CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Femicidios y policías.

La masiva movilización del 3 de junio, bajo la consigna Ni Una Menos, tuvo la virtud de poner en agenda, con enorme visibilidad, el aspecto más grave de la violencia de género en el país, con un femicidio cada 31 horas, pero también mostró el avance del movimiento que entiende al patriarcado como una más de las herramientas del capitalismo, y extiende sus reclamos al conjunto de violencias que padecen las mujeres y otras identidades sexuales, con ejes como el aborto, las redes de trata, la precarización, discriminación y el acoso laboral.

En ese marco, desde CORREPI destacamos que más del 90% de los homicidios contra mujeres cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, registrados en nuestro Archivo, responden a situaciones de violencia intrafamiliar, en los que la víctima fue asesinada por su condiciòn de mujer. Son, por lo tanto, femicidios a la vez que crímenes policiales o de otras fuerzas. A la vez, cruzando esos datos con el registro elaborado por la Casa del Encuentro, resulta que más del 20% de los femicidios son obra de uniformados. También registramos casos de femicidios relacionados, como el caso del policía Mauro Correa, condenado hace pocas semanas a 32 años de prisión por el homicidio de Mauro Silva y la tentativa de homicidio de su hermano Renzo Silva. El policía disparó contra los hermanos cuando ellos intentaron detener la golpiza que Correa propinaba a su pareja en la puerta del bingo de Adroqué.

Vemos así cómo se intersectan los padecimientos y reclamos populares, lo que hace indispensable coordinar más y mejor las luchas que desarrollamos.

Gatillo fácil en EEUU.

Como ratificación empírica de que el gatillo fácil, como parte de las políticas represivas estatales, se orienta al control social, publicaciones recientes dan cuenta de que, en EEUU, la cantidad de ciudadanos negros que pierden su vida en manos de las fuerzas policiales es tres veces mayor que la de blancos, con una creciente incidencia en la igualmente creciente minoría de origen latinoamericano (“hispanos”); que la mayoría de las víctimas rondan los 25 años y pertenecían a los sectores populares.

En los casos que han trascendido en los últimos tiempos, como Michael Brown y Freddie Gray en Ferguson, Missouri y Baltimore, Maryland, se reitera el esquema del fusilamiento de una persona desarmada, presentado como “enfrentamiento”. Las masivas protestas en Los Ángeles, Seattle, Chicago, Birmingham, Cleveland y toda la zona noroeste de EEUU fueron reprimidas por la policía, con muchos heridos y detenidos, y culminaron con la militarización de algunas zonas y la implantación de toque de queda y estado de emergencia, como en Baltimore.

Cifras oficiales reconocen que, desde 2008, el promedio de víctimas de la represión policial ronda los 400 casos al año, y un informe publicado en el diario The Washington Post habla de 385 víctimas sólo en los primeros cinco meses de 2015, lo que arroja un promedio de dos fusilamientos al día.

Ambas fuentes quedan opacadas por los registros de un grupo de activistas que cuentan 1.500 muertes a manos de la policía de enero de 2014 al 30 de abril de 2015, y suman más de 5.000 en la última década.

Sean unas u otras las cifras reales, lo cierto es que se confirma así que no se trata de aislados “errores” o “excesos” de un policía o una fuerza “descontrolada”, sino de una herramienta más en el arsenal represivo del aparato estatal, que tiende a imponer el disciplinamiento y el control social.

Gendarme Carancho.

Ante la multiplicación de suspensiones y despidos, los trabajadores de Lear dieron, a lo largo del año pasado, una gran lucha para evitar que la crisis se descargue sobre sus espaldas. Las empresas aprovechan el ajuste para desprenderse de los trabajadores más díscolos y cuestionadores, y privilegian en los listados de suspensiones y despidos a los trabajadores no disciplinados por la burocracia sindical. Para garantizar la seguridad de los capitalistas, el gobierno puso su aparato represivo al servicio de las empresas, y, bajo la conducción del secretario de Seguridad Sergio Berni, se reprimieron día tras día los cortes en la Panamericana.

Los trabajadores se las ingeniaron para mostrar públicamente lo que ocurría, y recurrieron a formas novedosas de protesta, como la utilización de automóviles para obturar el tránsito, acompañados por muchos que se solidarizaron con el conflicto obrero. Fue en ese contexto, el 30 de julio de 2014, que el gendarme Juan Alberto López Torales se arrojó sobre uno los automóviles de los manifestantes para simular un accidente, con el resultado inmediato del conductor golpeado y arrestado.

