CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

En la madrugada del lunes 5 de septiembre, en Avellaneda, el cabo 1º Sergio Bobadilla (34) de la comisaría 12ª de la PFA, mató a Hugo Arce (17) y Carlos Vázquez (16). La crónica en los medios, siempre fiel a la versión policial, habló de un intento de robo en la puerta de la casa del policía, con el “condimento” de que “varios sujetos armados amenazaron a la hija de 10 años del policía, que, así, debió defenderse, originándose un feroz tiroteo”.

Las familias de los pibes, sus amigos y vecinos de la Isla Maciel, los chicos de las inferiores del Club San Telmo, compañeros de Huguito, y hasta el cura de la Isla, el padre Paco Olveira, no creyeron la historia del enfrentamiento. Porque conocían a Carlos y Hugo, y también porque conocen a la policía, enseguida se empezaron a organizar para denunciar el fusilamiento, y se acercaron a CORREPI.

Apenas unos días después, cuando pudimos ver la causa penal, nos encontramos con que el policía federal había declarado en calidad de testigo, como damnificado por una tentativa de robo. Los imputados, naturalmente, eran los pibes. No había ninguna señal de armas en el lugar, salvo la reglamentaria del homicida. Los cuerpos de los chicos hablaron en la autopsia: El disparo que mató a Hugo entró en plena espalda, y la bala que se llevó a Carlos le atravesó el tórax de lado a lado.

Un estudio que pedimos a la Asesoría Pericial de La Plata demostró, dos años después, que todos los disparos salieron del interior del auto del policía, que estaba al volante. Ni un solo tiro fue de afuera hacia adentro. Por si fuera poco, el estudio probó que ninguno de los pibes estaba en una posición que le permitiera amenazar al cabo. Carlos estaba dentro de otro auto, donde recibió el tiro de costado, y Hugo caminaba dándole la espalda a Bobadilla.

Pero hicieron falta otros dos años, muchas marchas, escraches a la fiscalía, murales y radios abiertas para que el policía dejara de ser “testigo damnificado” y pasara a estar imputado por homicidio.

Hizo falta, también, que, desde el 5 de mayo de este año, cuando presentamos un largo análisis de toda la prueba y reclamamos que de una vez por todas se imputara al policía, nos turnáramos para ir una o dos veces por semana a molestar a la fiscalía.

Tanto molestamos, que ayer, finalmente, el fiscal Guillermo Castro se decidió a firmar que hay elementos que acreditan la perpetración de un doble homicidio y “motivo bastante” para sospechar que su autor fue el cabo de la PFA Sergio Bobadilla, de modo que lo citó para indagarlo el 22 de noviembre a las 11:00. Claro que consideró excesivo el pedido de detención, así que Bobadilla irá a dar sus primeras explicaciones sobre los homicidios de hace cinco años y un mes sólo si tiene ganas…

Después de esta primera y dura batalla ganada, la siguiente será insistir en que el delito que cometió Bobadilla fue un doble homicidio agravado por su condición de policía, y no un homicidio simple “en exceso de la legítima defensa”, como dice el fiscal. No es tan difícil entender que para que haya exceso de algo, primero tiene que existir eso que se excede. Pero ya sabemos que la vara con que los magistrados miden a los uniformados no es la misma que usan con los hijos del pueblo.

Por eso, seguiremos molestando. En las calles, en las plazas, en los barrios, en tribunales. Por Hugo, por Carlos y por todos los pibes asesinados por el gatillo fácil del Estado.