CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Y DE LA RUA LO CONDECORO
Pablo Jesús Giménez es un guardiacárcel del Servicio Penitenciario Federal. El 12 de mayo de 1999 mató a Miguel Angel Arribas, de 23 años. Como excusa puso aquello de la “ley de fugas” que se hizo famoso cuando los militares masacraron al pueblo en Trelew. Fue en la puerta del edificio judicial de Paraguay 1536, cuando Arribas era llevado para ser juzgado. Miguel se dio cuenta que tenía las esposas mal puestas, y cuando la puerta dle celular se abrió saltó del camión y echó a correr.

Gimenez, el candado, le disparó por la espalda. La bala ingresó por el glúteo derecho e interesó una vena importante. Arribas cayó a los pocos metros. Como a una presa herida, entre dos penitenciarios, un gendarme y un policía lo cargaron y lo tiraron en la alcaidía. El servicio de emergencias médicas llegó enseguida, pero el médico bajo protesta escrita tuvo que atender primero las “lesiones” que presentaba Giménez. Es que recibió un golpe con la puerta del camión cuando el pibe la empujó para salir corriendo. Tenía un moretón. Cuando le tocó el turno a Arribas estaba prácticamente desangrado. No llegó vivo al hospital.

Arribas no era un preso común. Era testigo de las “salideras” que organizaba el S.P.F. para cometer delitos contra la propiedad, valiéndose de internos a los que dejaban salir -en compañía de candados- para robar. Este modus operandi le explotó al juez Baños con la llamada causa Dolly donde dos presos y un penitenciario asaltaron un restaurant y mataron a un comisario al que se le ocurrió cenar ahí. En la huida se olvidaron por ahí un fusil que pertenecía a la institución.

Uno de los ladrones, Maximiliano Gastón Noguera, había dejado una carta en la que decía que si le pasaba algo, el que sabía todo era Miguel Arribas. Primero el guardiacarcel Giménez mató a Arribas. Poco después el interno Sandez Tejada, buche del S.P.F., mató a Noguera, pero como al tiempo empezó a hablar, Sández Tejada apareció suicidado en una unidad.

La causa Dolly y sus derivados, que fue -y que sigue siendo- un escándalo, aportó más internos asesinados, una bomba en el 5º piso del palacio de tribunales y amenazas casi rituales contra magistrados y fiscales, lo que no fue óbice para que el Ejecutivo de entonces premiara a Pablo Giménez por el mismo hecho que lo llevará a juicio oral en breve.

Esta semana, en el tribunal que pronto dirigirá el juicio contra Gimenez por la muerte de Miguel Arribas, los abogados de CORREPI que representamos a su familia nos enteramos que en junio de 2001, el entonces presidente De la Rua firmó un decreto condecorando a Giménez por su labor heroica. O sea, le dieron un premio por matar por la espalda a un preso indefenso, que además era testigo comprometedor contra el SPF. Claro, antes ya había sido premiado con la excarcelación por el juez de instrucción Rodriguez Lubary.

En un solemne acto donde primero se cantó el himno y después se sometieron a respeto y unción a una virgen (que no conocemos ni queremos conocer) patrona de los candados, el otro De la Rua, el que fue ministro de justicia y (¿derechos humanos?) le entregó aplauso, medalla y beso.

INDEMNIZACIONES PARA LAS VICTIMAS DEL ARGENTINAZO
El Presidente Kirchner presentó un proyecto de ley por el cual se otorga una indemnización a las víctimas de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. El estado argentino pagará a los familiares de los compañeros caídos la suma de $ 224.000 y también se resarcirá a quienes hayan sufrido lesiones, con montos de acuerdo a la entidad de las mismas.

Nuestra organización no participó de las tratativas ni de la redacción del proyecto, ni lo hará en el ámbito legislativo. Tampoco participamos en el acto público donde se anunció la decisión gubernamental. Consideramos que no es la concesión graciosa de un gobierno sino la obligación del Estado reparar el perjuicio provocado, máxime cuando de violaciones a los derechos humanos se trata, y mucho más en ocasiones como las derivadas del ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a echar gobiernos antipopulares y entreguistas.

