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EL ESTADO ARGENTINO RATIFICA SU TOLERANCIA A LA TORTURA:
UN POLICÍA JUZGADO POR SIETE CARGOS DE TORTURA RECIBIÓ UNA PENA MÍNIMA
Sábado, 13 de Julio de 2002
EL ESTADO ARGENTINO RATIFICA SU TOLERANCIA A LA TORTURA:
UN POLICÍA JUZGADO POR SIETE CARGOS DE TORTURA RECIBIÓ UNA PENA MÍNIMA
Se conoció hoy la sentencia en la causa seguida al cabo de la policía bonaerense Juan Carlos Botrón por el delito de torturas. El Tribunal Oral nº 4 de San Martín, confirmando con su decisión que el estado argentino avala plenamente la aplicación de tormentos a detenidos, rechazó la acusación de torturas y condenó al reo a la mínimérrima pena de 5 años de prisión por los delitos de apremios ilegales y vejaciones, figuras menores emparentadas con los tormentos que permiten a los jueces morigerar las penas cuando les resulta imposible la absolución.
El 24 de julio de 1999 cinco jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron irregularmente detenidos, y torturados en la Comisaría 1ª de San Martín. Denunciaron el hecho a la médica que los revisó -la que no hizo nada- y ante el fiscal de turno que los indagó por un supuesto robo en el que fueron rápidamente sobreseídos. Apenas dos días después otros dos muchachos denunciaron al mismo fiscal similares torturas. El fiscal allanó la comisaría y secuestró las bolsas de polietileno utilizadas para sofocar a las víctimas aplicando el “submarino seco”, y corroboró los dichos de los denunciantes al verificar que existía el lugar al que fueron llevados para ser torturados, una oficina en la que ninguno de ellos tenía porqué haber entrado.
Todas las víctimas reconocieron en rueda a dos de los policías que los apalearon y bolsearon, el cabo Juan Carlos Botrón y el oficial Marcelo Palleroni. Al mismo tiempo que salían las órdenes de detención los dos se esfumaron. Palleroni sigue prófugo, pero Botrón fue detenido a fin de 1999, en su casa de siempre.
El 1º de julio de 2002 comenzó el juicio oral, al que Botrón llegó acusado por tres cargos de tortura y tres de apremios ilegales. Al término del debate, el fiscal modificó su requerimiento y acusó por siete cargos de tortura, convecido por los testimonios escuchados de que en todos los casos los jóvenes fueron sometidos a tormentos. Pidió 18 años de prisión para el represor.
Los abogados Verdú y Stragá de CORREPI que representan al grupo de víctimas del 24 de julio -entre los que se cuenta un compañero nuestro- pidieron a su turno 24 años de prisión para el policía.
El fallo conocido hoy sólo en su parte dispositiva ratifica la histórica tendencia de los tribunales argentinos de elegir siempre la vía menos gravosa cuando se trata de agentes de las fuerzas de seguridad acusados de cometer delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Si las circunstancias -en este caso, la abrumadora prueba- no les permite absolver, siempre tienen a la mano algún artilugio para “bajar” la calificación legal de torturas a apremios o vejaciones, así como los homicidios calificados se tornan excesos en la legítima defensa o en el cumplimiento del deber, error en la persona, etc. Por algo desde 1983 a la fecha en toda la república argentina sólo en siete casos se ha condenado por tortura seguida de muerte, a pesar de los centenares de casos comprobados (ver ARCHIVO DE CASOS 1983/2001, http://groups.yahoo.com/group/correpi-informacion)
La breve lectura, hecha por una temblorosa prosecretaria que más tarde se disculpó con la víctimas, no fue presenciada por los jueces autores del fallo, que se escondieron en sus despachos sin coraje para mirar a las víctimas a la cara. Igual oyeron los gritos de repudio y las consignas: Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar. No sólo a los policías iremos a buscar. Que se vayan preparando los Sres. Jueces, porque ya se sabe: SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE.
CORREPI, 12 de julio de 2002.-