CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Las nuevas recetas para reprimir mejor.

Una de las noticias “fuertes” del gobierno nacional, de la mano de la devaluación, fue el anuncio de que el presidente Mauricio Macri decretará la “emergencia en seguridad nacional” en todo el país. La encargada de decirlo fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, al término de la primera reunión de la actual gestión del Consejo de Seguridad Interior.

De la reunión participaron los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales (PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA) y los ministros de Seguridad de todas las provincias, más las autoridades de Interpol, el Sedronar, y, naturalmente, el ministerio de Seguridad de la Nación en pleno. Todos, así como el único gobernador presente, el puntano Alberto Rodríguez Saá, manifestaron su acuerdo con la iniciativa, que tiene como primera y fundamental consecuencia que el poder ejecutivo puede disponer medidas sin seguir los trámites normales en materia de controles y formalidades. Es decir, se “legaliza” el recurso a contrataciones directas, cambios de destino de partidas presupuestarias, etc.

Fue la propia Bullrich la que lo explicó: “La emergencia nos permitirá reorganizar y planificación los aspectos de gestión, potenciar las Áreas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”.

Tal como ocurrió con la declaración de emergencia en seguridad que declarara el ex gobernador Daniel Scioli, todo se reduce al libre acceso a la caja, sin restricciones siquiera formales, para incrementar el poder de fuego del aparato represivo estatal.

Pero no fue ésta la única noticia posterior a la reunión del Consejo de Seguridad. La ministra también anunció que la Secretaría de Seguridad Interior deje la órbita ministerial para acceder al status de Secretaría de estado, que dependa directamente de la presidencia.

No es una decisión menor, sobre todo si se recuerda la historia del organismo, creado en 1994, al día siguiente del atentado a la sede de la AMIA , por el entonces presidente Carlos S. Menem. Su primer jefe fue el brigadier Antonietti, que concentró el mando de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal (no existía aún la Policía de Seguridad Aeroportuaria). la excusa del atentado apenas si encubría el verdadero objetivo, que era instrumentar en forma centralizada la represión del descontento popular, con un jugoso presupuesto que produjo, como primeras medidas, el violento desalojo de las familias humildes que ocupaban la abandonada bodega Giol y la gestión para construir el vergonzoso aeropuerto de Anillaco. Anecdóticamente, Antonietti también fue el encargado de desalojar a Zulema Yoma de la residencia de Olivos, algo mucho menos penoso que lo de Giol. Ella tenía adónde ir a dormir…
Esa Secretaría de Seguridad, que en los materiales de la época llamábamos “SS”, pasó del ministerio del Interior al de Justicia, Seguridad y DDHH, después del 20 de diciembre de 2001, y al ministerio de Seguridad, después de la represión y los asesinatos en el Parque Indoamericano, en diciembre de 2010. Ahora, la idea macrista es elevarla a la jerarquía de secretaría de estado, lo que habla del rango prioritario que tendrá el comando unificado de las fuerzas represivas federales en el futuro inmediato.

A organizarnos y resistir en unidad, compañeros, porque son sólo dos anuncios, dos botones de muestra de lo que ya empezó, y que dijimos que venía, enancado en el escenario que sus predecesores prepararon.

Los nombres de una nueva etapa, los asesinatos de cada día.

En el traspaso de gestión, cobró relevancia el papel de las fuerzas represivas para las fuerzas políticas en pugna. Sin ser menos que sus antecesores, el kirchnerismo fortaleció la figura de las instituciones “del orden”, con un saldo de más de 3.000 asesinados por el aparato represivo estatal. En el transcurso de las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri, nuevos nombres e historias se suman a ese lúgubre listado escrito por el brazo armado del Estado.

Lucas Fuentes (20) es, quizás, el primer nombre que de la era Macri en materia de política represiva. Asesinado en la Comisaría 3ª de General Mosconi, Chubut, su muerte se ve atravesada por tantas otras historias similares de nuestra Patagonia. Lucas se encontraba preso desde 2013 por un robo en Comodoro Rivadavia, pero estaba terminando la escuela secundaria y había recibido salidas transitorias, en las que visitaba a su familia y con las que proyectaba su vida a partir de febrero, momento en que iba a recuperar su libertad.

