CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El 16 de enero de 2016, la dirigente jujeña fue detenida por los delitos de instigación pública a cometer delitos y sedición. La descripción de los hechos en la acusación fiscal demostraba sin oscuridad alguna que no era una detención originada en la comisión de algún delito, sino de lisa y llana represión a la protesta, en el marco de una manifestación contra la gobernación de Gerardo Morales (UCR-PRO).

En más de un año y medio, se fueron sumando causas diversas, con un ritmo tal que, por ejemplo, Sala fue notificada de su excarcelación y de una nueva prisión preventiva con diferencia de minutos. Pero a pesar de la pila de acusaciones, la justicia y el gobierno no han podido probar de forma objetiva por qué Milagro Sala no podría esperar el juicio en libertad. De hecho, las declaraciones al respecto por parte de Morales y Macri han sido clarificadoras a la hora de explicar que la de Sala es una detención política: “Gobernar la provincia no era ni es tarea fácil. Había que resolver el problema de la violencia, del gobierno paralelo, de la anarquía y de la falta de cumplimiento de la ley. Sin el gobierno nacional hubiera sido complicado”, dijo el primero.

En otras palabras, el argumento del gobierno es que Sala está presa para que Cambiemos pueda gobernar Jujuy con tranquilidad.

La resolución de la CIDH se produjo en el marco de la campaña electoral, durante la cual el gobierno es más claro que nunca en mostrar los intereses que defiende.

A menos de dos años de su asunción, el macrismo generó despidos para casi 500.000 trabajadores a los que sus candidatos aconsejan que vean en la crisis una oportunidad para emprendimientos como cervecerías artesanales, al tiempo que aplica la más dura persecución sindical en décadas, con fallos judiciales que cercenan el derecho de huelga, todo combinado con gases, palos y balas por parte de las fuerzas de seguridad, siempre listas para cumplir su tarea represiva. De esto saben bien los trabajadores y las trabajadoras de Cresta Roja, PepsiCo y de las más de 3.000 empresas que achicaron su plantilla o cerraron, dejando miles de familias en la calle.

Y para quienes todavía conservan su trabajo, la propuesta es una reforma laboral para “bajar el costo laboral” a fuerza de flexibilización y precarización, pensada a medida de los empresarios, con la pérdida de los derechos conquistados a lo largo de un siglo y medio con la lucha (y la vida) de los trabajadores.
Mientras tanto, las mineras no pagan retenciones, pero todos nosotros pagamos cada vez más de luz, gas y servicios básicos.
En menos de dos años las fuerzas de seguridad del gobierno mataron casi 600 personas con fusilamientos de gatillo fácil o torturas en cárceles y comisarías.

El equipo de Cambiemos se completa con periodistas y medios que ayudan a cooptar consenso, instalando la idea de que los trabajadores deben cooperar con sus explotadores, y que los pibes pobres son demonios peligrosos a los que conviene encerrar cuanto antes, mientras propagandizan patéticos simulacros de perseguir la corrupción de los demás, sin tocar la propia.

Y todo esto, con un discurso donde los violentos son los demás y quienes vendrían a defender la democracia y la república son Lilita Carrió, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Nos quieren tener en su puño, mientras nos arengan, con un tono digno de un personaje de telenovela adolescente, para que no nos quejemos, no luchemos y nos callemos.

En este contexto, más que nunca exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos, y decimos que, para Milagro Sala, ni la domiciliaria ni la tobillera electrónica.

Para Milagro Sala, la libertad.