CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Segundo juicio por Julián Antillanca.

A fines de la semana pasada, cinco años después de su desaparición y muerte en la tortura, empezó el segundo juicio por el crimen de Julián Antillanca. Los policías Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Paula Morales enfrentar cargos por homicidio agravado; Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala por encubrimiento, y Diego Rey por privación ilegal de la libertad. Una vez más, la acusación oficial no es por tortura seguida de muerte, el crimen de estado por excelencia. El reino del eufemismo judicial para no llamar tortura a la tortura.

Estaba también acusada Gabriela Bidera, una jovencita hija de un comisario, que vio, junto a una amiga, el momento en que, desde un patrullero, arrojaban el cuerpo sin vida en un descampado. Bidera quedó imputada por encubrimiento agravado debido a que urdió una historia para descalificar el testimonio de Jorgelina Domínguez, la chica que estaba con ella. Sin embargo, en la primera audiencia del juicio la fiscalía anunció que había llegado a un acuerdo con la defensa para disminuir la calificación a encubrimiento simple, y beneficiarla con una “probation” (suspensión del juicio a cambio de dos meses de tareas comunitarias). Con la única oposición de la querella, los jueces rápidamente avalaron el pacto de impunidad, y la desvincularon del proceso.

Recordamos que Julián Antillanca era un joven de 19 años, residente de Trelew, que en la madrugada del 5 de septiembre de 2010 fue abordado por Solís, Abraham, Morales y Córdoba, todos de la comisaría 4ª de Trelew, que lo tiraron al piso y golpearon hasta provocarle la muerte. Luego cargaron el cuerpo en el patrullero y lo arrojaron en un baldío alejado del centro. Cuando el cuerpo fue hallado, entre policías y forenses armaron la historia de una muerte por coma etílico.

La misma noche, antes de salir del boliche, Julián había visto cómo los mismos policías habían atacado y detenido a los hermanos Sergio y Denis Aballay. Los Aballay denunciaron la detención ilegal y la tortura, y en 2012 ambos casos fueron juzgados conjuntamente. Ese debate culminó con la condena por privación ilegítima de la libertad agravada al oficial Diego Rey, el cabo Martín Solís, la agente Analía Di Gregorio, el agente Jorge Abraham y el comisario Carlos Sandoval, al tiempo que fueron absueltos, ellos y los demás policías, por el asesinato de Julián.

La familia de Julián, apoyada por las organizaciones antirrepresivas y sociales, siguió su lucha y logró que se ordenara este nuevo juicio, en el que la enormidad de pruebas contra los policías volverá a ser analizada. Sin embargo, habrá dos testigos menos: la madrugada del 9 de marzo de 2014, los hermanos Aballay fueron fusilados por un hombre llamado Horacio Blanco cuando fueron a comprar bebidas en un almacén del barrio Tiro Federal.

En las primeras audiencias, los peritos no dejaron dudas sobre la causa de la muerte de Julián: los golpes le causaron un grave traumatismo craneano. Tampoco hay discusión sobre cómo dispusieron del cuerpo, ya que se encontraron muestras biológicas con el ADN del chico en el patrullero.

Un crimen que no es un caso aislado, ya que Julián es una de las más 4.350 personas asesinadas por el aparato represivo estatal durante la democracia. ¡Justicia para Julián Antillanca!

¡Basta de reprimir a los pueblos originarios!

“En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Más de mil hermanas y hermanos están siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represión, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra.” Este párrafo, perteneciente a la Declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas, realizada hace unas semanas en la ciudad de Buenos Aires, pinta de cuerpo entero la situación de los pueblos originarios en nuestro país.

Esta semana se conoció la noticia de que cinco jóvenes, pertenecientes a la comunidad Wichi, en Formosa, fueron detenidos cuando recogían cartón en la ruta para ganarse el pan. La excusa, aquella que permite que la policía realice detenciones arbitrarias en todo el país, la doble A, la averiguación de antecedentes.

Los jóvenes fueron llevados a la seccional 3ª de la capital provincial, donde fueron torturados. A raíz de un video en el que se observa como los jóvenes fueron obligados a hacer sentadillas durante un largo rato, se difundió el caso, que no es aislado ni mucho menos casual, sino que forma parte de la represión cotidiana que viven los jóvenes pobres a lo largo del país.

“Hay un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia”, denuncian las organizaciones de los pueblos originarios, y no se equivocan. Esta semana, se conoció que el juez Santos Gabriel Garzón del Juzgado Criminal y Correccional nº 2 de Clorinda, provincia de Formosa, elevó a juicio una causa contra Félix Díaz, referente de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, por el delito de usurpación de tierras, las tierras ancestrales de su pueblo, usurpadas por poderosos terratenientes. Esta nueva intimidación llega cuando se están por cumplir cuatro meses de la instalación del acampe QoPiWiNi en 9 de Julio y Avenida de Mayo, mediante el que los compañeros buscan visibilizar su lucha, y forzar algún tipo de respuesta del gobierno nacional. Está a la vista que el gobierno no habla del tema, pero sí acciona, confirmando la continuidad de esta política represiva.

Más represión para garantizar la propiedad privada.

La semana pasada fue desalojado el bar La Robla, un tradicional bodegón español que funcionaba en la calle Viamonte al 1600 desde el año 1985. En octubre del año pasado, el dueño del local, Alex Gordon (el mismo acusado de vaciar la cadena de comidas rápidas Nac&Pop), había presentado la quiebra diciendo que no podía afrontar el pago de sus deudas. Los trabajadores se organizaron y formaron una cooperativa de trabajo para garantizar su fuente de trabajo bajo su propia dirección. Intentaron, para llevar adelante este proyecto, negociar con la dueña del inmueble para que se les permita permanecer en el local hasta encontrar otro donde reubicarse y continuar sus actividades.

