CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Elecciones 2015: el FPV y los palos que se vienen.

Las últimas semanas de la agenda política nacional, según los medios hegemónicos, fueron protagonizadas por los reveses que atravesaron a las listas de las fracciones presidenciables de la burguesía para el electorado, en particular las del Frente Para la Victoria.

Luego de la deserción obligatoria de la candidatura a presidente del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el llamado al disciplinamiento interno del kirchnerismo con respecto al voto peronista tras el cierre de la fórmula Scioli - Zannini, la orden del cambio de libreto llegó silbando directo desde la Casa Rosada. Ahora Scioli, el “candidato de los fondos buitres” –como titulaba hasta hace poco tiempo el programa kirchnerista 6,7,8- pasó a ser el “futuro presidente de todos los argentinos”, felizmente recibido por cadena nacional en ese programa emitido por la TV Pública el domingo 21 de junio, en una claro llamado a la reconciliación oficial del aparato pejotista en su conjunto.

En esa oportunidad, el ex candidato se presentó muy jovial, con un discurso flexible y dispuesto al diálogo. Remarcó su “compromiso de honor con Néstor Kirchner y la Presidenta” bajo el consuelo de haber sido “inquebrantablemente leal”, e hizo hincapié seis veces en la presentación, el día anterior, de los nuevos 18.000 efectivos de la Policía Federal que se juramentaron frente a la bandera en la ciudad de Rosario y serán puestos en circulación a la brevedad; contestó todas las preguntas con una sonrisa, excepto la realizada por la periodista Nora Veiras, cuando inquirió sobre las denuncias por las condiciones generales de las cárceles y las detenciones arbitrarias en la Provincia de Buenos Aires.

Scioli no quiso responder, pero nosotros sí: según el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo público de la provincia de Buenos Aires, las condiciones de hacinamiento, superpoblación, tortura y muertes han llegado al índice más alto en la historia de la provincia desde el retorno de la democracia hasta la actualidad; sólo durante 2014, se registraron 548 muertes en centros de detención y 35.000 detenciones arbitrarias, lo que da un resultado por tasa de encarcelamiento de 218,5 por cada 100.000 personas. [En este caso, sólo estamos reflejando los datos registrados en el perímetro de la zona Metropolitana; quienes leen esta nota pueden imaginarse los resultados si los trasladamos a la totalidad del territorio nacional, si tomamos en cuenta la plena vigencia de la aplicación de la figura de la AA(Averiguación de Antecedentes) y el Código Contravencional, que permiten detener a cualquier persona sin ningún motivo.]

La semana siguiente –para cerrar el arco de presentaciones- fueron invitados al mismo programa los favoritos del FPV para candidatos a Gobernador de la Provincia y Vice: el actual Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, respectivamente. Más allá de los absurdos –por no decir, vergonzantes- intentos del referente de Nuevo Encuentro por intentar preservar a su espacio como pretendida trinchera “crítica” del kirchnerismo –argumento demolido tras al acuerdo con el PJ tradicional- la fórmula dejó clara su propuesta de gobernabilidad para la Provincia en materia de seguridad, en palabras de Fernández: “Nosotros queremos fuerzas formadas, bien capacitadas, que salgan a la calle con una concepción de la sociedad y una fuerte especialización en el aspecto militar”.

En este caso no hace falta que remarquemos nada, el discurso es coherente en relación a los hechos concretos y se aclara per sé: precisamente unos momentos antes, el ex–Secretario General de la Presidencia de Duhalde, especificaba -en respuesta a las preguntas sobre “inseguridad”- sin ningún tapujo, “en gestión me fui sin un solo muerto”. La memoria y la lucha de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán responden por sí solas.

Con este escenario, los candidatos definidos del FPV –y muy seguramente, los ganadores- constituyen, desde ahora, la muestra elocuente de lo que se vendrá en materia de represión, política necesaria para sostener la continuidad del “modelo” que, durante los últimos doce años, se cobró más de 2500 víctimas.

19 y 20: De La Rúa al banquillo… como testigo.

El miércoles 8 de julio, por la mañana, Fernando De La Rúa fue citado por el Tribunal Oral Federal nº 6 para declarar en la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que dejaron un saldo de cinco asesinados, 212 heridos y otros tantos detenidos en la ciudad de Buenos Aires, y 39 en todo el país, con miles de heridos y 4.500 detenidos.

