CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

La represión en las calles no es transformación.

El lunes 13 de abril, fuimos invitados a participar del programa “Una Tarde Cualquiera”, que se transmite en vivo por la TV Pública, con motivo del vigésimo aniversario de la fundación de la agrupación HIJOS en 1995. Decidimos asistir, porque nos parecía importante sumar una perspectiva crítica al homenaje del camino de lucha emprendido hace veinte años, y que a nuestro criterio debería seguir vigente con la misma impronta con que se inició. Por sobre todas las cosas, también fuimos a llevar la voz de los sectores combativos que hace veinte años emprendieron ese camino y hoy siguen luchando, porque sabíamos que esos/as compañeros/as, -aquellos que despectivamente, con sorna y un descaro desmedido, la referente de H.I.J.O.S. Capital, Paula Maroni, se atrevió a referir como a “esos que dicen ser HIJOS”, los/as compañeros/as de HIJOS La Plata e HIJOS Oeste- no habían sido invitados.

La composición del debate estaba dispuesta -como era de esperarse- a favor de la audiencia a la que iba dirigida: una presencia del 80% de organizaciones oficialistas, un 10% de organizaciones opositoras patronales, un 5% de centro-izquierda, y un 5% de izquierda. El panel -dos militantes de H.I.J.O.S. y un historiador kirchnerista- y la dinámica del programa, iban en el mismo sentido: las organizaciones preguntan, ellos responden, lo que implica, entre otras cosas, que siempre se queden con la última palabra. Si a eso le sumamos que las organizaciones presentes eran más de treinta para un programa de una hora, en el que deben convivir videos, presentaciones, intervención de los “moderadores” y el propio debate, comprenderemos que el tiempo no es mucho. Frente a este escenario, nuestras posibilidades eran muy pocas, pero hicimos lo que pudimos.

La mayoría de las intervenciones fueron en línea con el elogio o la funcionalidad del escenario. Nosotros/as optamos por tener una intervención que tuviera forma de pregunta, pero que incluyera la denuncia, porque sabíamos que no íbamos a tener posibilidad de replicar. Tuvimos dos minutos. Elegimos problematizar el rol de los organismos de DDHH, porque entendemos que cuando pierden su independencia política y deciden plegarse a un proyecto político burgués, entregan la lucha, bajan las banderas, y los puños también. Entonces, “preguntamos” cuál es el rol de un organismo de DDHH que abandona su independencia política, y -en ese tren- no es capaz de denunciar, por ejemplo, el resultado de la política represiva del Estado (que durante los gobiernos kirchneristas se cobró más de 2.700 víctimas).

Nosotros sabemos la respuesta. Podemos darla. Pero esta vez, la respuesta de Maroni fue elocuente: “Entendemos que la política por sobre todas las cosas es una herramienta de transformación. En algún momento creíamos que la herramienta de transformación estaba más en la calle que en otro lado. Hoy creemos que esa transformación pasa por el Estado, porque creemos que en este momento es donde más se puede transformar. Mañana podemos volver a la calle, sin ningún problema, porque lo supremo y lo más importante es la política como transformación”. La claridad de los hechos, no la claridad política, claro.

Todos sabemos que abandonaron la calle -y la lucha con ella- hace tiempo, eso no es ninguna novedad. Pero esta vez, no hizo falta que lo dijéramos nosotros. Lo admitieron ellos. Con este panorama, no pudimos menos que simplemente hacerles una devolución de gentileza, y recordarles en qué consiste esa transformación: por eso dijimos -y repetimos, una vez más-: que la represión en las calles, no es transformación. (Link a nuestra intervención: https://youtu.be/WfjcSw-5l68?t=338)

Neuquén: Criminalizar y garantizar la impunidad, dos caras de la misma justicia.

“La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”, señalaba el recientemente fallecido Eduardo Galeano. A colación vienen estas palabras para entender el accionar del poder judicial neuquino, que ha avanzado en la criminalización del pueblo mapuche y su histórica resistencia ante las petroleras y las megamineras y le guiñó el ojo a uno de sus represores encarcelados por fusilar a nuestros pibes.

