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Una sentencia que encadila, pero no engaña.
Los tribunales de Lomas de Zamora fueron escenario, la semana pasada, del juicio al policía Mario Correa, que el 2 julio de 2013 fusiló a Mauro Silva en las puertas del Bingo de Adrogué, cuando él y su hermano Renzo, que resultó herido, intentaron socorrer a la mujer del policía, que la golpeaba.
En los alegatos, los compañeros Ismael Jalil, militante de CORREPI, y Laura Táccari, del CeProDH, pidieron la pena de reclusión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado (uno consumado y uno tentado), teniendo en cuenta la alevosía, por el aprovechamiento de la situación de indefensión de los jóvenes, y la pertenencia de Correa con las fuerzas de seguridad del estado.
Es que, aunque Correa estaba retirado de su cargo en la policía bonaerense, había sido reincorporado a las fuerzas de seguridad para formar parte de las nuevas policías locales en el partido de Ezeiza, impulsadas por el ex intendente y actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, bajo el sonoro nombre de Programa Tolerancia Cero, el mismo donde revistaba el Mataguachos de Fiorito, Juan Antonio Pelozo, asesino de Matías Barzola.
El alegato de la abogada defensora se centró en buscar atenuantes para evitar la aplicación de la pena máxima y disminuir la condena, porque no pudo siquiera discutir la autoría ni la responsabilidad.
Hoy al mediodía, con el marco de una nueva movilización de CePRoDH y CORREPI, se leyó la sentencia. El policía recibió 32 años de prisión, pero ninguno de los agravantes fue tenido en cuenta por los jueces, que, de este modo, detrás de una pena alta, trataron de silenciar que no estaban condenando a cualquiera, sino a un policía de la provincia de Buenos Aires con tareas activas.
En otras palabras, condenaron a Mario Correa, pero dejaron impune el accionar de Correa en tanto suboficial mayor de la Policía Bonaerense, por lo que debió recibir la prisión perpetua, como lo establece el art. 80 inc. 9º del Código Penal para el que mata desde adentro del aparato represivo estatal.
Perpetua o 32 años es lo mismo, en cualquier caso siempre los policías cuentan con el favor judicial que les otorga beneficios excarcelatorios, declaró sobre el fallo el compañero Jalil. Esa no es la cuestión. La cuestión es que desde el poder judicial, ha funcionado una vez más el mecanismo de la salvaguarda institucional, que encubre las responsabilidades del poder político, que es quien habilita a sus agentes a hacer lo que hacen. No hay duda que es el estado quien estimula la convocatoria de estos policías, y los necesita crueles, violentos, desclasados, para cumplir con su función disciplinadora y represiva. Por eso necesita también de estas sentencias que encandilan, pero no engañan“.
El nutrido grupo de militantes de CORREPI presentes, en su mayoría familiares de víctimas de la represión, apenas pudieron celebrar brevemente lo que, aun con sus limitaciones, es un nuevo triunfo de la organización y la lucha. Es que a pocos metros, en otro tribunal oral, empezaba la primera audiencia en el juicio por el asesinato de Leonardo González (21), fusilado de siete tiros a quemarropa en febrero de 2013 por el cadete de la policía bonaerense Juan Manuel Vallejos.
Ya logramos la condena al policía retirado Correa, ahora vamos por el cadete Vallejos.