CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LIBERTAD A RAUL CASTELLS
El día miércoles 10 de febrero, una delegación de la CORREPI encabezada por los Dres. León “Toto” Zimerman y Sergio Smietnianski visitaron en su celda de la Comisaría de Lanús, Provincia de Buenos Aires, al dirigente de los jubilados Raúl Castells, nuevo preso político en la República Argentina.

A su vez participaron de una concentración frente a los Tribunales de Lomas de Zamora donde se sustancia la causa contra Castells, en la que se leyó la exigencia de nuestra agrupación por su inmediata libertad.

Castells, acusado por el gobierno nacional de promover violencia por simplemente reclamar paliar el hambre que sufren los jubilados y los sectores populares es una víctima más de un Poder Judicial dependiente de los designios del ejecutivo y en el caso particular, de las exigencias de
las empresas supermercadistas.

Una vez más se pretende acallar la protesta social a través del inicio de causas judiciales contra dirigentes sociales.

INTIMACION AL INADI
Los abogados María del Carmen Verdú y Daniel A. Stragá por la CORREPI remitieron una carta documento por la que intiman al titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Sr. Víctor Ramos, a fin de que haga públicas las denuncias que debió formular contra el Ministro del Interior Carlos Corach y el Director de Migraciones, Hugo Franco y el Jefe de la Policía Baltazar García por sus expresiones de alto contenido xenófobo y racista cuando inculparon a los inmigrantes de países hermanos de ser los autores de más del 70 % de los delitos en Argentina.

De acuerdo a la ley 24.515 el Instituto a cargo de Ramos debe oponerse a toda acción o campaña destinada a promover la discriminación y ante el hecho concreto, denunciar al presunto autor ante
la Justicia.

En caso de que dicho funcionario no haya iniciado las denuncias correspondientes, la CORREPI denunciará a Ramos por la comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y exigirá la renuncia del mismo, debido a la su inoperancia.

TORTURAS EN MENDOZA
El lunes 8 de febrero, en la localidad de Rincón del Medio en la Provincia de Mendoza, Fabián Manríquez de 18 años fue detenido por siete efectivos policiales de la comisaria zonal. Lo acusaban del delito de robo simple. Los “guardianes del orden” ingresaron violentamente a su domicilio y allí mismo le propinaron una brutal paliza, ya en la calle le dispararon varias
veces a los pies, y dentro de la comisaría lo sometieron a la tortura llamada “mojarrita” o “submarino”, consistente en introducir la cabeza del desafortunado en un cubo de agua, dificultándole la respiración hasta casi ahogarlo.

Debido al delicado estado de salud provocado, Fabián Manríquez se desvaneció, por los que los policías torturadores de Mendoza se “apiadaron” y lo condujeron a un hospital. Allí los médicos constataron las lesiones e iniciaron la denuncia. (Corresponde destacar la actitud de estos
profesionales pues, la experiencia de la CORREPI indica que la mayoría de los médicos prefieren soslayar cualquier tipo de denuncias cuando policías están involucrados).

Ante la evidencia de la tortura, el juez de turno detuvo a los siete represores pero una vez tomadas las declaraciones de rigor, decidió cambiar la calificación legal y en vez de considerar el hecho como incurso en el delito de tortura, entendió que era “apremios ilegales”. El delito de
tortura tiene una escala penal que parte de una mínima de 8 años, y no es excarcelable. Por su parte, el apremio ilegal tiene una mínima de seis meses y permite la excarcelación.

CORREPI ha sostenido en numerosos foros jurídicos y de derechos humanos la derogación del delito de apremios ilegales, puesto que es una figura eufemística de la tortura, que sirve, precisamente para tolerarla. Los jueces, siempre tan permeables a la metodología de las policías,
siempre utilizan este tipo de “apremios ilegales” para salvar al torturador y lograr que no vaya a la cárcel.

GOLPIZA EN VILLA GESSELL
En los últimos días del mes de enero, cuatro jóvenes entre 20 y 17 años, estaban gozando sus vacaciones en el balneario de Villa Gessell, en la costa atlántica bonaerense. La noche del 25 de enero de 1999 se encontraban conversando frente a la puerta de su departamento, cuando después de observar que un patrullero había pasado frente a ellos dos veces, decidieron preguntarles si existía algún inconveniente. Los policías, ante semejante “impertinencia” les pidieron documentos y a uno del grupo lo llevaron detenido. El resto de los amigos fue a comprar alimentos y bebidas para el detenido y decidieron esperar en la puerta de la seccional
hasta que recuperara la libertad. Ante la presencia de los muchachos y la insistencia en saber acerca de su amigo, el policía de imaginaria se disgustó al punto de aplicar un puntapie en las nalgas a uno de ellos. Ello generó la natural reacción de uno de los menores que insultó al policía.

Acto seguido cuatro “servidores del orden” cayeron sobre él y le aplicaron una severa paliza con golpes de puño y bastonazos, ocasionándole graves lesiones óseas. A pesar de ser menor de edad, fue conducido a calabozos en violación a la ley 10.067 de Menores bonaerense.

Al cabo de tres horas, ya que el joven se quejaba del dolor y reclamaba el trato de acuerdo a su minoridad, los policías decidieron -sin siquiera anotarlo en los libros correspondientes- darle la soltura.

El adolescente esperó a sus amigos, y cuando salieron cruzaron a la terminal de ómnibus para llamar a la madre de uno de los chicos. Apareció entonces un grupo de policías que volvió a detener a uno de los chicos. Al mediodía, ya liberados todos, el más golpeado fue al Hospital de Villa Gessell. Debido al arancelamiento de la medicina pública impuesto por la política económica tanto nacional como provincial, se vió impedido de abonar el costo de una radiografía. Habiendo conversado telefónicamente con sus padres, retornó a su hogar en Buenos Aires.

Inmediatamente se hizo atender y comprobó la fractura de su antebrazo. Consultó a la CORREPI y con el apoyo del Foro Gessellino por los Derechos Humanos, los padres del menor iniciarán la denuncia correspondiente.

PROXIMAS ACTIVIDADES
1- El sábado 27 de febrero en Loma Hermosa, Partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires se desarrollara un taller sobre detenciones arbitrarias organizado por un grupo local. Participará compañeros de la CORREPI.

2- Marcha del 24 de Marzo: CORREPI continúa participando de las reuniones preparatorias de la Marcha en repudio al golpe de estado.

CORREPI