CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Las celdas asesinas

Viernes 16 de septiembre, 17:00, Villa Jardín, Lanús. Sur del Gran Buenos Aires, donde los medios masivos centraron las últimas semanas sus titulares sobre “inseguridad”, vociferando por el refuerzo de los patrullajes y la presencia de más policías, de más colores, de más mano dura, de más “justicia”.

Máximo Orellana salió de su casa para buscar a la nena en el jardín de infantes. En el camino, dos policías lo pararon y le dijeron que estaba detenido para averiguar sus antecedentes. Él reclamó que se le hacía tarde para buscar a su hija. Ellos lo mataron a golpes.

Su breve paso por la comisaría 5ª de Villa Diamante fue el último capítulo de su vida, una agonía con marcas de borcegos y golpes que lo desfiguraron. Ni siquiera llegó a ser atenido en la Unidad de Pronta Acción a la que lo trasladó el patrullero policial.

¿Qué noticiero titulará el asesinato de Máximo? Hasta ahora, los pocos que mencionaron el hecho, optaron por catalogarlo de simple “muerte”. Los más osados hablaron de “muerte tras detención”. A Máximo lo mataron los golpes policiales ¿Tan difícil es titular cuando los asesinos visten chapa y uniforme? No son simples “muertes”; sus asesinos siguen patrullando.

Gustavo Germán Geréz Bravo, taxista, 28 años, vivía en el barrio “El Mirador” de Caleta Olivia, Santa Cruz. Las muñecas hinchadas, ensangrentadas, son el primer rasgo que abruma del cuerpo cubierto de moretones e hilos de sangre, que describen las últimas horas del calvario tras su detención por “contraventor” el 19 de septiembre, cerca del Monumento al Obrero Petrolero.

Según los efectivos, murió solo, ahogándose con su propio vómito por una sobredosis, mientras estaba esposado en un cuarto de la comisaría de Caleta Olivia. “Quisieron ayudarlo cuando lo vieron en un estado de intoxicación”, dijeron. Por eso lo esposaron y lo encerraron. Los moretones y la sangre se pierden en alguna parte del cuento policial.

Las capturas de Whatsapp de grupos de policías que intervinieron en la detención, mofándose de la víctima en el cajón del velorio, confirman la ficción del “buen policía”.

Tanto la familia de Máximo, como la de Gustavo, emprendieron la lucha contra los asesinos. Villa Diamante y Caleta Olivia, a cientos de kilómetros, unieron los gritos que se alzaron contra la represión policial. En Santa Cruz, la infantería arremetió con balas de goma, gases y palos contra los manifestantes que reclamaban por Gustavo, que encauzaron la bronca y angustia contra la fachada de los edificios estatales.

A su tiempo, en Tolosa, Jorge Maximiliano Velázquez, de 41 años, fue encontrado muerto en la comisaría 6ª, en un calabozo abarrotado con 24 personas más. Las versiones judiciales señalan que el mismo 21 de septiembre tenía que declarar, acusado del robo de un celular, pero apareció sin vida en el calabozo. Las versiones de su muerte entrecruzan una sobredosis de estupefacientes y un golpe en la frente. El hermano de Jorge señaló horas después: “Tenía trabajo en blanco, una pareja estable y esperaba un hijo. Yo ni sabía que estaba detenido, me enteré hoy cuando me avisaron que estaba muerto”.

Gatillazo acá y allá

Ayuda difícilmente sea sinónimo de policía. Roberto Ávalos (27 años) padecía trastornos psiquiátricos, y la noche del 18 de septiembre, en su estado de desequilibrio, se puso violento con su familia. El “sentido común” llevó a que alguno llamara a la policía para “ayudarlo”. El barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, escuchó los escopetazos con balas de goma y el tiro final al pecho de Ávalos. “No era para que lo mataran, era para que solamente lo calmaran. En el corazón le pegó“, señaló la hermana horas después.

El 20 de septiembre, un oficial de la Policía Bonaerense (de quién no trascendió más información que sus 22 años) asesinó a Lionel Zacarias (20) en una finca del Barrio Santo Tomás, Berazategui. Una discusión terminó con el efectivo, que pertenece al Comando de Patrullas de Merlo, desenfundando su pistola Taurus 9mm y disparando a Lionel en un ojo, quien prácticamente murió en el acto.

El viernes 23 de septiembre, Víctor González (37), fue alcanzado por disparos de dos patrulleros, que andaban a la caza de un presunto grupo de delincuentes. La cuadra que conforma el barrio de La Catanga se inundó de balas y perdigones de los policías que dispararon a diestra y siniestra contra los vecinos.

Víctor se había acercado al almacén del barrio a pagar una deuda y se había quedado en la vereda tomando unas cervezas con amigos. Cuando los policías iniciaron la balacera, intentó resguardarse en la pared del almacén, pero una bala le entró por el pecho y se llevó su vida en un rato. Parte de los vecinos, que quisieron parar el ataque policial y ayudar a Víctor, también fueron heridos con balas y perdigones en esos 40 minutos en que el pequeño barrio de San Martín fue escenario de guerra, pero sólo disparó el Estado.

Unas horas después, en Concordia (Entre Ríos), Sebastián Daniel Briozzi y su hermano Pedro Luis, de 20 y 21 años respectivamente, eludieron un control policial en la zona de boliches de la costanera. El Sargento Elbio Acosta y el cabo 1º Jorge Horacio Monzón se apostaron para detener la camioneta, cruzando el patrullero y apuntando hacia el vehículo, que recibió una ráfaga de balas que mataron casi en el acto a Sebastián. Durante las primeras horas del sábado 24 de septiembre, los medios repitieron la versión del enfrentamiento de la pareja “fuertemente armada”, del peligro para la policía y demás esquemas preparados para cuando quien dispara lo hace en nombre del Estado. El informe policial labrado después, señaló que nunca existió un enfrentamiento y que sólo la policía disparó. En su lenguaje rebuscado, los policías sostienen que “… el policía saca el arma con intención de tirarles a los neumáticos, pero trastabilla y pierde la estabilidad y el disparo sale para otro lado y lamentablemente impacta en el cuerpo del conductor con las consecuencias ya conocidas“. Consecuencias: un asesinato más.

Entre el 16 de septiembre y el 24 de septiembre, hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías. La cifra habla por sí sola: una víctima del aparato represivo estatal cada 27 horas, en sólo 8 días.

No es menor señalar que buena parte de estos asesinatos tuvieron como escenario las zonas donde esta semana desembarcarán los operativos policiales conjuntos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal, lo que producirá un seguro aumento de las detenciones arbitrarias, con su consecuencia de muertes en las celdas, y de “enfrentamientos” en los que sólo dispara el brazo armado del Estado.

Sólo la movilización de las familias de las víctimas y de las organizaciones populares logra que se corra el velo de impunidad y que los responsables sean señalados.