CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

GATILLO FACIL EN MENDOZA
La noticia apareció en los medios de prensa como siempre. “Joven de frondoso prontuario abatido por agente del orden”. El cronista -esta vez de un diario mendocino- daba fe que el domingo 18 de marzo, a las 5:00, cuatro ladrones habían entrado a robar a un mercado ubicado en el barrio Bermejo de Guaymallén y que justo cuando estaban forzando la entrada, apareció el propietario con su hijo, policía provincial. Entonces, el consabido “Alto policía” (que como dijéramos en algún alegato de algún juicio, únicamente escuchan los policías, los parientes o amigos de policías, nunca los civiles), un supuesto disparo del “caco” y el policía obligado a “repeler la agresión”. En suma: Un muchacho de 20 años con un tiro en el tórax que moriría horas después. Según el dueño y su hijo policía, ladrón. Según los vecinos, ambos -padre e hijo- conocían al pibe de toda la vida, porque vivía a dos cuadras del comercio y porque era íntimo amigo del vecino del almacén. Según el padre y el hijo, el chico estaba armado y obviamente, se encontró un revólver. Según los testigos, el “malhechor” estaba desarmado.
La prensa no conoció el nombre del fallecido. En tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza se negó a suministrar los datos del cana, por “temor a represalias contra su familia”. Eso sí, preventivamente decidieron dejar bajo arresto domiciliario al numerario. (Ni a ellos les cierra la versión de su camarada. Seguramente, al fiscal o al juez, sí).

DE LAS AMENAZAS AL ASESINATO DELIBERADO
Tal como habíamos informado en un aparte del boletín 111 y fechado el 18/3/01, Martín González fue asesinado por un policía en la localidad de Tigre, pcia. de Buenos Aires. Martín, de 16 años, era hermano de Juan González, ultimado por la policía bonaerense el 19 de marzo del año pasado en un indiscutible fusilamento.
Ambos eran hijos de Lidia Zarate, miembro de la Comisión de familiares de víctimas de la represión policial. Martín había sido reiteradamente amenazado por la policía por la participación de su madre en la Comisión.
Dichas intimidaciones, que formaban parte de una denuncia internacional promovida por CORREPI, tuvo acogida como “Acción Urgente” por Amnistía Internacional. Esta organización -ante el hecho consumado del homicidio de uno de los amparados por esa denuncia- sostuvo que “Las autoridades argentinas tienen el deber de investigar pronta y exhaustivamente todos los homicidios cometidos por las fuerzas de policía tanto federales como provinciales”
El que no va a investigar ni pronta ni exhaustivamente es el fiscal John Broyad, quien caratuló el homicidio como “Tentativa de robo y exceso en la legítima defensa” y a quien no le pareció extraño que el policía que lo mató -con la excusa que lo quiso robar- perteneciera a la misma comisaría de Los Polvorines -distante no menos de 25 km del lugar del hecho- a la que pertenecen los policías que mataron a su hermano Juan. Tampoco le pareció sospechoso -y no le creyó- a Lidia Zarate que reconoció al asesino de su segundo hijo como aquel oficial subinspector que le dijera a principios de año que Martín moriría más joven que su otro hijo Juan.
Este hecho, de tanta gravedad, desgraciadamente tuvo muy poca receptividad en los medios de comunicación y en otras organizaciones de derechos humanos.

