CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

1. Por qué hacemos el Archivo

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los propios, los casos de los familiares organizados en CORREPI. Siguieron con los contactos del interior del país, que veníamos desarrollando desde que convocamos, en marzo del año anterior, al Primer Encuentro Nacional contra la Represión. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron a periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías.
Cerca de fin de año, habíamos reunido datos de 262 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. A mediados de diciembre, con un megáfono y el recién nacido ARCHIVO DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL abajo del brazo, un puñado de militantes antirrepresivos, la mayoría familiares de víctimas de la represión, fuimos a la Plaza de Mayo, adonde habíamos convocado a acompañarnos a las organizaciones populares y a la prensa. Mientras transcurría la rudimentaria radio abierta, una delegación de los familiares cruzó la calle Balcarce y entregó una copia del Archivo en la mesa de entradas del ministerio del Interior, indicando que le traían al ministro Corach la lista de los nombres que había pedido.
La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo.
Volvimos a la plaza el 28 de noviembre de 1997, con 382 casos registrados; en 1998, con 471, y cada fin de año hasta hoy. El Archivo siguió creciendo, y fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos. También el carácter de la actividad fue cambiando. En 1998, los familiares cruzaron la calle para entregar una copia en la Casa de Gobierno por última vez. Desde entonces, decidimos hacer el acto dando la espalda a la sede del poder ejecutivo nacional, cualquiera fuese su ocupante temporario, así como empezamos a darle el carácter de Informe Anual de la Situación Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represión, no sólo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora.
Diecinueve años después, el acto anual de CORREPI en Plaza de Mayo se ha convertido en la instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca a la militancia de todos los sectores y a muchísimos compañeros y compañeras que nos acompañan cada año.
Aquella lista a mano en el cuadernito de Delia, se convirtió en una base de datos con miles de registros, al que aportan sistemáticamente las organizaciones que, junto a CORREPI, integran el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo), así como innumerables contactos que colaboran desde distintos lugares del país.
Nuestro Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, en cambio, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva. Por eso, convocamos a todo el que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta.
Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. Sirva como ejemplo de esto que, cuando llegamos a la Plaza de Mayo en noviembre de 2014, registrábamos 4.278 casos. Hoy registramos 4.644. De los 366 incorporados al Archivo en los últimos 12 meses, 227 hechos ocurrieron entre enero y principios de noviembre de 2015, y 139 son de años anteriores (88 son de 2014).
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

2. Cómo hacemos el Archivo

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
3. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y sólo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
4. A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión selectiva); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones).
5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.
6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés .

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulación de 19 años, permiten extrapolar tendencias y sacar conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos, se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa.
Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números, son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Cantidad de Casos:

El Gráfico nº 1 muestra la cantidad de casos totales acumulados por Archivo, desde la primera presentación en 1996.

El Gráfico nº 2 muestra la cantidad de casos registrados en este Archivo por año. Además de advertir que la información disponible de los años ’80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan los años 2001, 2009 y 2010 (éstos incluso superan a 2001) por la cantidad de casos conocidos, y 2014 se les acerca. No puede dejar de relacionarse ese dato con la necesidad gubernamental de mayor represión en épocas de crisis. En el mismo sentido se debe interpretar el salto cuantitativo ocurrido entre 1998 y 1999, y luego al 2000. Desde entonces, salvo 2003, año que reviste particular dificultad para el rastreo de datos, la cifra anual nunca bajó de las dos centenas. Debe tenerse en cuenta que los datos 2015 se reducen a 10 meses y medio, pese a lo cual son ya 225 casos los registrados.

Modalidades:

En este gráfico se ponen de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: los fusilamientos de gatillo fácil (46% del total) y las muertes de personas detenidas (39%).

Las permanentes campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen principalmente inverosímiles suicidios por ahorcamiento que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios recurrentes que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en buena parte de los casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, etc.).
La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados.”.
Las desapariciones, que superan las 200 desde 1983, no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Por ejemplo, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los femicidios en los que se desapareció el cuerpo están agrupados junto al resto de las muertes “intrafamiliares”, etc. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 70 desde 1995. De ellos, 21 ocurrieron durante el gobierno kirchnerista (ver próxima sección, con el balance 2003/2015).
Párrafo aparte merece la comprobación de que, en los casos de víctimas mujeres, casi el 50% corresponden a femicidios en los que el femicida era también un represor. Lo mismo sucede con los niños de corta edad, en su mayoría femicidios relacionados.

