CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Cierre de la Campaña Contra la Represión en los Barrios.
El fin de semana pasado, en la parte final de la Campaña Contra la Represión en los Barrios promovida desde el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo), nos congregamos en distintos puntos del conurbano para dejar nuestra huella en las paredes de los territorios donde el aparato represivo más víctimas se cobra.

El sábado 16, los compañeros y compañeras de la zona oeste pintaron un gran mural en el corredor de los talleres del ferrocarril Sarmiento en Haedo, con las consignas centrales de nuestra Campaña, “No cambies la visera por la gorra”, e “Inseguridad es la policía en la calle” y los nombres de los pibes que fueron asesinados en la zona. La seguridad privada, en coordinación con la policía comunal, intentaron impedir la pintada, pero la gran cantidad de compañeros presentes no lo permitieron. Al día de hoy puede verse el mural desde el tren, junto al paso de nivel que está entre las estaciones de Morón y Haedo.

Al día siguiente, cerca de las 11 de la mañana, los compañeros de la zona sur se reunieron en la estación del ferrocarril Roca de Villa Fiorito, para fijar en las paredes, con técnica de stencil, los rostros y los nombres de pibes asesinados por la policía en el barrio. Nos acompañaron, además de muchos vecinos, los compañeros de FCK, que se manifestaron a través del micrófono con el lenguaje del hip-hop.

Así culminamos este mes de actividades en los barrios, mientras ya estamos planificando las próximas, para visibilizar en cada lugar la represión, y combatir el silencio y el aislamiento que potencian sus efectos.

Milani y Rossi al banquillo por el hijo de Nora y los 30.000.

Hoy, miércoles 27 de mayo, a las 10:00, en el Juzgado Nacional de Instrucción N° 12, en el Palacio de Tribunales, se llevó a cabo la audiencia obligatoria del Hábeas Corpus interpuesto por la compañera Nora Cortiñas, militante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, patrocinada por los compañeros de la Gremial de Abogados, en el marco de la lucha por el esclarecimiento de la desaparición de su hijo, Gustavo Cortiñas, durante la última dictadura cívico-militar.

Después de tres años de dilaciones, falsos argumentos y chicanas, el recurso finalmente logró activar su trámite gracias al compromiso, la perseverancia y la lucha inclaudicable de la compañera, acompañada por la Gremial. Es que, durante ese período, el poder judicial intentó archivar el Habeas Corpus tres veces. Dos argumentos se repitieron: el de la Secretaría de DDHH de la Nación, que planteó que “…no es la vía idónea para buscar a un desaparecido”, y la afirmación de que el Estado “actual” es “otro Estado” diferente del de la dictadura, en una deliberada confusión de “estado” con “gobierno”, para correr el eje de las responsabilidades políticas.

Finalmente, y como trataron de evitar por años, el juzgado tuvo que ordenar que fueran citados a declarar el ex-genocida y actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, César Milani; el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, quienes deberán mirar a la cara a Nora y, según la ley, están obligados a decir qué pasó con su hijo Gustavo.

Como históricamente hemos hecho, nos solidarizamos y acompañamos la lucha incansable de las Madres de Plaza de Mayo que hoy continúan luchando en nombre de sus hijos, nuestros compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos durante la dictadura, y que –como Nora- han sorteado con firmeza y claridad política todos los intentos de cooptación que les ofrecieron tantos gobiernos, y en particular el kirchnerista. Son para nosotros un ejemplo de lucha y de compromiso militante.

No permitiremos que siga consagrándose la impunidad con el silencio ni el pase al archivo. Por las víctimas de la represión de ayer y las de hoy: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

¿Quién puede desconfiar de un policía?

La “investidura” que ostentan los oficiales no se limita al uniforme, la chapa y la pistola. En conjunto, la impunidad para hacer lo que pretendan, a su antojo, es parte de la uniformidad de los agentes represores. “¿Quién puede desconfiar de un policía?”, es la pregunta de los que limpian y enjuagan la figura de la institución, a sabiendas de que el manto de protección estatal es una parte más de la vestimenta del represor.

Contábamos en el Boletín pasado, entre otros casos, que, por orden del Juzgado Federal de Paraná, entre el 12 y 13 de mayo, fueron detenidos el comisario de la Dirección de Toxicología de Entre Ríos Mario Núñez, otros dos policías de la delegación Concordia de la Policía Federal Argentina y un gendarme del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, todos parte de una banda dedicada al narcotráfico.

Unos días después, en Misiones, el policía Eugenio Toledo, de 27 años, que cumplía funciones en la seccional de Puerto Esperanza, fue detenido por el abuso de una joven de 16 años a finales del año pasado.

Toledo, que tenía orden de captura internacional, estaba prófugo desde la noche del 20 de diciembre de 2014, cuando tras salir de un local bailable junto a dos amigos, había abusado de una joven que no quería mantener relaciones sexuales con él. La víctima, a pesar de las amenazas por parte del policía, contó a su madre lo ocurrido e inmediatamente realizaron la denuncia. El 18 de mayo, el violador de uniforme fue finalmente detenido en el Barrio 50 viviendas de Puerto Esperanza.

Ya en plena “semana de Mayo”, en Puerto Madryn, el policía Raúl Víctor Pereyra fue condenado porque se probó en el juicio que el 13 de febrero de 2011 se robó el celular de un muchacho al que detuvieron por aplicación de arbitrario código contravencional en un recital. La condena, aunque a prisión, es naturalmente en suspenso y apenas si por seis meses.