Las negociaciones fracasaron, y el juez Miguel Javier Costa, del Juzgado Nacional en lo Civil N° 93, ordenó el desalojo del local. El operativo se llevó adelante a las 5:15 de la mañana con más de 50 policías, denunciaron los trabajadores, sin respetar siquiera el protocolo legal para ese tipo de medidas.

Por otro lado, el día 11 de junio, empresas contratadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la misma Universidad de Buenos Aires, acompañados por la policía y otras patotas privadas, avanzaron sobre el bosque de la Ciudad Universitaria para desalojar a los habitantes de la Eco Aldea Velatropa, un espacio de preservación de árboles, huerta y sede de proyectos ecológicos que desde hace seis años fue recuperado de la desidia de la ciudad y la UBA que lo había convertido en un basural. Los aldeanos, entre ellos un menor de edad, y los estudiantes que los apoyaban en la resistencia pacífica frente al avance de las fuerzas policiales, fueron apaleados y perseguidos hasta los pabellones universitarios.

Una vez más, vemos cómo las fuerzas represivas y el sistema judicial están al servicio de las estructuras que sostienen al sistema capitalista.

Polinarcoencubridores.

En esta semana se conoció la detención de dos policías que brindaban protección a una banda de narcotraficantes en José León Suárez. Tras decenas de allanamientos ordenados por el juez federal Bonadío, en el marco de una investigación que incluyó escuchas telefónicas a granel, el oficial principal Daniel Gil, de la comisaría 4ª de San Martín (José León Suárez) y el subteniente Isaac Gómez, de la comisaría de Vicente López, terminaron presos junto con dos civiles. Se secuestraron algunas armas, $10.500 en efectivo y 150 gramos de cocaína, lo que da cuenta de que, en estos “espectaculares” operativos, como se los promociona, sólo caen los escalafones menores del crimen organizado y dejan inconmovible a la cúpula mayor del negocio.

Las redes de tráfico de drogas son una vasta maquinaria que requiere, para existir, de la participación y protección de las fuerzas represivas del Estado. Bajo la fachada del “combate al narcotráfico”, se esconde la cruda realidad de que los encargados de investigar y controlar estos delitos son los más vitales para sustentarlos. Quiénes regentean la droga y administran la masa de dinero que ese negocio mueve, son parte inalienable del Estado. Sus perros guardianes son los mismos que en los barrios asesinan con impunidad y en la calle reprimen al pueblo organizado.

Cada tanto, para lavar la cara a la vieja y corrupta fuerza policial y para hacer campaña de las tan sonadas “políticas de seguridad”, un par de “perejiles” deben caer, incluso algún que otro uniformado. Pero a no engañarse, que quienes están a cargo del narcotráfico y reciben sus beneficios jamás pasarán un día en prisión bajo el sistema de inequidad capitalista en el que vivimos.

Sigue la represión en México.

Mientras la Caravana Sudamericana 43 finalizaba su recorrido por Latinoamérica, para exigir la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos en septiembre pasado, la policía federal mexicana sumó otro nombre, esta vez el de un maestro, a la lista de asesinados por el estado mexicano.

El 7 de junio era día de elecciones en Tlapa, región de la Montaña de Guerrero. Los pobladores, junto al Movimiento Popular de Guerrero y otras organizaciones populares, entre ellas la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), decidieron boicotear los comicios, como forma de visibilizar la vinculación y responsabilidad de buena parte de los candidatos a gobernador, alcalde y diputados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y con el crimen organizado desde el estado en general.

La campaña de boicot a las elecciones se realizó también en otros lugares de México, como Chiapas, donde los manifestantes fueron a los lugares de votación para pedir a los funcionarios que entregasen el material de votación para destruirlo.

La represión no se hizo esperar, y nueve docentes fueron detenidos en Tlapa. Los manifestantes se refugiaron en el local de la CETEG, donde irrumpió la policía federal, que fue superada por los compañeros. Quince policías quedaron dentro del edificio, mientras los docentes y los pobladores que los apoyaban reclamaban la libertad de los presos.

En esa instancia, los policías retenidos comenzaron a disparar. El maestro Antonio Vivar Díaz, un panadero de 28 años recién egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y padre de un bebé de 11 meses, recibió un tiro fatal en el pecho. También hubo varios heridos.

Desde el Movimiento Popular de Guerrero calificaron el hecho como asesinato selectivo, porque Antonio fue una de las personas que más actividad política realizaba en la zona.
Una larga caravana recorrió las calles de Tlapa camino al cementerio, con el féretro en andas, al grito de “¡Antonio vive, la lucha sigue!”, “¡Toño no murió, el gobierno lo mató!” y “¡Fue el Estado”. Entre los miles de manifestantes, además de las agrupaciones populares de la zona, se destacaban compañeros y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Miércoles 17 de junio, 19:00, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (Edificio B, Aula 212, calle 51 entre 124 y 125, Ensenada), Panel sobre Violencia Institucional con la participación de Ismael Jalil, de CORREPI. Invita Corriente Surcos.

Viernes 19 de junio, desde las 16:00, volanteada antirrepresiva en la peatonal de Berazategui.

Sábado 20 de junio, 19:00, en el C.C. Pampero (Vieytes y Otamendi, Bernal), charla sobre criminalización de la protesta con participación de CORREPI.

Jueves 25 de junio, desde las 9:00, concentración frente a los tribunales de Comodoro Py durante la audiencia en la Cámara de Casación Pernal que resolveá sobre la condena a los asesinos de Mariano Ferreyra.

Jueves 25 y viernes 26 de junio, Puente Pueyrredón, vigilia y jornada de movilización en el 13º aniversario del asesinato de Macxximiliano Kosteki y Darío Santillán.