La noche del 28 de marzo de 2012, en el predio del Hospital de Gral. Rodríguez, el subteniente de la policía bonaerense Roberto Julio Páncere fusiló, con su arma reglamentaria, a Matías Lobos, un pibe de 17 años que escapaba en una moto junto a otro chico del barrio Los Naranjos de Malvinas. El móvil policial venía cazando a los pibes por más de 6 kilómetros. A punto de perderlos, Páncere decidió tirar cuatro tiros. Dos se perdieron en las sombras del sinuoso camino al hospital, uno dio en la moto y el otro en la espalda de Matías, que murió en el acto. A pocos metros del lugar, detuvieron al conductor de la moto.
La cacería terminó ahí, con un pibe muerto y otro detenido, pero lo que vino después fue, como siempre, el encubrimiento. Varios policías modificaron la escena para que pareciera un enfrentamiento, y ocultaron todos los detalles que mostraban el fusilamiento. Un arma, sin balas y sin un solo rastro de haber sido accionada, fue la excusa para instalar la idea de la legítima defensa policial. Completaba la maniobra el patrullero, con signos de haber recibido algún balazo. Con tiempo y esfuerzo se probó que esos disparos eran muy anteriores a ese día.
Armado el montaje, faltaba era su legitimación, tarea de la que se ocupó el fiscal Pablo Vieiro, de Luján. Al enterarse de que Griselda del Valle Fernández, la valiente madre de Matías, se presentaba en la causa organizada en CORREPI y dispuesta a dar pelea, se apuró a tomar una declaración superficial al asesino, para enseguida pedir a la jueza de garantías de Moreno el sobreseimiento.
Así, en tiempo récord, el fiscal, que supuestamente representa a la comunidad frente al crimen, quiso cerrar la causa para que otro policía pase a integrar la galería de ascendidos por exterminar un “enemigo de la sociedad”, eufemismo que suelen utilizar para encubrir las consecuencias dramáticas de las políticas devastadoras de pobres que los patrones diseñan. Una vez, más desde las entrañas del propio estado, en nombre de la seguridad y del derecho de propiedad, la vida de un pobre era material desechable.
Pero ahí se terminó la farsa.
La denuncia y la movilización, la presencia constante del reclamo, las actividades en el barrio y la tarea técnica en la causa, a cargo de nuestro compañero Ismael Jalil, impidió que se consumara la impunidad. Esta semana, Páncere fue llevado a juicio.
Bastaron dos jornadas para probar el fusilamiento. El 19 de abril, a fuerza de lucha organizada, el policía bonaerense Roberto Julio Páncere fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal oral en lo Criminal Nº 4 de Mercedes.
Es más. Fue inmediatamente detenido. Aunque a muchos no les parezca posible, hasta el día anterior había prestado servicio activo en la que llamó su “amada” dependencia policial.
Ahora, el fusilador enfrenta pasar el resto de su vida en otro sitio un poco menos hospitalario que el reducto en el que prestó servicios, un sitio al que tendría que haber ingresado hace cuatro años, cuando mató a Matías. No fue así (rara vez lo es), gracias a la manito que le tendieron simultáneamente la fuerza policial que lo contuvo y la fiscalía que lo encubrió.
Es casi seguro que, en prisión, Páncer goce de beneficios inalcanzables para cualquier hijo del pueblo en su misma situación, pero su sórdida historia repicará cada noche en las paredes de la celda.
Griselda, en cambio, seguirá en su humilde casa del barrio Los Naranjos, recibiendo la noche con serenidad. Con el dolor atravesado para siempre, claro, pero convertido en motor del renovado grito ¡BASTA DE REPRESIÓN! y luciendo orgullosa una negra camiseta con la inscripción “CORREPI, organización y lucha”.