CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

JUEZ Y GATILLO FACIL
El Juez Claudio Bonadio es un típico exponente de juez de la “servilleta”, es decir aquellos nombrados por el ministro del interior menemista Carlos Corach a los que “se les ordenaba por teléfono”. De inidisimulada filiación peronista, llegó a la magistratura para imponer el modelo social y económico neoliberal que llevó adelante el Partido Justicialista.
Esta semana Bonadio quiso congraciarse con el respeto a los derechos humanos y dictó la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes alfonsinistas de punto final y obediencia debida. En su resolución, verdadero compendio de legislación, jurisprudencia y
doctrina en materia de derechos humanos, también dicta procesamientos a diferentes genocidas encabezados por el siniestro Massera.
Pero parece que el juez no es coherente con sus palabras. Es decir, no responde con hechos aquello que escribe. Sino, veamos su actitud frente a dos individuos que presuntamente lo intentaron asaltar días pasados. Los “cosió” a balazos. O sea siguiendo la línea de Ruckauf les “metió bala”. Y lo hizo con una poderosa pistola Glock 11,25 mm. Mató a los dos tipos que supuestamente le quisieron robar su poderoso automóvil de origen alemán. De acuerdo a las pruebas recogidas, el juez mató de un tiro en la cara a uno que estaba desarmado. Respecto del otro caco, le pegó un tiro en la espalda y otro en la nuca. Es decir que no hubo precisamente enfrentamiento. Típico gatillo fácil.
Este es el juez que se opone a la represión del pasado pero que, a la luz de sus propios actos, es partidario de la represión del presente. Desde la CORREPI esperemos que nadie salga a reivindicarlo.

REPRESION A ANTIFASCISTAS
La madrugada del domingo 30/9 un grupo de 17 chicos y chicas (entre ellos varios integrantes de la organización popular Acción Antifascista) se dirigía hacia la despensa de la calle Cerrito entre Bme. Mitre y Rivadavia en Capital Federal. Allí fueron parados por un patrullero de la comisaría 3ª. Los policías les pidieron documentos con su habitual prepotencia, exigiendo que se colocaran contra la pared y vaciaran sus bolsillos y mochilas. Cuando los policías comprobaron que no había nada comprometedor que justificara alguna detención, quisieron llevarse detenidos a los que no tenían documentos. Esto generó la protesta del resto que los increpaban por prepotente actitud. Entonces comenzaron a violentarse empujando y llevándose por la fuerza a algunos/as de los/as pibes/as. Un policía sacó un gas paralizante y se lo roció en sus caras mientras otro policía agarraba de los pelos a una chica y la llevaba a los golpes hacia la patrulla. Siguieron los golpes, a otro chico le arrancaron la mochila que tenía estudios médicos debido a una enfermedad y no se la querían devolver. Ante ello algunos comenzaron a correr pero la represión fue inevitable, más de 10 patrulleros de las seccionales 3ª, 2ª y 4ª, desataron una violencia inexplicable contra un grupo de jóvenes que intentaban divertirse tranquilamente. Fueron golpeados/as brutalmente por una veintena de policías con patadas, palazos y trompadas. No faltaron insultos y amenazas de muerte. Dentro de los patrulleros les tironearon de los pelos y los ingresaron a los
golpes en la comisaría 3ª, donde continuaron las palizas. Como lo calificaron los compañeros en un comunicado, “Hubo ensañamiento con algunas de nosotr@s”. Uno de los chicos fue salvajemente golpeado por todo el personal que actuó en la detención y por el personal de la entrada así como del policía que incitó a todos los demás oficiales para que golpeen a este chico y que personalmente se encargó de maltratarlo dentro de uno de los calabozos. Dos menores fueron detenidos a los golpes, esposados y encerrados en los calabozos junto a mayores. Se les negó el derecho a la llamada telefónica por largo rato y cuando uno de ellos lo solicitó obtuvo como respuesta una paliza. El otro menor junto a otro chico permanecieron mas de dos hora y media sin atención medica a pesar de que las heridas que tenían lo requerían con urgencia.
Como no podía ser de otra manera, el personal policial de la comisaría 3ª los acusa de “Atentado y resistencia a la autoridad” . Serán defendidos por los abogados de CORREPI, quienes además los patrocinan en la denuncia que por vejaciones, tormentos, privacón ilegal de la libertad y lesiones graves ya formularon los damnificados.