El 19 de diciembre de 2012, el policía Claudio Salas fusiló de un tiro en la cabeza a Brian Hernández, cuando éste, junto a unos amigos, circulaba en el auto de sus padres. Luego de movilizaciones de familiares, amigos, organismos de derechos humanos y del campo popular, se llegó al juicio que condenó al oficial de la policía neuquina a 25 años de prisión. Corolario de esa lucha, fue el asesinato de Gabriel Gutiérrez, testigo clave del juicio contra Salas, acribillado un día después de testificar contra el policía.

Esta semana, el Colegio de Jueces dispuso una reducción de la pena a 15 años, luego de que el Tribunal Superior de Justicia neuquino modificara la calificación de la imputación de homicidio calificado a simple. El premio a los asesinos de la juventud, es un paso más cerca de la impunidad.

En el mismo diciembre de 2012, la complicidad del poder judicial con las empresas petroleras escribió un capítulo más contra el pueblo mapuche: en horas de la mañana, la oficial de justicia Verónica Pelayes, junto a policías y representantes de la petrolera estadounidense Apache, se presentaron ante la comunidad Winkul Newen para notificar su desalojo, bajo orden de la jueza Ivonne San Martín, destacada por sus medidas contra las comunidades originarias. El territorio mapuche en cuestión, contenía el yacimiento Portezuelo Norte, paralizado por los comuneros ante la contaminación que generaban los trabajos de exploración y extracción.

En el enfrentamiento con la policía y miembros de las petroleras, primereados por una topadora, un piedrazo dio en el rostro de Pelayes, lo que motivó el juicio que se está llevando adelante, desde el 13 de abril, en Zapala, contra Relmu Ñamku, Martín Maliqueo (vocero de la comunidad) y Mauricio Rain, longko (autoridad) de la comunidad Wiñoy Folil. Los fiscales piden más de 15 años de prisión por homicidio en grado de tentativa agravado para Ñamku, mientras que para los dos hombres los cargos son por daños.

Con esta causa, el horizonte pinta negro: ¡un piedrazo es un crimen igual (o peor) que el perpetrado por un policía! ¿O el balazo por la nuca a un pibe es menos grave que la desesperación de quienes ven avanzar con una topadora sobre lo poco que tienen? Sabemos que eso no cambia el panorama: ni la policía va a emplear piedras para reprimir y asesinar en los barrios y a quienes se organizan, ni la lucha va a ceder ante los tribunales que sirven a las empresas multinacionales y defienden a los perros que hacen el trabajo sucio.

El evangelio según Samid.

Este fin de semana, fuimos espectadores de las PASO en algunas provincias de Argentina. Los resultados siguen dando cuenta de cómo las propuestas patronales y de derecha mantienen cautivo un caudal de votos que tienen como intencionalidad una propuesta hacia la inseguridad que dista mucho de una solución de fondo: la inseguridad son los barrios y el “problema” encuentra una simple solución, llenar de fuerzas represivas las barriadas populares.

Alberto Samid, vicepresidente del Mercado Central, funcionario y funcional a la campaña del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, no deja de asombrarnos con sus comentarios derechistas “Si sacamos al ejército a las calles, en 90 días no queda más droga en el país”, dijo ahora.

El funcionario, que en estas semanas se presentará en el programa de Marcelo Tinelli “Bailando por un Sueño”, no sólo da un apoyo explícito con sus declaraciones, sino que es completamente funcional a la política que Scioli viene implementando en el conurbano. Allí, esa “inseguridad”, provocada por los mismos funcionarios, encuentra una “solución” en la puesta en marcha de programas que sólo llaman a engrandecer la represión vivida en los barrios de los distintos municipios.

No se trata de una idea novedosa. Diversos funcionarios del kirchnerismo, tras sus pasos por el ministerio de Defensa, vienen levantando la bandera de la “necesidad de humanizar a las fuerzas vivas”. Pero es de pleno conocimiento que esas propuestas distan mucho de la realidad en la cual los barrios se ven sumergidos día a día. Pongamos el caso de Córdoba, que tras haber sufrido un inmenso temporal en el mes de febrero, terminó con ciudades completamente militarizadas con el discurso de la paz social, y el ejército y la prefectura como garantes de esa “tranquilidad”, cuyos priotagonistas son los mismos que dejan camineras liberadas para que “esa propuesta osada” de Samid resulte un verdadero fiasco.

Narcopolicías: conocidas bandas de la burguesía.