Desde temprano, militantes de CORREPI y de la CPS 29 de Mayo, junto a Marta, la madre de nuestro común compañero Carlos “Petete” Almirón, se convocaron en las puertas del edificio judicial de Comodoro Py, para repudiar la presencia del principal responsable político de la represión, que fue citado por el tribunal como testigo, es decir, como persona ajena al hecho que percibió información de utilidad.

A fuerza de organización, movilización y lucha, el clamor popular por juicio y castigo logró que De La Rua fuera primero imputado, luego indagado y más adelante procesado por los cinco homicidios ocurridos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero pronto vinieron camaristas y cortesanos en auxilio de lo que De La Rúa representa, y consagraron su impunidad. Para eso, tomaron por cierto su argumento de que, como en esos días estaba “muy atareado con urgencias de gobierno”, no había escuchado la radio ni mirado televisión, y tampoco supo lo que sucedía a metros de su despacho, enla Plaza de Mayo, pues “tenía la ventana cerrada”.

Como dijimos una y otra vez en la causa y en la calle, si hay que creerle, resulta que el entonces presidente de la Nación fue el único individuo en toda Argentina (y probablemente, al menos, también América Latina) que no vio la cobertura en vivo que todos los medios audiovisuales hicieron, casi como si fuera una cadena nacional, desde la noche del 19 a la del 20.

Así las cosas, De La Rúa entró a la sala de audiencias a las 11:30, mientras resonaba el grito de “¡Asesino!” por parte de los familiares de las víctimas que se encontraban presentes. Empezó su larga declaración con un pedido de garantías al tribunal de que sus dichos no sean usados en su contra, como si hasta ahora la justicia no le hubiera cumplido al pie de la letra.

Luego aplicó la vieja regla de la defensa mafiosa: la culpa es del muerto. Sin inmutarse, se dedicó largas horas a explicar que la culpa de todo la tuvo Ramón Mestre, su último ministro del Interior, a quien él, como presidente, dio “directivas generales”.

También aprovechó a descargar algo de lastre culposo para el lado de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, de turno en la jornada del 20, y se dio el gusto de mentir descaradamente, como cuando afirmó que llegó a la Casa de Gobierno a las 11:30 de la mañana, y que en ese momento “no había nada en especial en la Plaza”. Recordemos que desde la noche anterior la Plaza de Mayo era un incesante ir y venir de manifestantes, y que para media mañana ya se había producido el ataque de la policía montada a las Madres de Plaza de Mayo, ardía la famosa palmera y multitudes acudían tanto a la Plaza como a la zona del Congreso.

También repartió culpas a los gobernadores, que, dijo, lo presionaron para que dictara el estado de sitio, y cometió, ya sobre el final de su disparate impune, un desliz, ya que afirmó que “a las 17:00 me informaron que la violencia había cesado”, cuando en todo momento, en la causa, aseguró que nunca supo que la violencia (=represión) hubiera empezado.

El presidente del tribunal le señaló esa contradicción, que no tuvo más respuesta que su impecable cara de nada, un par de toses y el amparo en la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.

Esta perversión no es sino la más clara muestra de lo que siempre sostuvimos: aun tratándose de un muerto político como Fernando De La Rú, el aparato judicial del estado no podía permitir que se estableciera el peligroso antecedente, para la clase dominante, de un ex presidente forzado a rendir cuentas por los crímenes cometidos en la represión a una rebelión popular.
Para la justicia del sistema, De La Rúa, el presidente que asumió fusilando en el Puente de Corrientes, y renunció fusilando en todo el país, no es más que un simple testigo de sus propios crímenes.

El pueblo trabajador, con la bandera de Petete y de todos los caídos en la lucha, no olvida y no perdona.

Nuevos asesinatos, ninguna noticia.

Los fusilamientos y las muertes en cárceles y comisarías nunca son noticia en los medios que sostiene el poder. Lamentablemente, tampoco lo son en los barrios pobres, donde lejos de asombrar, son parte de la realidad cotidiana.

El 9 de mayo, en Azul, provincia de Buenos Aires, fue asesinado Roberto “Tato” Vargas (39) por los oficiales César Seba e Ignacio Gaete de la comisaría 1ª, que interceptaron a Tato cuando huía después de robar algo en un almacén. Tato fue fusilado cuando estaba caído en el suelo, reducido e indefenso. Murió a los minutos de haber ingresado al hospital con cuatro balazos y lesiones producto de golpes. Los efectivos no fueron imputados y se encuentran libres, en tanto que el caso es acompañado por reclamos y movilizaciones populares.

