como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones estudiantiles contra la Ley Federal de Educación y marchas de los jubilados en Congreso. Las carpetas, que comenzamos a llamar “Libro Azul” a falta de otro nombre, contenían información política y personal sobre más de 250 personas de casi todo el arco militante de la izquierda (no sólo de los denunciados). Las más de 500 fojas eran fotocopias de un original que nunca se entregó, en las que se habían eliminado sellos, firmas y todo signo que pudiera identificar al “servicio” que recabó la información.

Buena parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales o domicilios privados, por lo que se los debió obtener “pinchando” teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones judiciales, la Policía Federal, la SIDE y el ministerio del Interior, negaron tajantemente haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó que en 1997 se iniciara una causa contra Carlos Corach, para determinar el origen del “Libro Azul”. Esa causa, instruida por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, fue debidamente archivada un par de años más tarde, a pesar de los esfuerzos de los denunciantes.

Similares “informes de inteligencia” son habitualmente provistos por personal de la Policía Federal, la SIDE y otras dependencias oficiales en múltiples causas, como la seguida hace más de 12 años contra los integrantes de un comedor popular en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, donde los espías hablaban de “vínculos con Sendero Luminoso” porque, entre los concurrentes al comedor, había ciudadanos peruanos.

En 2001, CORREPI intervino en la defensa de los imputados en la causa nº 22.944 del Juzgado Correccional nº 8, secretaría nº 61 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización a la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán. Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, remitió al juzgado un informe de “inteligencia” en el que indicaba a la jueza a quiénes se debía procesar. Con fotos, nombre y apellido, número de documento y domicilio, el informe identificaba a tres personas, dos muchachas veinteañeras integrantes de una de las organizaciones movilizadas, y un simple adherente que ni siquiera había concurrido a la movilización. Al final del informe, el comisario lamentaba que no pudiera dirigirse la acción penal contra un referente piquetero en particular, porque ese mismo día estaba en otra provincia, donde había hecho declaraciones a la prensa.

También en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial, notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió disculpas por la demora, explicándole que “si vienen los abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad”. En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia del “Despacho 02/01″, que ordenaba al personal de todas las unidades penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los abogados de nuestra organización antirrepresiva, incluyendo los nombres de los internos entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva, declaró ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que el despacho había sido dictado en atención a que había recibido una nota anónima que acusaba a los militantes de CORREPI de “fomentar y facilitar motines y fugas en los penales”. Explicó que, aunque el anónimo “carecía de todo viso de seriedad”, decidió redactar y firmar la orden interna, a través de la cual se registraban todas las concurrencias a cárceles de los integrantes de la organización, así como los nombres de los visitados, en su mayoría presos políticos.

No es necesario, para el activo militante, recordar el rol que jugó en 2002, antes y después de la masacre del Puente Pueyrredón, el secretario de Inteligencia de entonces, Carlos Soria, uno de los encargados de instalar el clima que anticipaba, desde los más altos niveles del poder político nacional, la represión. Y después, fue el gestor y vocero de la “denuncia del complot”, que trató de convertir el plan de lucha de las organizaciones de desocupados en un siniestro plan subversivo.

Ya en 2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia en la causa iniciada tras la represión a la movilización del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre de 2004. La principal “pieza acusatoria” era un “informe” emanado del Departamento de Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por el sólo hecho de “haber participado” de determinadas movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones, acompañando material fotográfico y “fichas” personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio “análisis” de la información, que concluía que, en realidad, todas esas agrupaciones eran simples “frentes de masas” de una única organización clandestina, que tenía por objeto desestabilizar el sistema democrático.

El juez a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra causa que simultáneamente instruía por un escrache a la petrolera Repsol, ordenó a la policía federal que intensificara sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones.

Después de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes. En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió un “informe de inteligencia” elaborado por el ministerio de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de gendarmería, sino por el ministro León Arslanián.

Además de estos ejemplos de “inteligencia” federal y bonaerense, en tiempos nada lejanos se verificó, también, que la Armada hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos, empezando por el aparato de inteligencia del ejército, dirigido, por decisión de Cristina Fernández, por el genocida general César Milani.

Es con estos antecedentes que debemos analizar hoy el proyecto de reforma de la SI anunciado por la presidenta, que, como todo lo anterior, tampoco es novedoso.

El 19 de abril de 2004, en tiempos de la “cruzada Blumberg”, el gobierno nacional, entonces encarnado en Néstor Kirchner, anunció un “Plan Estratégico sobre Justicia y Seguridad”. El “plan”, además de las clásicas recetas de mano dura (baja de la edad de imputabilidad, dificultación de las excarcelaciones y otras medidas alternativas a la prisión preventiva, justicia “veloz” para delitos in fraganti, incorporación al Código Penal de nuevos delitos “contra el terrorismo”, aumento del número de efectivos de las fuerzas, creación de figuras como el “arrepentido”, construcción de más cárceles, etc.) preveía la creación de la AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES en reemplazo de la entonces SIDE, con más o menos las mismas características que anoche explicó Cristina Fernández.

Aquel Plan Estratégico fue presentado en el Salón Blanco de la Casa Rosada por el ministro de Justicia de la época, Gustavo Béliz, que poco después tuvo que irse del gobierno y del país porque se atrevió a mostrar en TV la foto del espía favorito (hasta hace poco) del kirchnerismo, Jaime Stiuso/Stiles. La causa penal iniciada contra Béliz (que merece ir preso por muchas otras cosas, como su relación con el ideólogo del Manhattan Institute William Bratton) todavía esta dando vueltas en la Corte Suprema.

Once años después, Cristina Fernández nos presenta el mismo gato, y nos vuelve a decir que es liebre. Con uno u otro nombre, dependiendo de la presidencia o de la procuración, la “calesita” seguirá dando vueltas para el mismo lado. Igual habrán jueces y fiscales, y periodistas y opinólogos, empresarios y políticos, financistas y de todo un poco, que funcionen como informantes reclutados de modo más o menos voluntario por los servicios de inteligencia. Seguirán yendo y viniendo los sobres con dinero o con amenazas de divulgar secretos de alcoba u otros al mejor estilo del J. Edgar Hoover de los ´50. No cambiará la realidad del escuchado porque sea un empleado de una fiscalía el que grabe y transcriba lo que le interese.

El aparato estatal, con sus gobiernos de turno, bajo el nombre y la estructura legal que los tiempos le aconsejen, va a seguir espiando, infiltrando, reclutando buches y persiguiendo a propios y extraños, mientras sean unos pocos los que vivan a costa de los demás. No es de los jefes de ese aparato que vendrán las soluciones.