Empezó en Misiones el juicio contra cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Federal, detenidos en mayo de 2011 por ser integrantes de una banda de narcotraficantes. Fueron sorprendidos transportando más de dos toneladas de marihuana en un camión del SPF. La información dice que fueron sorprendidos por casualidad, ya que efectivos de gendarmería notaron que era extraño que un camión de ese servicio federal se hallara en ese lugar de la provincia.

Mientras esto ocurría en el nordeste del país, en la costa atlántica, esta misma semana, fueron detenidos cuatro integrantes de otra banda de narcos que operaba en los alrededores de escuelas marplatenses. El jefe de la banda es un deportista de élite y su segundo, un policía bonaerense.

Ambos casos, lejos de responder a la casualidad o a la excepción, o de referir sólo aspectos aislados de la realidad, revelan una vez más la determinante vinculación que existe entre los delitos más graves y los integrantes de las diversas agencias del aparato represivo estatal, y ponen de manifiesto el carácter estructural de la corrupción como tendencia histórica del capitalismo.

El tráfico de drogas es un negocio gigantesco de la burguesía. El capital excedente que demanda su generación está íntimamente vinculado a poderosos operadores del sistema. Al ser la protección y administración de los intereses de la clase dominante, una función esencial del estado, este negocio no puede quedar afuera.

Toda una red con apariencia de investigación, control y represión del narcodelito, suele ser usada para justificar el discurso de ocasión grandilocuente: “estamos combatiendo el flagelo”.

En verdad, lo que terminan haciendo, es garantizar su desenvolvimiento.

La paga a quien regentea el negocio es clara y muchas veces inocultable: se financian campañas políticas, se rescatan empresas en quiebra con el dinero que se lava mayormente en centros que fiscaliza y administra el sistema bancario de EEUU.

Con esa misma lógica, necesitado de perros guardianes, y para garantizar el procedimiento de desclasamiento al que es sometido quien integra las fuerzas represivas (¿de qué otro modo alguien extraído de la clase obrera puede cumplir esa función?) la burguesía -con el estado a la cabeza- sabe que hay mecanismos ilegales que pueden funcionar como prebendas, premios extras, tentadores y suculentos.

Mientras no se toquen ni afecten intereses de los poderosos y sólo los pobres sean sus víctimas, todo está permitido.

Todo el andamiaje del negocio de la droga, que pudre el tejido social del pobrerío, tiene en las mismas fuerzas represivas que suelen matarlo a palos, con tortura y con gatillo fácil, a sus responsables. Lo sabe cualquiera.

Por eso no nos engañan estos “arrebatos del pudor” con el que el propio sistema pretende, de tanto en tanto, lavar su cara.

Lo que pasó en Misiones y en Mar del Plata, es un reaseguro para el propio sistema cuando sus “empleados de cuarta categoría” se mejicanean o se desmadran exponiendo el negocio. Vendrá la condena leve, los beneficios extramuro, el cumplimiento efectivo de la nada.

Para el pueblo, sirve sólo para confirmar la regla: en los delitos más graves., siempre salta el botón de muestra.

Represión en Brasil en nombre de la propiedad privada.

En esta última semana, 300 personas sin hogar, victimas del déficit habitacional en Brasil, que habían ocupado un edificio de 20 pisos en Río de Janeiro, fueron violentamente desalojadas por las fuerzas policiales de ese país.

La utilización de spray de gas pimienta y el ejercicio de la violencia física por parte de los encargados de “establecer el orden”, tuvieron como resultado a 11 personas con heridas leves, mientras que otras dos fueron detenidas.

El accionar de las fuerzas represivas fue la de siempre, un operativo bajo los lineamientos de la propiedad privada, donde la orden judicial tuvo como objetivo recuperar ese edificio, propiedad del club de fútbol Flamengo, que se quedó con esa estructura edilicia que pertenecía al empresario más rico de Brasil, Eike Batista, que antes de declararse en quiebra quería transformar el inmueble en un hotel de cara a los Juegos Olímpicos de 2016.

Una vez más, el reclamo social, la necesidad de los más pobres, tiene oído sordo como respuesta de un Estado que no resuelve el déficit habitacional que muestra la situación de calle de muchas familias a nivel mundial. La respuesta en Brasil, como en cualquier Estado capitalista, es la represión y no la intención de dar soluciones a los que sufren en carne propia la violencia de no tener derechos básicos como el acceso a una vivienda digna.