Con la evidencia clarísima de las filmaciones, Torales ganó el apodo de “gendarme carancho”, pero hizo falta casi un año de permanente impulso de la causa para que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, decidiera citarlo a prestar declaración indagatoria, lo que se concretó el 28 de mayo. También fue citado el gendarme Roberto Ángel Galeano, detectado por los manifestantes como habitual infiltrado en las movilizaciones, rápidamente desafectado de la fuerza por Berni cuando se lo expuso públicamente, y cuya defensa pisió la postergación de la audiencia.

Así y todo, el delito que les imputa la hoy famosa magistrada es el de falso testimonio, mientras que los compañeros del CeProDH reclaman que ambos, y el propio Berni, sean responsabilizados por el delito de privación ilegal de la libertad, entre otros ilícitos.

Este episodio, y los hechos posteriores, como la represión de octubre, que tuvo como saldo 13 manifestantes hospitalizados por los impactos de las balas de goma, forzó a que la misma jueza ordenara al ministerio de Seguridad que cesara el uso de la gendarmería en los operativos anti-piquetes.

La organización de los trabajadores, apostando a confiar en nuestra propia fuerza, lejos del estado y su institucionalidad tramposa, permitirá avanzar en esta, y todas las luchas.

Nuevos fusilamientos en Buenos Aires, CABA y Rosario.

Pese a las distancias geográficas, las circunstancias y el accionar policial parecen calcados en los distintos hechos recientes de gatillo fácil.

El 27 de mayo, en Alejandro Korn, partido de San Vicente de la provincia de Buenos Aires, dos policías retirados (uno de la Policía Federal y otro de la Bonaerense, primos entre sí) asesinaron al joven Jonathan Cabrera (25), tras un aparente intento de robo.

En la localidad de Lanús, en el sur del Conurbano Bonaerense, el 28 de mayo, después del partido por la Copa Argentina entre Los Andes y Crucero del Norte, un policía de civil que lavaba su auto en la vereda disparó hacia un grupo de hinchas de Los Andes que venían realizando desmanes. Uno de esos disparos impactó contra el cuerpo de un joven que vivía en la cuadra, cuyo padre, cuando quiso defenderlo, fue apaleado por los barra bravas. El policía fue detenido preventivamente.

La misma semana, en Gregorio de Laferrere, un muchacho que huía tras robar en un supermercado chino fue interceptado por un patrullero. Sin que ofreciera resistencia, ya reducido, fue fusilado por uno de los policías, que fue detenido.

En Rafael Castillo, partido de La Matanza, a mediados de mayo la policía mató a golpes en la cabeza a Ángel, un joven de 22 años. La versión oficial justifica los hechos alegando que el joven falleció al golpearse la cabeza en su intento de saltar un paredón para robar una casa. Las pruebas dicen lo contrario: los vecinos no vieron al joven robar, no llamaron a la policía, y lo más importante, que no deja lugar a dudas: el joven tiene las marcas de las botas policiales en su cabeza. Como si fuera poco, mientras los familiares realizaban un mural para recordarlo, la policía se presentó en el lugar con el objetivo de intimidarlos. Hay un policía detenido.

Un caso similar ocurrió en el barrio Tablada de Rosario, el miércoles 27 de mayo. El cabo 1° de Prefectura Ariel Fernando A. C. asesinó al joven Ramón Zamudio (16). La versión oficial relata que mientras el cabo –vestido de civil- esperaba a una mujer en su auto, el joven intento robarlo a punta de pistola, frente a lo cual el agente le disparó tres balazos, uno fatal, en la cabeza. Pero los vecinos son categóricos: “fue gatillo fácil”, dicen, y relatan que prefecto llegó solo, manejando su Ford Falcon, y llamó a Zamudio para que se acercara al auto. Luego de un corto diálogo, el agente hizo un disparo con una pistola calibre 40 que dio en el pecho del joven. No conforme con ello, el agente se bajó del auto y lo remató con dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Luego de matar al joven, el cabo intentó escapar del barrio pero fue interceptado por vecinos y familiares que lo cercaron. El cabo efectuó disparos al suelo intentando disiparlos pero los parientes de Zamudio lo retuvieron y lo entregaron a efectivos de la comisaría 11ª.