La CORREPI nunca ha hecho del tema indemnizaciones una cuestión de principios. Simplemente creemos que es un derecho de la víctima acceder a la reparación pecuniaria, pero supletoriamente al reclamo de juicio y castigo a los culpables ue debe ser el objetivo principal e inclaudicable. La madre de nuestro compañero Carlos Petete Almirón participó de la actividad aunque no se ha decidido si percibirá o no la suma propuesta por el gobierno.

Nos parece equitativo que el eje probatorio esté centrado en que la pérdida de la vida o la lesión estuviera dada en ocasión o con motivo de los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001, para no someter a las víctimas al recurrente malquistar de remontar pruebas siempre manipuladas por policias o jueces cómplices. El reconocimiento oficial es particularmente importante feente a las situaciones en provincias como Santa Fe o Corrientes, donde practicamente no se investigó nada porque la decisión de los responsables políticos fue encubrir a los responsables materiales, que son sus subordinados, y al día de hoy los gobiernos provinciales niegan la responsabilidad estatal en las muertes.

De todas formas CORREPI afirma que no habrá reparación posible hasta que De la Rua, Mathov, Santos y toda la caterva policial -incluido los que aún hoy están ejerciendo en altas jerarquías- estén detenidos.

TORTURAS EN 25 DE MAYO
El 17 de enero de 2004 a las 5.30 am estacionó un patrullero en el domicilio de Fabiana López y Alberto Duarte en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. Descendieron los oficiales Rigolio y Ripoll que despertaron a la pareja y les exigieron que se dirijan a la seccional policial. En ningún momento les dieron ningún tipo de explicación ni llevaban orden de detención alguna. Duarte y López acataron la orden y fueron en su camioneta particular hasta la seccional.

Allí fueron atendidos por el oficial a cargo, Méndez, quien les informo de la desaparición de un bolso y que ellos estaban sospechados como autores del robo. Otro de los uniformados que se encontraba presente comenzó a insultar a Duarte y luego lo golpeó. Lo llevaron esposado a un calabozo y lo tuvieron encerrado por espacio de una hora. Al cabo de ese lapso, un policía lo sacó del calabozo y lo llevó hacia el patio trasero de la comisaría. En este lugar lo tomaron del cuello y le volvieron a pegar e insultar. Duarte decidió arrojarse al piso para que lo dejen de torturar. Uno de los efectivos aprovechó la situación para esposarlo a un palo y dejarlo allí.

De esta manera fue revisado por el médico de policía, sin serle quitado las esposas en ningún momento. A las 12.30 les informaron que se serían llevados a la Fiscalía de Mercedes a prestar declaración.

Durante esas siete horas que estuvieron detenidos no los dejaron realizar una llamada a sus familiares ni desde la comisaría se dio aviso de que la pareja había sido detenida.

Tras su declaración en Mercedes fueron trasladados nuevamente a la comisaría. A las 21 horas del sábado 17 los dejaron libres.
Tanto Duarte como López denunciaron lo ocurrido a la Comisión Derechos Humanos de 25 de Mayo, a los que agradecemos al información.

No es en el primer caso de violencia policial que denuncia la comisión, ya que tanto bajo la jefaturas del Crio. Jorge Idone como del Crio. Daniel Cosimano, que era el titular al momento de los hechos narrados, hubo numerosos casos de torturas y malos tratos por parte del personal, de los cuales algunos fueron denunciados y otros no por presiones ejercidas desde la comisaría. Algunos de los efectivos denunciados públicamente son algunos de los mismos que que ahora golpearon a Duarte, como un oficial de apellido Farías.

Es de destacar que el Crio. Daniel Cosimano actualmente ha sido comisionado a la localidad de 9 de Julio con lo cual advertimos a los vecinos de esa ciudad estén atentos que tendrán un torturador como jefe policial.

Por otra parte, es de destacar que la zona bonaerense que pertenece al departamento judicial de Mercedes está en permanente crecimiento en materia de detenciones arbitrarias, torturas y otras variantes represivas. En lo poco que va del año hemos recibido denuncias similares de Marcos Paz, 25 de Mayo y Arrecifes, todos casos con un hilo conductor: las fiscalías y juzgados de Mercedes, la tierra natal del genocida Videla. ¿Será casualidad?

