CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Todos a la sentencia por Luciano: la calle es nuestra.

La semana pasada comenzó el juicio al policía bonaerense Julio Diego Torales, único acusado por la detención ilegal y aplicación de tormentos a Luciano Arruga, el 22 de septiembre de 2008, en el Destacamento de Lomas del Mirador.

En todas las jornadas, que se desarrollaron en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) de San Justo, partido de La Matanza, varias organizaciones del campo popular nos hicimos presentes para acompañar la lucha que los Familiares y Amigos de Luciano llevan adelante desde enero de 2009, cuando el adolescente fue nuevamente detenido, asesinado y permaneció desaparecido, hasta que encontráramos su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita el año pasado.

La defensa de Torales abrió la primera jornada arguyendo que el juicio se constituía como un “hecho exótico” mediado por una “imputación denigrante” que sostenía a su defendido “detenido por razones políticas”. La sala, colmada de militantes antirrepresivos y familiares de víctimas, estalló en repudio cuando el apoderado del asesino, Juan Grimberg, se atrevió a preguntarle sin tapujos a Mónica Alegre –mamá de Luciano- qué opinaba, como madre, de que un chico 16 años salga a cartonear, confirmando su extracción de clase y la línea que motiva a la defensa. La respuesta de la compañera (“Estoy orgullosa de mi hijo, que tenía las manos limpias y no sucias por robar para la policía”) arrancó aplausos.

Después de la declaración sólida y conmovedora de Vanesa Orieta, hermana de Luciano, y los demás testigos, el debate concluyó el viernes 8 de abril con la presentación de los alegatos: la fiscalía y la querella, que habían anunciado acusarían por el delito de imposición de tormentos –con pena de 8 a 25 años de prisión- pidieron diez y dieciséis años respectivamente; la defensa, como era previsible, pidió el sobreseimiento, pero no sin antes solicitar que se impute por falso testimonio a Vanesa Orieta y a Juan Gabriel Apud –amigo de Luciano-, y acusar a Familiares y Amigos de ser “una organización que disfruta de acusar inocentes sólo por ser policías”.

No nos sorprenden este tipo de provocaciones, ni vamos a caer en ellas. No es la primera vez que una defensa de uniformados busca ampararse en el recurso de culpabilizar a la víctima: nos pasa cada vez que logramos sentar en el banquillo a un policía asesino. Ellos buscan correr el eje de los hechos, porque saben que los hechos son innegables y hablan por sí solos; apelan a un discurso legalista que interponga los derechos que la Ley debe garantizar, a los funcionarios de Estado, claro.

La sentencia será dictada el próximo viernes 15 de mayo en la sede del Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 3 de San Justo. No esperamos justicia, porque sabemos que la justicia es la garante de la impunidad para los represores. Ellos dicen lo que se debe y lo que es justo, y lo que es justo está cortado a la medida de los intereses a los que sirven. Detrás del gatillo fácil vienen las bajas de condena, el sobreseimiento, la absolución o la fuga fácil.

Pero también sabemos que la impunidad es hija del olvido, y eso es lo que no vamos permitir: que la misma policía que administra la inseguridad en los barrios, y que nos quieren hacer creer está para cuidar a la gente, parada en cada esquina con la 9mm en la cintura o una ithaca en la mano, es la que asesinó y desapareció a Luciano, como a tantos otros centenares de jóvenes, por haberse negado a robar para la policía.

La justicia la hacemos nosotros en la calle, cada vez que gritamos presente por cada una de las vidas que arrebataron y que hoy no pueden hablar; cada vez que nos organizamos y salimos a luchar por cada uno de los pibes que cayeron a manos de la represión.

La justicia es nuestra. La calle es nuestra. ¡Todos a la sentencia por Luciano!

Razzias en Córdoba: El control social al palo.

Entre el miércoles 28 de abril y el domingo 3 de mayo, unos 1.500 agentes policiales fuertemente armados, y coordinados por el jefe de policía provincial Julio Cesar Suárez, tomaron por asalto diversos barrios periféricos de la capital cordobesa, realizando una gigantesca razzia que condujo a la detención arbitraria de más de 1.000 jóvenes.

Los agentes ocuparon territorialmente barrios como Yapeyú, Bajo Pueyrredón, Bella Vista, Villa el Nailon y sembraron terror entre sus habitantes; allanaron viviendas sin orden judicial, amenazaron, robaron y detuvieron masivamente a jóvenes bajo las figuras contravencionales de “merodeo” o “resistencia a la autoridad”. La violencia no sólo se registró durante los operativos, sino que, a medida que recuperaron la libertad, los jóvenes denunciaron que habían sufrido golpes y otras torturas dentro de las comisarías.

Justificados por el discurso del “combate a la inseguridad”, las fuerzas represivas han incrementado su presencia en los barrios, convirtiendo estos operativos de saturación policial en una herramienta de acción frecuente en la provincia de Córdoba. De hecho, el propio gobernador provincial José Manuel de La Sota defendió el accionar policial y desestimó las protestas realizadas por organismos sociales, catalogándolos como “pequeños grupos cercanos a los detenidos”.