REPRESION EN EL CHACO
El miércoles 3 de octubre manifestantes que reclamaban ante la Legislatura chaqueña contra la sanción de la ley de emisión de bonos provinciales (Quebracho) fueron brutalmente reprimidos por la policía del gobernador aliancista Rozas. Durante toda la tarde el centro de la ciudad de Resistencia fue virtualmente ocupado por un despliegue inusitado de fuerzas policiales de civil que “cazaban” a los manifestantes. Balas de goma, gases, perros enfrentaron a todos aquellos que rechazaban una politica de mayor pobreza y recesión para los trabajadores chaqueños.
Quince integrantes del Movimiento de desocupados 17 de Julio fueron detenidos juntos con otros manifestantes entre los que se encontraba la compañera PATRICIA ACUÑA, de la Agrupación HIJOS del Chaco. Por otro lado hubo varios heridos entre los que se destacó por la gravedad de las mismas el dirigente estatal de la UPCP FERNANDO CUESTAS que debió ser trasladado al Hospital Perrando. Hay una diputada chaqueña con mucha prensa que ultimamente no va demasiado por su provincia y que en materia de derechos humanos se acuerda de la Masacre de Margarita Belén, aunque por esos años ella ocupaba cargos como
funcionaria provincial de la dictadura.

¿ARROLLADO POR UN TREN?
Gustavo Jaime Rocha Rojas tenía 31 años. El día 18 de junio se había encontrado con algunos amigos en la zona de Liniers. Desde allí llamó a su hermano para avisarle que iba para su casa en Villa Celina, La Matanza. Nunca llegó.
Con el transcurso de las horas sus hermanos comenzaron a desesperarse y denunciaron su desaparición a la Cria. de esa localidad. Allí un oficial les informó que un “NN” de características físicas parecidas a Gustavo Rocha había sido detenido por ebriedad en una comisaría de la Policia Federal. Allí se encaminaron sus hermanos pero en la comisaría 42ª les negaron toda información. Regresaron a Villa Celina y allí les dijeron que fueran a la morgue. Allí estaba su hermano. Había sido encontrado en las vías del ferrocarril Sarmiento atropellado por un convoy. Al pedir las pertenencias, la división ferroviaria de la PFA les dijo que el muchacho no tenía nada. Es más, las zapatillas que calzaba no eran de su pertenencia y les faltaban los cordones.
La inefable jueza Servini de Cubría hizo que tuvo la investigación y a los pocos días sobreseyó a Gustavo Rocha Rojas por la imputación que la empresa privatizaba le hacía: Haber entorpecido el tráfico ferroviario. Claro, para la jueza con su cadaver el muchacho interrumpió el tránsito de trenes por unas horas. Tuvo por cierto que fue un suicidio, y dijo en su resolución que “aunque es indudable que de la hora 0:55 a la 1:45 el servicio público de trenes se vio interrumpido, también está comprobado el deceso del autor, por lo que corresponde declarar la extinción de la acción penal por muerte del imputrado”. De investigar la muerte, ni hablar.
A pesar de que los hermanos denunciaron lo que le habían comunicado en la seccional de V. Celina y la ausencia de todas sus cosas (incluidos celular y varias joyas que el joven comercializaba) la jueza omitió toda consideración. Después de todo, se murió un boliviano. Gustavo era hijo de inmigrantes de ese país.
Los compañeros de la Comisión de DD HH de bolivianos residentes en Argentina se contactaron con CORREPI para asesorar y patrocinar a los padres de Gustavo.