Edades de las víctimas:

El 52% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos

Los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador del contenido de control social de la represión: el 49% corresponde al segmento de 15 a 25 años. Si se suman los de menos de 35, se llega al 76% del total, aún cuando en un 10% de los casos se ignora la edad exacta.

Distribución por territorio

Si sólo miramos la cantidad de casos ocurridos en cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con más del 45% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.110 casos de una con los 251 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes.

Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, vemos que la represión se descarga de manera casi uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.
La provincia de Buenos Aires pierde su lugar destacado para quedar en 5º lugar, detrás de Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut, con La Pampa, CABA y Río Negro a continuación.
Además, los distritos que encabezan la lista fueron gobernados en la última década por representantes de todo el espectro político partidario de la burguesía, lo que demuestra que, gobierne quien gobierne, mientras lo haga contra los intereses del pueblo trabajador, va a usar la represión.

Distribución conurbano/interior en Pcia. de Buenos Aires

La necesidad de control social es mayor en áreas de más acumulación de población. Comparemos el número total del GBA con el interior de la provincia con el índice por millón.

Casos por fuerza

En este gráfico se advierte que la mayoría de las muertes (57,15%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, excluida la flamante metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que lleva 17 fusilamientos de gatillo fácil. Aunque esa cifra no le otorga un porcentaje significativo, debe considerarse su reciente creación y que sus hombres no patrullan, todavía, toda la ciudad.
La alta incidencia de los servicios penitenciarios de todo el país se vincula con la gran cantidad de muertes bajo custodia, la mayoría en cárceles. El personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues son carceleros que dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial.
Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los ’90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada, año tras año, su participación.
Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican, hasta ahora, las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”.

Gestión kirchnerista

Total de asesinados por la represión estatal 2003/2015:

3.070, que representa el 65% del total desde diciembre de 1983

Comparando la gestión de Néstor y Cristina Kirchner con los gobiernos de Raúl Alfonsín , Carlos Menem, la Alianza de Fernando De la Rúa y Carlos Álvarez y el interregno post 2001 de Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde, tenemos que:

En este gráfico se advierte la sostenida tendencia represiva del gobierno de los Kirchner. Debe considerarse que, del año 2003, sólo se consignan los casos posteriores al 25 de mayo, y, respecto de 2015, además de que el año no ha terminado, son muchos los casos de los que aún no hemos tenido noticia.
Asimismo, debe aclararse que la información sobre el período 1983/1989 es poca y mala, e incluye 21 casos sin fecha precisa.

Muertos en la represión a la protesta

Párrafo aparte merece la cantidad de muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, vivienda. Desde 1995, se registran 70. El único gobierno que mató más personas que el actual en la represión a movilizaciones populares fue el de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por la heridas recibidas.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron dos los asesinados en la represión a manifestaciones o movilizaciones: Luis Marcelo Cuéllar, en 2003, en una marcha a la comisaría de Libertador Gral. San Martín, Jujuy, donde otro joven había muerto en la tortura, y Carlos Fuentealba, en Neuquén, durante la huelga docente.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la cuenta asciende a 19: El trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, en 2008, en Mendoza; el joven Facundo Vargas, en Pacheco, durante una movilización contra el gatillo fácil; Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en 2010, en igual circunstancia, pero en Bariloche; los Qom Mario y Roberto López en 2010; Mariano Ferreyra, en el ataque a los trabajadores ferroviarios en 2010; los tres asesinados en la represión del Parque Indoamericano en 2010; en 2011, los cuatro muertos en el desalojo de las tierras del Ingenio Ledesma, en Jujuy y Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. En 2012, la cifra creció con Daniel Solano, trabajador de la fruta desaparecido por negarse a denunciar a sus compañeros en Río Negro, Miguel Galván, campesino asesinado en Santiago del Estero, Gerardo Gabriel Tercero, asesinado por gendarmería en un corte de la ruta 50, en Salta y Ángel Verón, muerto el 18 de octubre de 2015 como consecuencia del apaleamiento recibido de la policía chaqueña tres semana antes en la represión a una movilización de trabajadores desocupados.