En la madrugada del 14 de mayo, en La Matanza, Federico Cabrera Ruíz (32), que había denunciado en reiteradas oportunidades que sufría hostigamiento por parte de la Policía Bonaerense, fue asesinado por cuatro de las diez balas que le fueron disparadas. Su historia era conocida en el barrio, y nadie duda en responsabilizar a la comisaría de La Tablada y a la fiscalía de La Matanza.

El 24 de mayo, al noroeste de Rosario, dos policías, que se trasladaban en moto a la altura del puente de la avenida Sorrento, mataron a Carlos Godoy (25). Los oficiales dijeron que dos jóvenes intentaron robarles. Uno logró escapar, mientras que Carlos cayó muerto con dos balazos, uno en la espalda y el otro en la cabeza, disparado, de nuevo, cuando ya estaba en el suelo. Es el segundo fusilamiento de gatillo fácil que afecta a la familia Godoy, ya que el 14 de septiembre de 2014, Mauricio Gómez (24), fue asesinado con dos balazos policiales al salir de un cumpleaños.

Durante la noche del 29 de mayo, en la cárcel de Villa Las Rosas, Salta, murió Omar René Ortiz (23). Testigos señalan que Omar fue al baño, y que, al salir, algo pasó en el pabellón “M” de máxima seguridad, de tránsito cerrado para los internos, ya que escucharon ruidos y sus gritos pidiendo ayuda. Luego se vio humo, y los demás presos comenzaron a golpear sus celdas. Omar, golpeado, asfixiado y quemado, murió poco después en el hospital San Bernardo.

En la madrugada del 2 de junio, en la cárcel de Villa Devoto, Daniel Herrera Zarzozo (35), fue encontrado ahorcado en el baño. Su familia descree de la versión oficial del suicidio y cuenta que era extorsionado constantemente.

La noche del sábado 6 de junio, en Mar del Plata, un agente del Servicio Penitenciario, de civil, asesinó a un hombre de 30 años que intentó robar una casa de comidas.
En la noche del 7 de junio, en Quilmes, fueron asesinados dos hombres y otros dos resultaron heridos por un efectivo de la Policía Federal cuando presuntamente intentaron asaltarlo. Notable la puntería del policía, que no tuvo un rasguño.

En La Plata, la noche del 7 de junio, Cristián Bargas (20), fue asesinado por un policía luego de una persecución vehicular. Recibió un disparo en la cabeza mientras huía.
A las 3:00 de la madrugada del 8 de junio, en San Pedro, los suboficiales del Destacamento Río Tala, Walter Garea y Martín González, asesinaron a uno de dos hombres que intentaban robar en un predio rural.

En Rosario, la tarde del 25 de junio, fue asesinado Alexis Villalba (20), cuando personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico rodearon con 15 patrullas a cuatro jóvenes, acusados de haber robado en una casa de la ciudad.

Estos casos son apenas un parcial reflejo de una práctica sistemática, de un accionar que pretende hacer de los jóvenes pobres, personas dóciles y disciplinadas. Son ejemplos de algo que se sostiene, además, con las detenciones arbitrarias, con la propaganda de los medios de comunicación, la escuela y distintas instituciones de este sistema de desigualdad, que pretende la miseria para quienes se desloman trabajando. Sólo con organización y lucha lo podremos revertir.

Torturas en Rosario a chica trans.

En la madrugada del sábado 27 de junio, en la ciudad de Rosario, Michelle Mendoza, militante trans, fue detenida junto a dos amigos con los que viajaba en auto. Durante la detención, uno de los cinco policías gritaba a sus camaradas: “Tengan cuidado con la sangre, toda esta gente tiene el bicho”, mientras le pegaba a Michelle. Cuando los detenidos preguntaron sobre el motivo de la detención, el policía contestó: “Encontramos dos calzoncillos y un tupper en el auto”.

El DNI de Michelle fue retenido, mientras entre cinco oficiales le seguían pegando. Michelle describió luego la escena en facebook: “Un hombre policía me sujetó la cara apretando mis mejillas mientras una mujer policía me pegaba con algo negro en la cabeza y otra me pateaba”. Uno de sus amigos –que también se encontraba esposado y herido- tuvo la intención de ayudarla. Ante esto, uno de los policías le dijo: “¿Qué? ¿Te la cogés, puto? ¿Por eso la defendés?”. Acto seguido, el oficial empujó a la chica y su cara impactó contra el piso. En ese estado fue trasladada a la comisaría 18, donde permaneció detenida en un calabozo orinado y con ratas.