El adoctrinamiento represivo que lleva adelante la policía cordobesa busca generar miedo, controlar y dejar en claro que ellos son los que tienen el poder. La situación en Córdoba se vuelve aún más preocupante si recordamos que, en lo que va del año, se registraron nueve casos de gatillo fácil, el último de ellos pocos días atrás, cuando un policía retirado le quitó la vida a Brian Jesús Waima (16).

El año 2015 se encuentra signado por campañas electorales enmarcadas en la “lucha contra la inseguridad”. Amparándose en ella, la militarización de los barrios crece. Pedida desde ciertos sectores de la sociedad y puesta en marcha por los dirigentes políticos, el control y la represión generalizada se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual a lo largo y ancho del país, siempre útil como herramienta de control y a su vez como oportunidad de conseguir nuevos votos.

Detenciones y militarización en Jujuy.

En Jujuy, el 80% de la tierra está en manos de unos pocos, mientras que los que menos tienen deben acudir a la lucha para acceder a una vivienda propia. En horas de la mañana del 5 de mayo, más de mil trabajadoras y trabajadores aglutinados en el Frente de Gremios Estatales de Jujuy, junto a movimientos sociales, ocuparon tierras de Campo Verde, cansados de las promesas incumplidas de parte del gobierno provincial, con el fin de acceder finalmente a terrenos donde poder vivir.

Luego de la toma, lejos de resolver el problema, el gobierno de Jujuy detuvo al secretario municipal del SEOM, Sebastián López y al municipal, Christian Rivero, y, como si esto fuera poco, libró órdenes de captura para dirigentes del SEOM y ATSA.

Horas más tarde, Sebastián López y Christian Rivero fueron liberados gracias a la lucha y la presión de sus compañeros con movilizaciones y cortes de ruta.
Frente a la novedad de que sea un sindicato el que encabeza la lucha por las tierras, fueron imputados por el delito de usurpación el dirigente nacional Carlos “Perro” Santillán, Santiago Seillant, Yolanda Canchi, secretaria general de ATSA y los militantes Adrián Mirkin, Alberto Arias y Álvaro Sandoval.

La persecución a los que luchan es una política de estado, el fiscal Alejandro Maldonado lo dejó bien en claro en sus declaraciones: “Hemos pedido informes a Criminalísticas y se está tratando de individualizar a los autores del hecho y tendríamos determinado principalmente a los cabecillas de esta toma de tierras los cuales ya están siendo imputados”. Tampoco descartó la idea de desalojar las tierras ocupadas por los trabajadores y trabajadoras municipales.

Sin ir más lejos, y abonando a la gran paradoja de la década ganada, el actual ministro de gobierno y justicia provincial, Alberto Matuk, fue quien, en funciones como Fiscal de Estado en 2011, ordenó el desalojo de las tierras del Ingenio Ledesma, con el módico saldo de tres compañeros muertos y más de 30 heridos.

En un modelo de producción que garantiza que los pocos tengan mucho y los muchos tengan poco, es necesario un estado que perpetúe el statu quo: la criminalización de la protesta es una herramienta del capitalismo y una política de estado. Sólo con organización y lucha es que podemos dar la pelea.

Casos Silva y González: dos botones de muestra, al banquillo.

Los tribunales de Lomas de Zamora fueron escenario, la semana pasada, del juicio al policía Mario Correa, que en julio de 2013 fusiló a Mauro Silva en las puertas del Bingo de Adrogué, cuando él y su hermano Renzo, que resultó herido, intentaron socorrer a la mujer del policía, que la golpeaba.

En los alegatos, el fiscal Sebastián Scalera coincidió con la querella, representada por los abogados Ismael Jalil, militante de CORREPI, y Laura Táccari, del CeProDH, y, como ellos, pidió la pena de reclusión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado (uno consumado y uno tentado), teniendo en cuenta la alevosía, por el aprovechamiento de la situación de indefensión de los jóvenes, y la pertenencia de Correa con las fuerzas de seguridad del estado.

Si bien Correa estaba retirado de su cargo en la policía bonaerense, había sido reincorporado a las fuerzas de seguridad para formar parte de las nuevas policías locales en el partido de Ezeiza, impulsadas por el ex intendente y actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, bajo el sonoro nombre de “Programa Tolerancia Cero”, el mismo donde revistaba el Mataguachos de Fiorito, Juan Antonio Pelozo, asesino de Matías Barzola.

El alegato de la abogada defensora se centró en buscar atenuentes para evitar la aplicación de la pena máxima y disminuir la condena, no pudo siquiera discutir la autoría ni la responsabilidad, ya que la primera versión de Correa, que dijo que ambos jóvenes habrían ido a robarle, fue categóricamente descartada en la instrucción.

Uno de los “atenuantes” propuestos por la abogada del policía se fundó en la pericia psíquica, que arrojó como resultado que el sujeto padece de neurosis, patología que afecta al control de las emociones. Como le respondieron nuestros compañeros, de ser así es aún mayor la responsabilidad de los funcionarios estatales que lo reincorporaron.

El martes 12, al mediodía, CePRoDH y CORREPI volverán a movilizarse para escuchar la sentencia.