En la mañana del 10 de diciembre, declaró ante un juez y dos fiscales y señaló a los agentes que lo sometían y torturaban en la comisaría; horas después había escrito una carta dirigida a Pablo Jaramillo, Jefe de la comisaría de Mosconi, por las malas condiciones en las que se encontraba, ya que lo habían mandado a la celda de aislamiento, sin baño, luz, ni agua. Por la noche, los policías llamaron a su mamá, María Egea, y le informaron que se había suicidado, colgándose de una frazada. Las constantes agresiones a Lucas llegaron a su límite el día que expuso ante la justicia a sus verdugos, y casualmente, el día en que le otorgarían una extensión de sus salidas transitorias, en las que se preparaba para conseguir un trabajo y formar una familia con su novia.

El lunes 7 de diciembre, el efectivo de la Policía Local de Lomas de Zamora, Luis Damián Almeyda (24) le pidió a su compañero Sergio Alejandro Salazar, también efectivo de la Policía Local, que lo acompañara a comprar materiales de construcción. Al momento de bajar las cosas del auto en el que se trasladaban, una bala de la pistola reglamentaria de Salazar terminó con la vida de Almeyda. El efectivo fue desafectado y quedó detenido hasta que se concrete la investigación del hecho.

El martes 15 de diciembre, Jorge Torralba (30) apareció muerto en su celda del penal Almafuerte en Mendoza. De acuerdo a la versión oficial, se habría colgado con una soga hecha manualmente y luego fue encontrado por efectivos del servicio penitenciario. El asunto particular es que Torralba cumplía una condena por la cual iba a recuperar su libertad en sólo 5 meses. Ahora, el propio personal de la penitenciaría es el que tiene que investigar otro caso de “suicidados” bajo su guarda. Otro gesto irónico de las instituciones represivas.

Tan sólo horas después, el 16 de diciembre, en Andagalá, provincia de Catamarca, Ariel Fuenzalida (17) fue asesinado por el policía Ariel Vergara de un escopetazo que impactó en su hombro y cabeza. Según trascendió en los medios locales, el joven se había escondido debajo de un auto, escapando por un supuesto intento de robo a una vivienda, pero en el intento de atraparlo, Vergara disparó con su escopeta, lo hirió de gravedad y le causó la muerte poco antes de que pudiera ser atendido por los médicos del Hospital San Juan Bautista.

El viernes 18, en horas de la mañana, Carmen Alvarado Díaz (48) fue encontrada asesinada de un disparo en la nuca y otro en la espalda en su domicilio en la localidad bonaerense de Tres Arroyos. El autor resultó ser el policía Manuel Arce, de 55 años, con quien la víctima tenía una relación conflictiva hacía 9 años atrás, y que una vez denunciado como posible perpetrador del asesinato, se suicidó de un disparo en la sien en un camino vecinal apartado.
Ese mismo viernes, en Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Reynada (30) fue asesinado de tres disparos por un efectivo de la Policía Federal del que no trascendió la identidad, que entregaba notificaciones de cédulas judiciales en el barrio Illia. De acuerdo a algunos testimonios, el efectivo disparó tras agredir verbalmente al joven. Reynada no tenía ningún arma de fuego al momento de ser ejecutado.

Tan sólo una semana después, en la algarabía de las fiestas de fin de año, las instituciones de encierro volvieron a ser foco:

En la noche del 24 de diciembre, la comisaría de la seccional 7ª de Villa Luján, en Tucumán, fue el lugar de muerte de Ruben Alejandro Medina (23). Encerrado en un calabozo superpoblado con 19 personas, un confuso hecho entre discusiones, quejas por la situación de los detenidos y la incursión de efectivos de Infantería y del Servicio Penitenciario, culminó con Medina con los brazos cortados y con golpes en la cabeza, que, según las fuentes policiales, el mismo joven se habría ocasionado. Siguiendo el relato policial, en horas de la madrugada, empezó a escupir sangre, por lo que fue trasladado al Hospital Padilla, donde murió. Allí, le encontraron una hoja de afeitar en la boca.

El 25 de diciembre, por la tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida de Cristian González (45) en un descampado cercano a la localidad chaqueña de Cote Lai. Horas antes había sido detenido por la policía por daños a un auto en la vía pública y llevado a la Comisaría 11ª del Barrio España, en Resistencia. El fiscal Roberto Villalba caratuló la causa como “muerte dudosa” y ordenó la detención de diez agentes de la comisaría en la que estuvo detenido González, incluyendo al jefe de la unidad, al tiempo que se investiga el GPS de uno de los patrulleros de la dependencia, que hizo un recorrido por la zona donde fue hallado el cuerpo.

