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Comunicado del Encuentro Nacional Antirrepresivo ante la creación del cargo de “Defensor del Policía” en Mendoza.
En su discurso de asunción, el nuevo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de la coalición “Cambiemos”, focalizó, como una de las partes estructurantes de su discurso, los cambios que se vendrán en su gobierno en materia del “orden”. Hizo especial hincapié en la promesa de represión a la protesta social, puntualizando que “La Policía retirará cada piquete y la Justicia debe dar órdenes rápidas para que nadie perjudique a terceros por su protesta“, casi de la mano del anuncio de “austeridad” en materia económica, con el cual se empieza a desnudar lo que desde hace tiempo venimos advirtiendo desde los sectores populares que luchamos contra la represión: ajuste y más palo para todos, ahora con aún mayores herramientas.
Dentro de esas herramientas a las que viene apuntando el radicalismo mendocino contra los sectores populares, se encuentra el “código de convivencia”, que criminaliza la protesta social y permite perseguir artistas y trabajadores callejeros, entre otras formas de control social, que fue aprobado en la ciudad de Mendoza a fines de 2014, como anuncio de lo que se venía en la provincia.
El nuevo gobernador anunció, además del aumento de efectivos policiales en la calle, que creará la figura del Defensor del Policía para ayudar desde el Estado a los que sean demandados, porque hay toda una infraestructura para acusarlos pero no para defenderlos. Ni más ni menos que un armado oficial y explícito, dentro de la estructura estatal, de un cuerpo de abogados para que ejerzan la defensa de los policías a los que la lucha popular logra arrastrar hacia un proceso por fusilamientos de gatillo fácil, torturas, detenciones ilegales y todo el etcétera de hechos vinculados a la habitual criminalidad policial. Vale señalar que la infraestructura para acusarlos de la que habló el gobernador no integra ni está vinculada al estado, pues no es otra que el movimiento antirrepresivo del que formamos parte las organizaciones y compañeros que, con la lucha cotidiana, la movilización y la denuncia pública, logramos, a contrapelo del sistema judicial, arrancar procesos y tal vez una condena contra los asesinos de uniforme.
No es menor que el gobernador Cornejo, además de explicitar que su gobierno asumirá la defensa técnica de sus represores, explicó que la iniciativa le fue aportada por A.MU.P.POL, el sindicato policial mendocino, que elaboró el proyecto. Naturalmente, la organización de reivindicación policial, que ha protagonizado numerosas asonadas que incluyeron en los últimos tiempos la ocupación de subsecretarías y el hall de la casa de gobierno, festejó el anuncio, así como la decisión de que el servicio penitenciario provincial pase del área de Justicia, a depender de Seguridad, junto a las demás fuerzas provinciales.
Esta iniciativa no es original, ya que hace décadas que en la órbita nacional existe un equipo de profesionales que ejercen la defensa de policías y otros integrantes de fuerzas de seguridad, y se cuentan por decenas los juicios por torturas, gatillo fácil, etc., en los que intervienen esos abogados estatales, y lo mismo sucede en otras provincias, como la de Buenos Aires. Pero el caso mendocino tiene la particularidad de llamar las cosas por su nombre: en lugar del eufemístico División Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, no hay disimulo, es el Defensor del Policía.
El guiño de Cornejo a la familia policial, como tituló un diario, es el reconocimiento explícito de que la represión es una política de estado, presente en el arsenal de todos los que gobiernan contra el pueblo, sólo que algunos, además, lo admiten públicamente.