Como para mostrar que no hay fronteras provinciales en materia de criminalidad policial, el siguiente “acto de servicio” descubierto es en Mar del Plata, donde dos efectivos de la División Drogas Peligrosas bonaerense fueron detenidos, acusados de extorsión y de armar causas. La denuncia la hizo una mujer a la que intentaron extorsionar, después que allanaron su casa simulando una orden judicial en una inexistente causa por venta de estupefacientes.

Finalmente, y como para volver al principio, en un control caminero de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un hombre en moto se resistió a exhibir su documentación y trató de desprenderse de su billetera. Resultó ser un policía, con una buena cantidad de cocaína escondida junto a su credencial policial. Y en la otrora célebre localidad de Perico, Jujuy, de nuevo la violencia de género tuvo uniforme. En la madrugada del domingo 17 de mayo, en una plazoleta frente a la estación terminal, varios vecinos llamaron al 911 para pedir ayuda para una mujer que era brutalmente golpeada por un sujeto, que, naturalmente, resultó ser el cabo 1° Germán Puca, numerario de la Seccional 6° de San Salvador de Jujuy.

Más inseguridad en “La Feliz”.

La semana pasada, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, visitó la ciudad de Mar del Plata, con un séquito de 350 agentes de las fuerzas de seguridad nacional (300 agentes de la Prefectura Naval y 50 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria), con el fin de reforzar y bregar por la “seguridad” de la ciudadanía y la formación de la Policía Comunal, que saldrá a las calles en el mes de septiembre, tras el intercambio con esos agentes de “gran experiencia”.

La llegada de estas fuerzas de seguridad a la ciudad, según palabras de Berni, quien fue muy bien recibido por el intendente Pulti, tiene el “objetivo de colaborar en la lucha por la prevención del delito y la violencia, destinando el grueso de las fuerzas a los barrios más difíciles”, es decir, los más pobres.

De esta forma se busca profundizar y dar legitimación a la política de militarización de las barriadas populares, sostenida por los estereotipos que reproducen los grandes medios de comunicación que sistemáticamente identifican “peligrosos” y “delincuentes” con los jóvenes y pobres de esos barrios.

En el marco de disputa electoral, la promoción de las recetas manoduristas contra la “inseguridad” de la que ellos mismos son responsables ocupa un lugar de privilegio en la agenda política del gobierno y de todos los candidatos patronales.

Dicen ellos que la ciudad balnearia está entre las primeras del país en las estadísticas policiales y judiciales, y nos hablan de 36 homicidios en lo que va del año, que se suman a otros 200 en los últimos treinta meses. No dicen que también es de las ciudades con mayor índice de hechos represivos, y no cuentan a los pibes fusilados por el gatillo fácil, ni a los torturados, desaparecidos y arbitrariamente detenidos.

Dos ejemplos de una misma lucha.

Entre el 20 y el 22 de mayo, se llevó adelante el juicio contra dos integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Miguel Ángel González, de 71 años, y Miguel Pérez, de 69, fueron acusados de homicidio culposo por la muerte de un motociclista, ocurrida el 26 de abril de 2009 en el paraje Arroyo Verde, mientras cortaban la Ruta Nacional 136 contra la instalación de la papelera Botnia. Al inicio de la causa había otros dos acusados, María Alicia Rivero y Enrique Reichel, que recibieron una falta de mérito.

La primera jornada del juicio fue acompañada por una gran movilización que apoyó a los compañeros y denunció este procedimiento como un claro ejemplo de criminalización de la protesta. Como quedó demostrado a lo largo de las declaraciones, González y Pérez fueron tomados al azar, entre miles que participaron de las marchas contra las papeleras. El Tribunal Oral Federal de Paraná, compuesto por Lilia Carnero, Noemí Berros y David Chaulet, finalmente absolvió a González y Pérez. Un triunfo de la lucha.

Por otro lado, desde la madrugada del martes, trabajadores de la empresa gráfica Worldcolor mantuvieron bloqueada la entrada de la planta de Anselmo L. Morvillo (perteneciente a Quadgraphics, el mismo grupo económico que Worldcolor y la ex Donnelley), en Avellaneda. El piquete se llevó adelante contra los 280 despidos que sufrieron y contra el cierre de la planta de Pilar. La respuesta que recibieron fue la represión: el jueves la policía bonaerense los sacó del lugar a fuerza de palazos y gases lacrimógenos.

Al día siguiente, el grupo de trabajadores, junto con distintas comisiones internas, agrupaciones, centros de estudiantes y organizaciones políticas, hicieron un corte en la Panamericana a la altura de Madygraf (ex Donnelley), para repudiar la represión y contra el ajuste que vienen aplicando distintas patronales en el último tiempo, que se expresa en miles de despidos, vaciamientos, y falta de pago de salarios. En esa oportunidad, más de diez carros de asalto y dos hidrantes de la Gendarmería se apostaron con el objetivo de no dejar avanzar la manifestación. Los trabajadores gráficos denuncian ataques en todo el gremio, ya que están cerrando otras fábricas y sufren persecuciones por organizarse en distintas empresas. Bajo la consigna “FAMILIAS EN LA CALLE, ¡NUNCA MÁS!”, distintos grupos de trabajadores organizados vienen llevando una importante muestra de solidaridad en la lucha, que continúa.
Estos dos casos, el de Gualeguaychú y el de Worldcolor, dan cuenta de que, cuando las patronales y distintos grupos económicos intentan avanzar sobre las condiciones de vida del pueblo, la única forma de enfrentarse a ello es a través de la solidaridad de clase, hermanando las luchas, organizándose y saliendo a la calle a dar la pelea.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Sábado, 6 junio, 14:00 charla con CORREPI en el marco de la Jornada político-cultural a 46 años del Cordobazo en Av. Monsegur 260, Moreno Sur. Invitan Bachillerato Popular El Cañon, CPS 29 de Mayo.