JORNADA DEL 24 DE MARZO
Como estaba anunciado, CORREPI participó en varias de las actividades que se desarrollaron en conmemoración del aniversario del golpe que instauró la dictadura militar.
En el conocimiento que la crónica de los diversos eventos fue debidamente informada por los medios de comunicación, a CORREPI le interesa difundir las palabras de nuestra compañera Delia Garcilazo, oradora en el acto organizado en Plaza Constitución por el Cabildo Abierto Metropolitano, con la participación de compañeros desocupados de Florencio Varela y La Matanza:
“Hace 25 años, un 24 de marzo, los argentinos empezamos a vivir una pesadilla que nos sumió en un gran dolor, dolor que a pesar del tiempo que ha pasado no hemos podido mitigar. Son 30.000 heridas abiertas que no cicatrizan, ni cicatrizarán si no hay Justicia. Las quisieron cerrar con las leyes de obediencia debida y punto final y los decretos de indulto y lo único que lograron fue profundizarlas mucho más.
Muchos de los que pasaron por la dictadura ocupando cargos, están hoy en los gobiernos de esta pseudo democracia. Fueron en su momento cómplices de lo que pasaba en la década del ‘70, y no nos pueden decir que no sabían lo que los milicos hacían con nuestros hermanos, que no sabían cuando los chupaban, que no sabían de las torturas, de los robos de bebés, ni de las desaparciones. Ellos mismos formaban parte de ese terrorismo de estado.
Hoy, mirando la mediocre clase política que tenemos, sentimos más rabia e impotencia al pensar que con los 30.000 desaparecidos se llevaron mentes abiertas y brillantes, destruyendo toda una generación de jóvenes que quería un futuro mejor para todos nosotros.
No seamos ingenuos al creer que con la democracia la represión sistematizada terminó. El juicio a los militares genocidas suscitó la atención de los sectores democráticos, pero las leyes de obediencia debida y punto final y los decretos de indulto crearon un clima de impunidad. Por esas leyes no se pudo juzgar a los militares por genocidio y terrorismo de estado, y el avance represivo fue cada vez más fuerte a lo largo y ancho del país.
Las policías federal y provinciales son noticia cotidiana por las torturas, los fusilamientos en falsos enfrentamientos y la pena de muerte extrajudicial aplicada a jóvenes y personas humildes. El gatillo fácil es noticia de todos los días.
Las luchas sociales y los reclamos de los desocupados son salvajemente reprimidos por la gendarmería y sus tropas especiales. A los luchadores sociales, por pedir pan y trabajo, se los procesa y encarcela. El poder político, fiel al poder económico, nos habla de inseguridad, cambiando el significado de la palabra seguridad en aras de más represión, cuando todos sabemos que sin trabajo, sin educación, sin salud, no puede haber seguridad en la sociedad.
Torturar a los detenidos es un tratamiento habitual en las comisarías y penales, y lo más grave es que muchas familias no hacen las denuncias por miedo a las represalias y amenazas. Los familiares de las víctimas de la represión vivimos en un estado de total indefensión, no podemos confiar en los organismos de seguridad ni en el sistema judicial, siempre funciona la cadena de complicidad.
¡No olvidemos, no perdonemos, preservemos la memoria! Eso nos ayudará a no permitirle al poder político seguir sumiéndonos en la miseria y la desesperanza. El poder político, al servicio del poder económico, todo lo recicla para beneficio de ellos y para mal nuestro. En esta última semana esto se hizo evidente, la misma escoria que estuvo al servicio de la dictadura militar, que le fue después útil al menemismo, ahora le es útil y se puso al servicio de la Alianza.
En 1998 desde CORREPI decíamos “con el gatillo fácil fomentado políticamente, teniendo en cuenta que caracterizamos esta avanzada represiva con un objetivo político, no sólo tendremos más víctimas de la policía, sino que habrá, sobre todo, más Víctor Choque y Teresa Rodríguez”. Tres años después los hechos nos dieron la razón. A siete días de asumir el gobierno de la Alianza, fueron asesinados en Corrientes mauro Ojeda y Francisco escobar. A los pocos meses, fue asesinado Aníbal Verón en Salta.
Relacionemos lo que pasaba en la década del ‘70 ncon lo que pasa hoy. El poder económico, hoy en día, no necesita a los militares para un golpe de estado, porque tienen todo el poder y manejan la economía con los decretos de los gobiernos de turno, serviles y cómplices. Ruckauf es hoy un gobernador democrático, cuando fue el que, antes del golpe, firmó el decreto de aniquilamiento que abrió las puertas al genocidio. Cavallo vuelve a ser ministro, y su secretario durante el proceso, Marcos Makon, es hoy subsecretario de Acción Social. Las provincias empobrecidas son manejadas por los mismos terratenientes y latifundistas, los saadi, Romero, Rodríguez Saa, Juarez, Romero Feris, cada vez más ricos a costa de sumir a sus coprovincianos en la miseria y la desesperación.
Compañeros: Cada uno de nosotros debemos convertirnos en los 30.000 desaparecidos, cada uno de nosotros debemos ser las 850 víctimas del gatillo fácil, cada uno de nosotros debemos ser los 55 niños que mueren por día por falta de comida y medicamentos, cada uno de nosotros debemos ser Teresa Rodríguez, Víctro Choque, mauro Ojeda, Francisco Escobat y Aníbal Verón. Levantemos esas banderas de la lucha popular, salgamos a las calles, ocupemos los espacios que son nuestros, hagamos oir nuestros reclamos, honremos el recuerdo de las víctimas exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Si luchamos, su sangre no habrá sido derramada en vano, y recién entonces el “Nunca Más” será real.
LIBERTAD A EMILIO ALI - DESPROCESAMIENTO DE LOS 2800 LUCHADORES SOCIALES PERSEGUIDOS - BASTA DE GATILLO FACIL - BASTA DE IMPUNIDAD - CARCEL A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY - NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS”.

