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Toda nuestra solidaridad con los compañeros de Cresta Roja.
En la mañana de hoy, un operativo de 250 efectivos de la Gendarmería desalojó, por orden del gobierno nacional, el corte parcial de la autopista Ricchieri que realizaban los trabajadores y trabajadoras de la empresa avícola Cresta Roja, en reclamo del pago de salarios adeudados, un bono de emergencia de fin de año, y una solución inmediata a la inestabilidad de los más de 3.000 puestos de trabajo que aún no tienen certeza de continuidad por la situación de quiebra en la que se encuentra la empresa, dirigida por el grupo Rasic, situación que hace meses no tiene respuesta.
Tras la represión, cuando la asamblea de los trabajadores y trabajadoras decidió visibilizar nuevamente el reclamo, sumando la denuncia del desalojo, la Gendarmería volvió a reprimir, esta vez disparos de balas de goma que causaron decenas de heridos.
Después del primer ataque, la vicepresidenta de la Nación, Marta Gabriela Michetti, declaró en conferencia de prensa: “Se ha visto cómo se puede desalojar sin tener situaciones dramáticas de violencia, lo que nos demuestra que el Estado tiene que ejercer su responsabilidad”. Evidentemente, el concepto de “dramatismo” de Michetti no percibe los efectos de un chorro de camión hidrante o un bastonazo, como los que todos y todas pudimos ver hoy a la mañana.
De lo que no tenemos duda es el acierto en su definición sobre el rol del Estado. Para mayor precisión, la vocera del PRO definió: “Esta es la manera en que el Estado tiene que poner orden”, y, cuando fue inquirida sobre la respuesta que daría el gobierno en caso de una nueva medida de fuerza, dijo sin ningún tapujo: “El Estado ha recuperado el ejercicio de esta responsabilidad, con lo cual si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera”.
Más aún, nos queda bien claro cuál es el criterio de “responsabilidad del Estado” para la alianza Cambiemos en el gobierno, a la hora de garantizar el control social , explicado por ellos mismos con el anuncio de la inminente sanción de un “Protocolo de regulación de la protesta social”, como dijo el presidente Mauricio Macri. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aclaró hoy durante una entrevista en C5N: “La idea es que todos sepan cómo va a ser la actuación, que nadie se sorprenda”.
Coincidimos en que no resulta sorprendente la aplicación de la política represiva de la gestión actual cuando se trata de criminalizar la protesta social, porque tenemos sobrados ejemplos para citar sobre la cartera de funcionarios que hoy forman parte de la alianza Cambiemos, como lo han hecho en gestiones anteriores a través de los distintos gobiernos. Tampoco nos sorprende que busquen legislar más para reprimir mejor. Las ocho leyes antiterroristas en vigencia, y el proyecto de ley anti piquetes presentado y aplaudido por todas las fracciones de la burguesía en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en 2014, demuestran que, cuando se trata de defender lo estratégico, en esa orientación todos tienen acuerdo.