Este mismo día, pero desde las 9:00, en el mismo lugar, estaremos con los familiares y amigos de Leonardo González, ya que comienza el juicio al cadete de la policía bonaerense Juan Manuel Vallejos, que lo asesinó cuando Leo tenía 21 años. Era un domingo a las 8 de la mañana, y Vallejos venía disparando tiros al aire con su arma reglamentaria desde su camioneta, en pleno centro de Villa Fiorito. Leo, que iba a visitar a su beba de seis meses, lo increpó para que dejara de hacerlo, y la respuesta fueron siete tiros a quemarropa.

Tal como se escuchó en los alegatos por Silva, estos casos no son hechos aislados o cometidos por un par de locos. Son producto de la represión que sufren todos los días los pibes en los barrios, son consecuencia de un estado que protege a quienes cumplen la función de cuidar los intereses de un grupo dominante. Reclamar ante la justicia no devolverá a ningún hijo, hermano, padre, compañero. Es, como dijo Lidia, la mamá de Leo, “la confirmación de que hay responsables y que no debe pasarle a ningún pibe más”.

Quizás la mayor tarea sea que el estado se tope con lucha y organización en cada barrio, en cada fábrica, en cada rincón del país. Porque este accionar llevado adelante impunemente sin dudas está generando un grito en las calles.

Dos casos viejos y uno nuevo.

El 28 de enero de 2012, Patricio Jonathan Barros Cisneros (26), preso en la Unidad Penitenciaria 46 de San Martín, apareció muerto. Trataron de presentarlo como otro suicidio oportuno, pero los 36 golpes en su cuerpo y el testimonio de su novia embarazada, que presenció el inicio de la golpiza en la visita, dificultaron la tarea. Se probó que fue torturado hasta su muerte con golpes de puño y patadas propinados por seis agentes del SPB: Héctor Mario, Rodrigo Emilio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Víctor Miguel Gallegos, Juan Manuel Liberto y Javier Keem. Esta semana, los primeros cinco fueron condenados a prisión perpetua, y el sexto fue absuelto.

En una buena muestra de cómo funciona la defensa institucional, la tesis de “suicidio con 36 golpes” fue sostenida por el director de la cárcel, Leonardo Dziata; el subdirector Eduardo Orzusa y el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Mauricio Pinedo, al mismo tiempo que los autores materiales se profugaban.

El mismo día de esta sentencia, en la localidad de Benavides, Sergio Rodríguez (32) recibió una paliza por parte de agentes del Servicio de Apoyo Policial (SAP) de ese municipio. Rodríguez estaba parado en una esquina mientras escribía un mensaje de texto en su celular. Los policías lo abordaron, le pidieron documentos y lo acusaron de estar ebrio, lo que motivó que el hombre reclamara que le hicieran un test de alcoholemia y tratara de enviar el mensaje. Sin más, le arrebataron el teléfono y lo apalearon, con el resultado, según el informe del Hospital Sanguinetti, de fractura del tabique nasal y perforación de uno de los tímpanos, con riesgo de pérdida de la audición.

En otro caso “viejo”, el de Sergio Ezequiel Luján (19), víctima del gatillo fácil en diciembre de 2011 en un hecho calificado como “presunto robo” con “feroz enfrentamiento” por los titulares de los medios, cooptadores hegemónicos de la opinión pública, también hubo novedades. Casi cuatro años después, el juez de instrucción ordenó el arresto del homicida, Mario Urquiza, actual jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la ciudad de Rosario (Santa Fe), por homicidio agravado por el uso de arma y calificado por su condición de policía.

Esta es la rapidez del aparato judicial cuando un efectivo del aparato represivo mata a un pibe, aun con un gran número de testigos que aseguraban que no había habido ningún enfrentamiento, sino que Urquiza mató a Sergio por la espalda cuando intentaba huir.

Los recursos no se acaban a la hora de matar jóvenes. Ser joven y pobre es una condición para ser víctima del aparato represivo en las calles o en la cárcel.

Próximas actividades. ​ (¡Agenda completa!)​

Martes 12 de mayo, 9:00, Tribunales de Lomas de Zamora, concentración durante el inicio del juicio por Leo González.
Martes 12 de mayo, 12:00, Tribunales de Lomas de Zamora, concentración durante la lectura de la sentencia del juicio por Mauro Silva.
Viernes 15 de mayo, a las 11:00, en el TOC nº 3 de San Justo, Mendoza 2417, esquina Almafuerte, concentración en la lectura de la sentencia del juicio por torturas a Luciano Arruga.
Viernes 15 de mayo, 19:00, en el Bachillerato Popular del MP La Dignidad, charla antirrepresiva con CORREPI.
Sábado 16 de mayo, desde las 10:00, en el Corredor de Haedo del FFCC Sarmiento, pintada de mural antirrepresivo.
Domingo 17 de mayo, en la estación de Villa Fiorito, muraleada, stencileada, comidas ricas y rifas.
Lunes 18 de mayo, a las 11:00, marcha a la embajada de Irán para reclamar la libertad de Zeinab Jalalian, presa política kurda, y el cese de las ejecuciones contra activistas kurdos.