CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

La mañana del 3 de marzo de 2013, en la ribera de Quilmes, el subcomisario de la 1ª de Quilmes, Alfredo Alberto Veysandaz, fusiló por la espalda a Javier Alarcón (15 años) y David Vivas (21 años) e hirió a Marcelo Luquez. El asesinato a sangre fría fue la respuesta de Veysandaz, ante la protesta de los chicos después de que el policía les tirara el auto encima en una calle sin veredas.

Tres años de organización y lucha incansable de la familia, junto a las organizaciones populares que venimos dando pelea en la calle y en los tribunales, lograron sentar en el banquillo de los acusados al asesino Veysandaz, que llega al juicio estando preso.
En lo judicial, la defensa del asesino la llevó SinPoPe (Sindicato de Policías y Penitenciarios), especialmente su división de “accidentes laborales”, que entiende al gatillo fácil como un riesgo del trabajo: “matar pibes puede pasar”.

En la defensa del asesino también jugaron un papel los medios de comunicación. Los medios locales salieron a reproducir el libreto de falsos “enfrentamientos” con las fuerzas represivas, difundiendo que los pibes eran criminales. Éste ha sido el rol que han jugado siempre los medios, criminalizando a la juventud y a la pobreza, en lugar de hacer foco en las problemáticas que el Estado no resuelve en la contención y el desarrollo de los jóvenes.

A pesar de las diversas defensas, la fuerza de la organización del pueblo pudo más. El subcomisario será juzgado por triple homicidio (dos consumados, uno tentado) por el Tribunal Criminal N° 1 de Quilmes.

Entendemos que las balas que mataron a David y Javier son las mismas que hirieron a Carla Lacorte, las que asesinaron a Marcos Acuña, Facundo Barranco, Carlos Ojeda, Santiago Santana y miles de pibes de las barriadas populares que son víctimas del hostigamiento y el gatillo fácil. No es obra de un “loquito suelto” o una “manzana podrida”, como suelen argumentar las fuerzas represivas o los medios de comunicación. Ese discurso es una forma de seguir naturalizando una práctica sistemática que el Estado descarga sobre la clase trabajadora y sus jóvenes. Cambian los nombres de los asesinos pero la función social es la misma. Cada 28 horas, la policía mata a un joven pobre en alguna parte de nuestro país. La tarea es poder ver, más allá de cada caso aislado, el entramado criminal de los poderosos. El hostigamiento, el gatillo fácil, las facultades para detener personas arbitrariamente, las torturas en sedes policiales y la desaparición de personas desplegada de forma sistemática, son parte de una política de Estado orquestada por los diferentes gobiernos. Esté quien esté, con represión más abierta o más maquillada, la policía cumple con su rol de disciplinamiento y control social que recae con mayor brutalidad sobre la clase trabajadora y más aún, sobre su juventud.

Ya son más de 4.600 las personas asesinadas por el aparato represivo del estado, desde 1983. Hemos visto una creciente presencia policial, la militarización de los barrios populares, un proceso que se agudiza en la gestión kirchnerista, un poco más de una década, que nos deja un saldo de 3.070 personas asesinadas por el aparato represivo. Señalamos que son las mismas policías que garantizan y tienen parte en el negocio del narcotráfico; las mismas policías que son cómplices de la trata, que se lleva a nuestras jóvenes hijas, hermanas, amigas; las mismas fuerzas de (in)seguridad que garantizan las zonas liberadas y obligan a los pibes a ir a robar (como el conocido caso de Luciano Arruga, conocido porque él se animó a decir que no y lo mataron por eso)

Criminalizar a la juventud es estratégico para dejar a los pibes a merced de los narcos así como criminalizar la protesta es clave para hacer pasar el ajuste.

Las policías comunales de Scioli, hoy, bajo el mando de Vidal y los intendentes, se preparan para apalear jóvenes y trabajadores.
El panorama de represión se agudiza y se expresa más abiertamente con el gobierno macrista, que planea una avanzada sobre las conquistas políticas y económicas que hemos conseguido como pueblo a través de varias décadas de luchas.

El caso de David y Javier demuestra en pequeña escala, que sólo mediante la organización independiente de los trabajadores y la lucha incansable se pueden mantener realmente las conquistas del pueblo y profundizarlas en un sentido de un cambio social radical y genuino.

El juicio comenzará el 17 de febrero, a las 9:00 horas, en Av. Yrigoyen 475 (Tribunales). Invitamos a acercarse a los que se solidaricen con la causa.