DE MENDOZA A LOS TIROS Y TORTURA
De todo en la provincia del sol y del buen vino. Desde aprietes e intimidaciones a familiares y amigos de un joven asesinado hace 10 años hasta encubrimiento y tráfico de armas.
El primero de los casos se relaciona con el joven Agustin Luquez, muerto en el año 1999 por un oficial de la Policía de la Provincia de Mendoza, en el barrio Tropero Sosa. La familia denunció que luego de su aparición junto a amigos y vecinos en los noticieros provinciales el pasado 17 de septiembre, con motivo de un nuevo aniversario del asesinato de Agustin, tanto ellos como amigos del joven asesinado, han sido hostigados y hasta amenazados de muerte por personal de la comisaría del barrio Tropero Sosa y de otras dependencias policiales. Además de detenciones injustificadas de muchos jóvenes del barrio que se relacionan con la familia Luque, la Sra. Olga Luquez, madre de Agustin, relató que hasta arriba de un colectivo, al verla, un policía del mencionado destacamento, sacó su arma reglamentaria y se la puso sobre las piernas, a modo de amenaza hacia ella.
Las otras situaciones, ligadas al homicidio de Walter Yáñez, a principios de este año, y las torturas sufridas por Mario Gómez Yárdez en 1990, ambos casos plagados de graves irregularidades en la investigación, encubrimiento y hasta tráfico de armas por parte de uniformados, fueron denunciados en conferencia de prensa por los abogados mendocinos abogados Carlos Varela, Diego Lavado, Alejandro Acosta , Pablo Salinas y Alfredo Guevara Escayola, y publicados por el Diario Los Andes. Por ejemplo, denunciaron que un policía prófugo, acusado de torturas, publicó una nota de opinión en un medio local, en tanto que un arma que estaba en poder de una comisaría para ser periciada, apareció en la casa de un ladrón. Las presentaciones de los letrados relacionados con los derechos humanos se hicieron ante la Inspección General de Seguridad, la Comisión Bicameral de Seguridad, y las comisiones de Derechos y Garantías de ambas cámaras de la Legislatura. A la vez se puso en conocimiento a la Fiscalía de Instrucción en turno.
Los abogados exigieron que por “la pérdida de material de prueba custodiado por la policía, y por las andanzas literarias de un acusado prófugo de torturas”, debe interpelarse a al ministro de seguridad y justicia Orquín para que brinde un detallado informe de lo expuesto, y que “demuestre con documentación qué ha hecho para lograr la detención del ex comisario Enrique Funes Arias, y cómo es que funciona la entrega de armas de guerra a civiles por parte de la propia policía de Mendoza”.
El 27 de julio de 1990, cerca de 10 policías se llevaron de su casa, aparentemente sin orden de allanamiento ni de detención, a Mario Humberto Gómez Yárdez (32). Sospechaban que era el autor de un robo y violación, ocurrido en Lavalle. Según declaró en el juicio, durante los días que permaneció detenido en la comisaría 17 fue torturado. La causa llegó a juicio en la Cuarta Cámara del
Crimen. De los 19 imputados, 6 policías llegaron al debate y fueron absueltos por el beneficio de la duda. Sin embargo el comisario Funes Arias, también procesado por torturas, nunca se presentó a la Justicia, por lo que está prófugo, pero aparece escribiendo en un diario como experto en seguridad.
Walter Mario Yáñez murió el 13 de marzo pasado, por lo que está siendo investigado el agente Daniel Alejandro Cabrillana, quien se supone realizó los disparos contra el joven. Los abogados de la familia Yáñez explicaron que el arma del acusado, que se supone estaba siendo analizada, de pronto apareció en manos de un presunto delincuente, en un procedimiento de la comisaría 31, lo que demuestra que el “Plan Canje” de armas de Mendoza, tan promocionado y que quieren imitar algunos diputados de la ciudad de Buenos Aires “expertos” en el tema, funciona para los dos lados, pues de las comisarías salen las armas que luego son traficadas en los barrios.