El negocio de la vigilancia privada.

En el Gobierno de la Ciudad, de la mano de Macri, nos vimos envueltos en una seguidilla de rencillas sobre las propiedades y responsabilidades de las fuerzas represivas y el constante reclamo de traspaso de la policía federal a la Ciudad. La entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner no estaba dispuesta a perder un cuarto de sus fuerzas federales a favor de su contrincante, lo que motivó que, sin perder tiempo y desbordado de creatividad, Mauricio creara su propia fuerza policial, la Metropolitana. Así se aseguró una manera de participar del control social de los barrios y de cumplir su objetivo de “limpiar” la ciudad de trapitos y vendedores ambulantes para que “seas bienvenido”. Como eso no le alcanzaba, fueron numerosísimas las contrataciones de empresas de seguridad privada para custodiar edificios públicos, en una verdadera legitimación de la “tercerización” en materia represiva, especialmente desde 2011, cuando el GCBA suspendió la contratación de servicios adicionales de la PFA.

Ahora, y aunque todo indica que el traspaso de la superintendencia de Seguridad Metropolitana (comisarías y personal de calle) a la CABA es sólo cuestión de tiempo, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, acaba de renovar, licitación mediante, los contratos, siempre con sus empresas favoritas, las empresas Comahue S.A., Murata S.A., Líderes Consultores en Seguridad S.R.L. y Briefing Security S.A.

Murata S.A. tiene íntima relación con Ignacio Antonio Cocca, Director General de Seguridad Privada del GCBA, a través del ex jefe del Departamento de Operaciones Federales, comisario Roberto Raglewski, quien fue pasado a retiro en 2004 en medio de un escándalo de corrupción. Raglewski, cuya esposa María Paula Stella forma parte del directorio de Murata, ya tenía antecedentes por un fusilamiento de gatillo fácil, cuando era titular de la comisaría 45ª. Como siempre, los policías retirados aportan toda su experiencia en el gatillo fácil y el manejo del delito organizado al ámbito privado, y si tuvieron jerarquía además son los que dirigen las empresas.

En el caso de Líderes, en cambio, no es un ex federal el que la dirige, sino un ex bonaerense: el comisario Ricardo Amador Izarriaga, que supo dirigir la caja previsional de la policía, e integra, como revisor de cuentas, el “Centro de Oficiales Retirados” de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ambas empresas, así como la tercera, Comahue SA, han sido denunciadas por los trabajadores del subte, por la híper explotación a la que someten a sus empleados precarizados.

Seguiremos viendo, y sufriendo, a los uniformados privados de estas empresas en espacios y edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Los bolsillos de los empresarios se siguen llenando, y las calles también, pero de control social y represión.

Las balas de Papá Noel.

Cuando llegan las fiestas, la mayoría de la gente se concentra, como es lógico, en el festejo. Pero para los gobiernos, hay mucho más que brindis.
Todos los años, en Navidad y Año Nuevo, la Costanera de Paraná, Entre Ríos, se llena de gente después de las doce. En esta oportunidad, entrado el día 25 se congregaron alrededor de trescientas personas. A las pocas horas de iniciado el festejo, se aproximaron varios patrulleros para desalojar la concentración. Llegaron de cacería, por ordenanza municipal, y repartieron balas de goma para todos los presentes, dejando un saldo de varios heridos y algunos detenidos. Antes de bajar a la calzada, uno de los patrulleros atropelló una motocicleta en la que iban dos jóvenes, uno de los cuales aun se encuentra hospitalizado. El comisario de la zona explicó que, ante la negativa constante de los vecinos y vecinas de retirarse, “no les quedó otra” que reprimir.

Pero como bien sabemos, a la hora de reprimir no hay límite de horario, ni fecha, ni calendario, así que pasemos revista también de la previa:
El 16 de diciembre en la localidad de Quilmes, la agrupación de jóvenes artistas callejeros, “Kilmes Hip-Hop”, que realiza encuentros semanalmente en la plaza del barrio, fue reprimida por efectivos de la policía bonaerense, de la Comisaría 3ª de esa localidad. Los artistas denunciaron que fueron puestos contra la pared, requisados y golpeados, mientras un sargento los apuntaba con una escopeta, al grito de “ahora que ganó Macri a ustedes se les acaba la libertad de expresión“. También fueron golpeados los vecinos de la zona que salieron a defenderlos, así como distintas personas que grabaron el episodio.