El 26 de mayo, en la localidad de San Antonio de Padua, el subayudante Claudio Javier Jiménez, de la comisaría 1ª de Merlo, completamente borracho, chocó su camioneta contra un árbol. Ante la recriminación de los vecinos, el policía descendió del vehículo y disparó contra Matías Paradiso (23), que intentó refugiarse en su casa, y después contra Pedro Pietrogallo (70), a quien siguió hasta un comercio donde trató de resguardarse. Los dos heridos, afortunadamente, sobrevivieron. El subayudante fue detenido y pasado a disponibilidad preventiva.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el oficial de la Policía Metropolitana Sebastián Torres, que mató a Roberto Autero (16) el 7 de febrero en el Parque Rivadavia, vio esta semana complicada su situación procesal con la llegada a la causa de las pericias que no dejan dudas: el tiro entró por la nuca del adolescente y salió a la altura de sus ojos, cuando el policía lo perseguía.

Por último, un caso dado entre las propias fuerzas represivas. El 29 de mayo, Luis Herrera (49), vigilador del Centro Gallego de la Capital Federal, murió al recibir un disparo en la cabeza por parte de otro vigilador del hospital, llamado Franco (se desconoce el apellido). Los vigiladores no tienen autorización para portar armas en el centro sanitario, por lo que se presume que el arma calibre 22 que se encontró era propiedad del atacante, que fue detenido.

Apenas si un muestreo parcial de lo que ocurre en pocos días en nuestras calles.

Caravana Sudamericana 43: “Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”.

A pesar de los 7.300 km. que separan a Buenos Aires de Ayotzinapa, no somos ajenos a los macabros hechos ocurridos durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en esa ciudad del estado de Guerrero, México, cuando el terrorismo de estado se cargó seis muertes, varios heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

“Vivos los llevaron, vivos los queremos” es la consigna que levantó en masa la sociedad mexicana mientras se convocaban a las calles alzándose en reclamo de la aparición de los 43. En tanto, familiares de las víctimas, así como estudiantes sobrevivientes de aquella noche, se han movilizado en su país y en el exterior, apoyados por mexicanos emigrados y recibiendo la solidaridad de los pueblos a los que se han acercado.

Por estos momentos, Hilda Hernández Rivera y Mario César González Contreras (padres de César Manuel González Hernández), Hilda Legideño Vargas (mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño) y Francisco Sánchez Nava (estudiante sobreviviente), se encuentran realizando la “Caravana Sudamericana 43”, que incluye visitas como las ya realizadas en Rosario y Córdoba, además de Buenos Aires, donde se reunieron con víctimas de las políticas represivas estatales, se presentaron en el Espacio Cultural de Pompeya, realizaron una concentración en la embajada de México y marcharon hacia Cancillería junto con miembros de distintas organizaciones sociales y visitaron el acampe Qom.

La Caravana concluirá el 12 de junio, con visitas en Montevideo, Porto Alegre, Río de Janeiro y San Pablo.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Sábado 13 de junio, 19:30, en La Casa de San Fernando (Arenales y 3 de Febrero, San Fernando), Proyección del documental “Para que no caigas”, sobre el compañero Carlos “Petete” Almirón, militante de CORREPI asesinado por la policía el 20 de diciembre de 2001. Después de la proyección, debate, música, barra económica. Organizado por: CORREPI, HLI y FOL en COB La Brecha.

Sábado 13 de junio, desde las 14:00, buscá nuestra mesita de materiales antirrepresivos en el Parque Lezama, durante la jornada y festival No a las Rejas en el parque.

Lunes 15 de junio, desde las 11:00, frente al Juzgado de Faltas nº 31 de la ciudad, Coronel Diaz y Beruti, corte y jornada artística “¡La cultura no se clausura!” durante el juicio por la clausura a la casa cultural Víctor Jara.

Lunes 15 de junio, desde las 10:00, concentración frente a los tribunales penales de La Plata (7 entre 56 y 57) en protesta por el ascenso del policía Cristian Daniel Duarte, asesino de Mauricio Andrada e Ismael Perussatto. Convocan Colectivo contra el gatillo fácil e HIJOS La Plata.

Miércoles 17 de junio, 19:00, en la Universidad Nacional de La Plata, Panel sobre Violencia Institucional con la participación de Ismael Jalil, de CORREPI. Invita Corriente Surcos.