SOLIDARIDAD CON MARA PUNTANO
La compañera Mara Puntano, abogada comprometida con la defensa de los derechos Humanos en Salta, nuevamente ha sido objeto de persecución por parte del Estado y por su participación como defensora de los piqueteros de Gral. Mosconi. Esta vez por parte del nefasto juez federal Cornejo que le inició una causa ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados sencillamente por haber denunciado que la Gendarmería (con su complicidad) torturaba a los detenidos.
CORREPI expresa su más cálida solidaridad con la compañera y la exhorta a no dejarse intimidar por aquellos represores con toga, sirvientes de los ejecutivos de turno, que lo que están buscando es que baje los brazos para que puedan imponer sus políticas de hambre, miseria y sumisión.

GRAVE SITUACION DE PRESOS EN CORONDA
Desde hace varios meses los internos de la cárcel de Coronda, Pcia. de Santa Fe, vienen reclamando aumento de los horas diarias de recreos, igualdad en las posibilidades de asistencia a la escuela que funciona en la cárcel, asistencia a la Biblioteca y práctica de deportes al aire libre, permiso para asistir a misa una vez por semana, para realizar trabajos en madera (actividad permitida a algunos presos), cambio del día de visita de jueves a sábados ó domingos para permitir la asistencia de aquellos familiares que trabajan, así como la supresión de las requisas vejatorias a las que son sometidos, cese del maltrato y abusos corporales a los detenidos, eliminación de los castigos colectivos, permanencia de los detenidos y procesados en penales próximos a su lugar de residencia para permitir la visitas de sus familiares.
El día lunes 1 de octubre pasado los presos del Pabellón 12, ante la falta de respuesta a sus reclamos, deciden coserse labios, párpados y dedos como medida de protesta. Esto da lugar a la aparición de infecciones graves en varios de ellos ante la falta de condiciones de higiene adecuadas y la reticencia de médicos y enfermeros en su atención en razón de que muchos de los detenidos son portadores de HIV.
Ante esta situación que amenaza desbordarlos, el gobierno de la Provincia de Santa Fe en la persona del Dr. Arturo Gandolla, director del servicio penitenciario de la Provincia (perseguido durante la dictadura, hoy devenido en carcelero) no encuentra mejor solución para desactivar el conflicto que el traslado de los detenidos de este Pabellón a diferentes Penales del país como Ezeiza, Sierra Chica, Rawson y Ushuaia. De esta manera pretenden agregar a las condiciones infrahumanas de detención, el castigo que significa el desarraigo y el exilio.
Por la gravedad del tema y ante la inminencia de un desenlace por la próximidad de las elecciones, los compañeros de la Comisión de Escrache de Rosario y de la A.P.D.H - Rosario solicitan el envío urgente de Faxes a:
MINISTERIO DE GOBIERNO - DELEGACION ROSARIO - DR. LORENZO DOMINGUEZ - Tel-Fax 0341-4721871/1771/1888/1555
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DR ARTURO GANDOLLA- Tel-Fax 0342-4573026 - 0342-4500720, pidiendo la pronta solución a los justos reclamos de los presos y su permanencia en el Penal de Coronda. También solicitan se difunda nacional e internacionalmente la grave situación, con suma urgencia, pues información de último momento nos confirma que el día martes 9 al mediodía -si los detenidos no deponen su actitud-seis de ellos serán trasladados al Penal de Ezeiza.

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Sábado 10 de Octubre, 15:30: Reunión General de la comisión de Familiares de víctimas del gatillo fácil en Corrientes 1785, 2º “C”. En la primera parte Gerardo Etcheverry (CORREPI ) y Delia Garcilazo (CORREPI - Familiares) darán una pequeña charla con debate sobre temas propuestos por la comisión. Luego, los familiares se abocarán a la organización de sus próximas actividades, comenzando ya con la planificación de la jornada de la próxima entrega pública del Archivo de Casos en la primera semana de diciembre.

13 de octubre, desde las 14:00 en Bariloche: Contrafestejo del 12 de octubre, con charla debate sobre la conquista y los pueblos originarios, habrá videos, material variado y como cierre un recital con cuatro bandas : O.B. y Calibre 45, bandas punk de Bariloche; Alcatraz, banda metal de El Bolsón y Sudaca, banda trash metal de Gral. Roca. Más información conectarse con El Piche: balmaced@lamercantil.com.ar

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