El 21 de diciembre, en Catamarca, la represión vino por partida doble. En las localidades de Tinogasta y Fiambalá, el ajuste se descargó duramente sobre los empleados estatales y municipales, con una reducción de la planta de 400 puestos de trabajo, lo que motivó –junto a un pliego extendido con más reivindicaciones- que los empleados y empleadas estatales rodearon el palacio municipal. A esto sobrevino la intervención de las fuerzas policiales, que desalojaron el predio sin distinción o reparo alguno, golpeando sin asco a padres, madres y niños.

El mismo día, pero en la capital de la provincia, familiares y amigos de Diego Pachao -un joven asesinado en 2012 por la policía en la Comisaría 7ª-, que se habían organizado para movilizar a la plaza central para exigir justicia, fueron reprimidos por efectivos de la policía provincial, y desalojados. Un militante que registró fotográficamente la situación fue detenido, y salió horas después sólo gracias a la presión que ejercieron las organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron en el acto para lograr su libertad.

Así van marcando la cancha las nuevas gestiones, que aprovechan la temporada de fiestas de fin de año para mandar sus convoyes navideños a repartir balas y palos, en vez de regalos.

El consenso antipiquetes.

Junto a los primeros balazos de goma y chorros de los hidrantes que llovieron en la autopista Ricchieri a los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja en conflicto, llegaron los aplausos y reconocimientos en los pasillos de más de una reconocida redacción, al ejemplo práctico del anuncio que Mauricio Macri hiciera días antes de un inminente protocolo que “regule” la protesta social.

Según comunicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el proyecto de ley será enviado por el ejecutivo al Congreso en marzo próximo. Para esto, la administración de la alianza Cambiemos apostó a abrir rápidamente el abanico a los distintos bloques políticos, reuniones mediante con los distintos mandatarios provinciales, para llegar al Parlamento con el consenso más amplio posible.

En diálogo con Telenoche, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, explicó que el objetivo del proyecto es “conseguir la convivencia entre el derecho a protestar y el derecho a circular”, buscando un “equilibrio” que ubique al Estado en el lugar de garante del orden. Y concluía: “No podemos permitir que lugares estratégicos sean cortados. La idea es crear un comité de crisis con potestad para dar respuestas y teniendo el uso de la fuerza como última opción”.

Todo el que haya visto por televisión la respuesta del gobierno nacional a las demandas de los trabajadores de Cresta Roja, comprenderá, igual que nosotros, que evidentemente la última opción, en la lógica de Cambiemos, siempre es la primera.

Que hay consenso en los distintos bloques a la hora de reprimir no es nuevo, sino que va de suyo, porque se trata de un acuerdo estratégico –y por lo tanto, sin fecha de caducidad- de una orientación política común, necesaria para el funcionamiento y desarrollo del sistema en que vivimos. A ningún gobierno, ni a ningún grupo político representante de la clase dirigente le convino, ni le conviene, la organización de los trabajadores y trabajadoras. Basta recordar cuando, en marzo de 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso un proyecto de ley antipiquetes en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y fue aplaudida de conjunto, y de pie, por todo el auditorio.

La clave del consenso pasa por una pequeña pero muy efectiva trampa: plantear un “equilibrio” que no existe, pero que sirva para legitimar las medidas con la sociedad. La mojada de oreja está en comparar el derecho a la protesta con el de la libre circulación, para que el eje se corra de los reclamos concretos de nuestro pueblo, y lo que quede sea la indignación de quien entonces se siente “vulnerado” por no poder circular, enfrentando así al pueblo con el pueblo. De este modo, las causas de cada lucha que motivan la salida a la calle, se invisibilizan, se ningunean, y por último –ya con el consenso en alto- se reprimen.

El problema no es la circulación, sino la desigualdad en la que vivimos. No permitamos que nos hagan creer que el tiempo individual de cada uno es más importante que luchar por nuestros derechos. La lucha no es entre nosotros.