LIBERTAD A PEPINO FERNANDEZ
El gobernador menemista Romero y la empresa española Repsol están querendo obcecadamente dar una lección a los compañeros combativos de Gral. Mosconi y Tartagal. No alcanza con las recurrentes masacres de la policía y la gendarmería y las continuas persecuciones y detenciones de piqueteros y luchadores populares. Una vez más, José “Pepino” Fernández ha sido detenido, junto a ex trabajadores de YPF Yacimiento Norte y estudiantes universitarios jujeños que estaban acampando frente a una refinería en la zona de Campo Durán.

Las detenciones fueron realizadas en horas de la madrugada del viernes 13 por efectivos de la infanteria salteña a través de una orden impartida por un juez provincial que calificó el hecho como entorpecimiento de las vías de comunicación. Durante el operativo la policía no mostró ninguna orden de desalojo, ni emplazó a los manifestantes a levantar la medida de fuerza para evitar la represión.

La medida se había iniciado el pasado martes a las 18:00 y consistía en impedir el ingreso y egreso de los camiones que retiran el combustible de la refinería donde se realiza el procesamiento del crudo y demás derivados. Los ex empleados de YPF reclaman que el gobierno nacional cumpla con el pago de las acciones que le corresponde por la venta de la ex petrolera estatal y que adeuda desde hace 12 años.

“Pepino” Fernández, vicepresidente de la Coordinadora de la región Norte, por cuarta vez se encuentra detenido. Otro de los detenidos es José Galván de 20 años de edad, estudiante Jujeño de comunicación Social, que se encuentra en el destacamento de Villa Güemes junto a dos presos comunes en una celda de 1,80 metros por 1,80 metros, sin luz y con restricciones para ir al baño, entre otras privaciones, utilizada por esa Comisaría como celda de castigo.

Es de destacar que José “Pepino” Fernández estuvo detenido durante más de dos meses desde el 23 de noviembre de 2003. Los manifestantes también reclamaban la restatización de YPF y el control obrero de la empresa. Es indiscutible que esto último es lo que, ni siquiera en el marco de la discusión de ideas, pueden permitir los opresores.

LAS EMPRESAS A LAS QUE LES INTERESA REPRIMIR
Algo parecido era el leit motiv publicitario del periodista quizás más repugnante que dió el neoliberalismo en Argentina, el inefable Bernardo Neustadt, al que presentaban “empresas a las que les interesaba el país”.

Ahora otras empresas tienen las mismas expectativas y siempre las mismas perspectivas. En el ámbito de la paquetísima municipalidad de Pilar, distintas empresas entre las que se destacan el supermercado Jumbo y el hotel de cinco estrellas Sheraton se han juntado con propietarios de countries y barrios privados para hacer una contribución a la policía bonaerense.

Renovándoles el parque automotor y la comunicación, y no sabemos si también las armas, los empresarios se ponen a disposición de la fuerza del orden, y claro está, renuevan aquello de que las fuerzas del orden están a su entera disposición.

Lo han hecho en un acto público pero dudamos si en privado no hicieron como los comerciantes de Don Torcuato, que gustosos abonaban sus cuotas a la agencia de seguridad del sargento Hugo Beto Caceres para que éste y sus secuaces policiales exterminaran a los pibes chorros de la zona norte.

En la tierra donde el propio Neustadt hizo famoso al subcomisario Patti por “duro” (aunque en su foja de servicios surgía alguna desprolijidad como causas por gatillo fácil y torturas, pero eso al periodista y a los oligarcas no les interesa), ahora a los muchachos de las empresas les interesa que la bonaerense haga lo que tiene que hacer: reprimir a la negrada.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 16, 15:00, conferencia de prensa en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre del colectivo de organizaciones que nos oponemos a la sanción del nuevo código contravencional de na Ciudad de Buenos Aires (Corrientes 1785, 2º “C”).

Jueves 19, 13:00, marcha de las organizaciones a la Legislatura porteña contra el Código Contravencional.

CORREPI