Esta es una escena más dentro de un panorama de hostigamiento sistemático que recibe el colectivo trans por parte de las fuerzas policiales. Un informe del sitio de noticias Cosecha Roja revela que: “En Argentina, las travestis, transexuales y transgéneros viven, en promedio, hasta los 41 años. Junto a los crímenes de odio, la represión estatal es una de las principales causas de mortalidad del colectivo trans”.

La policía marplatense a la búsqueda de policías “cultos”: los falsos dilemas de la clase dominante para elegir a sus guardianes.

La noticia fue presentada por los medios hegemónicos como una catástrofe educativa o sociológica: la enorme mayoría de los aspirantes a la policía local de Mar del Plata no pasó el examen de lectoescritura y entonces el municipio debió lanzar una nueva convocatoria para seguir abultando sus tropas.

Para aquellos sectores de la sociedad que colocan en la “inseguridad” todos los problemas del país y que, como único remedio, exigen la multiplicación indefinida de agentes en las fuerzas de seguridad, la información aludida genera un falso gesto adusto, de preocupación, debido al bajo rendimiento intelectual de “nuestros jóvenes”. ¿Realmente interesa a la burguesía y a los paladines de la “seguridad” el nivel de conocimiento de sus perros (cachorros en este caso) guardianes? ¿En verdad consideran necesario que los efectivos posean un rendimiento académico elemental o que, de acuerdo a la cháchara oficialista, que sean capacitados en derechos humanos?

Es una absoluta falacia, propia de la falsa conciencia y del silbido de los contradictorios vientos que caracterizan nuestro tiempo, tan ampulosos en sus discursos jurídicos bienpensantes y a la vez tan crueles como siempre en las inequidades inherentes al sistema capitalista.

La parte privilegiada de la sociedad, en su gran mayoría, pretende que los policías, como hasta el día de hoy, sean simios con armas, abocados a la defensa feroz de la propiedad privada, el status quo político y la “moral pública”. No importa cuántos ejemplos diarios demuestren que la policía es el engranaje principal del delito y la criminalidad, no importa la evidencia cotidiana de que siquiera son efectivos para hacer el “trabajo” que supuestamente se les encomienda. Cada vez hay más policías y esto, según los programas de las fuerzas políticas dominantes, no va a cambiar.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades locales? Salir a convocar más jóvenes (generalmente de barrios pobres, en franjas que no logran acceder a empleos estables o dignos) para atiborrar sus filas más allá del número que estaba previsto, puesto que eran 700 los efectivos que formarían la fuerza y ya van por los 1.000.

La lógica es siempre la misma, la cooptación de jóvenes pobres para que acaben reprimiendo a sus propios familiares y amigos con sólo hacer un cursito y recibir unos pesos, además de la 9 mm para su cintura. La perversión del sistema no se modifica por ningún examen de ingreso, y ninguna policía dejará de ser eso, la policía (asesina, corrupta, clasista, antipopular) por tener en sus filas efectivos “educados”; es decir, para el caso, que entiendan lo que leen. La nueva convocatoria no atraerá a ningún Einstein, seamos realistas, no está hecha para eso. Llegada la necesidad, con tal de alcanzar el número más alto posible de agentes, serían capaces de incorporar personas que no sepan ni cómo se llaman, que suelen ser por cierto los mejores ejemplares.

Desde CORREPI luchamos, como siempre, para que los “objetivos” del malvado sistema a este respecto no cambien la visera por la gorra.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Jueves 16 de julio ESCRACHE A OFICINAS LEDESMA (BLAQUIER):
14:00: Concentración en Talcahuano 550 (Tribunal nº5)
15:00: Radio Abierta.
17:00: Concentración en Obelisco hacia Corrientes 415 (Oficina de Ledesma)

Sábado 18 de Julio, a las 14:00, Charla antirrepresiva “¿Violencia institucional o represión?” en la Casa de la Mujer (Piovano 3348, Moreno), invita Foro de infancia robada, de Merlo, Moreno, San Miguel.

Sábado 18 de julio, a las 18:00, taller del manual del pequeño detenido en el Comedor Latinoamericano en el barrio Latinoamericano de Moreno: Invita Moreno Se Mueve