OTRO CANA PROFUGO
La justicia de San Isidro dispuso la captura del policía bonaerense José Roberto Coronel, autor del homicidio de Edith Acevedo ocurrido el 7 de marzo en Talar de Pacheco. El policía, que supuestamente perseguía a una menor que había robado un coche, abrió fuego e impactó sobre la joven Acevedo de 18 años. En vez de disparar con su pistola reglamentaria, el suboficial había tirado con un arma de su propiedad, que después fue encontrada en un allanamiento. La cuestión es que Coronel, cuando debía presentarse, acusado de homicidio simple, -como muchísimos integrantes de la fuerza policial de la Pcia. de Buenos Aires- decidió escaparse.
No es el primero, por cierto. Desde los autores de la Masacre de Budge pasando por los torturadores de Durán y tantos otros casos, cuando ven que los fiscales y jueces no tienen otra alternativa que detenerlos, muchos policías deciden profugarse. El hecho tuvo mucha repercución en la prensa. A pesar de ello, no sería de extrañar que -cuando lo agarren, si alguna vez lo agarran-Coronel afirmara que nunca supo que lo estaban buscando. Esa fue la respuesta que el también cabo Juan Carlos Botrón le dijo al fiscal Sendot de San Martín cuando lo apresaron -después de 5 meses prófugo- acusado de torturar a los muchachos Castro, Cabrera, Araya y Sieben en San Martín.

LIBERTAD A MATOSO
La celeridad de la justicia argentina en las causas donde se pretende condenar a militantes populares es francamente asombrosa. Muestra de ello es el pedido de elevación a juicio que solicitó la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Lomas de Zamora, en la causa iniciada hace dos semanas contra el abogado César Abel MATOSO.
Es por eso, y en el marco de las actividades que la CORREPI - conjuntamente con otras agrupaciones - viene realizando para reclamar la libertad del Dr. César Abel MATOSO (abogado de los “SIN TECHO” de Lomas de Zamora), que el miércoles pasado el compañero Sergio Smietniasky se entrevistó con el Dr. Tubbio, Juez de Garantías de Lomas de Zamora, quien lleva la causa por la cual esta detenido César. De dicha entrevista, además de la CORREPI, participaron integrantes de las siguientes organizaciones: Movimiento de Abogados Justicia y Compromiso, Asociación de Abogados de Lomas de Zamora, Lista Roja del Colegio de Abogados Lomas y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
Desde la CORREPI, reclamamos la inmediata libertad de César, quien entendemos es un preso político más de los Gobiernos de Ruckauf y De La Rúa, a la vez que acusamos al Poder Judicial de ser un entusiasta cómplice de las políticas de judicialización de los confictos sociales, llevadas adelante por estos Gobiernos.
Por otra parte la celeridad con que se instruyó la causa MATOSO, deja nuevamente en evidencia el carácter de clase de esta justicia burguesa.
Basta recordar que la causa Walter BULACIO ya lleva casi diez años sin sentencia, y aún el asesino Espósito continúa en libertad, o que en el mismo Departamento Judicial de Lomas de Zamora el homicida GOYOCHEA -custodio personal del entonces Ministro del Interior Carlos CORACH- se encuentra excarcelado, para acentuar el carácter grotesco de la detención de MATOSO y las apenas dos semanas que demoraron en solicitar la elevación a juicio de su causa.
Desde CORREPI seguiremos impulsando la movilización popular para lograr la inmediata libertad del Dr. César MATOSO y de todos los presos políticos.

LIBERTAD A EMILIO ALI
De la misma forma que proclamamos la libertad de Matoso, sobre la lucha popular, estamos reclamando la libertad de nuestro compañero Emilio Alí.
Los afiches de nuestra agrupación se han pegado en varias localidades del sur bonaerense (algunos compañeros fueron molestados por la policía por la pegatina), en el centro de San Martín y en varios barrios de La Matanza. También en diversas facultades de la U.B.A.
Hemos visto con agrado que el reclamo de su libertad fue reinvindicado en los actos por el 24 de marzo.
Esta lucha es, hoy, mucho más vigente cuando se conoce la fecha del juicio oral contra Emilio. Esta será el 23 de abril y llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a redoblar esfuerzos para arrancar a Emilio de la cárcel.

INTERROGANTE VII
¿Ud. compartiría un acto por los desaparecidos junto a Raúl Alfonsin, hacedor de la ley de obediencia debida y el punto final? ¿Compartiría el palco junto a Federico Storani, ex ministro del Interior de De la Rua, responsable de los homicidios de Ojeda, Escobar y Verón?

PROXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 30 de Marzo: Charla debate en Zárate organizada por SUTEBA, participarán compañeros de HIJOS y Lidia Abineme por CORREPI.

Sábado 31 de Marzo: Charla debate en La Rioja sobre la represión policial actual, organizado por las Madres del Dolor y la Posta Comunitaria Tambu Inti. Concurrirá la compañera Andrea Sajnovsky.

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