CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Como consecuencia de la lucha organizada, el 29 de febrero, el Tribunal Oral nº 1 de Quilmes condenó al ex subcomisario Alfredo Veysandaz, de la policía bonaerense, a la pena de 21 años de prisión por el asesinato de David Vivas y Javier Alarcón, y el homicidio, en grado de tentativa, de Marcelo Lúquez. El 7 de marzo, se notificaron los fundamentos a las partes.

El abogado defensor del policía, Américo Santillán, quien supo ser candidato del Frente para la Victoria en 2009 en el partido de Esteban Echeverría, y del Frente Renovador, en Presidente Perón, en 2015, manifestó la intención de recurrir el fallo en tiempo y forma, pero presentó el recurso de casación el día 7 de abril.

El código Procesal penal es bien clarito: “Bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación del recurso de casación, deberá ser efectuada dentro del plazo de veinte (20) días [corridos] de notificada la resolución judicial”.

No es un tema susceptible de interpretación alguna, los días se cuentan uno por uno y listo. Es sencillo comprobar, almanaque en mano, que, si se presentó el recurso el 7 de abril, hacía 9 días que la sentencia había adquirido firmeza.

Pero los jueces entendieron que el pobrecito de Veysandaz eligió un abogado que no sabe contar, pero esa circunstancia no puede afectar su derecho de defensa. Textualmente, dijeron: “…las deficiencias de la defensa técnica no pueden menoscabar el derecho a la doble instancia…”. Lo más grotesco es que hacen una larga consideración de que no se debe caer en “excesos rituales excesivos”, como si un plazo lo fuera, y como si todos los días dijeran lo mismo de los recursos tardíos y superficiales de los defensores oficiales de los pobres.

Ejemplo de libro de cómo varía el tratamiento judicial de cuestiones tan objetivas como un plazo, según quiénes sean las víctimas y quiénes sean los victimarios.

Como decimos siempre, la justicia con la venda bien levantada, para juzgar distinto a unos y otros. Una vez más el Estado, con su brazo judicial, intenta garantizar la impunidad de su brazo represor, el triple homicida subcomisario Veysandaz, esta vez para inventar una nueva vuelta para revisar una sentencia que ya era cosa juzgada.

Ante este nuevo revés de la (in)justicia no nos olvidamos que hace tres años este ex subcomisario, que hoy tiene beneficios por su condición de represor, asesinó a dos pibes e hirió a un tercero por el simple hecho de vivir en un barrio, de usar gorrita y de pedir un cigarrillo. Esto tiene un nombre y tampoco lo olvidamos: se llama GATILLO FÁCIL, y se lleva a un pibe de barrio cada 28 hs. Tampoco nos olvidamos de quiénes son los que gatillan, aquellos que forman parte del aparato represivo del Estado, y que como tales gozan de las más asquerosa impunidad de la mano de una institución y de un Estado que los protege. Y somos bien conscientes, Veysandaz no es un caso aparte.

Hoy, como desde hace tres años, familiares y organizaciones sociales nos encontramos firmes, con la certeza de que sólo fue con la lucha y la organización que hemos logrado la condena de 21 años de prisión y de que sólo será del mismo modo y más fuertes que nunca, que lograremos que está condena sea efectiva