Sigue la pelea por el crimen de Saavedra.

El 1º de marzo de 2014, el policía federal Javier Iván Almirón persiguió, tiró al piso y fusiló a Gonzalo Crespo, vecino del Barrio Mitre de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires. Los cinco disparos del arma reglamentaria, que impactaron a muy corta distancia en el cuello, pecho y abdomen del joven, sacaron a la calle a todo el barrio, que se movilizó junto a la familia de Gonzalo a la comisaría y ganó la tapa de los diarios del día siguiente.

A partir de ahí, la familia de Gonzalo encaró con fuerza el reclamo, organizada en CORREPI. Su mamá, Beti, y su compañera y mamá de su bebé, Fiamma, pidieron ser querellantes en la causa penal. La primera batalla se presentó con ese aparentemente simple trámite procesal, porque la defensa del policía se opuso, argumentando que Gonzalo no era víctima, sino victimario, y tuvimos que ir ante la Cámara de Apelaciones para que se les reconociera el elemental derecho de intervenir en el expediente. Se los ganamos a fuerza de movilización, organización y lucha.

Luego, aportamos la lista de vecinos que estaban en el lugar en el momento del fusilamiento, pero el juez decidió “tenerlo presente”, y ninguno de ellos fue convocado. Sólo declaró un testigo que pidió reserva de su identidad, que se refirió en todo momento a Gonzalo como “el delincuente” y al asesino como “el oficial”, pero que, aun con esa sesgada mirada, no pudo ocultar que escuchó cinco disparos seguidos, todos de la misma intensidad, cuando Gonzalo estaba caído en el piso.

Con eso le alcanzó al juez para sobreseer al policía, y de nuevo tuvimos que apelar. Nuevamente nos movilizamos ante la cámara criminal, el 31 de marzo pasado, y nuevamente denunciamos que a Almirón no lo defiende un abogado particular, ni un defensor oficial, sino que lo hacen los abogados de la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad, es decir, el poder ejecutivo nacional.

Esta semana falleció el escritor uruguayo Eduardo Galeano, ése que definió a los pobres como “los nadies que cuestan menos que la bala que los mata”. Se quedó corto el poeta. Para el ministerio de Seguridad de la Nación, por boca de sus empleados, los abogados Sergio Hernán Letizia y Miguel Ángel Aguilera, Beti y Fiamma debían ser condenadas a pagar las costas del juicio, es decir el costo de la defensa del policía, por haberse atrevido a cuestionar “un acto de servicio a la comunidad”.

Una nueva movilización, que no se diluyó a pesar de las dificultades para el transporte en plena jornada de paro nacional, fue el marco de la nueva audiencia ante la cámara criminal. Los bombos y redoblantes acompañaron con fuerza a las compañeras Beti y Fiamma, que tuvieron que soportar, otra vez, que los abogados institucionales dijeran, ante los jueces, que el criminal era el muerto, y el asesino la víctima, y encima les reclamaran que pagaran sus honorarios.

Mientras se hacía la audiencia, Beti tuvo que salir de la sala, a pedido de los jueces, cuando estalló y les gritó a los cuervos estatales “¡Encima que me lo mataron quieren que les pague!”. En la calle, desierta por el paro, las hermanas de Gonzalo, rodeadas por los militantes de CORREPI, muchos de ellos familiares de otros pibes asesinados por la policía, aplaudieron su orgullo proletario.

Pasaron tres semanas, y de nuevo frenamos la impunidad. Logramos sostener la causa abierta, y que la cámara ordene al juez escuchar el testimonio de los vecinos. Sigue la lucha por Gonzalo, sigue la lucha de todos los días contra los represores y sus defensores institucionales.

Próximas actividades.

Martes 21, desde las 8:00, en los Tribunales de Lomas de Zamora (Camino Negro y Larroque), estaremos junto al CeProDH durante el juicio contra el policía Mario Correa, asesino de Mauro Silva.

Sábado 25, desde las 15:00, sigue la Campaña contra la Represión en los Barrios impulsada por el ENA: Pintada de mural antirrepresivo junto a la Coordinadora Antirrepresiva Oeste en el corredor Haedo del FFCC Sarmiento.

Sábado 25, a las 17:00, en nuestro local (Humberto Primo 1692, CABA), proyección de la película “Ciudad muerta” en el marco del BAFISU.